Barra Política: la memoria como herramienta ante la impunidad y la fragilidad democrática

En el Perú aún existen 19.029 personas desaparecidas durante el periodo 1980-2000, de acuerdo a información de la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas. 

Cada ausencia mantiene abierta una búsqueda para sus familiares, que continúan reclamando justicia y reparación, mientras persisten los debates sobre amnistías, espacios de memoria y garantías de que estos hechos no se repitan.

Ese fue el punto de partida de la última Barra Política, realizada en el Café Bar Habana y organizada por OjoLab, el programa de entrenamiento y formación de OjoPúblico. El diálogo conectó las memorias del conflicto armado interno con las protestas de noviembre de 2020 y las movilizaciones sociales de 2022 y 2023, marcadas por muertes, denuncias de uso excesivo de la fuerza, duelo colectivo y demandas de justicia.

Durante el encuentro, los participantes coincidieron en que la memoria no se limita a preservar hechos del pasado. Para familiares, artistas y documentalistas, también implica acompañar a las víctimas, conservar archivos y espacios públicos, y sostener las demandas de verdad y justicia frente a la impunidad.

PANEL. Pacha Sotelo, Gisela Ortiz, Nelly Luna, Carolina Carbajal y Luis Javier Maguiña conversaron sobre memoria como ejercicio democrático.

Foto: OjoPúblico / Sandra Chávez Villanueva
 

¿Qué relación existe entre la memoria histórica y el actual debilitamiento de las instituciones democráticas? La pregunta fue planteada por Nelly Luna, al abrir la conversación. 

A partir de ese eje, el encuentro permitió mirar en conjunto procesos separados por varias décadas: el periodo de violencia de 1980-2000, las protestas de 2020 contra el gobierno de Manuel Merino y las movilizaciones de 2022 y 2023, tras la destitución de Pedro Castillo y contra el gobierno de Dina Boluarte, que dejaron decenas de ciudadanos muertos en distintas regiones.

El encuentro permitió mirar en conjunto el periodo de violencia de 1980-2000, las protestas de 2020 y las movilizaciones de 2022 y 2023.

Para Gisela Ortiz, esa relación parte de una deuda que permanece abierta. Muchas familias llevan más de tres décadas buscando justicia y otras esperan respuestas desde hace más de 40 años. 

Esa búsqueda ha implicado décadas de desgaste emocional y económico. Ortiz atribuyó parte de ese costo al racismo, el clasismo y la indiferencia con que, sostuvo, se ha tratado a las víctimas. 

Frente a ello, la denuncia pública, la construcción de memoria y la exigencia de verdad han sido herramientas para enfrentar la impunidad y reclamar garantías de no repetición. 

“La única manera que tenemos de garantizar que no se repita es que haya verdad, que haya justicia, pero también que haya memoria”, afirmó.

La memoria como organización

Las protestas de noviembre de 2020 muestran que esa discusión no pertenece al pasado. Pacha Sotelo sostuvo que las familias del 14N —como se conoce a la jornada de protestas del 14 de noviembre de 2020, en la que murieron Inti Sotelo y Bryan Pintado— han debido organizarse, acompañarse y vincular su experiencia con la de familiares afectados por otros episodios de violencia estatal.

Sotelo señaló que esa continuidad obliga a pensar la memoria como una tarea que trasciende generaciones y grupos de familiares. Parte de ese trabajo, sostuvo, consiste en compartir aprendizajes y acompañarse en la búsqueda de verdad y justicia.

Esa búsqueda enfrenta hoy otro obstáculo: cambios normativos que familiares de víctimas y organizaciones de derechos humanos cuestionan por considerar que pueden favorecer la impunidad o limitar el acceso a la justicia.

Gisela Ortiz cuestionó la Ley 32419, promulgada en agosto de 2025, que concede amnistía a miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y los comités de autodefensa por hechos vinculados a la lucha contra el terrorismo entre 1980 y 2000. 

Para la defensora de derechos humanos, esta norma no puede analizarse de manera aislada, sino como parte de un conjunto de medidas que, desde su perspectiva, debilitan las posibilidades de investigar y sancionar violaciones de derechos humanos.

También observó los cambios aprobados en 2026 sobre la competencia del fuero militar-policial, que modificaron el Código Penal Militar Policial y el Código Procesal Penal. Ortiz advirtió que estas modificaciones pueden incrementar el riesgo de impunidad en investigaciones que involucren a integrantes de las fuerzas del orden.

Gisela Ortiz cuestionó la Ley 32419, que concede amnistía a miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía y los comités de autodefensa.

Ortiz cuestionó, además, la Ley 32301, que modificó las reglas de funcionamiento de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI). Según explicó, las restricciones introducidas por esa legislación pueden dificultar el acompañamiento de organizaciones de derechos humanos a víctimas que mantienen procesos administrativos o judiciales contra el Estado.

PARTICIPACIÓN. Los asistentes coincidieron en que preservar la memoria y exigir justicia también depende del entorno político, educativo e institucional.

Foto: OjoPúblico / Sandra Chávez Villanueva

Ese acompañamiento, refirió, resulta fundamental para afrontar procedimientos largos, costosos y técnicamente complejos. En el caso La Cantuta, Ortiz recordó que aún existen procesos abiertos debido, entre otros factores, a que algunos implicados permanecieron no habidos durante años. Según sostuvo, obligar a las familias a asumir de manera particular su defensa legal incrementa las dificultades para mantener esos procesos durante décadas.

Pacha Sotelo describió un desgaste similar entre las víctimas del 14N. Recordó que según su registro, inicialmente hubo más de mil personas heridas, pero muchas no llegaron a incorporarse a la investigación. 

Sotelo atribuyó parte de ese alejamiento al temor y relató que las demoras fiscales, los pedidos documentales, las dificultades con las notificaciones y otros procedimientos burocráticos fueron prolongando el proceso. “¿Quién puede con eso?”, se preguntó.

Para Sotelo, la impunidad no depende únicamente de que un proceso termine o no con una sentencia. El desgaste provocado por años de trámites, espera y costos emocionales también puede reducir la capacidad de las víctimas y sus familias para sostener la búsqueda de justicia.

Las intervenciones del público llevaron esa discusión hacia otros terrenos. Una participante expresó preocupación por normas y decisiones que, a su juicio, podrían afectar la enseñanza de la memoria y los derechos humanos, modificar materiales educativos o restringir la participación de estudiantes y docentes en movilizaciones. 

La discusión amplió así el problema más allá de los tribunales: para los participantes, preservar la memoria y exigir justicia también depende del entorno político, educativo e institucional.

Diversidad de memorias

La desigual atención que reciben las víctimas según el territorio apareció como otra de las tensiones centrales. Pacha Sotelo cuestionó la percepción de que las muertes ocurridas en Lima reciben mayor atención pública que las registradas en otras regiones del país.

Desde su experiencia como familiar de una de las víctimas del 14N, sostuvo que las memorias de las protestas de 2020 no pueden desligarse de lo ocurrido posteriormente en Puno, Apurímac y otras regiones durante las movilizaciones de 2022 y 2023.

Articular a esos grupos de familiares no ha sido sencillo. Sin embargo, para Sotelo, establecer esos vínculos permite cuestionar la idea de que unas víctimas merecen mayor reconocimiento que otras. “Había realmente una narrativa [...] de decir que lo que ocurría en Lima era más importante”, recordó durante el encuentro.

Gisela Ortiz relacionó esa desigualdad con una historia más extensa. Recordó que miles de familias todavía buscan a personas desaparecidas durante el periodo de violencia de 1980-2000 y que muchas continúan sin tener cuerpos que enterrar, tumbas donde recordar o respuestas judiciales suficientes.

A su juicio, varias de las condiciones que atravesaron aquel periodo —racismo, discriminación y crisis institucional— continúan presentes. Ortiz sostuvo que esas desigualdades siguen condicionando tanto el acceso a la justicia como la forma en que determinadas víctimas y territorios son vistos por el resto del país.

Desde el público se planteó que vincular las memorias de largo plazo con las más recientes permite aprovechar los aprendizajes de familiares y colectivos que llevan décadas sosteniendo estas luchas.

El diálogo mostró que no existe una única memoria de la violencia en el Perú. Conviven experiencias familiares y territoriales que se cruzan con memorias afroperuanas, juveniles, visuales, musicales y comunitarias. 

Para los participantes, reconocer esa diversidad implica también evitar que el territorio, el origen o el momento histórico determinen qué víctimas son escuchadas y cuáles permanecen al margen.

La disputa por la memoria también ocurre alrededor de quién tiene la posibilidad de narrar la historia y qué experiencias logran ocupar un lugar en ella.

Las desigualdades condicionan el acceso a la justicia así como la forma en que determinadas víctimas y territorios son vistos por el resto del país.

Para Carolina Carbajal Navarro “Karolinativa”, esa discusión adquiere una dimensión particular desde la experiencia afroperuana. “Antes de ser Carolina y de ser hip-hopper, soy afroperuana”, dijo.

A través de AfroCombo y del rap afroperuano, la artista busca contar historias, vivencias y resistencias de las comunidades afroperuanas, muchas de ellas transmitidas mediante la oralidad, las familias, los barrios y la música, pero que no siempre han encontrado espacio en los relatos más visibles sobre el país. “Lo que no se menciona no existe”, expresó.

Karolinativa cuestionó que las mujeres afroperuanas no siempre se hayan sentido representadas por los feminismos más visibles y planteó reparos frente a investigaciones académicas que recurren a las comunidades para recoger testimonios o conocimientos sin que esos trabajos necesariamente regresen a quienes participaron en ellos. 

Frente a ello, reivindicó que las propias voces afroperuanas sean protagonistas de sus relatos. “Nos toca crear y comenzar a construir nuevas narrativas que cuenten sobre nuestra historia, sobre nuestra vida, sobre nuestra lucha, sobre nuestros muertos y nuestras muertas”, sostuvo.

VOZ. Carolina Carbajal indicó que, tras la muerte de Trvko, parte del movimiento hip-hop encontró en la creación artística una forma de procesar el duelo.

Foto: OjoPúblico / Sandra Chávez Villanueva

La fotografía plantea una disputa similar desde otro lenguaje. Luis Javier Maguiña sostuvo que registrar episodios de violencia exige algo más que producir imágenes: implica construir vínculos con quienes son retratados, acompañar sus procesos y preguntarse cómo documentar el dolor sin vulnerar su dignidad.

Maguiña señaló que la fotografía documental puede cuestionar narrativas mediáticas que, según su análisis, estigmatizan a manifestantes o reproducen determinadas miradas sobre las víctimas. Cada imagen supone, por ello, decisiones éticas: qué registrar, qué publicar, cuándo hacerlo y qué consecuencias puede tener esa exposición para las personas representadas.

“La fotografía documental tiene mucho vínculo con quienes estamos representando. Es estar ahí, acompañar, abrazar los procesos”, explicó.

Ese dilema adquiere especial importancia cuando las fotografías permiten identificar los rostros de quienes participan en una movilización. Maguiña reflexionó que el registro puede ser necesario, pero publicar una imagen exige evaluar también sus posibles efectos sobre las personas fotografiadas.

De este modo, la música, la oralidad y la fotografía aparecen como formas de expresión que permiten interrogar quién narra el pasado, desde qué posición y qué experiencias consiguen permanecer en la memoria pública.

El Lugar de la Memoria 

La disputa por el relato también alcanza los espacios e instrumentos que conservan evidencias del pasado. El Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social (LUM), el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, El Ojo que Llora, los archivos ciudadanos, los registros fotográficos y los materiales escolares fueron mencionados como soportes mediante los cuales se preservan y transmiten distintas memorias sobre la historia reciente del país.

Durante el encuentro también se discutió la propuesta de trasladar la administración del LUM al Ministerio de Justicia y las consecuencias que, según los participantes, un cambio de esa naturaleza podría tener sobre el relato que conserva este espacio.

Para las familias del 14N, explicó Pacha Sotelo, el LUM permitió enfrentar algunas de las narrativas que circularon sobre Inti Sotelo, Bryan Pintado y quienes participaron en las protestas de noviembre de 2020. 

Las fotografías y los testimonios ofrecieron, dijo, una manera de mostrar quiénes eran las personas que participaron en aquellas movilizaciones frente a discursos que las presentaban como agitadores o personas manipuladas políticamente. “Nuestra memoria no se puede borrar, nuestra memoria no se puede silenciar y los familiares somos memoria viva”, afirmó.

El LUM permitió enfrentar las narrativas que circularon sobre Inti Sotelo, Bryan Pintado y quienes participaron en las protestas de noviembre de 2020. 

Gisela Ortiz conoce una disputa semejante desde el caso La Cantuta. Durante años, recordó, circularon relatos que vinculaban a las víctimas con organizaciones terroristas y buscaban reducir la responsabilidad por los crímenes cometidos contra ellas. Ortiz sostuvo que esas vinculaciones no fueron acreditadas durante los procesos judiciales, pero continúan apareciendo en el debate público.

Los espacios de memoria tienen, por ello, un significado que trasciende su dimensión documental. Para las familias que no han recuperado los cuerpos de sus seres queridos o que no han obtenido justicia, lugares como el LUM o El Ojo que Llora pueden convertirse también en espacios de reconocimiento y duelo.

“El lugar de la memoria es ese espacio donde se alberga lo que queda de familia, y para muchos, solo la memoria será la justicia que habrán logrado”, señaló Ortiz.

La educación constituye otro terreno de disputa. Desde el público se expresó preocupación por posibles cambios en el currículo y, especialmente, en los textos y materiales escolares mediante los cuales los estudiantes acceden a contenidos sobre memoria, democracia y derechos humanos. Una participante sostuvo que modificar estos materiales podría alterar con mayor rapidez la forma en que las nuevas generaciones conocen la historia reciente.

Los archivos, en ese contexto, cumplen una función concreta: preservar nombres, testimonios, fotografías y documentos que permiten mantener disponibles registros sobre lo ocurrido y transmitirlos a nuevas generaciones.

Para Luis Javier Maguiña, esa función explica por qué la fotografía documental no termina cuando una imagen se publica. Los archivos visuales pueden conservar la memoria de personas, familias y procesos sociales incluso cuando quienes los protagonizaron ya no están, y permitir que otras generaciones se aproximen a historias que no vivieron directamente.

Así, la disputa por la memoria no se libra únicamente alrededor de los hechos del pasado, sino también sobre los lugares, documentos e imágenes que permiten recordarlos, interpretarlos y transmitirlos.

La conversación también abordó el papel de las nuevas generaciones. ¿Por qué disminuye la movilización en las calles si las demandas de justicia continúan abiertas? Pacha Sotelo cuestionó que la respuesta pueda reducirse a una supuesta apatía de los jóvenes.

Las experiencias de represión, detenciones y hostigamiento, sostuvo, han modificado las condiciones en las que muchos jóvenes deciden movilizarse. Sotelo relató que, durante protestas recientes, hubo personas detenidas por portar cascos o máscaras y que algunos jóvenes vinculados con brigadas y espacios de organización recibieron posteriormente amenazas en redes sociales o sufrieron el hackeo de sus cuentas. “Ese miedo lamentablemente ha madurado”, dijo.

El efecto, según Sotelo, va más allá de dispersar una movilización. Cuando quienes organizan brigadas, coordinan acciones de cuidado o asumen posiciones de liderazgo son detenidos, amenazados o identificados públicamente, también puede debilitarse la capacidad de organización posterior de los colectivos.

Pero la menor presencia en las calles no significa que la protesta o la demanda de justicia desaparezcan. Karolinativa señaló que, después de la muerte de Eduardo Mauricio Ruiz Sanz, Trvko, durante las protestas de la llamada Generación Z, parte del movimiento hip-hop encontró en la creación artística una manera de procesar el duelo, mantener la denuncia y sostener la exigencia de justicia.

La frontalidad política característica del hip-hop, explicó, puede expresarse con herramientas diferentes. Las demandas que antes se manifestaban también mediante la presencia física en las calles circulan ahora a través de la escritura, la música y la voz.

“Nuestra fortaleza no se ha ido. Como el hip-hop tiene esta frontalidad, lo hemos hecho con el cuerpo; ahora lo estamos haciendo mucho más con la voz”, dijo.

La pregunta por el relevo generacional aparece también entre quienes llevan décadas sosteniendo procesos de memoria. Luis Javier Maguiña señaló que muchos familiares que han acompañado estas luchas son actualmente adultos mayores. Esa constatación lo llevó a preguntarse qué ocurre con esas memorias cuando quienes las sostuvieron ya no están.

“¿Qué sucede si ellos fallecen? ¿Quién carga esa memoria? ¿Se transforma? ¿Puede desaparecer?”, planteó. Para Maguiña, la imagen puede ayudar a preservar parte de esas historias y convertirse en un archivo que sobreviva a las personas que protagonizaron o acompañaron esos procesos.

El arte, la fotografía, la música y los archivos adquieren así una dimensión adicional. No sustituyen las obligaciones del Estado ni la búsqueda de justicia, pero permiten transmitir testimonios, imágenes y experiencias entre generaciones y evitar que desaparezcan con quienes las sostuvieron originalmente.

La memoria no es solo una forma de conservar hechos del pasado, sino también un vínculo entre generaciones y una herramienta para mantener abiertas las demandas de verdad, justicia y reparación. 

Para los participantes, preservar fotografías, archivos, testimonios, expresiones artísticas y espacios de encuentro permite impedir que el paso del tiempo, el desgaste de las familias o las disputas sobre el pasado terminen convirtiéndose en otra forma de olvido.

Barra Política es un espacio de diálogo de OjoPúblico para conversar y reflexionar sobre ciudadanía, democracia y derechos. Esta edición fue organizada por OjoLab, el programa de entrenamiento y formación de OjoPúblico, con el apoyo de National Endowment for Democracy y el proyecto Global Change Hub, que cuenta con el respaldo de la Cooperación Sueca, además de la colaboración del Café Bar Habana y la comunidad de Aliados/as de OjoPúblico.