El círculo del duelo necesita un cuerpo al que despedir. A Benita Cunto Ñaupari –mujer quechuahablante, ayacuchana– sus familiares la buscaron durante 45 años y recién el pasado 25 de febrero, pudieron cerrar el círculo de dolor, despedirse y sepultarla. La fiscalía les entregó los restos de Benita que cabían en un pequeño ataúd blanco: retazos de prendas, un puñado de huesos, la evidencia del horror y la insanía de sus verdugos. Una sola persona podía cargar el cajón. 

La familia de Benita Cunto pudo enterrarla y dedicarle una misa, pero aún hay miles de desaparecidos del conflicto armado en el Perú. Aunque una de las recomendaciones más urgentes de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) fue la de priorizar la búsqueda e identificación, los últimos años esta no ha sido una prioridad de los últimos gobiernos. Y tampoco ha sido un tema que los actuales candidatos hayan puesto en agenda. Alicia Abanto, docente universitaria y exprimera adjunta de la Defensoría del Pueblo, sostiene que lo que estamos viendo en esta campaña electoral es “una omisión deliberada de la agenda de derechos humanos”.

Una noche de noviembre de 1984, Benita Cunto Ñaupari alimentaba a sus animales en la localidad de Manasiqana, en Ayacucho, cuando un grupo de terroristas la secuestró. No hay certeza de su edad exacta, pero se sabe que era joven, que la asesinaron con objetos punzocortantes y que presentó heridas en el tórax y la espalda. Esa misma noche los subversivos también se llevaron a Saturnino Velasque Ccasapoma y a María Huarancca Huaylla. En abril del 2025 los restos de los tres fueron hallados por el Ministerio Público en la comunidad de Corpacancha, en Huanta: todos presentaban los cráneos quebrados con objetos muy contundentes como piedras y hachas.

ESPERA. Indalesio Pérez de la Cruz con la fotografía de su padre, Aquilino, enterrado en Accomarca 37 años después de que una patrulla del Ejército Peruano lo asesinara.

Foto: Musuk Nolte

EN HOMBROS. Ciudadanos de Soras cargan ataúdes con restos óseos de comuneros asesinados por terroristas de Sendero Luminoso.

Foto: Musuk Nolte

Junto a estas víctimas, en febrero de este año, la Segunda Fiscalía Penal Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad de Ayacucho, identificó y restituyó los restos de un total de 17 víctimas de los años de violencia terrorista. La cifra, aunque pequeña, refleja el desinterés por parte de los gobiernos de los últimos años para priorizar la búsqueda de los miles de desaparecidos durante el conflicto armado en hechos de violencia atribuidos a las organizaciones terroristas, agentes de las Fuerzas Armadas y Comités de Autodefensa. 

En el Perú aún existen 19.029 personas desaparecidas durante el periodo 1980-2000, de acuerdo a información de la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas a los que accedió OjoPúblico. Otros 3.600 casos de desapariciones ya concluyeron, según los datos preliminares del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y de Sitios de Entierro (Renade) hasta el 8 de abril.

Desde el 2020 hasta la fecha se ha concluido la búsqueda de 935 personas desaparecidas durante el periodo de violencia (1980–2000). En diciembre de ese año, el reporte del Renade daba cuenta de 2.665 casos cerrados.

VELORIO. Féretros con dibujos a lápiz de los rostros de las víctimas del caso Accomarca, realizados por el colectivo Retratos de Memoria, del dibujante Jesús Cossio.

Foto: Musuk Nolte

PROCESIÓN. Procesión de los restos óseos del caso El Santa, en 2011, tras regresar a sus comunidades luego de más de 20 años de haber estado desaparecidos.

Foto: Musuk Nolte

La Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas, dependiente del Ministerio de Justicia, fue creada en junio de 2017, durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Sin embargo, luego, con los cambios de gobierno, la pandemia y la crisis política, el sector fue perdiendo prioridad, recursos financieros y presentó altas rotaciones en los cargos altos. 

Solo durante el 2025, este despacho tuvo tres cambios en sus directivos y situaciones que, según el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de las Naciones Unidas, afectaban la búsqueda de los desaparecidos.

El 14 de agosto de 2024, el gobierno de Dina Boluarte nombró a Javier Pacheco Palacios, exprocurador del Estado, en la Dirección de Búsqueda de Desaparecidos. Estuvo en el cargo hasta julio de 2025. Posteriormente, la dirección fue asumida por Katherine Valenzuela Jimenez; y actualmente el cargo lo ocupa el antropólogo Hans Behr Lescano, desde el 17 de noviembre de 2025.

Fue durante la gestión de Javier Pacheco que se propuso establecer plazos en el proceso de búsqueda de los desaparecidos de hasta 18 meses por cada caso. El problema, según advirtió el 17 de febrero de 2025 el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas, es que estos plazos “no serían compatibles con el derecho internacional de los derechos humanos”. Esta directiva, finalmente, no se aprobó. 

JUNTAS. Teófila Ochoa sostiene un retrato de su madre, quien fue asesinada junto a sus cinco hermanos. Tras 37 años de espera, sus restos le fueron entregados en 2022.

Foto: OjoPúblico / Musuk Nolte

PUBLICACIÓN. El libro El idioma de los huesos (2025), del fotógrafo Musuk Nolte, retrata la restitución de restos a las familias víctimas del conflicto armado.

Uno de los indicadores que expone la poca prioridad que los derechos humanos han tenido en las recientes gestiones de gobierno es el recorte presupuestal. En 2019 la Dirección General de Búsqueda de Desaparecidos tuvo más de S/6 millones y en 2025 se redujo en un 25%: contó con solo S/4,5 millones. 

El impulso de contrarreformas hacia políticas de derechos humanos también se han expresado en leyes que prescriben los delitos de lesa humanidad (Ley 32107) y que impulsan la amnistía (Ley 32419) a los miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú y de los Comités de Autodefensa que participaron en la lucha contra el terrorismo entre los años 1980 y 2000. A estas normas se suman los diferentes proyectos del ley del Congreso para promover el retiro del país de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

La falta de interés en la búsqueda de personas desaparecidas, y en el seguimiento a las recomendaciones de la CVR; se repite en la mayoría de candidatos a la presidencia. Incluso, varios de ellos han dicho públicamente que solicitarán el retiro del Perú de la jurisdicción de la Corte.

Alicia Abanto señala que los candidatos y candidatas piensan que los temas de  memoria y derechos humanos no suman votos, y creen que el miedo sí, especialmente por el aumento de las extorsiones.

“La agenda de derechos humanos ha sido secuestrada por el populismo punitivo. Mientras el país discute sobre la inseguridad ciudadana, los candidatos/as utilizan esa urgencia para enterrar las deudas históricas en materia de derechos humanos”, precisa.

Por su parte, Víctor Manuel Quinteros Marquina, exdirector de Registro e Investigación Forense de la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas, sostiene que “en los planes de gobierno de los candidatos, el tema de la memoria y la atención a las víctimas de violaciones de derechos humanos se menciona de forma general. No es una prioridad para los candidatos”, afirma 

VIUDA. Cirila Rivera Gamboa, esposa de Antonio Espinoza, vela los restos de su esposo, asesinado por Sendero Luminoso en 1985. 

Foto: Musuk Nolte

Solo cuatro organizaciones políticas mencionan en sus planes de gobierno a las víctimas del periodo de violencia 1980-2000, según un análisis del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Todas plantean la derogación de la leyes procrimen y solo una propone la ampliación de reparaciones económicas y simbólicas a los deudos.

La meta del Plan Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas es que, al 2030, el Estado brinde respuestas a los familiares del 40,62% de los desaparecidos. Sin embargo, para Quinteros, con el ritmo de trabajo actual, apenas se cumplirá la mitad de la meta.

“Si esta dirección continúa su trabajo a la misma velocidad, la proyección es que al 2030 solo se alcanzará un 20% de avance. Eso implica que la mayoría de los deudos morirán antes de conocer el paradero de sus familiares desaparecidos”, añade.

En la práctica, los porcentajes de búsquedas concluidas no han variado significativamente, ya que cada año la cifra de desaparecidos crece más rápido que la de casos resueltos. A esto se suma que las metas previstas para las tareas de búsqueda no cuentan con presupuesto suficiente.

“Estas acciones no son priorizadas en los planes estratégicos y operativos del sector Justicia. La falta de voluntad política elimina toda posibilidad de que las tareas de búsqueda se cumplan en los tiempos previstos en el plan nacional”, dice Víctor Quinteros.

PROCESIÓN. Familiares de las víctimas de La Cantuta camino a sepultar los restos de estudiantes y un profesor asesinados por el grupo Colina en 1992.

Foto: Musuk Nolte

DESCANSO. Féretros de seis miembros de la familia Ochoa, sepultados después de 37 años, luego de que las autoridades peruanas entregaran sus restos.
 

Foto: Musuk Nolte

Foto: Musuk Nolte

Alicia Abanto también considera que los ataques contra las personas que impulsan estos temas ha generado que algunos candidatos no quieran hablar abiertamente de estos temas. Se refiere al "costo político del terruqueo”. “Eso impacta en el debate pues cualquier mención a la justicia para los desaparecidos podría ser castigada con etiquetas estigmatizantes que los candidatos prefieren evitar para no perder electores de centro y de derecha”, señala.

La falta de interés hacia las víctimas de las violaciones de derechos humanos entre 1980 y el año 2000 no solo alcanza al gobierno y el Congreso, también a la Defensoría del Pueblo, que antes demandaba el cumplimiento de los compromisos con las víctimas y familiares de desaparecidos. 

“Si analizamos los informes anuales de 2023 y 2024 [de la Defensoría del Pueblo] hay una contradicción: la institución mantiene el seguimiento al tema, es decir, sigue registrando que el avance en reparaciones es mínimo y que la búsqueda de desaparecidos está estancada, pero ha renunciado a su peso político en el rol de defensa. La Defensoría ha pasado de ser una entidad que incomodaba al poder para exigir justicia, a ser una suerte de mero "registrador de quejas”, cuestiona la exprimera adjunta de la Defensoría.

Incluso en momentos en los que el Congreso y el Ejecutivo han atacado al sistema interamericano de derechos humanos, la Defensoría del Pueblo ha guardado silencio. "Hoy, los familiares de las personas desaparecidas no ven en la institución a ese aliado de antes, sino a una entidad que ha decidido ser cómoda a ciertos grupos políticos. Una Defensoría que no incomoda al poder en temas de derechos ha dejado de cumplir su misión esencial, ha dejado de defender", alerta.

A inicios de abril, el actual gobierno del presidente interino José María Balcázar, nombró a Franco Salinas López, militante de Acción Popular y excongresista (2020-2021), viceministro de Derechos Humanos en el Ministerio de Justicia. En los últimos años Salinas ha realizado comentarios estigmatizantes y agraviantes contra manifestantes en protestas y ha acusado, sin ninguna evidencia, de "filo terroristas" a algunos políticos. Cerró su cuenta de X al asumir el cargo.