Hace unas semanas, en la región de Amazonas, una investigación por violencia sexual contra una niña awajún de nueve años estuvo a punto de ser archivada por la falta de un intérprete, recuerda Rosemary Pioc Tenazoa, presidenta del Consejo de Mujeres Awajún Wampis (Comuawuy). 

Según la defensora de los derechos de menores víctimas de violencia sexual, la menor fue trasladada desde la comunidad de Tatse hasta el distrito de Santa María de Nieva, en la provincia de Condorcanqui, para ser entrevistada en una cámara Gesell. Pero la niña solo hablaba awajún y el psicólogo le hacía las preguntas en castellano. Como no comprendía lo que le decía, la menor no permitía que la examinaran. 

La lideresa contó que la intervención de la organización Comuawuy y del Ministerio de Cultura permitió conseguir un intérprete para la menor awajún a tiempo y continuar con las diligencias.

"Nuwa, aishmag tsakat, ajantusam diista", dice en awajún Pioc Tenazoa, una frase que en castellano significa “a las niñas y niños se les respeta”. La lideresa lucha para erradicar la violencia sexual contra menores en la provincia de Condorcanqui, donde hace dos años alertó sobre más de 500 casos. Sin embargo, su labor enfrenta las distancias geográficas entre las comunidades y la limitada presencia de lenguas indígenas en el sistema de justicia del Estado. 

En estos casos, según especialistas consultados para este informe, en la etapa fiscal el Ministerio Público recurre a los profesionales del Registro Nacional de Intérpretes y Traductores de Lenguas Indígenas u Originarias (Renitli) del Ministerio de Cultura. Hasta setiembre de 2026, este registro oficial contaba con 600 integrantes, de acuerdo a información obtenida por OjoPúblico a través de un pedido de acceso a la información. Si bien parece ser una cifra importante, solo considera a 29 lenguas indígenas de las 48 que hay en el Perú.

Por otro lado, el Poder Judicial tiene el Registro Especial Nacional de Intérpretes y Traductores de Lenguas Indígenas u Originarias (Renit). Pero hasta el 2025, contaba solo con 97 intérpretes y traductores, según datos obtenidos por este medio. Estos profesionales especializados en el lenguaje jurídico también forman parte del Renitli y son quienes deberían participar en la etapa judicial de los procesos. 

Las cifras de ambos registros contrastan con la diversidad lingüística del país. Según el Censo Nacional de Población y Vivienda de 2025, casi siete millones de peruanos se autoidentifican como parte de un pueblo indígena, lo que representa el 19,9 % de la población. En el Perú existen 55 pueblos indígenas reconocidos por el Ministerio de Cultura: 51 en la Amazonía y cuatro en los Andes. Asimismo, de las 48 lenguas indígenas que tiene el país, 44 de ellas son de la Amazonía y cuatro de los Andes.

Rosemary Pioc Tenazoa destaca la necesidad de contar con intérpretes durante todas las etapas de investigación y sanción de los casos de violencia sexual contra menores de edad. Por ello, lamenta que se recurra a profesionales sin certificación, pues considera que esto puede comprometer los procesos judiciales. 

Por ejemplo, durante las audiencias, la defensa de los acusados puede cuestionar las pruebas presentadas, las declaraciones de los testigos o los interrogatorios con el argumento de que el intérprete no estaba inscrito en el Registro Nacional de Intérpretes y Traductores de Lenguas Indígenas u Originarias (Renitli) o no realizó una interpretación adecuada. “Quien pierde es la niña, no el agresor”, dice la lideresa.

La falta de estos profesionales también se refleja en las cifras disponibles para las lenguas de los pueblos que habitan Condorcanqui. Según el censo de 2017, la población awajún y wampis en Amazonas comprendía aproximadamente 70.468 y 11.824 hablantes, respectivamente. No hay cifras actualizadas a 2026. En el registro oficial del Ministerio de Cultura, hay 51 intérpretes de awajún y uno de wampis. Mientras que en el registro de intérpretes del Poder Judicial figuran nueve y uno, respectivamente. 

Investigaciones y juicios en riesgo

El abogado especializado en derechos de los pueblos indígenas Segundo Herrera Mejía, del Instituto de Defensa Legal (IDL), también advierte sobre la necesidad de que instituciones como la Policía Nacional y el Ministerio Público incorporen intérpretes especializados para atender a la población indígena. 

Herrera Mejía, quien participó como litigante en el caso Bagua, en el que murieron 33 personas durante enfrentamientos entre policías y población indígena, señala que el IDL busca impulsar esta medida mediante una demanda presentada este año contra el Ministerio Público.

En 2022, el Ministerio Público creó la Oficina de Traducciones e Intérpretes, con 15 plazas disponibles, para brindar asistencia y apoyo técnico en lenguas indígenas y extranjeras a los despachos fiscales. OjoPúblico consultó a la institución sobre el funcionamiento de esta oficina y la cantidad de intérpretes y traductores con los que cuenta actualmente. Sin embargo, no obtuvo respuesta hasta el cierre de este reportaje.

En los casos de violencia contra menores en Amazonas, Herrera Mejía explica que la falta de intérpretes capacitados en la Fiscalía dificulta la toma de declaraciones. Lo mismo sucede durante las entrevistas psicológicas, cuando el profesional a cargo no entiende lo que la víctima dice. Esta falta de comprensión, señala, puede debilitar las pruebas presentadas en las audiencias y repercutir de manera desfavorable en las decisiones judiciales. 

En los casos de violencia contra menores en Amazonas, Herrera Mejía explica que la falta de intérpretes capacitados en la Fiscalía dificulta la toma de declaraciones.

Cuando no se dispone de intérpretes del Renit en la lengua de las personas involucradas en un proceso judicial, se puede recurrir a mecanismos excepcionales para garantizar su derecho de acceso a la justicia, explica Herrera Mejía. Por ejemplo, es posible solicitar la participación de una persona que entienda la lengua materna y pueda interpretarla, aunque no sea un intérprete o traductor formal.

AWAJÚN. Rosemary Pioc Tenazoa es una reconocida lideresa awajún que denuncia casos de violencia sexual contra menores en Amazonas. 

Ilustración: OjoPúblico / Claudia Calderón

Organismos internacionales también se han pronunciado al respecto. En setiembre, una delegación del Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (Mesecvi), de la Organización de los Estados Americanos (OEA), identificó la necesidad de intérpretes awajún y wampis en Condorcanqui, de preferencia mujeres, acreditadas y con formación especializada para garantizara el acceso efectivo a la justicia. 

La OEA consideró “insuficiente” la cantidad de intérpretes del Poder Judicial y recomendó que el Ministerio Público y la Policía Nacional incorporen a estos profesionales. 

Por su parte, la lideresa Rosemary Pioc insiste en que las instituciones deben considerar los conocimientos de los pueblos indígenas al intervenir en sus territorios. También propone promover un diálogo intercultural entre los operadores de justicia y los pueblos indígenas para fortalecer el trabajo multisectorial. 

OjoPúblico consultó a las oficinas de prensa del Ministerio Público y del Poder Judicial sobre la escasez de traductores e intérpretes en los procesos judiciales y las medidas previstas de mejora. Sin embargo, ninguna de las instituciones respondió hasta el cierre de este reportaje.

Este medio también contactó a dos profesionales inscritos en el Renitli y a uno en el Renit para conocer sus experiencias en el sistema de justicia y sus opiniones sobre la escasez de especialistas. Sin embargo, los tres prefirieron no declarar para evitar inconvenientes en su trabajo.

Urgen más intérpretes y traductores 

El Registro Nacional de Intérpretes y Traductores de Lenguas Indígenas u Originarias (Renitli) fue creado en 2011 y cuenta con 600 especialistas de 29 lenguas indígenas, según la información que recibió OjoPúblico. Sin embargo, en la plataforma virtual de la misma institución aparecen 979 intérpretes y traductores. 

La mayor cantidad de los profesionales con inscripción vigente de este registro pertenecen a la lengua quechua y sus variantes (284), seguida del aimara (61), el awajún (51), el shipibo-konibo (40) y el asháninka (38). En contraste, lenguas como el chapra, shiwilu, iskonawa, entre otras, no figuran con traductores e intérpretes registrados. 

El derecho de las personas a utilizar sus lenguas indígenas y recibir atención en ellas está reconocido por ley desde 2011. La Ley 29735, promulgada en julio de ese año, regula el uso, preservación, desarrollo, recuperación, fomento y difusión de las lenguas originarias del Perú. También establece que sus hablantes tienen derecho a ser atendidos en su lengua materna por las instituciones del Estado y a contar con servicios de traducción que les permitan ejercer sus derechos.

El derecho de las personas a utilizar sus lenguas indígenas y recibir atención en ellas está reconocido por ley desde 2011.

La demanda de estos servicios se genera desde distintas instituciones del Estado. Este medio solicitó al Ministerio de Cultura información sobre los pedidos de servicios de interpretación y traducción de entidades del Estado. De acuerdo con los datos entregados, entre 2020 a octubre de 2026, la Central de Interpretación y Traducción en Lenguas Indígenas u Originarias (CIT) registró 17.568 atenciones, de las cuales 15.303 correspondieron a traducción y 1.298 a interpretación, tanto remota como presencial.

La mayor cantidad de solicitudes correspondió a instituciones agrupadas bajo la categoría “otros” (5.969) en la base de datos entregada. Les siguieron el sector Cultura (5.463), Salud (5.290) y el Ministerio Público (443). Las lenguas más requeridas para traducción e interpretación fueron el quechua y sus variantes, el aimara, el asháninka, el awajún, el shipibo-konibo y el ticuna.

OjoPúblico consultó al Ministerio de Cultura sobre la diferencia entre las cifras publicadas publicadas en la plataforma de su registro y las proporcionadas por la institución a este medio, así como sobre escasez de intérpretes y traductores de determinadas lenguas indígenas. La institución no respondió hasta el cierre del reportaje.

Barreras lingüísticas para denunciar

Las dificultades para acceder a intérpretes también afectan a lideresas indígenas que denuncian daños ambientales y otras amenazas contra sus territorios. 

Una de ellas es la lideresa Olivia Bisa Tirko, del pueblo chapra, en Loreto, quien ha denunciado públicamente los constantes derrames de hidrocarburos por el Oleoducto Norperuano en su territorio. La defensora relata que también ha tenido dificultades para presentar estas denuncias en su lengua materna, una situación que se repite entre otros líderes de las comunidades del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Chapra.

“A mí me desespera en el momento de dar mi declaración [ante la Fiscalía], porque tengo que estar pensando qué respuestas dar, cómo encontrar las palabras exactas. Sin embargo, en el idioma uno ya sabe qué es lo que va a responder”. 

CHAPRA. Olivia Bisa Tirko denuncia públicamente daños ambientales en el territorio de la Nación Chapra en la región Loreto.

Ilustración: Claudia Calderón / OjoPúblico

Según los datos entregados por el sector Cultura, en los dos registros de intérpretes y traductores que existen en el país no figuran especialistas con certificación vigente de la lengua chapra. Sin embargo, en el portal del ministerio, aparecen dos profesionales registrados para la lengua “kandozi-chapra”. 

Bisa Tirko sostiene que se trata de un error, ya que son dos lenguas diferentes. A su juicio, esta confusión pone en riesgo la conservación de ambas lenguas. 

Según el Mincul, la lengua chapra pertenece a la familia lingüística del kandozi, aunque ha sido vinculada a pueblos cuya lengua pertenece a la familia jíbaro. De acuerdo con el censo de 2017, el número de hablantes de “kandozi-chapra”, ascendía a 887, lo que representa el 0,019% del total de hablantes de lenguas originarias a nivel nacional. 

Las dificultades que refiere Bisa Tirko también se relacionan con los conflictos ambientales que afectan su territorio. En setiembre de 2022, denunció ante el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Loreto un derrame de petróleo en el kilómetro 177 del Oleoducto Norperuano. Posteriormente, Petroperú interpuso denuncias en su contra por este caso, que fueron archivadas en 2023. 

La lideresa asegura que la denuncia en su contra provocó la renuncia del vicepresidente de la Nación Chapra: “Me dijo, si tú que has aprendido un poco a hablar el español estás en esta situación, yo que no sé hablar me van a meter en la cárcel”. Bisa Tirko considera que las barreras lingüísticas contribuyen a que las denuncias presentadas por integrantes de otros pueblos indígenas queden impunes.

La obligación de abandonar la lengua materna 

La lideresa indígena Marisol García Apagüeño, del pueblo kichwa de la región San Martín, recuerda que su abuela le advertía que no hablara su lengua materna para evitar sufrir agresiones en la escuela. Por ese motivo, aprendió el castellano y, aunque comprende a la perfección el kichwa, asegura que esta prohibición, motivada por el miedo, le provocó un profundo dolor.

“Muchas veces a mí me han juzgado y me han dicho ‘tú no hablas kichwa, por lo tanto eres una falsa indígena’, pero no saben el dolor que eso conlleva”, dice Marisol, actual delegada de la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (Coica). “Ahora nuestro trabajo es tratar de revertir el daño que nos han hecho. Recuperar la lengua materna de alguna manera”. 

KICHWA. Marisol García Apagüeño, del pueblo kichwa de la región San Martín, es delegada de la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (Coica).

Ilustración: Claudia Calderón / OjoPúblico

Según el Renitli, hay cinco intérpretes y traductores de kichwa de San Martín con registro vigente. La misma cantidad figura en el Renit del Poder Judicial. 

Para Marisol García, el acceso a la justicia de los pueblos indígenas se ve limitado también por las dificultades de conexión a internet durante las audiencias virtuales. Aunque el Poder Judicial implementó esta modalidad en 2020, en el marco de la pandemia, su uso continúa. Según la lideresa, la mala conexión a internet dificulta las labores de interpretación. En otros casos, las audiencias se suspenden porque no se logra encontrar un intérprete.

Una situación similar atraviesa Clementina Shinquireri, lideresa asháninka de la comunidad indígena Catungo Quempiri, perteneciente a la Central Asháninka del río Ene (CARE).

ASHÁNINKA. Clementina Shinquireri es lideresa de la comunidad indígena Catungo Quempiri, perteneciente a la Central Asháninka del río Ene (CARE).

Ilustración: OjoPúblico / Claudia Calderón

Shinquireri, quien ha denunciado la expansión de los cultivos de hoja de coca y la invasión de territorios de su comunidad, sostiene que la falta de intérpretes es un obstáculo para acceder a la justicia de manera oportuna. Por ello, ha contratado a una abogada para presentar sus denuncias ante la Fiscalía y la Policía.

La defensora indígena asegura que nunca ha intentado presentar una denuncia en su lengua materna porque considera que no la comprenderían. “Yo pienso que también yo puedo defenderme en mi lengua, pero es de los indígenas, ellos [las autoridades de justicia] no van a entender”. 

Shinquireri, Pioc Tenazoa, Bisa Tirko, García Apagüeño refieren que tuvieron que aprender castellano para ejercer su liderazgo. Aseguran que, de no haber aprendido este idioma, no habrían podido representar a sus comunidades ni denunciar los delitos que ocurren en sus territorios.