Barra Política: Vivir sin miedo y los desafíos de la agenda LGTBIQ+

En el Perú, hablar de género y diversidad ya no implica únicamente discutir sobre reconocimiento legal, representación o inclusión. En el actual contexto político y social, la conversación también abre preguntas más urgentes sobre cómo vivir sin miedo,  sostener redes comunitarias en medio de la precariedad, defender la educación sexual integral, disputar narrativas frente a los discursos antiderechos y hacer política desde los territorios donde transcurre la vida cotidiana.

Ese fue el eje de una nueva edición de Barra Política, el espacio de diálogo impulsado por OjoPúblico para reflexionar sobre ciudadanía, democracia y derechos. El encuentro, realizado el 24 de junio en el Café Bar Habana, reunió a activistas, periodistas y representantes de colectivos para abordar las agendas de género y diversidad en un escenario marcado por retrocesos institucionales, polarización política y demandas históricas aún pendientes para las personas LGTBIQ+.

La actividad fue organizada por OjoLab, el programa de entrenamiento y formación de OjoPúblico. Participaron Jorge Apolaya, comunicador, activista por los derechos de las personas LGTBIQ+ y uno de los impulsores de la Marcha del Orgullo; Luz Mateo Cielo, integrante de Acción LGTBIQ+ Lima Sur y En Movimiento; Gianna Camacho, periodista y defensora de derechos humanos; y Micaela Távara, artivista, gestora cultural y docente. La moderación estuvo a cargo del periodista Yerson Collave.

Aunque el punto de partida fue la agenda LGTBIQ+, el diálogo  amplió rápidamente su alcance. Las intervenciones del público incorporaron nuevas miradas sobre trabajo, educación, salud mental, envejecimiento, territorio, Amazonía y organización comunitaria.

El encuentro  dejó una idea central: la defensa de los derechos de las personas LGTBIQ+ trasciende las demandas de un solo colectivo. También plantea una discusión sobre democracia, justicia social, vida digna y acceso a derechos en igualdad de condiciones.

Vivir sin miedo en un país desigual

Para Luz Mateo Cielo, activista e integrante de Acción LGTBIQ+ Lima Sur y En Movimiento, uno de los principales desafíos que enfrenta hoy la defensa de los derechos humanos es  continuar ese trabajo sin poner en riesgo la propia vida. Desde su experiencia en organizaciones comunitarias de Lima Sur, sostuvo que el miedo se ha convertido en una condición cada vez más presente para quienes realizan activismo desde los territorios. 

“Creo que la primera preocupación, ahora más latente que nunca, es el derecho a la seguridad, la vida y a poder trabajar sin miedo”, afirmó.

Mateo Cielo explicó que este escenario obliga a replantear las formas tradicionales de organización. Más que preguntarse cómo impulsar nuevas agendas, dijo, el reto consiste en sostener el trabajo colectivo en un contexto donde se han debilitado las garantías para la protesta, la organización social y la defensa de derechos.

En los barrios populares, añadió, el activismo responde a dinámicas distintas. Las largas jornadas laborales, las tareas de cuidado y las dificultades para acceder a servicios básicos condicionan las posibilidades de participación y exigen construir formas de organización más cercanas a la realidad de los territorios.

“El activismo no puede pensarse únicamente desde el centro de Lima o desde espacios privilegiados. No podemos exigirle a una persona que trabaja el día a día que participe en una asamblea de cuatro horas, ni pedirle a quien sostiene una olla común que responda a las mismas dinámicas de organización que existen en otros espacios”, reflexionó.

Su intervención introdujo una de las ideas que atravesó toda la conversación: las desigualdades que enfrentan las personas LGTBIQ+ no pueden analizarse únicamente desde la orientación sexual o la identidad de género. También están marcadas por el territorio, las condiciones económicas, el acceso desigual a servicios públicos y otras formas de exclusión.

Esa mirada fue compartida por el comunicador y activista Jorge Apolaya, quien advirtió que durante años el debate público redujo las demandas LGTBIQ+ a discusiones identitarias y dejó en segundo plano problemas estructurales que también afectan a esta población, como la inseguridad, la precariedad laboral y las brechas en el acceso a servicios públicos. 

Para Apolaya, si en un barrio falta agua o existe inseguridad, esas condiciones también atraviesan la vida de las personas LGTBIQ+, incluso con mayor intensidad cuando se suman a otras formas de discriminación. Comprender esa intersección, sostuvo, resulta fundamental para construir una agenda de derechos más amplia y cercana a las distintas realidades del país.

Las brechas que enfrentan las personas LGTBIQ+ también están marcadas por el territorio, la situación económica y el acceso desigual a servicios públicos".

La periodista y defensora de derechos humanos Gianna Camacho coincidió en que estas múltiples desigualdades obligan a reconocer los distintos privilegios que existen dentro de la propia comunidad LGTBIQ+. Recordó que contar con respaldo familiar, acceso a educación o mayores oportunidades laborales puede marcar diferencias importantes en la forma en que cada persona vive su identidad y ejerce sus derechos.

Camacho relató que su transición impactó directamente en su desarrollo profesional como periodista. Su nombre de usuario en redes sociales, “periodista trans”, nació precisamente como una forma de reivindicar una identidad profesional que muchas veces el país no estaba dispuesto a reconocer. “Mi transición hizo que las oportunidades laborales ya no me llegaran”, contó.

“No todas las personas LGTBIQ+ están obligadas a ser activistas o defensoras de derechos humanos. Pero todas podemos aportar desde nuestros espacios: la familia, el barrio, el trabajo, la universidad o las redes sociales”.

Más que una invitación al activismo tradicional, su reflexión apuntó a entender la defensa de los derechos como una responsabilidad compartida, en la que cada persona puede contribuir desde su propio ámbito de acción: la familia, el barrio, el trabajo, la universidad, las redes sociales o los espacios comunitarios.

La artivista y gestora cultural Micaela Távara complementó esa mirada al señalar que este contexto también afecta la manera en que las personas crean comunidad y ejercen su derecho a ocupar el espacio público. A su juicio, el miedo no solo responde a experiencias individuales, sino también a procesos de criminalización y censura que limitan las posibilidades de encuentro, organización y creación colectiva. 

“La creatividad también se ve precarizada porque nuestras vidas están cada vez más precarizadas”, afirmó.

Desde esa perspectiva, sostuvo que defender los derechos de las personas LGTBIQ+ también implica imaginar nuevas formas de participación y fortalecer los vínculos comunitarios desde el arte, la cultura y otros espacios cotidianos.

BRECHAS. Defender los derechos LGTBIQ+ también supone enfrentar la precariedad laboral, la inseguridad y el acceso desigual a servicios básicos.

Foto: OjoPúblico / Giuseppe Vicente Castillo

La disputa por las narrativas 

Uno de los puntos más desarrollados durante el encuentro  fue la disputa por las narrativas. Jorge Apolaya centró su intervención en advertir que uno de los mayores retrocesos ha sido el debilitamiento del enfoque de género y de los lineamientos de educación sexual integral, una situación que deja en especial condición de vulnerabilidad a niñas, niños y adolescentes LGTBIQ+ frente al bullying homofóbico, la violencia familiar y la discriminación escolar.

El comunicador recordó que en la última década campañas como “Con mis hijos no te metas” lograron instalar narrativas en torno a la familia, la educación y la niñez. Para Apolaya, estos discursos no solo buscaron frenar determinadas políticas públicas, sino también disputar la forma en que la sociedad entiende la diversidad.

“En el fondo es no enseñarles a los niños y adolescentes que las diversidades existen, que los niños y adolescentes LGTBIQ+ existen”, afirmó.

Apolaya advirtió que el debilitamiento de estas políticas no solo limita el acceso a información, sino que también invisibiliza experiencias y refuerza estereotipos que afectan directamente la vida de niñas, niños y adolescentes diversos. En su opinión, el discurso sobre la protección de la niñez ha sido utilizado con frecuencia para negar la existencia de infancias LGTBIQ+.

Sin embargo, la discusión no se limitó al ámbito educativo. Los participantes coincidieron en que la disputa por las narrativas también alcanza conceptos como democracia, familia y ciudadanía, tradicionalmente apropiados por sectores conservadores.

En ese contexto, Apolaya propuso recuperar esos conceptos desde una perspectiva de derechos humanos. En lugar de abandonar el debate sobre la familia, planteó resignificarla como un espacio de protección y no de violencia.

“Hay que empezar a hablar de cómo las familias deben convertirse en lugares seguros, de acogida y de protección frente a la violencia”, señaló.

La reflexión fue compartida por otros participantes del encuentro, quienes coincidieron en que la comunicación tendrá un papel central durante los próximos años. Más que responder permanentemente a los discursos de odio, consideraron necesario construir relatos capaces de conectar con las preocupaciones cotidianas de la ciudadanía.

Para Gianna Camacho, esa tarea también implica ampliar la conversación más allá  de los espacios tradicionales del activismo. La transformación cultural, sostuvo, no depende únicamente de organizaciones especializadas, sino también de pequeñas acciones que permitan generar empatía y reducir prejuicios en los espacios donde las personas desarrollan su vida cotidiana.

Arte y creatividad política

Desde su experiencia como artivista, gestora cultural y docente, Micaela Távara planteó que la agenda de género y diversidad también enfrenta una batalla cultural. En los últimos años, sostuvo, no solo se han intensificado los ataques contra mujeres y personas LGTBIQ+, sino también contra artistas y expresiones culturales críticas.

Távara explicó que trabaja desde el arte, el género y la acción política, a través de dispositivos escénicos y propuestas de gestión cultural en espacios públicos y no convencionales. Desde ese lugar, alertó que la persecución de artistas y activistas afecta la forma en que se construyen las narrativas sociales. Para ella, sin arte ni gestión cultural comunitaria, la manera en que una sociedad construye su historia se transforma profundamente.

“El arte, el artivismo, es denuncia, es revolucionario, especialmente en crisis como las que vivimos”, sostuvo.

La artivista señaló que el miedo no es solo una emoción individual, sino también una consecuencia de acciones concretas: persecución, censura, restricciones al espacio público y disciplinamiento de los cuerpos y las narrativas disidentes. A esto se suma, dijo, el cierre del espacio público, que limita la posibilidad de intervenir plazas, calles y otros lugares de encuentro ciudadano.

El RETROCESO de políticas a favor de la población LGBTIQ+ invisibiliza experiencias y refuerza estereotipos que afectan la vida de niñas, niños y adolescentes".

Esta situación, señaló, obliga a pensar nuevos territorios, dispositivos y formas creativas de acción política. También sostuvo que la crisis económica debilita los espacios comunitarios, precariza la vida de quienes hacen arte y activismo, y reduce las posibilidades de encontrarse, organizarse y crear colectivamente.

Para Távara, la política también debe incorporar alegría, música, placer y creatividad. “Hacer política tiene que ser divertido”, dijo. “Si no defendemos la vida y los derechos humanos con placer, terminamos repitiendo prácticas fascistas”.

Empresas y diversidad 

La participación del público abrió otra discusión sobre el rol de las empresas en la inclusión de personas LGTBIQ+. Una de las preguntas planteadas fue si las ferias laborales y campañas corporativas representan avances reales o si, en muchos casos, responden a estrategias de imagen.

Gianna Camacho señaló que algunas empresas se sumaron en años recientes al discurso de la diversidad, pero advirtió que el actual contexto permitirá distinguir cuáles apoyan por convicción y cuáles solo lo hicieron por interés comercial.

Jorge Apolaya también planteó una lectura crítica sobre el papel del sector privado. Para él, las empresas no hacen un favor al adoptar políticas contra la discriminación, sino que cumplen con una obligación básica en un país donde discriminar es un delito. Desde esa mirada, pidió no confundir la presencia de marcas durante el Mes del Orgullo con compromisos sostenidos en favor de los derechos de las personas LGTBIQ+.

Micaela Távara agregó que es necesario tener cuidado con el pinkwashing y diferenciar entre grandes empresas, emprendimientos y otras formas de economía. En un contexto de precarización, dijo, también corresponde pensar alternativas como la economía solidaria, las redes de apoyo y las formas comunitarias de sostenimiento ante un escenario de pocas oportunidades laborales.

Luz Mateo coincidió con esta mirada y recordó que muchas formas de apoyo en los barrios no pasan por empresas ni  por organizaciones no gubernamentales. Las redes vecinales, las ollas comunes, el apoyo para acceder a salud o los vínculos territoriales también sostienen la vida cotidiana de muchas personas LGTBIQ+.

COMUNIDAD. El mayor apoyo a la comunidad LGBTIQ+ no proviene de las empresas ni de las ONGs, sino de redes vecinales, ollas comunes y barrios organizados.

Foto: OjoPúblico / Giuseppe Vicente Castillo

Agendas pendientes

Las intervenciones del público ampliaron la conversación hacia poblaciones que suelen quedar fuera de la agenda central. Se habló de personas LGTBIQ+ adultas mayores GTBIQ+, comunidades indígenas, jóvenes diversos en zonas amazónicas, personas trans en situación de pobreza, desapariciones y violencias no registradas, así como de la necesidad de descentralizar los espacios de diálogo.

Jorge Apolaya recogió esta preocupación y señaló que el país debe empezar a preguntarse cómo llegan las mujeres trans, los hombres gays y las mujeres lesbianas a la adultez mayor, especialmente en un contexto donde acceder a una pensión digna es un privilegio para pocas personas. También planteó que la salud mental debe ser parte de la agenda, pues muchas personas LGTBIQ+ arrastran heridas de violencia, bullying o rechazo familiar desde la niñez y la adolescencia.

Desde el público también se planteó la necesidad de llevar espacios como Barra Política a plazas, mercados, barrios y provincias. La comunidad, dijeron, debe construirse entre todos e incorporar saberes, propuestas y experiencias de quienes no pueden asistir a estos espacios por trabajo, distancia o condiciones económicas.

Micaela Távara propuso mirar con más atención los mapeos territoriales y las experiencias comunitarias que ya existen en distintos distritos y regiones. Mencionó redes de mujeres organizadas, plataformas de cultura comunitaria, colectivos artísticos, comedores populares y espacios feministas que vienen trabajando desde sus propios territorios.

Távara también recordó la importancia de las próximas elecciones municipales y la necesidad de mirar los gobiernos locales como espacios donde pueden impulsarse políticas, ordenanzas, centros comunitarios, servicios de atención, presupuestos participativos y otras iniciativas vinculadas a las agendas de género y diversidad.

Gianna Camacho, por su parte, destacó que todas las formas de activismo son necesarias: desde quienes lideran una olla común hasta quienes impulsan una iniciativa legislativa, comunican en redes sociales o representan a la población LGTBIQ+ en espacios políticos.

“Todas, todos, todes somos necesarios en todas partes. No hay un solo perfil de la persona activista o de la persona que puede hacer un cambio”, señaló.

Luz Mateo recalcó la importancia de activar desde los barrios y fortalecer vínculos territoriales. Compartió que, desde su colectivo, han encontrado apoyo en aliadas y personas de la propia comunidad que ocupan cargos dentro de gobiernos locales en Lima Sur.

“Si van a hacer activismo, empiecen desde sus barrios. Es importante activar los espacios  donde habitamos y fortalecer vínculos comunitarios”, manifestó.

Una agenda común

Durante el diálogo, una pregunta del público abrió la discusión sobre si en el Perú puede hablarse de una comunidad LGTBIQ+ como tal. Gianna Camacho señaló que no todas las personas diversas comparten los mismos intereses, posiciones políticas o condiciones de vida. Aunque existen fragmentaciones, dijo, también hay esfuerzos por construir comunidad a partir de una lucha común.

Jorge Apolaya coincidió en que ningún movimiento social funciona como un bloque homogéneo. Ni el movimiento feminista, ni la izquierda, ni las organizaciones de personas con discapacidad comparten siempre una sola agenda o estrategia. En su opinión, a la población LGTBIQ+ se le exige con frecuencia esfuerzos sobrehumanos de unidad, cuando lo que existe es una suma de consignas, demandas y trayectorias.

Micaela Távara planteó que esa construcción común también exige revisar las formas tradicionales de hacer activismo. Para la artivista, no todas las personas se sienten convocadas por los mismos espacios ni por las mismas metodologías, por lo que resulta necesario abrir formas de participación más creativas, afectivas y cercanas a las experiencias cotidianas de las comunidades.

Aunque exista fragmentación, todas las personas LGTBIQ+ comparten los mismos intereses o condiciones de vida.

Las agendas LGTBIQ+, añadió Luz Mateo, no pueden pensarse de forma aislada. A las personas diversas no solo las atraviesa su orientación sexual o identidad de género, sino también el trabajo, la seguridad, el acceso a servicios básicos, el territorio, la edad, la racialización, la pobreza y la violencia.

Finalmente, las y los participantes coincidieron en que uno de los objetivos comunes debería ser la posibilidad de vivir con dignidad. Camacho recordó que la población LGTBIQ+ ya tiene demandas legislativas identificadas, como una ley de identidad de género, el matrimonio igualitario, el reconocimiento de crímenes de odio y una ley que reconozca a las familias diversas.

Además, la Barra Política permitió identificar otros consensos: la defensa de la vida, la no violencia, la educación sexual integral, la salud mental, el reconocimiento legal y la necesidad de construir narrativas frente a los discursos de odio.

Más que ofrecer respuestas cerradas, el encuentro dejó abierta una discusión sobre el futuro de las agendas LGTBIQ+ en un contexto de creciente polarización política. Las y los participantes coincidieron en que defender los derechos de esta población implica también fortalecer la democracia, las comunidades y los espacios de participación desde los territorios.

Barra Política es un espacio de diálogo de OjoPúblico para conversar y reflexionar sobre ciudadanía, democracia y derechos. Esta edición fue organizada por OjoLab, el programa de entrenamiento y formación de OjoPúblico, con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), la comunidad de Aliados/as de OjoPúblico y la colaboración del Café Bar Habana.