En un apretado espacio del segundo piso de la Defensoría del Pueblo, en el centro de Lima, reposa uno de los archivos más importantes para la memoria del Perú. En ocho viejos anaqueles se resguarda la documentación que la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) entregó, al acabar su mandato el 2003, luego de una histórica investigación. Se trata de 1.624 cajas de documentación, 13.937 fotografías y 27.065 carpetas que contienen testimonios sobre los años del conflicto armado en Perú, así como información fundamental sobre los sitios de entierro clandestino de los miles de desaparecidos.

Estos miles de documentos y audios conforman el Centro de Información para la Memoria Colectiva y los Derechos Humanos, administrado por la Defensoría. Su valor no solo es histórico, desde su publicación, este archivo ha aportado datos y evidencias para investigaciones fiscales y procesos judiciales contra los responsables de las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en el Perú entre 1980 y 2000.

Sin embargo, obtener toda esta información presenta actualmente una serie de restricciones en su acceso público y riesgos de que los miles de documentos se deterioren debido a la estrecha infraestructura donde se encuentra almacenada y gestionada por la Defensoría. Aunque gran parte ha sido digitalizada y guardada en discos físicos, no toda la información está debidamente guardada en servidores en línea.

Un compromiso por la memoria

El archivo del Centro de Información para la Memoria Colectiva y los Derechos Humanos  es –junto al Lugar de la Memoria, Tolerancia y la Inclusión Social (LUM), la exposición fotográfica Yuyanapaq y el monumento El Ojo que Llora– uno de los espacios dedicados a la memoria de las víctimas del conflicto armado, la reparación simbólica y la promoción de los derechos humanos en el Perú.

Este Centro de Información se creó en 2004, durante la gestión de Walter Albán como Defensor del Pueblo. El acervo documental de la CVR desde un inicio estuvo a disposición de fiscales, familiares, víctimas, académicos, investigadores y periodistas. Cualquier persona podía acceder a la documentación, pero ahora se debe enviar previamente un correo electrónico, esperar alrededor de una semana para obtener la información. Y, aunque la coordinación se concrete, hay documentos que no son asequibles.

ALERTAS. El espacio físico del archivo de la CVR, administrado por la Defensoría del Pueblo, se ha ido reduciendo.

Foto: OjoPúblico

La CVR transfirió un total de 682 cajas y 5.878 carpetas de su sede central en Lima, así como otras 2.933 carpetas de las oficinas regionales. Adicionalmente habían 791 cajas y 16.914 testimonios de víctimas y familiares, y 43 sobres de testigos reservados. 

En el acta de entrega se detalla también que se pusieron a disposición de la Defensoría 1.057 carpetas con información sobre los sitios de entierro clandestino; así como siete cajas y 23 carpetas con la transcripción de las audiencias públicas realizadas en todo el país, donde los agraviados o sus deudos relataron cómo vivieron el periodo de la violencia. OjoPúblico pudo saber –a partir de entrevistas con personas que conocen el archivo– que toda esta documentación ha sido digitalizada. 

Este archivo ha aportado datos y evidencias para investigaciones fiscales y procesos judiciales.

Como parte del acervo, también se entregaron 12 discos compactos (CD) y 13.937 fotografías, 388 discos de videos (CD) y 1.053 audios. Todo este archivo se encuentra en 1.600 cajas de color rojo, hacinadas en un reducido espacio de la Defensoría.

Antes, el archivo tenía un ambiente mucho más amplio, que permitía una mejor ventilación para los documentos, con zonas para el personal destacado a la atención de dicha oficina y mesas para que el público pudiera revisar la documentación con tranquilidad. Esta antigua área era tan espaciosa que en algunas ocasiones el Ministerio Público pudo exponer allí la ropa, zapatos y otros objetos exhumados de fosas, como las que encontraron en la zona conocida como La Hoyada, junto al Cuartel Los Cabitos, en Ayacucho.

Pero el espacio actual es más reducido. En 2019, durante la gestión de Walter Gutiérrez, juntaron los estantes con toda la documentación, quitaron mesas y redujeron el lugar para los trabajadores. El objetivo: construir una oficina dedicada a las primeras reuniones de los miembros de la primera comisión especial encargada del concurso publico para la selección de los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ). 

Cuando este proceso terminó, el Centro de Información no recuperó el espacio, todo lo contrario, se redujo más. Durante la actual administración de Josué Gutiérrez, el archivo perdió metros cuadrados para que esta vez se construya la Oficina de Integridad Institucional, que recibe quejas o denuncias contra funcionarios defensoriales. 

Es tan apretado el espacio, que entre los anaqueles apenas puede pasar una persona. En un recorrido, OjoPúblico pudo constatar que el archivo tiene ahora la tercera parte del espacio que tuvo en un principio. La disposición tan apretada de estas cajas y documentos constituye un riesgo ante una eventual emergencia por incendio, cortocircuitos, anegación o un derrumbe por sismos. 

MEMORIA. En enero del 2020, el Estado restituyó a sus familiares los restos de 14 personas asesinadas en Pujas. 

Foto: Musuk Nolte

OjoPúblico solicitó una entrevista con el actual Defensor del Pueblo para preguntarle sobre las acciones que estaban tomando para proteger el archivo, pero, aunque inicialmente dijeron que iban a contestar, no lo hicieron. También se envió una serie de preguntas a la oficina de prensa, entre ellas, si el espacio del archivo cuenta con un seguro que lo cubra ante cualquier desastre o accidente. Tampoco respondieron.

Pero los cambios van a continuar. Hace unos días, varias carpetas fueron guardadas en cajas de cartón, como si las estuvieran preparando para una mudanza. El personal local indicó que en las próximas semanas atenderán solo en el primer piso. 

Sofía Macher, integrante de la CVR, explicó que el Centro de Información se abrió “casi de inmediato [en 2004]” con el objetivo de que la totalidad del acervo documental estuviera a disposición de todo el público y “evitar, así que en el futuro lo puedan esconder o se le quiera declarar como secreto. Estamos preocupados por lo que pasa ahora”, señaló.

Trámites burocráticos

Al riesgo de la pérdida de información por el deterioro documental del archivo, se suma las restricciones que ahora existen para acceder a expedientes. Iris Jave, investigadora del Instituto de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú (IDEHPUCP), cuestiona estas limitaciones.

ACCOMARCA. En 1985, 69 civiles (incluyendo niños, mujeres y ancianos) fueron asesinados por una patrulla del Ejército del Perú bajo el mando del entonces teniente Telmo Hurtado.

Foto: Musuk Nolte

“[Ahora] hay que hacer una petición para poder visitar el archivo. En marzo tuve acceso. Mandé un correo y luego de una semana me dieron autorización. Aún no se ha cerrado, sin embargo, existe un riesgo de que lo hagan”, advierte.

Un hecho adicional alerta sobre este riesgo. En febrero del 2025, el defensor adjunto para los Derechos humanos, Carlos Fernández, envió un memorándum a los trabajadores del Centro de Información de la Memoria Colectiva, comunicándoles que en adelante no se entregarían documentos recogidos por la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. 

El argumento hacía referencia a la Ley de transparencia: afirmaba que la difusión de estos documentos podría vulnerar la protección de datos personales. El documento de la Defensoría iba aún más allá. También planteaba la posibilidad de que se le niegue información del archivo de la CVR al Ministerio Público. “No se brindará información hasta contar con la respuesta al pedido de opinión que se ha realizado a la Oficina General de Asesoría Jurídica de nuestra institución”, se lee en el memorándum de febrero de 2025.

Esta decisión fue criticada por los excomisionados de la CVR, ya que, durante el proceso de recolección de testimonios, las víctimas, sus familiares y sobrevivientes, dieron autorización expresa para hacer públicas sus memorias.

Estos archivos digitales solo se encuentran en discos físicos. Hasta el momento no han sido subidos a servidores en línea,

Una semana después, la gestión de Josué Gutiérrez, dio marcha atrás. A través de una comunicación verbal al equipo del Centro de Información se les dijo que a partir de ese momento toda solicitud debía ser tramitada a través de un correo electrónico dirigido a la coordinadora de pedidos de información, quien debe autorizar la entrega. 

Estos trámites actualmente pueden tomar una semana, y un par más para recibir lo solicitado, según la cantidad y dificultad de lo requerido.

Respaldo digital

En 2006 se inició un proyecto para digitalizar los documentos de la CVR que guarda la Defensoría. Con apoyo de la cooperación internacional, principalmente de Alemania, se logró escanear el archivo completo, que incluye documentos, fotos, audios y videos. Todo pesa alrededor de cuatro Terabytes de información. 

El problema es que estos archivos digitales solo se encuentran en discos físicos. Hasta el momento no han sido subidos a servidores en línea, con el fin de protegerlos del deterioro físico.

En 2016, la UNESCO incluyó parte del acervo de la Comisión de la Verdad en el Registro de Memoria del Mundo. Aunque en el resumen para solicitar su inscripción, presentado por el Ministerio de Cultura, se indica que se trata de los archivos de la Comisión, en realidad solo se entregaron los 9 tomos del informe final, 93 discos compactos con las audiencias públicas (donde participaron 388 víctimas) y 179 fotografías de la muestra Yuyanapaq. No incorporó los 17.000 testimonios y otros documentos.

Pruebas para la justicia

Desde el 2003, una parte importante de este archivo ha servido como documentos probatorios en los procesos por asesinatos, masacres, tortura y desapariciones forzadas cometidos tanto por las organizaciones terroristas Sendero Luminoso y MRTA, como por miembros de las fuerzas del orden durante el conflicto armado interno.

El exadjunto de Derechos Humanos, Percy Castillo, al presentar su último informe el 2023, detalló que el Centro de Información había recibido hasta ese momento más de 150.000 pedidos de atención al público en general sobre el acervo de la CVR. Alrededor de 4.000 de esos pedidos provino del Ministerio Público en el marco de sus investigaciones por violaciones a los derechos humanos. 

Uno de esos casos es el crimen del periodista Hugo Bustíos, corresponsal de Caretas en Huanta (Ayacucho), asesinado el 24 de noviembre de 1988 por efectivos del Ejército del Cuartel Castropampa. “La CVR juega un rol importante porque manda un conjunto de casos, entre ellos el de mi papá, [para que se investiguen]. Mamá dio su testimonio en la audiencia pública, en el estadio municipal de Huanta. Hasta entonces estábamos sin ningún tipo de justicia”, recuerda Sharmelí Bustíos, hija del reportero.

Los documentos a los que se tuvo acceso y que están en el acervo de la CVR sirvieron para confirmar la identidad de los oficiales involucrados en el asesinato del periodista. “Es importante que se cuide el archivo de la CVR, el Yuyanapaq y los otros espacios de memoria. Tenemos el derecho a la memoria colectiva. No se puede ocultar ni quitar lo que no gusta o no conviene. Aquí hubo una serie de delitos de los terroristas y de las fuerzas del orden que tienen que ser reconocidos. Es importante que nuestro país tenga memoria para que estos hechos no se repitan”, sostiene Sharmelí Bustios.