La roció con gasolina y le prendió fuego en un bus. A Eyvi Ágreda Marchena —quien agonizó treinta y ocho días— no la mató un enamorado ni su marido. Tampoco un conviviente o su expareja. Su verdugo fue un excompañero de trabajo, que la acechó por casi tres años: Carlos Javier Hualpa Vacas.

El crimen, ejecutado el 24 de abril de 2018, conmocionó a la sociedad peruana. Se organizaron marchas y vigilias. Hualpa Vacas fue arrestado y, al final, lo condenaron a 35 años de prisión por feminicidio agravado y lesiones graves contra otros siete pasajeros del ómnibus que también sufrieron quemaduras.

No fue un crimen atípico. Estadísticas del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) evidencian que, en 27 de los 80 feminicidios (33,8%) registrados entre el 1 de enero y el 20 de julio de este año, el asesino no tenía ninguna relación sentimental o familiar con la víctima. Pese a eso, la actual senadora y excongresista Milagros Jáuregui Martínez de Aguayo (Renovación Popular) presentó, en 2025, un proyecto de ley para eliminar el delito de feminicidio y reemplazarlo por el de “asesinato de la pareja”. 

La propuesta, según su autora, pretende que se deje “de legislar en base a posturas ideológicas que buscan criminalizar a los hombres por el solo hecho de ser hombres”. Aunque quedó pendiente de análisis en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, durante la reciente campaña electoral, Jáuregui Martínez de Aguayo defendió la iniciativa y prometió que seguiría legislando “para el hombre y la mujer” y en contra de la “ideología de género” desde la Cámara Alta. 

OjoPúblico detectó que solo ella y Alejandro Muñante Barrios, también reelecto como senador por Renovación Popular, impulsaron más de 30 proyectos que afectan políticas contra la violencia de género y derechos de niñas, adolescentes, mujeres y personas LGBTIQ+, en el último Congreso. La cifra implica, en promedio, una iniciativa de ese tipo cada 37 días hábiles.

Jáuregui y Muñante (Renovación Popular) impulsaron una medida negativa en materia de género cada 37 días hábiles en el último Congreso.

Aunque Fuerza Popular no tuvo una producción tan insistente en esos temas, respaldó 21 de las propuestas, a medida que avanzaron en el trámite parlamentario. La única excepción ocurrió en la Comisión de Mujer y Familia, con un proyecto que buscaba “reconocer el derecho de los padres de familia a elegir la educación sexual que reciben sus hijos”: tres legisladoras del partido de la actual presidenta, Keiko Fujimori, votaron en contra y otra en abstención.

La agenda contra los derechos de la mujer, personas LGBTIQ+ y otras poblaciones vulnerables no solo se evidencia en los antecedentes legislativos de los representantes reelectos. Este medio también analizó las hojas de vida y declaraciones públicas de los nuevos senadores. Así, identificó que, al menos, 29 de los 60 totales se oponen o tienen posturas contradictorias en temas de género. En el caso de Fuerza Popular, esto ocurre con, al menos, 19 de sus 22 representantes.

El análisis incluyó sus posturas en relación al derecho a una vida libre violencia de género, anticoncepción oral de emergencia, derechos de la comunidad LGBTIQ+, aborto terapéutico, interrupción voluntaria del embarazo, resguardo del nombre y funciones del MIMP y educación con enfoque de género.

RETROCESO. Entre enero y junio, más de 32.220 menores fueron víctimas de violencia de género. La ya eliminada educación sexual integral buscaba prevenir casos como estos.

Composición: OjoPúblico con fotos de Leslie Searles y Congreso

Otro grupo, conformado por 10 senadores, entre nuevos y reelegidos, ha respaldado estos temas en el Parlamento, tiene declaraciones públicas positivas o relativamente positivas sobre ellos. No se logró identificar la posición de los 21 restantes. 

Esto predomina entre los integrantes de Juntos por el Perú (10) y Obras (4). En ese escenario, la actuación de ambas bancadas —con senadores provenientes del entorno del expresidente Pedro Castillo, Perú Libre y otras canteras políticas conservadoras respecto a derechos civiles— genera suspicacias. 

“La agenda de igualdad de género se ha convertido en una moneda de cambio. Hay un sector ultraconservador y fundamentalista [representado por Renovación Popular] que quiere traérsela abajo, y la usa para negociar y presionar no sólo en el Congreso, sino también en el Ejecutivo”, advierte Liz Meléndez, socióloga y directora ejecutiva del Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán.

Rocío Silva Santiesteban, escritora, excongresista y directora del Estudio para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (Demus), tiene una lectura similar: “Miremos lo que ha sucedido en el último Congreso, con el fujicerronismo. Es decir, ese abrazo pragmático entre el fujimorismo y una izquierda muy tradicional, que se autoproclama como la verdadera izquierda, pero que no es progresista”.

La distribución del poder

Fernando Tuesta Soldevilla, analista político y expresidente de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política de 2019, ha calificado al nuevo Senado como uno superpoderoso: no podrá ser disuelto por ningún motivo, se encargará de aprobar, rechazar o modificar las propuestas de ley aprobadas en la Cámara de Diputados, tendrá funciones de control político sobre el Ejecutivo y otras dependencias del Estado, y podrá remover funcionarios. 

Además, elegirá al defensor del pueblo, al contralor general, a los miembros del Tribunal Constitucional, a tres directores del Banco Central de Reserva. Y, por último, tendrá en sus manos la ratificación del presidente de esa institución y del superintendente de banca, seguros y administradoras privadas de fondos de pensiones.

Ese poder tiene una característica adicional: será ejercido mayoritariamente por hombres. Solo el 26,7% de representantes electos son mujeres. La escasa representación femenina destaca, sobre todo, en Juntos por el Perú (7,1%) y en Fuerza Popular (22,7%).

Además, hay siete senadores que, más allá de sus tendencias políticas, tienen algo en común: declararon sentencias por alimentos en sus hojas de vida. Ellos son Andrés Ramos Huillcas, Percy Osorio Palpan y Hugo Ccahuana Aymachoque (Juntos por el Perú); Jorge Velásquez Portocarrero y Carlos Mesía Ramírez (Fuerza Popular); Edgar Mancha Pineda (Renovación Popular), y Jorge Gavidia Rodríguez (Partido del Buen Gobierno). En otras palabras, pese al antecedente, tendrán la última palabra en la legislación sobre niñez.

OjoPúblico solicitó comentarios a todos ellos. El único que contestó fue Gavidia Rodríguez, quien reconoció la sentencia. “Es una posición que le asiste a la mamá de mi hijo. A veces, uno llega a un acuerdo y la otra parte quiere asegurar que eso va a ser posible”, dijo. El proceso, según añadió, “no ha deteriorado la relación familiar”.

Uno de los primeros hitos en la distribución del poder a la interna del Senado —explica Elizabeth Herrera, de la organización Manuela Ramos— será la elección de la Mesa Directiva, prevista para este domingo 26 de julio. Dichos puestos no solo permiten priorizar temas en el debate: el presidente tendrá el voto dirimente en caso de empate. 

Algo parecido se da en las comisiones. Sin embargo, el Senado tiene menos grupos ordinarios en comparación con el Congreso anterior —las 24 comisiones originales se redujeron a siete—, lo que genera alertas sobre la posibilidad de análisis y debate especializado en esta instancia. 

La antigua Comisión de Mujer y Familia, por ejemplo, ahora será la de “Asuntos de Salud, Educación, Cultura, Mujer y Desarrollo Social y Digital”. En otras palabras, acumulará el trabajo que, antes, estaba a cargo de cinco grupos distintos.

FRECUENTE. Más del 36% de las víctimas de violencia de género atendidas entre enero y junio por los centros de emergencia del MIMP fueron menores de edad.

Composición: OjoPúblico con fotos del Congreso y Renato Pajuelo

Renovación Popular: una cruzada radical

—La iglesia tiene que levantar la voz para poder parar todo lo que ellos quieren hacer con nuestra descendencia, con nuestros hijos —grita Milagros Jáuregui Martínez de Aguayo desde el estrado de un centro de convenciones en Ciudad de Panamá.

No lo aclara, pero su audiencia entiende a quienes se refiere. Es 2019 y acaba de presentar una teoría conspirativa en video. ¿El tema? Un supuesto plan de la comunidad LGBTIQ+ para someter a niños y destruir la familia. Voz en off, imágenes que se repiten —niños, siluetas inquietantes, marchas del Orgullo Gay, armas— y una consigna: hay “leyes en contra del orden de Dios que están cambiando el destino de los pueblos”.

—No podemos pedirle a los políticos que traigan la justicia porque ellos no conocen la verdad. La que conoce la verdad es la iglesia —remata.

Para los asistentes al Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia no es una figura desconocida. Su rol como promotora, junto a su esposo, del colectivo “Con mis hijos no te metas” le ha dado protagonismo en los círculos conservadores de la región. Fundadores de la iglesia peruana La Casa del Padre, el movimiento “Salvemos a la familia” y un hogar para menores embarazadas, son vistos, por estos sectores, como ejemplo de oposición a la educación con enfoque de género. 

Pero es ella —una pastora que reniega de la posibilidad del divorcio, que habla de la ideología de género, del aborto como asesinato, y asegura que “ninguna mujer de Dios tiene que socavar la autoridad que Dios le entregó al varón” dentro del matrimonio— quien llama la atención. Su devenir político es cuestión de tiempo. Y se concretará en 2021, con su entrada al Congreso, de la mano de Renovación Popular.

“Está disputando el regreso a un tipo de sociedad donde las mujeres, en general, son devueltas al espacio doméstico. Solo hay una élite, las elegidas, donde parece estar ella, que pugna por espacios públicos de poder”, reflexiona Liz Meléndez, cinco años después, tras la reelección de Jáuregui Martínez de Aguayo para el Senado.

En el último Parlamento, la pastora y su principal aliado de bancada —Alejandro Muñante Barrios, abogado y miembro del Movimiento Misionero Mundial, una iglesia evangélica pentecostal— promovieron más de 30 proyectos de ley nocivos en materia de género, con un discurso que se enmascara en la “protección de la vida por nacer”, la defensa de la familia tradicional y un mundo donde, proclaman, no existen diversidades: solo hombres y mujeres. 

Así, consiguieron los votos para materializar varias de sus consignas. Entre ellas, la eliminación del enfoque de género de la políticas públicas, la educación sexual integral y el lenguaje inclusivo; la prohibición de ingreso a baños públicos para personas “cuyo sexo biológico no coincida con el sexo para el cual se ha destinado el referido servicio” higiénico; el reconocimiento del “concebido” como un sujeto de derecho y la declaración de junio como Mes de la Vida y la Familia, en contraposición al Mes del Orgullo.

Jáuregui Martínez de Aguayo ha sido señalada, asimismo, por presionar para que se modifique la guía clínica sobre aborto terapéutico del Instituto Perinatal de Lima. A inicios de año, cuando el albergue que fundó fue denunciado por exponer a menores víctimas de violencia sexual en redes sociales, se conoció que el centro tenía un convenio con el MIMP. En ese contexto, aseguró que era víctima de una campaña de desprestigio y que el hogar no tenía competencias para determinar qué menor era madre.

AGENDA. Milagros Jáuregui promovió, por lo menos, 29 proyectos negativos en materia de género durante el último Congreso. Uno de ellos busca eliminar el delito de feminicidio.

Composición: OjoPúblico con fotos del Congreso

En sus redes sociales, en cambio, tiene publicaciones donde se jacta de “salvar la vida de bebés” y sostiene que “el concebido tiene derechos desde el primer instante de su existencia". Aunque de momento sin éxito, es autora del proyecto que buscó eliminar el delito de feminicidio y de otros tres —en uno más fue adherente— que pretenden cambiar el nombre del MIMP.

Muñante Barrios es igual de persistente en este ámbito. Entre sus propuestas destacan, además de varias convertidas en ley, una que busca interpretar el término “género” de la Constitución y otra que cobró notoriedad pública: la creación de sanciones para “denuncias falsas” en los procesos de violencia familiar. 

Esta última fue criticada por amplios sectores del Estado y la sociedad civil debido a la sobreregulación —ya existe el delito de denuncia calumniosa—, reforzar estereotipos de género y desalentar la presentación de denuncias a causa de los riesgos de intimidación y represalias. A la fecha, como informó un reciente artículo de OjoPúblico, más de 24.000 personas se encuentran recluidas en las cárceles de Perú por violencia contra mujeres y niñas.

Al igual que su compañera de bancada, Muñante Barrios se declara “provida” y niega la existencia de la violencia de género. En su retórica, existe una “ideología de género impuesta desde el Estado” y el matrimonio igualitario es un “seudoderecho”. También es coautor y adherente de diversas propuestas para cambiar el nombre del MIMP.

OPOSITOR. Alejandro Muñante impulsó, al menos, 30 medidas que afectan derechos de menores, mujeres y población LGBTIQ+ (algunas en solitario y otras junto a Jáuregui).

Composición: OjoPúblico con fotos del Congreso

En cinco años, este abogado y la integrante del comité ejecutivo del Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia impulsaron, además, siete propuestas vinculadas a la fe y al fortalecimiento de las iglesias. Dos de ellas abogaron por la firma de convenios entre instituciones educativas estatales con iglesias evangélicas, aunque no prosperaron.

“No solo buscan preservar la familia tradicional, a través de un discurso que utiliza el pánico moral y el miedo. Estos proyectos, en los que la religión es abordada como un espacio que necesita una protección reforzada, no son una casualidad; son parte de su agenda”, dice Josefina Miró Quesada, abogada especializada en género, derechos humanos y criminalidad.

En el Senado, tendrán como compañeros de bancada a Lourdes Alcorta Suero —conocida opositora a los derechos para la población LGBTIQ+ y el aborto— y Katherine Ampuero Meza —quien se define como “provida” y “profamilia”—. A ellos se suman Francisco Calisto Giampietri —con publicaciones discriminatorias a la población trans en redes sociales—, Absalón Vásquez Villanueva —excongresista y ministro de Agricultura del régimen de Alberto Fujimori— y otros dos representantes con menos exposición pública.

Este medio le envió un cuestionario a Jáuregui Martínez de Aguayo, quien fue designada como una de las voceras de bancada, de manera directa y a través de una asistente. Al cierre de edición, la trabajadora se excusó en nombre de la senadora. Según explicó, no pudo contestar por la alta carga en su agenda. También se buscaron, sin éxito, comentarios de Muñante Barrios y Calisto Giampietri.

Fuerza Popular: el caudal de votos

La bancada de Fuerza Popular llega al Senado con una bandera: Keiko Fujimori, su lideresa, se ha convertido en la primera mujer electa como presidenta en Perú. Sin embargo, eso no garantiza que sus políticas y la labor parlamentaria de su agrupación trabaje por el respeto a los derechos, la equidad y las diversidades. 

De hecho, pese a la evidencia, la mandataria electa ha negado la existencia de violaciones a los derechos humanos —incluidas las esterilizaciones forzadas— durante el régimen de su padre. Alejandro Aguinaga, exministro de Salud de Alberto Fujimori y uno de los denunciados en el caso, es uno de sus representantes en el Senado. Y, en la reciente campaña electoral, Keiko Fujimori se manifestó en contra del aborto para casos de menores víctimas de violencia sexual. 

Esto, en opinión de Brenda Álvarez, abogada de Justicia Verde e investigadora de Proyecta Igualdad, es una alerta clara: “No podemos hablar de protección, mientras se pretenda obligar a niñas embarazadas como consecuencia de una violación a continuar una maternidad que nunca eligieron, poniendo su vida en riesgo y limitando su posibilidad de desarrollo. Romper un techo de cristal es importante. Pero no es suficiente si, desde el poder, se levantan nuevos muros para las demás”, dijo.

A los pronunciamientos públicos se añade el comportamiento de la bancada fujimorista en el último quinquenio: sus votos en comisiones y el Pleno del Congreso fueron clave para eliminar políticas de equidad y resquebrajar derechos de poblaciones vulnerables, plegándose a iniciativas de Renovación Popular.

ANTECEDENTE. Alejandro Aguinaga, senador de Fuerza Popular, fue uno de los denunciados en el proceso judicial por las esterilizaciones forzadas.

Composición: OjoPúblico con fotos del Congreso

En el Senado el panorama no es favorable para la protección de derechos de la mujer y diversidades. El 63,6% de los representantes de Fuerza Popular tiene posiciones adversas a la educación con enfoque de género. Esas cifras preliminares —con una bancada que suele votar en bloque y contará con el respaldo de Renovación Popular— hacen improbable la restitución de la educación sexual integral y del lenguaje inclusivo.

Lo mismo ocurre en el caso del enfoque de género o la ampliación de derechos para la población LGBTIQ+. Más del 77% de sus senadores rechazan esto último o tienen posiciones ambiguas. Destacan figuras como Martha Chávez Cossío —opositora histórica—, Rafael Yamashiro Oré y Alejandro Aguinaga Recuenco, ambos con declaraciones públicas en contra de la unión civil y el matrimonio igualitario.

Respecto al aborto terapéutico y la interrupción voluntaria del embarazo predominan, en sintonía con la lideresa del partido, las posturas negativas o contradictorias. Sobresalen Karla Schaefer Cuculiza, Segundo Tapia Bernal, Chávez Cossío y Yamashiro Oré.

Patricia Juárez Gallegos, vocera de la bancada, fue consultada por el respaldo de Fuerza Popular a las iniciativas de Jáuregui Martínez de Aguayo y Muñante Barrios en el último Congreso, mediante un cuestionario. De igual modo, se le preguntó por la posición partidaria de los temas analizados de cara al nuevo periodo. No contestó.

Las otras bancadas y sus incógnitas

A inicios de julio, los excandidatos presidenciales Alfonso López-Chau (Ahora Nación), Roberto Sánchez Palomino (Juntos por el Perú) y Ricardo Belmond (Obras) anunciaron la conformación de una coalición parlamentaria. 

La noticia, comunicada a través de un documento conjunto, incluyó referencias a la “igualdad de oportunidades”, la eventual derogación de las “leyes procrimen”, las víctimas de la represión del gobierno de Dina Boluarte y un “control político firme, vigilante y responsable”, entre múltiples temas. Los retrocesos en materia de género no tuvieron ninguna mención explícita.

Tras la juramentación de los senadores, se anunció una nueva alianza que incluye al Partido de Buen Gobierno. Sin embargo, la distancia inicial Jorge Nieto Montesinos, excandidato de dicha agrupación, ha generado especulaciones sobre el rol que ejercerá su bancada. Aun así, las incógnitas en materia de derechos para niñas, adolescentes, mujeres y población LGBTIQ+ son —a excepción del caso de Ahora Nación— más transversales.

En Buen Gobierno, por ejemplo, solo tres senadores (42,9% del total) tienen posturas públicas favorables a estos temas. Gavidia Rodríguez, uno de los integrantes de la bancada, reconoció la falta de consenso. “Hay algunas discrepancias personales y tendremos libertad de voto según nuestras posiciones tradicionales y de formación política”, dijo. El mismo se mostró a favor del fortalecimiento de la lucha contra la violencia hacia la mujer, pero planteó reparos sobre la educación con enfoque de género y otros temas.

Al menos, 29 de los 60 senadores que integran la Cámara Alta se oponen o tienen posturas contradictorias en temas de género.

Con Nilson Flores Suárez, de su agrupación, ocurre algo similar. Si bien reconoce la existencia del feminicidio, lo atribuye a problemas de salud mental y a la “pérdida de razón” del agresor, en lugar de a factores estructurales como el machismo, los estereotipos de género y la desigualdad. 

En Obras se hallaron antecedentes parciales de uno de sus cinco senadores: Daniel Barragan Coloma, capitán en retiro de la Fuerza Aérea y exministro del gobierno de Pedro Castillo. Durante su gestión frente al Ministerio de Defensa, la cartera firmó un convenio con el MIMP “para prevenir y atender los casos de violencia de género en las Fuerzas Armadas”. En otros temas, no se identificó su posición.

Las incógnitas se repiten en 10 de los 14 representantes de Juntos por el Perú (71,4% de la bancada). Las únicas excepciones son Humberto Morales Ramírez, con votaciones mayormente favorables a estos temas en el último Congreso. Y, por otro lado, Silvana Robles Araujo, Jaime Quito Sarmiento y Víctor Cutipa Ccama, con posiciones ambiguas. Los tres, por ejemplo, respaldaron la restricción de uso de baños públicos para personas trans, promovida por Muñante Barrios (Renovación Popular). 

Esas ambivalencias, sumadas a las incógnitas en figuras cercanas a Pedro Castillo y otros actores provenientes de una izquierda con corte conservador, son las que generan alertas sobre eventuales pactos. Josefina Miró Quesada, por ejemplo, no considera viable un bloque de izquierda mayoritariamente progresista.

CONTRADICCIONES. Víctor Cutipa, de Juntos por el Perú, se opuso a la eliminación del lenguaje inclusivo, pero respaldó la restricción de uso de baños para personas trans.

Composición: OjoPúblico con fotos del Congreso

“El último Congreso lo ha demostrado: estos temas no son algo por lo que vayan a luchar de manera conjunta. Aunque no impulsen más retrocesos, creo que, algunos sectores, sí van a estar dispuestos a negociar sus votos. Y, por otro lado, no tengo dudas de que Renovación Popular va a insistir con los proyectos que no han sido aprobados en el último periodo”.

OjoPúblico buscó comentarios de Flores Suárez (Buen Gobierno) y los tres representantes de Juntos por el Perú con antecedentes contradictorios. También consultó la posición partidaria de sus respectivas bancadas e intentó contactarse con un vocero de Obras. En ningún caso se obtuvo respuesta.

Los principales riesgos, de acuerdo a las especialistas consultadas, hoy giran alrededor de la prevención de la violencia de género, los derechos sexuales y reproductivos, y medidas discriminatorias para la población LGBTIQ+. También hay otros menos explícitos, como el debilitamiento de presupuestos y la modificación de competencias en instituciones clave. 

El Senado, recuerda Brenda Álvarez, tendrá un papel de suma relevancia, pero la existencia de dos cámaras, por sí sola, no garantiza una mejor protección de derechos: “El reto será evitar que normas discriminatorias se presenten como simples debates técnicos, familiares o educativos, cuando en realidad pueden limitar derechos fundamentales y profundizar desigualdades ya existentes”.