Con la colaboración de Gianfranco Huamán

Javier Cubas Silva no imaginó que necesitaría un abogado cuando llegó a la Comisaría de Manchay para preguntar por su hijo de 17 años. Unos vecinos le habían avisado que el adolescente estaba detenido allí, y los policías le aseguraron que lo liberarían apenas llegara el fiscal, que define la situación jurídica de personas detenidas dentro del plazo de 24 horas. Pero las horas pasaron y su hijo no salió. Ya de noche, según relata, vio a los agentes sacarlo inconsciente de la comisaría y arrojarlo a la tolva de una camioneta para trasladarlo a un centro de salud. Allí solo se certificó su muerte.

E.J.C.B. murió la noche del domingo 14 de junio, después de permanecer más de 40 horas detenido. Había sido trasladado a dicha comisaría por un agente del Serenazgo de Pachacámac durante la madrugada del sábado 13, luego de que un grupo de personas lo retuviera y lo acusara de robo. Sus padres aseguran que, horas antes de morir, el adolescente les suplicó que lo sacaran de la dependencia policial porque temía que lo mataran. La Policía sostiene que se suicidó; su padre afirma que fue asesinado.

Ya de noche, vio a los agentes sacarlo inconsciente de la comisaría y arrojarlo a la tolva de una camioneta para trasladarlo a un centro de salud. Allí solo se certificó su muerte.

“Si nos hubieran dicho que el caso era demasiado grave o que necesitábamos un abogado defensor, tal vez habríamos seguido el protocolo”, dijo Javier Cubas a OjoPúblico al explicar por qué la familia no contó con asistencia legal durante las horas en que el adolescente permaneció detenido. 

DETENCIÓN. El menor fue llevado a la comisaría de Manchay la madrugada del 13 de junio y apareció muerto al día siguiente. Su familia fue informada de la detención 24 horas después.

FOTO: OjoPúblico / Fidel Carrillo

El Ministerio de Justicia asignó a la familia Cubas un abogado de oficio después de que la Fiscalía de Lurín iniciara las investigaciones por la muerte del adolescente. Sin embargo, Javier Cubas recuerda que el caso avanzaba con lentitud y que el letrado no respondía sus dudas. Días después, un equipo de abogados del Instituto de Defensa Legal (IDL), organización con experiencia en casos de violaciones de derechos humanos, asumió la representación legal de la familia.

Para los abogados de IDL, el principal obstáculo de la investigación es que la Policía Nacional (PNP) está a cargo de indagar la actuación de sus propios agentes. La Ley 32130, aprobada por el Congreso en 2024, devolvió a la policía la facultad de conducir las investigaciones preliminares de los delitos. 

Amparada en esta norma, la institución se ha negado a entregar a la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo los documentos originales de las diligencias realizadas y continuó citando a las personas involucradas, pese a que, según la defensa, ya no le correspondía intervenir. Desde el 26 de junio, este caso debía ser visto por esta fiscalía especializada.

MARCHA ATRÁS. La Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Derechos Humanos dispuso que la PNP continúe con las investigaciones del caso.

Captura de Documento oficial.

Por ello, el jueves 9 de julio, el IDL solicitó a la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Derechos Humanos que denuncie por los presuntos delitos de desobediencia a la autoridad y avocamiento indebido al comandante Anthony Williams Barrios Chang, jefe de la División de Investigación de Homicidios de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) de la PNP, y al suboficial superior Humberto Silva Gonzales, instructor de dicha división. 

Sin embargo, al cierre de esta edición, la referida Fiscalía de Derechos Humanos dejó sin efecto su decisión inicial. El viernes 10 de julio, de acuerdo a una resolución a la que accedió este medio, esta fiscalía anuló su disposición para realizar las diligencias en la sede fiscal y emitió otra, disponiendo que la Dirincri continúe con las investigaciones, "bajo la conducción jurídica permanente de este despacho fiscal", en cumplimiento de la Ley 32130. 

La Fiscalía le ha otorgado a la PNP un plazo de 45 días para realizar las diligencias pendientes, entre ellas recibir las declaraciones de los policías implicados, de la fiscal que estuvo a cargo de la investigación seguida contra el menor y del abogado de oficio que le fue asignado.

Dos testimonios claves

Al caer la noche, en los alrededores del Parque Industrial Santa Rosa de Collanac, en Manchay, donde vivía el adolescente, los vecinos deben iluminar con linternas el camino de regreso a sus casas porque la zona no cuenta con alumbrado público. Todas las tardes, los residentes instalan una tranquera en una de las vías de acceso para impedir el ingreso de vehículos desconocidos y reducir los robos en el barrio. 

La estructura les costó más de S/1.200, monto que reunieron mediante colectas y actividades comunitarias. “Aquí la Policía y el Serenazgo solo llegan después de que ocurre algo grave”, cuenta una vecina que pidió no ser identificada.

Es justamente el agente del Serenazgo Juan Marín Vásquez, quien trasladó al adolescente de 17 años a la Comisaría de Manchay, uno de los testigos de su último recorrido antes de ingresar a la dependencia policial, de la que saldría sin vida.

En una entrevista con OjoPúblico, Marín Vásquez relató que la madrugada del sábado 13 de junio se encontraba solo a bordo de un vehículo del Serenazgo de Pachacámac, en la avenida Manchay, una zona con alta incidencia de robos, cuando una mujer tocó la puerta de la camioneta y le pidió ayuda. 

La denunciante se identificó como Aída Rojas, quien afirmó que había sido víctima de un robo y que varias personas habían retenido al presunto responsable con sus pertenencias. El sereno relata que siguió a la mujer durante unos 80 metros hasta encontrar a un grupo de personas que rodeaba a un joven. “No sé si lo han cogido ahí porque, según la señora, lo han sacado de otro lugar”, aclaró.

AUTOGESTIÓN. Los vecinos del barrio del menor de 17 años realizaron una colecta para adquirir e instalar una tranquera que bloquea el tránsito de vehículos extraños a la zona.

Fotos: OjoPúblico / Fidel Carrillo

Marín explicó que los agentes del Serenazgo no están facultados para identificar a las personas intervenidas, pero recordó que el detenido les dijo que era menor de edad. Según su testimonio, el adolescente se disculpó con Rojas y le dijo que había robado porque tenía una hija que mantener. También le prometió que no volvería a hacerlo, que buscaría trabajo y le pidió que no presentara la denuncia. La mujer se negó y respondió que ya había sufrido varios robos.

El adolescente y la denunciante, quien llevaba a su bebe en brazos, fueron trasladados juntos en el asiento posterior del vehículo del Serenazgo. Otras dos camionetas municipales los siguieron durante el recorrido, según Marín, “por si el adolescente intentaba escapar o hacerse daño”.

Marín precisó que el grupo de personas le entregó al adolescente alrededor de las 2:50 a.m. del sábado 13 y que llegó con él a la comisaría entre las 3:10 a.m. y las 3:15 a.m. Aseguró que, a simple vista, no presentaba golpes, aunque no descartó que hubiera sido agredido por quienes lo retuvieron. “Tengo la toma fotográfica donde el menor se ve, aparentemente, en buen estado”, afirmó.

Según explicó, las primeras fotografías fueron tomadas por los serenos de los otros vehículos mientras el adolescente descendía de la camioneta. Marín refiere que permaneció en la dependencia policial hasta aproximadamente las 5:30 a.m., junto con el suboficial Christian Chávez, para elaborar el acta de arresto ciudadano. Antes de retirarse, tomó una última imagen del intervenido, que asegura que todavía no ha entregado a las autoridades y en la que, según sostiene, se le observa en buenas condiciones.

El agente contó que se enteró de la muerte del adolescente a través de las redes sociales. Más tarde, al ver las imágenes registradas por la cámara de seguridad de la denunciante, reconoció al mismo sujeto que había trasladado horas antes a la comisaría.

CONTROL. Ante la creciente inseguridad, otros vecinos del Parque Industrial Santa Rosa de Collanac, en el sector de Manchay, han optado por cerrar sus calles con rejas.

Fotos: OjoPúblico / Fidel Carrillo

OjoPúblico ubicó a Aída Rojas en el local de lavado de autos donde trabaja. Evitó dar detalles sobre la denuncia porque, según dijo, la Fiscalía le ha pedido que no hable del caso. Sí expresó, en cambio, su malestar por las acusaciones en su contra. “Yo soy agraviada. Lo único que hice fue denunciar y seguir el proceso”, afirmó.

Rojas sostuvo que cuenta con videos de las cámaras de seguridad de su negocio para respaldar la denuncia. Según su versión, las imágenes muestran a un joven, a quien identifica como el adolescente, saliendo del local con una aspiradora y otros objetos.

El padre del menor asegura que la acusación de robo fue una represalia de la madre de la enamorada de su hijo. Rojas, sin embargo, negó cualquier vínculo previo y afirmó que ni ella ni su hija conocían al adolescente.

Padre de menor acusa a policías

Para Javier Cubas, la acusación de robo contra su hijo no justificaba lo que ocurrió dentro de la comisaría. “Los policías no tenían derecho a acabar con su vida”, afirmó. También rechazó la versión policial de que el adolescente se ahorcó con el pasador de su polera ya que asegura que dicha prenda fue confeccionada sin una cinta para ajustar la capucha.

“Si la Policía encontró a mi hijo en tal posición, ¿por qué no lo dejó ahí para que la Fiscalía hiciera el levantamiento del cuerpo? ¿Por qué tenían que sacarlo a escondidas? ¿Por qué no mostraron en ese momento el objeto con el que supuestamente se autoeliminó, para que las investigaciones se realizaran correctamente?”, cuestionó.

El agente aseguró que, a simple vista, no presentaba golpes, aunque no descartó que hubiera sido agredido por quienes lo retuvieron. 

Recordó que, cuando los policías llevaron a su hijo a la posta de salud Portada de Manchay, revisó su pertenencias y encontró en el bolsillo de la polera una constancia de buen trato recibido por la Policía. De acuerdo con el Protocolo específico de control de identidad, aprobado mediante el Decreto Supremo 010-2018-JUS, la PNP debe elaborar este documento durante ese tipo de intervenciones.

La constancia, sin embargo, no llevaba la firma del adolescente, sino únicamente su huella dactilar. “Cuando mi hijo estaba en la camilla, le revisamos la mano y le habían manchado el dedo”, precisó Cubas. El padre sospecha que los policías presuntamente le tomaron la huella después de su muerte. El documento registra como fecha de elaboración el 13 de junio, a las 5:47 p.m., por lo que la familia cuestiona que el dedo aún tuviera rastros de tinta más de 24 horas después.

CARENCIAS. El menor de 17 años vivía en uno de los cerros del Parque Industrial Santa Rosa de Collanac, en el sector de Manchay, que no cuenta con alumbrado público. 

Fotos: OjoPúblico / Fidel Carrillo 

Juan José Quispe, abogado de la familia e integrante del equipo de IDL, explicó que la muerte de una persona en una comisaría es un caso grave violación de derechos humanos, más aún cuando se trata de un adolescente y hay agentes estatales involucrados. Según el abogado, si se determina la responsabilidad de los agentes, las penas podrían ir desde los 35 años de prisión hasta la cadena perpetua.

Uno de los primeros cuestionamientos de la defensa es que la Policía no derivó de inmediato al adolescente a un médico legista. El certificado médico legal fue emitido diez horas después de su ingreso a la comisaría. En el documento, el menor declaró que fue agredido físicamente por personas desconocidas y por personal de Serenazgo. Sin embargo, su padre y su abogado sospechan que fue coaccionado por la Policía para realizar dicha declaración.

Consultado por OjoPúblico sobre la información que figura en el acta del médico legista, el sereno Juan Marín negó haber golpeado al adolescente y afirmó que tampoco advirtió que presentara lesiones. Sostuvo que lo están involucrando para deslindar responsabilidades y contó que, debido a que no tiene recursos para contratar a un abogado, la Municipalidad de Pachacámac le brinda defensa legal.

La muerte de una persona en una comisaría es un caso grave violación de derechos humanos, más aún cuando se trata de un adolescente y hay agentes estatales involucrados.

La defensa de la familia también considera ilegal que la Policía no informara oportunamente a los padres sobre la detención del adolescente. El acta de recepción por arresto ciudadano señala que fue entregado a los agentes a las 4:30 a.m. del 13 de junio. Sus padres aseguran que recién se enteraron por unos vecinos al día siguiente, domingo 14. Entonces acudieron a la comisaría y lograron conversar con su hijo a las 8:33 p.m.

Según el acta de intervención policial por la muerte del adolescente, los padres regresaron más tarde a la dependencia para llevarle un postre y advirtieron que no lo veían en la celda. Fue hallado inconsciente en el baño a las 10:14 p.m. “Prácticamente, lo han tenido secuestrado”, afirmó el abogado Juan José Quispe.

En total, el adolescente permaneció más de 41 horas en la comisaría, pese a que, según el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, la detención policial de un menor no puede exceder las 24 horas. Al término del plazo, el fiscal debe ordenar su libertad o comunicar el caso al juez para que solicite su internamiento preventivo o una medida alternativa. 

Sin embargo, la fiscal adjunta provincial Micaela Guzmán Machado, de la Fiscalía Provincial Civil y de Familia de Lurín, se comunicó por WhatsApp con la Policía a las 8:49 a.m. del 14 de junio, más de un día después de la detención, para coordinar las diligencias. Así consta en el acta fiscal que esta magistrada elaboró durante la madrugada del 15 de junio.

La defensa cuestionó, además, las condiciones en las que el adolescente permaneció detenido. El Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes establece que los menores deben ser recluidos en un espacio físico separado de los adultos. Sin embargo, la familia afirma contar con un testigo que puede corroborar que el menor compartió la denominada “celda de meditación” con dos adultos. Uno de ellos era Gerson Jhon Arce Torres, de 29 años, quien se encontraba con él al momento de su muerte. 

El abogado Juan José Quispe también denunció que la Policía se negó a proporcionar al padre información sobre las investigaciones en torno a la muerte del menor y ha realizado la diligencia de inspección en el lugar de los hechos sin la presencia de los progenitores. 

Hasta ahora, añadió, los padres no pueden acceder al protocolo completo de necropsia, una prueba fundamental que servirá para determinar si la muerte fue provocada por la propia víctima o por otra persona. El certificado inicial de necropsia solo consigna como causa de muerte “asfixia mecánica por ahorcamiento”, causada por “elemento constrictor cervical”.

Investigaciones a paso lento

Las investigaciones por los presuntos delitos de homicidio y corrupción fueron abiertas contra quienes resulten responsables. Sin embargo, a partir de los cargos que ocupaban y las funciones que cumplían en la Comisaría de Manchay, la defensa de la familia identificó a siete policías implicados.

Se trata del mayor Francisco Javier Zapana Pilco, comisario de la dependencia; el suboficial de segunda Cristian Alex Cáceres Gutiérrez, encargado del calabozo; el alférez Kelsey Manuel Gamarra Sipán, oficial de guardia; el suboficial de tercera Jorge Eduardo Camarena Cáceres, jefe de Delitos y Faltas; el suboficial de segunda Cristhian Chávez Venegas, a cargo de recibir a los detenidos; el teniente Fernando Cristian Vilcamich Agustín, oficial de permanencia, y el suboficial de primera Luis Inca Herhuay, comandante de guardia.

Seis de estos agentes, incluido el comisario, han sido separados temporalmente de sus cargos para impedir que interfieran en las investigaciones sobre la muerte del adolescente, según informó el ministro del Interior, José Zapata. La Inspectoría de la PNP también está investigando la actuación de los agentes. Sin embargo, los padres del adolescente fallecido señalaron que aún no han sido citados para declarar.

DOLOR. Los padres del adolescente refieren que no están viviendo en la casa familiar porque resulta traumático permanecer en ella sin la compañía de su hijo. 

Foto: OjoPúblico / Fidel Carrilo

El 26 de junio la Fiscalía Superior de Lima Sur dispuso que una unidad especializada asumiera la investigación de la muerte del adolescente, debido a que ocurrió mientras se encontraba bajo custodia de agentes del Estado. Ante ello, la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lurín, que había abierto una investigación preliminar por el delito de homicidio, debía remitir el caso a la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo, que dirige la fiscal Marcelita Gutiérrez. 

La Fiscalía de Lurín no derivó la carpeta fiscal a la Fiscalía de Derechos Humanos porque esta permanecía en la División de Investigación de Homicidios de la Dirincri. El 1 de julio, dicha dependencia solo envió copias de las actuaciones policiales realizadas a la fiscalía especializada. El 6 de julio, este despacho fiscal le dio un plazo de 72 horas para entregar todos los documentos originales. Una vez más, la Policía tampoco cumplió con dicha disposición.

La Fiscalía de Lurín no derivó la carpeta fiscal a la Fiscalía de Derechos Humanos porque esta permanecía en la División de Investigación de Homicidios de la Dirincri. 

Durante los más de 20 días en que la carpeta fiscal permaneció en manos de la Fiscalía de Lurín y de la Policía, los familiares y abogados del menor no han podido acceder a información sobre las investigaciones. En contraste, la defensa legal de los efectivos obtuvo actas policiales y fiscales que difundió en redes sociales y canales de televisión. 

Ante la falta del expediente original y la necesidad de interrogar a los testigos y reconstruir los hechos, la Fiscalía de Derechos Humanos amplió por 60 días la investigación preliminar seguida contra los agentes de la Comisaría de Manchay por la presunta comisión del delito contra el cuerpo, la vida y la salud-homicidio en el contexto de grave violación a los derechos humanos. 

Una de las primeras diligencias se realizó el 2 de julio, cuando el personal de ese despacho acudió a Manchay para recabar imágenes de cámaras de seguridad de la comisaría, el centro de salud y otros inmuebles que permitan reconstruir qué ocurrió con el adolescente desde su detención hasta su fallecimiento. 

De manera paralela, el primer despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Sur abrió una segunda línea de investigación. La fiscal adjunta Angie Amante Prado realiza diligencias preliminares por el presunto delito de cohecho pasivo en agravio de la familia del fallecido. 

El 1 de julio, Javier Cubas acudió a este despacho para ampliar la declaración que había brindado el 19 de junio. En su testimonio, identificó al suboficial Cristian Alex Cáceres Gutiérrez como el policía que le pidió comprar pollo a la brasa. También señaló al suboficial de tercera Jorge Eduardo Camarena Cáceres y al teniente Fernando Cristian Vilcamich Agustín como los agentes que, según afirmó, le exigieron S/2.000 para liberar a su hijo.

La investigación seguida contra el adolescente por hurto agravado será archivada debido a que la acción penal prescribió con su muerte. Sin embargo, Juan José Quispe, abogado de la familia, explicó que en ese expediente será incorporado como antecedente en las investigaciones por homicidio y corrupción. Por esa razón, la defensa solicitará que se amplíen las declaraciones de la denunciante y del sereno que trasladó al menor a la comisaría.

Fernando Rospigliosi defiende a policías

La estrategia de la defensa legal de los policías sostiene que el menor se quitó la vida y que los agentes solo incurrieron en negligencia al permitir su ingreso a la celda con un cordón en la polera que vestía. Stéfano Miranda, abogado del comisario Francisco Zapana, declaró ante los medios que no hubo torturas ni violación de los derechos humanos. 

El abogado responsabilizó a la Fiscalía por el tiempo que el menor permaneció detenido. "Si el fiscal hubiera cumplido con su trabajo y hubiera llegado al poco tiempo, el menor ya estaría libre”, afirmó. Para sustentar esta versión, exhibió una constancia de comunicación al representante del Ministerio Público que informa sobre la retención del menor a las 5:47 a.m. del 13 de junio.

OjoPúblico solicitó una entrevista al abogado Miranda a través de su asistente, quien se comprometió a responder, pero no volvió a comunicarse hasta el cierre de esta edición. 

RESPALDO. Fernando Rospigliosi, titular del Congreso y senador electo, ha cerrado filas en defensa de los agentes de la comisaría de Manchay implicados en la muerte del menor.

Foto: OjoPúblico / Fidel Carrilo

A la defensa pública de los agentes se sumó el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi. Apoyándose en un extracto del examen toxicológico realizado al menor, que registraba un resultado positivo para cocaína, calificó al adolescente fallecido de delincuente juvenil y afirmó que se encontraba drogado. 

"Hay que esperar que las autoridades judiciales actúen con imparcialidad porque, desgraciadamente, hay un sesgo contra la Policía y a favor de la delincuencia", declaró Rospigliosi el pasado miércoles 8. 

El senador electo salía de la sede de la Dirección de Operaciones Especiales (Diroes) de la Policía, en Ate, donde afirmó haberse reunido con el comisario y los agentes separados de la comisaría de Manchay.

La Policía difundió información que colocaba al adolescente como responsable de su muerte antes de que concluyeran las investigaciones. En un comunicado emitido el 17 de junio, anunció que un equipo especial de la Dirincri realizaría una “investigación holística” del caso, pero adelantó que el menor había decidido quitarse la vida.

En el mismo pronunciamiento, la institución reveló que el adolescente registraba una denuncia por un delito contra el patrimonio y otra por violencia familiar, aunque no presentó documentos que sustentaran esa información.

El Ministerio de la Mujer ofreció asistencia psicológica a la familia del menor, pero su padre aclaró que, realmente, no los apoyaron. “Ni siquiera se han reunido con nosotros a preguntar cómo nos sentimos. Nada, nada, nada… Lo único que nos han dicho es si no puedes descansar, entonces tómate esta pastilla", dijo Javier Cubas.

Tras la muerte del adolescente, sus padres comenzaron a sentir que eran vigilados. Durante el entierro, contaron a la prensa que serenos y policías los seguían y les tomaban fotografías. Para protegerse, la familia solicitó garantías personales ante la Subprefectura de Pachacámac y abandonó temporalmente Lima.

“No estamos habitando la casa porque es traumático vivir allí sin nuestro hijo”, explicó. Sin embargo, tuvo que retornar para las diligencias de la Fiscalía.

El 16 de junio, camino al entierro, los familiares se detuvieron frente a la Comisaría de Manchay con el ataúd del adolescente. Lanzaron pétalos de flores a los agentes que custodiaban la dependencia, mientras pedían justicia y gritaban: “Asesinos de menores”.

Una semana después, el 23 de junio, familiares, amigos y vecinos realizaron otra protesta pacífica frente a la comisaría. Esta vez, la Policía respondió con bombas lacrimógenas. “Se estaba pidiendo justicia, no solamente para mi persona, sino para todas las personas que han sido afectadas años atrás”, señaló el padre.

Para Cubas, lo ocurrido con su hijo y la respuesta posterior de las instituciones le han demostrado que su familia no tiene valor para el Estado. Cuando fue convocado a una reunión con el ministro del Interior, tuvo esperanzas, pero se dio cuenta que lo llamaron “por cumplir”. Dijo haber sentido lo mismo durante la visita del personal de la Defensoría del Pueblo.

Al menos 45 policías investigados

No es la primera vez que una persona muere dentro de una dependencia policial en el Perú. OjoPúblico identificó que por lo menos 45 policías son investigados por hechos de violencia dentro de las comisarías, de acuerdo al análisis de cientos de resoluciones del Tribunal de Disciplina Policial entre 2019 y 2024. En tres de estos casos, el detenido falleció en circunstancias similares a la del adolescente en Manchay. Los detenidos fueron hallados muertos dentro de la dependencia policial (presuntamente ahorcados o colgados).

Hay 45 policías investigados por hechos de violencia dentro de las comisarías. En tres de casos, el detenido falleció en circunstancias similares a la del adolescente en Manchay.

La muerte más reciente identificada es la de Juan O.V., de 29 años, quien había sido detenido por una denuncia por presunta violencia familiar. El pasado 7 de mayo fue encontrado sin vida en la carceleta de la comisaría de Jesús María, en Arequipa. Los policías afirmaron que utilizó su pantalón para colgarse de las rejas de la celda.

En marzo de este año, el Poder Judicial condenó a los policías que torturaron y provocaron la muerte de Edgar Omar Silupú Bereche, de 23 años, quien había sido detenido por presunta violencia familiar en la Comisaría La Arena, en Piura, en 2024. Anthony Wilfredo Meca Oviedo fue sentenciado a 20 años de cárcel, mientras que a Carlos Alberto Yovera Juárez, Raúl Jhonatan Correa Nizama y Roniee Leónidas Elías Cobeñas les impusieron 21 años y 8 meses de prisión. 

Un caso emblemático de violencia policial es el de Gerson Falla Marreros, de 26 años, quién falleció en 2011 después de ser detenido en la Comisaría de San Borja, en Lima. El joven había ingresado a una panadería mientras gritaba que lo perseguían y pedía auxilio. En 2024, la Corte Suprema ratificó la condena de nueve años de prisión por el delito de tortura para el expolicía Diopoldo Aguilar Camacho, quien estuvo prófugo hasta el 2023, y absolvió a dos agentes.

Para Mar Pérez, abogada especialista en derechos humanos, las modificaciones legales promovidas por el Congreso transmiten a la Policía el mensaje de que sus integrantes pueden cometer todo tipo de violaciones de derechos humanos con total impunidad. 

A este escenario se suma una norma recientemente aprobada en el Congreso, cuya promulgación aún está pendiente. Según el abogado Juan José Quispe, los agentes policiales implicados en la muerte del menor podrían estar esperando que la referida ley entre en vigencia para que los delitos cometidos por policías y militares sean juzgados en el fuero castrense y no por tribunales civiles. 

“Si esta muerte fuera considerada una negligencia, los policías podrían pedir que el caso sea visto en el fuero policial militar y la sanción sería de tipo administrativo”, advirtió el abogado Quispe.