Los negocios y nexos de los nuevos senadores y diputados en el sector Educación

Las nuevas cámaras de senadores y diputados, que podrán discutir o derogar las contrarreformas educativas aprobadas por sus antecesores, están integradas por representantes estrechamente vinculados al negocio de la educación. Uno de ellos es el senador de Fuerza Popular, David Jiménez Heredia, quien tiene acciones y ha ocupado cargos directivos en cinco empresas y asociaciones de este rubro. 

Su caso no es aislado. OjoPúblico también identificó a los diputados Diego Bazán Calderón y Aldo Bravo Quispe, de Renovación Popular: ambos participan como accionistas en empresas del sector educación, según sus últimas declaraciones juradas de intereses ante Contraloría y hoja de vida en el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) hasta el cierre de esta edición.

A esta lista se suman otros dos parlamentarios que han sido proveedores o directivos en instituciones vinculadas a la educación.

El senador fujimorista Carlos Mesía Ramírez, exmagistrado del Tribunal Constitucional, se desempeñó hasta enero de este año como jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica de la actual Superintendencia Nacional de la Educación Superior Universitaria (Sunedu), desde donde se impulsó la contrarreforma de la calidad educativa; y el diputado Pier Figari Mendoza, que ha sido asesor de la universidad privada asociada a Jiménez Heredia en Huancayo.

Durante la gestión del anterior Congreso, David Jiménez y Diego Bazán, ambos reelectos, votaron por iniciativas que impactan en las empresas donde ellos o sus familiares tienen participación. El primero respaldó la reconfiguración de la Sunedu y el segundo, la modificación de la ley de colegios privados.

David Jiménez: socio y accionista

El senador David Jiménez Heredia, quien también integró el último Congreso, está vinculado como accionista o ha sido directivo en cinco empresas del rubro educativo, la mayoría de estas ubicadas en la ciudad de Huancayo, Junín. Sus vínculos alcanzan a seis de sus familiares, quienes han tenido cargos en estas entidades. Su hijo Pedro Jean Carlo Jiménez Robles es gerente general en la Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt.

El legislador —según registros públicos vigentes— se desempeña como “garante de integridad ad honorem” en dicha universidad, lo que, en la práctica, le permite realizar movimientos bancarios o celebrar contratos de compraventa de bienes muebles e inmuebles a nombre y en representación de la universidad, sin limitación alguna.

PERSONAJE. El senador de Fuerza Popular, David Jiménez, y sus familiares tienen vínculos con cinco empresas y asociaciones del rubro educativo.

Foto: Congreso

La Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt SAC, se constituyó en 2010, con un capital social de S/621.150. Sus fundadores fueron la Asociación Promotora de la Educación La Incontrastable, institución que delegó a Jiménez Heredia el registro de dicha universidad y la madre del congresista, Beatriz Heredia de Arteaga.

Una vez creada la universidad, David Jiménez asumió la gerencia general. Doce años después, cuando ya era parlamentario, la junta de accionistas aceptó su renuncia al cargo y nombró a su hijo Pedro Jiménez Robles en el mismo cargo. 

En su hoja de vida ante el JNE, el congresista declaró que tiene acciones en esta universidad y que fue su gerente general entre 2010 y 2021. El año pasado, en sus redes sociales, la universidad presentaba a Jiménez como su “máximo representante”.

La Sunedu le otorgó el licenciamiento el 12 de junio de 2019. Y, ahora, al igual que el resto de universidades no necesitará volver a solicitar su licenciamiento debido a que el último Congreso aprobó que este sea de carácter permanente.

David Jiménez, quien integró el último congreso está vinculado como accionista o ha sido directivo de cinco empresas del rubro educativo".

Jiménez Heredia, en su último paso por el Congreso, integró la Comisión de Educación, y votó a favor de la ahora ley que debilitó a la Sunedu.

Otras dos instituciones vinculadas al congresista son la Asociación Promotora de la Educación Franklin Roosevelt y la Asociación Promotora de la Educación La Incontrastable. Ambas tuvieron a Jiménez Heredia como presidente de su consejo directivo y, a la fecha, se encuentran con baja de oficio en Sunat.

A estas tres personas jurídicas relacionadas con el senador de Fuerza Popular se suma un instituto. En 2004, la esposa de Jiménez Heredia, Evelyn Robles Gutarra y su madre Beatriz Heredia fundaron, también en Huancayo, el Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado Franklin Roosevelt. Se fundó con un capital social de S/31.460 y Robles Gutarra asumió el cargo de gerente general.

Sin embargo, al año siguiente, el puesto pasó a manos de David Jiménez, quien en 2008 fue ratificado en el cargo y Robles Gutarra fue nombrada como subgerenta. Ambos mantienen esos roles en la actualidad, según Sunat.

HUANCAYO. Familiares del legislador David Jiménez han ocupado puestos clave en la Universidad Franklin Roosevelt.

Foto: Facebook Universidad Roosevelt

El Instituto Franklin Roosevelt, con sede en Lince, obtuvo su licenciamiento por parte del Ministerio de Educación en 2025.

Finalmente, entre las empresas ligadas al senador figura Corporación Educativa F.R. SAC, constituida en 2011. David Jiménez Heredia y su hijo Pedro Jiménez Robles aparecen como accionistas y aportaron como capital social un monto superior a S/100.000. Jiménez Heredia también asumió el rol de gerente general. 

Al año siguiente, fue ratificado en ese puesto y su cónyuge Evelyn Robles nombrada como sugerente. Ambos aún figuran en esos cargos, según Sunat, aunque, en la declaración jurada del congresista de 2025, su pareja aparece ahora como gerenta general. En ese reporte, su cuñada Minie Rosana Robles Gutarra figura como asistente administrativa.

Pier Figari, nuevo diputado y fundador de Fuerza Popular, fue asesor externo de la Universidad Roosevelt en 2024".

En su última hoja de vida, el congresista declaró acciones en la Corporación Educativa FR SAC.

Al ingresar al Congreso, en 2021, Jiménez Heredia registró un patrimonio de S/2’548.270. Cuatro años después, en 2025, este monto se elevó en más de 20%: alcanzó los S/3’143.298. Sin embargo, este año declaró solo S/2’600.000 millones.

En julio de 2024, la Fiscalía presentó al Congreso una denuncia constitucional contra Jiménez Heredia por el presunto delito de peculado doloso, en agravio del Estado. Según el Ministerio Público, el parlamentario había utilizado los servicios de personal del Congreso en el Instituto Roosevelt. No obstante, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales desestimó la denuncia.

Otro miembro del Congreso bicameral que estuvo vinculado a la Universidad Roosevelt es el abogado Pier Paolo Figari Mendoza, quien ha sido uno de los principales asesores de Keiko Fujimori y ha ocupado los cargos de fundador, representante y personero legal en Fuerza Popular. El nuevo diputado, por Lima Metropolitana, de la bancada de Fuerza Popular fue asesor externo de la referida casa de estudios en 2024.

NEXOS. Pier Figari, diputado por Fuerza Popular, fue asesor externo en la Universidad Roosevelt, vinculada a David Jiménez, también de la bancada fujimorista.

Foto: Congreso

OjoPúblico intentó comunicarse con David Jiménez, a través de llamadas, correos y el área de prensa de la bancada de Fuerza Popular. Hasta el cierre de esta edición no atendió nuestras comunicaciones. 

El congresista Pier Figari respondió por escrito que en 2024 brindó una asesoría profesional a la Universidad Roosevelt “en atención a su formación como abogado y comunicador social”. Señaló que conoce a Jiménez Heredia desde hace varios años y que no recibe ningún ingreso de empresas vinculadas al sector educativo. “No existe ninguna circunstancia que pueda afectar el ejercicio de mi función parlamentaria”, añadió.

Negocio en la educación básica

Diego Bazán Calderón es otro legislador reelecto con vínculos con empresas del sector educativo. El ahora diputado por La Libertad, del partido Renovación Popular, es accionista del Consorcio Educativo JyM SAC, empresa familiar a cargo de un colegio privado en la provincia de Trujillo, La Libertad. 

Bazán Calderón figura, con sus tres hermanos, como socio fundador de esta compañía constituida en 2009. La gerenta general es Emperatriz María Luisa Bazán Calderón, hermana del legislador. Sus cuñados Janet Carol Vásquez Meléndez y Marco Antonio Ybañez Plasencia figuran como empleados, de acuerdo a la declaración jurada de intereses del 2025. 

NEGOCIO FAMILIAR. Diego Bazán es accionista de un consorcio educativo fundado con sus hermanos en Trujillo, La Libertad.

Foto: Congreso

En diálogo con OjoPúblico, Bazán Calderón confirmó su rol como accionista y dijo que no recibe ingresos, ni utilidades de la empresa. “La mayoría de utilidades se han reinvertido”, precisó. Sostuvo, además, que se abstiene de votar ante iniciativas que representen un conflicto de interés. Por ese motivo, añadió, tampoco participará en la Comisión de Educación.

Sin embargo, el legislador sí respaldó, en segunda votación, la iniciativa que modificó la Ley de centros educativos privados. Esta propuesta, entre otros cambios, eliminó la suspensión o la clausura de colegios como sanciones producto de procesos administrativos. 

Consultado sobre el tema, el congresista dijo que no recuerda haber votado a favor y pidió a este medio precisar la norma para revisarla. Tras hacerlo, no hubo una nueva comunicación.

Vínculos con universidad y escuela de posgrado

Los nexos con el sector privado de la educación también alcanzan al diputado por Renovación Popular, Aldo Antonio Bravo Quispe. 

El ingeniero industrial fue gerente general de la Universidad Privada Sise —que no logró licenciarse ante la anterior gestión de la Sunedu— y, hasta junio de este año, ocupó el mismo cargo en la Escuela de Posgrado de Iberoamérica, una sociedad anónima cerrada que vende cursos de formación no universitaria. El congresista declaró en su hoja de vida de candidato, ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), que también tiene acciones en esta empresa.

Bravo Quispe es un extrabajador de la gestión de Rafael López Aliga, en la Municipalidad de Lima, que llegó al nuevo Congreso Bicameral. Como informó OjoPúblico, en febrero de 2024 fue miembro del directorio de la Empresa Municipal de Mercados (Emmsa). 

Luego registró órdenes de servicio para el municipio, se afilió a Renovación Popular y, en diciembre de 2024, el entonces alcalde lo designó como asesor de la Oficina General de la Secretaría del Concejo de Lima.

La Universidad Privada Sise —con fines de lucro— inició sus operaciones en 2012, en Lima. Según registros públicos vigentes, Aldo Bravo fue nombrado como su gerente general por una junta general el 24 de junio de 2019. Ese cargo le otorgó facultades contractuales, de suscripción interinstitucional así como bancarias o financieras.

RELACIONES. Aldo Bravo, de Renovación Popular, ha sido gerente general de una universidad privada y accionista de empresa vinculada al sector educativo.

Foto: Congreso

No obstante, el 14 de octubre de 2019, el consejo directivo de la Sunedu —antes de los cambios del último Congreso— denegó el licenciamiento a esta universidad. Entre los incumplimientos detectó inconsistencias en planes de estudio y sílabos y en procesos de selección y contratación de docentes.

En diciembre de ese año, la junta general acordó la fusión por absorción de dicha institución con la Universidad Científica del Sur SAC. En Sunat, la Universidad Sise figura con baja definitiva desde enero de 2020.

Otra empresa vinculada al nuevo diputado por Renovación Popular es la Escuela de Posgrado de Iberoamérica SAC, constituida en julio de 2022 y que tiene, entre sus objetos, ofrecer cursos, diplomados, talleres, así como brindar asesoría y consultoría a instituciones públicas o privadas. En diciembre de ese año se registró la incorporación de Aldo Bravo como socio y fue nombrado gerente general.

En ese puesto permaneció por más de tres años y participó en eventos, incluso de Renovación Popular, donde ha sido presentado como CEO de dicha escuela. Asimismo, ha firmado convenios con colegios profesionales. 

El 26 de junio de 2026, el mismo día que el JNE entregó las credenciales a los nuevos diputados, se oficializó la renuncia de Bravo Quispe a la empresa.

Otra institución vinculada a Aldo Bravo es la Asociación civil Gaucin. Constituida en 2022 tiene entre sus fines promover la creación de centros de educación básica regular e institutos, y elaborar proyectos de desarrollo de temas de educación “que conlleven al desarrollo de la persona, la familia y la sociedad”.

Bravo Quispe integró el primer consejo directivo, como vicepresidente, para el periodo del 9 de mayo de 2022 al 8 de mayo de 2026. Es decir, hace tres meses.

De acuerdo a la declaración jurada de intereses, en 2024, Aldo Bravo fue consultor de la Universidad Europea de Madrid Sau y, en su Linkedin y reportó haber sido country manager de la Universidad en Internet (Unir).

OjoPúblico buscó por llamadas, Whatsapp y correo electrónico al diputado de Renovación Popular, pero no hubo respuesta.

El asesor de la contrarreforma educativa

Carlos Mesía Ramírez fue congresista por Fuerza Popular, entre marzo de 2020 y julio de 2021. Luego, entre agosto de 2021 y marzo de 2023, fue nombrado asesor del grupo parlamentario Renovación Popular, una de las bancadas que impulsó la ley que debilitó la fiscalización de la educación superior.

A raíz de esta norma se reconfiguró la Sunedu y, en su nueva gestión, en marzo de 2023, se designó a Mesía Ramírez como jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica, cargo desde donde, además, ha respaldado iniciativas como la de licenciamiento indefinido para las universidades.

Ahora, el abogado integra la Cámara de Senadores por el partido Fuerza Popular.

Como informó OjoPúblico, Mesía Ramírez ha sido uno de los actores claves en la promoción de la norma que permitió que un sector de las instituciones que deben ser fiscalizadas tomaran el control de la Sunedu. 

El abogado asistió, en diciembre de ese año, a la audiencia del TC en la que se discutió el futuro de la denominada contrarreforma universitaria. 

RETORNO. Carlos Mesía fue congresista de Fuerza Popular, magistrado del TC y asesor de Renovación Popular. Ahora forma parte del Senado.

Foto: Congreso

Consultado por estas y otras orientaciones a rectores y congresistas, Mesía Ramírez dijo que estas fueron ad honorem y descartó que, en su labor como abogado, tenga entre sus clientes a universidades. Añadió que no se abstendrá de votar en iniciativas vinculadas a la Sunedu o la Ley Universitaria y que actuará con independencia. “Si la ley está bien, voto por ella. Si creo que está mal, voto en contra”, señaló. 

Sostuvo, además, que sí se abstendría en propuestas que beneficien directamente a la Universidad Católica de Santa María o San Martín de Porres (USMP), donde se desempeña como docente. No obstante, aclara, no lo haría en iniciativas que tengan que ver con universidades privadas, en general. 

Para el exministro de Educación, Ricardo Cuenca Pareja, las presiones externas en materia educativa encontrarán en este Congreso un mejor espacio. “En el momento en que los congresistas legislan en función a intereses particulares, se distorsiona su figura que lo que tiene que expresar, finalmente, son intereses colectivos nacionales (...). Es difícil que no crucen la línea, salvo que efectivamente no voten por las leyes donde hay un conflicto de interés”, sostuvo.

En su opinión, el Congreso bicameral debería priorizar la discusión de las reformas que se suspendieron: la universitaria, la docente y la curricular, así como la urgente atención al nivel secundario. "[Desmantelan] la Sunedu y no ponen una alternativa al problema, que sigue latente y es la oferta superior. Quito el enfoque de género, pero el problema con la [falta de] educación sexual sigue existiendo", dijo.

Vínculos educativos

El análisis de OjoPúblico también identificó a 47 senadores y diputados con estudios de pregrado o posgrado en universidades con licencia denegada. Durante el anterior Congreso, un grupo de legisladores provenientes, precisamente de casas de estudio sin autorización de la Sunedu, impulsó y respaldó medidas para limitar la fiscalización de la calidad educativa hacia estas universidades.

Sin embargo, no solo en el Legislativo se hallan vínculos con empresas del sector Educación. José Antonio Chang Escobedo, rector de la Universidad San Martín de Porres ha sido nombrado como ministro de Educación de la gestión de Keiko Fujimori. 

Durante su gestión como rector en la USMP, en 2019, la Sunedu sancionó a la universidad con multas que sumaban más de S/8 millones por usar sus activos en operaciones con siete de sus empresas —entre ellas un club deportivo— y un fondo de inversión, sin acreditar un fin universitario. 

En ese momento, la superintendencia también ordenó, dada la gravedad de los hechos, iniciar el proceso de vacancia del rector en un plazo de 30 días hábiles. Luego, de que la Sunedu declarara infundado un recurso de reconsideración, la universidad judicializó su caso. 

En diciembre de 2023, el Tribunal Constitucional emitió una sentencia que declaró fundada una demanda de amparo interpuesta por José Antonio Chang y anuló la medida correctiva de Sunedu que dispuso su vacancia del cargo. Dos de los tres magistrados firmantes son docentes de la USMP.