La nueva administración de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) ha realizado contratos exprés a diferentes abogados que impulsaron la contrarreforma que debilita la fiscalización de la calidad educativa. En uno de los casos, se trata de Gerardo Eto Cruz, exmagistrado del Tribunal Constitucional (TC) que respaldó la ley contra la independencia de la Sunedu y a quien ahora la nueva gestión pagó un total S/25.000 por dos órdenes de servicio.

Este es el segundo caso en el que un extribuno es contratado por la Sunedu, luego de respaldar la reconformación de la institución. El primero fue Carlos Mesía Ramírez, excongresista fujimorista, exasesor del grupo parlamentario de Renovación Popular y, ahora, jefe de la oficina de asesoría jurídica de la Sunedu.

Carlos Mesía ingresó, en marzo pasado, como personal de confianza a la superintendencia. En tanto, Gerardo Eto fue contratado, primero, en abril de este año, por S/5.000, a través de una orden de servicio, para dictar una conferencia magistral a rectores de las universidades privadas y de las públicas.

#OjoAlDato El exlegislador fujimorista, #CarlosMesía, quien asiste al Congreso como jefe de asesoría jurídica de la Sunedu, señaló que el licenciamiento de universidades no debería ser cada 6, 8 o 10 años, sino "a perpetuidad". "Lo que debe haber es supervisión de calidad", dijo. pic.twitter.com/724UD94Zj4

— OjoPúblico (@Ojo_Publico) July 17, 2023

 

Un mes después, volvió a ser contratado, esta vez por S/20.000, bajo el mismo mecanismo, para elaborar un informe jurídico legal sobre la validez de firmas de vicerrectores y rectores. 

La primera orden de servicio de Eto Cruz se emitió un día después de la conferencia para la que fue contratado; es decir, el 14 de abril. Y la segunda se dio el 3 de mayo, aunque para el día siguiente el informe jurídico ya estaba listo. Las fechas de estos contratos muestran diligencia y desorden en la entidad pública, según los documentos y especialistas consultados.

 

Los antecedentes y la contrarreforma

En los dos últimos años, Gerardo Eto, magistrado del TC entre setiembre de 2007 y junio de 2014, ha mostrado su respaldo —tanto en entrevistas como en conferencias— a la ley que debilitó la autonomía de la Sunedu.

Sin embargo, su mayor acercamiento en las disputas legales por la implementación de esta ley —que  tuvo como principales protagonistas al Congreso y a un sector de universidades, encabezado por la rectora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), Jeri Ramón— se evidenció principalmente en dos hechos.

ENCUENTRO. El 12 y 13 de abril se realizó una mesa de trabajo con rectores, en las que participaron Jeri Ramón y Gerardo Eto (a la derecha).

Foto: Facebook de Sunedu

 

El primero ocurrió en agosto de 2022. En ese momento, la Sunedu ya había interpuesto una demanda de amparo contra el Congreso para frenar el avance de su iniciativa. El 15 de ese mes, San Marcos se sumó al proceso como parte demandada junto al Parlamento.

El 29 de agosto, Jeri Ramón, en representación de la universidad, notificó al Segundo Juzgado Constitucional de Lima que cambiaba de defensa y que incorporaba a Gerardo Eto Cruz como nuevo abogado, según consta en una resolución del 1 de setiembre de 2022 a la que accedió OjoPúblico. 

RESOLUCIÓN. Jeri Ramón, en representación de San Marcos, incorporó a Gerardo Eto como su abogado en el proceso de amparo de Sunedu.

Imagen: Poder Judicial

 

Para el 20 de setiembre de ese año, de acuerdo a otra resolución del juzgado, Eto Cruz ya había presentado una serie de escritos, en representación de San Marcos y también de Jeri Ramón, en los que, por ejemplo, sostenía que la sentencia a favor del pedido de Sunedu era inconstitucional.

En el portal de Transparencia del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y en el buscador del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) no figuran órdenes de servicio, ni pagos de San Marcos a Eto Cruz, como persona natural, desde el 2015. El abogado tampoco tiene empresas a su nombre en Lima, de acuerdo a los registros públicos.

El exmagistrado confirmó a OjoPúblico que tuvo a su cargo la defensa de UNMSM en este proceso de amparo. Sin embargo, contrario a lo que registra el MEF, dijo que sí recibió un pago por el servicio profesional contratado. “Yo desconozco [por qué no figura ningún pago desde el 2015], pero yo he girado recibos. Si ya no sale, no es problema mío. Los recibos los tiene la contadora y son de cierta reserva, al menos, profesional, pero Sunat sí tiene conocimiento de eso”, respondió.

El segundo hecho ocurrió el 20 de octubre de 2022 durante el foro Balance de la Educación Universitaria, un evento al que asistió un grupo de rectores encabezados por Jeri Ramón, de la UNMSM y que estuvo organizado por la Asociación de Universidades del Perú (ASUP) y la Asociación Nacional de Universidades Públicas del Perú (Annup). Ambas agrupaciones tienen una postura a favor de la ley que debilita la Sunedu.

REUNIDOS. En octubre del 2022, el exmagistrado del TC, Carlos Mesía, expuso la estrategia legal en defensa de la ley que debilita a la Sunedu.

Foto: Universidad Nacional Federico Villarreal

 

Como informó este medio, en esta actividad también participó Carlos Mesía, quien dio cuenta de lo que llamaba un “frente jurídico” para defender la ley que “restablece la autonomía universitaria” en los fueros del TC. Esto incluía una acción de inconstitucionalidad y un proceso competencial. 

En esta estrategia, según las declaraciones de Mesía Ramírez, lo acompañaban los exmagistrados Gerardo Eto y Ernesto Blume. Este último, el 16 de diciembre de ese año, incluso, se presentó como abogado ad honorem del Congreso durante la audiencia en el TC.

En diálogo con este medio, Eto Cruz aceptó que los tres magistrados se han reunido por ese motivo, debido a que —según sostiene— para ellos, el tema universitario es trascendental y les preocupaba la "restricción de la autonomía universitaria".

Además, reconoció que le "sugirieron" ideas a la entidad que interpuso la acción de inconstitucionalidad; en otras palabras, al Congreso. Incluso, dijo que desde hace casi un año se desempeña como asesor ad honorem en dicha institución por la reforma constitucional.

Es decir, mientras se concretaba la llamada contrarreforma universitaria, él tenía gran cercanía con este poder del Estado.

El 20 de diciembre de 2022, el TC confirmó la constitucionalidad de la ley que terminó desmantelando el consejo directivo de la Sunedu e incorporó a los nuevos integrantes, entre ellos tres representantes de universidades elegidos sin concurso público. Esta nueva gestión fue la que, el 14 abril y 3 mayo de este año, contrató a Eto Cruz.

 

Los contratos 

El 23 de febrero de 2023, Manuel Castillo Venegas se convirtió en superintendente de la Sunedu. Dos semanas después, el 10 de marzo, incorporó a Carlos Mesía a la jefatura de la oficina de asesoría jurídica de dicha entidad.

La nueva gestión de la superintendencia desarrolló, el 12 y 13 de abril, la mesa de trabajo Los retos de la Sunedu tras la aplicación de la Ley 31520, en la que participaron rectores de universidades públicas y privadas. “Bienvenidos, rectores, esta es su casa. Aquí está su consejo directivo, su superintendente”, dijo Manuel Castillo en la primera sesión. 

En esta actividad, el abogado Gerardo Eto fue el encargado de dar una “conferencia magistral” ante los rectores, donde debía exponer sobre autonomía universitaria, la oportunidad de mejoras del sistema universitario, así como el licenciamiento y la supervisión de condiciones básicas de calidad. 

“El día de ayer me comunicaron para que diera una, entre comillas, conferencia magistral, de tal manera que entré en un pánico porque iba a estar con los rectores que conocen todos los entresijos del derrotero de cada universitaria y, bueno, hasta altas horas de la noche de ayer me puse a reflexionar qué podría decir”, dijo el primer día.

ELEGIDO. Gerardo Eto fue contratado por orden de servicios para dar una conferencia magistral ante rectores los días 12 y 13 de abril.

Foto: Twitter de Sunedu

 

La orden de servicio de conferencista para el 12 y 13 de abril significó un desembolso de S/5.000. Sin embargo, la fecha de emisión de dicha orden figura 14 de abril; es decir, después de realizada la labor.

Según el docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y especialista en contrataciones del Estado, Christian Guzmán, este mecanismo se debe aplicar previo al servicio para así también saber cuáles son las obligaciones del contratado. “[¿Esto es regular?] No. La orden es antes del servicio. Es como celebrar un contrato con fecha posterior a la realización del servicio (...). No puede ser [un trato] oral”, dijo a este medio.

Contrario a lo dicho en la conferencia ante rectores, Gerardo Eto, ahora, señala que el requerimiento de la Sunedu para el servicio se dio con mayor anticipación y no faltando un día. “Se ha descontextualizado. Cuando yo hago un discurso académico, ubico el contexto y lanzo un poco de expresiones coloquiales”, argumentó.

También dijo desconocer los motivos por los que la orden de servicio aparece con fecha posterior al evento con los rectores. “A mí me pidieron [desde la Sunedu] ir a esas conferencias y después hubo un largo proceso burocrático, que eso ya le corresponde a la Sunedu”, afirmó.

 

DOCUMENTO. La primera orden de servicio de Gerardo Eto se emitió el 14 de abril; sin embargo, las conferencias en la Sunedu fueron el 12 y 13 de ese mes.

Imagen: Sunedu

 

Una semana después de la conferencia magistral a los rectores —el 19 de abril de 2023—, Gerardo Eto volvió a la Sunedu por una visita al superintendente Manuel Castillo Venegas, como consta en el registro oficial de la entidad.

El 2022, Gerardo Eto fue abogado de San Marcos, como parte demandada, y en defensa de la ley que reconfiguraba la Sunedu.

Luego, el 3 de mayo, la superintendencia emitió una segunda orden a nombre del abogado por el servicio especializado de elaboración de un informe jurídico sobre la validez de firmas de vicerrectores y rectores en el marco del proceso de registro de datos de autoridades. El pago fue de S/20.000.

Este informe lleva como fecha el 4 de mayo; es decir, un día después de emitida la orden. En él se analiza la permanencia de las autoridades universitarias en sus cargos, haciendo énfasis en el caso de la Universidad San Luis Gonzaga de Ica (Unica). 

Con relación a las fechas de estos documentos, el exmagistrado, nuevamente, señala que que se trata de un problema de la Sunedu. “Me dieron un acervo documental muy intenso, muy amplio que se tiene que procesar, revisar y eso no lo voy a hacer de un día para otro. Aproximadamente, el estudio del informe me demandó, más o menos, 10, 12 días”, afirma.

DOCUMENTOS. La segunda orden de servicio para el exmagistrado Eto se emitió el 3 de mayo y el informe jurídico solicitado estuvo listo al día siguiente. 

Imagen: Sunedu

 

Las órdenes de servicio son un mecanismo que tiene el Estado para contratar de forma simplificada, temporal y más directa a proveedores, sean personas naturales o jurídicas, de un producto o servicio a cambio de un monto y donde no implica una relación laboral. 

“Si está debajo de las UIT (Unidades impositivas Tributarias) que establece la ley de contrataciones [8 UIT, equivalente a S/39.600], no es necesario un proceso de selección, sino basta con remitir la invitación a las personas que podrían cumplir con los requisitos y seleccionar o verificar aquella que cumpla con lo plasmado en los Términos de Referencia (TDR)”, señala Karla Gaviño, docente de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico.

Según la especialista, los casos donde, por ejemplo, se emiten las órdenes después de realizada la labor revelan desorden administrativo y la premura, sin planificación, de muchas instituciones. “Algunas entidades, en tanto que emiten las órdenes de servicio, piden ir avanzando, lo cual no debería ser más allá de reuniones informativas o de coordinación. Pero, existen casos donde, contrario a lo que debe ser, se empieza a trabajar y luego llega la orden”, señaló.

 

Otros contratados

Juan Antonio Bazán Chávez, un personaje antes identificado por OjoPúblico, es un docente de Derecho y Ciencia Política de la UNMSM que postuló en 2020 al Congreso con el objetivo principal de desactivar la Sunedu, según sus propias declaraciones durante la campaña.

Como parte de la asamblea universitaria en dicha casa de estudios, durante una sesión de 2021, mostró su respaldo a Jeri Ramón, a quien calificó como “luchadora social” por su accionar frente a un proceso sancionador abierto por la Sunedu.

En octubre de 2022, el abogado se desempeñó como moderador en el foro Balance de la Educación en el Perú, donde el exmagistrado Carlos Mesía expuso el “frente jurídico” para defender la denominada contrarreforma universitaria. 

La nueva gestión de la Sunedu pagó S/20.000 al exmagistrado del TC por un informe jurídico legal.

Tras los cambios en la Sunedu, este año, Bazán Chávez visitó, al menos, siete veces al superintendente Manuel Castillo en marzo y abril. El último de estos ingresos se dio el 11 de abril de 2023.

Dos días después —13 de abril— la superintendencia lo contrató, a través de una orden de servicio por S/5.000, para una conferencia magistral en la mesa de trabajo con rectores, que se llevó a cabo el mismo día.

Una segunda orden de servicios, por S/2.500, se emitió el 19 de abril, según el OSCE, como moderador en otra conferencia.

PERSONAJE. El docente Juan Antonio Bazán ha sido moderador de eventos de rectores, Sunedu y también entrevistador de sus titulares.

Imagen: Captura de RTV San Marcos

 

Juan Antonio Bazán ha publicado entrevistas a Jeri Ramón en el diario Expreso el 12 de mayo y 21 julio. El 23 del mes pasado, el suplemento político que él dirige en el mencionado medio local dedicó su edición a la nueva Sunedu, la cual, además, incluyó un "homenaje" a Ramón Ruffner. En este número, Bazán entrevistó a Manuel Castillo, el titular de la entidad pública que meses atrás lo había contratado.

La nueva gestión de Sunedu también contrató a Martha Elena Valderrama Sandoval, comunicadora que, por lo menos, hasta febrero de este año coordinaba con medios y enviaba notas de prensa como parte de la Asociación de Universidades del Perú (Asup), entidad defensora de la ley que reconfiguró a la Sunedu.

Valderrama Sandoval registra, desde el 9 de mayo pasado, una orden de servicio de tres meses por S/30.000 en la Sunedu. En el documento figura como servicio el de especialista en comunicaciones para la coordinación, monitoreo de medios y asistencia en imagen institucional.

OjoPúblico tuvo acceso al primer entregable de la comunicadora, en el que da cuenta de sus labores en su primer mes de trabajo: coordinaciones y monitoreo de medios, redes sociales, informes de medios dominicales, así como apoyo en lo requerido por la jefatura, según enumera.

INFORME. En su primer entregable, Martha Valderrama afirma que existe una campaña en contra de la Sunedu y da nombres de supuestos voceros.

Imagen: Sunedu

 

Sin embargo, la comunicadora también hace un análisis de los supuestos ataques a la Sunedu y asegura que existen “grupos opositores que difaman” a la entidad, los cuales se “valen” de periodistas. 

En ese documento, hace referencia a “campañas” para atacar a la institución en el marco de la elección del defensor del pueblo y califica de "voceros" a personajes como el exdefensor del pueblo, Walter Albán; el periodista Marco Sifuentes y el director ejecutivo del Consejo Nacional de la Prensa Peruana, Rodrigo Salazar.

Este medio intentó comunicarse con Juan Antonio Bazán, Martha Valderrama y la Sunedu, pero hasta el cierre de esta edición no dieron respuesta.

En tanto, para el exmagistrado del TC, Gerardo Eto, no existe conflicto ético entre su defensa a la ley que cambió la Sunedu y sus posteriores contrataciones, ya que, según dijo, esto último se debe a su experiencia como docente, abogado y sus publicaciones sobre temas universitarios.

No obstante, subrayó que está "orgulloso" de haber participado en lo que llama el rescate de la plenitud de la autonomía.

"Yo no he sido llamado a defender a la Sunedu o hacer informes como una especie de 'premio' por haber apoyado o coadyuvado a que se consolide el restablecimiento de la autonomía universitaria", indicó.