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FILIAL. En febrero de este año, un hombre falleció al caer por el ducto de un ascensor en construcción en esta sede de la Universidad Roosevelt, en Pueblo Libre.
El 4 de febrero de 2026, pasadas las 10 de la mañana, una persona de 42 años murió en la filial de la Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt, en el distrito limeño de Pueblo Libre. Según las actas policiales y fiscales, la víctima acudió a entregar documentos en ese local y cayó desde el primer piso hacia el sótano, por el ducto de un ascensor en construcción.
En ese momento, la sede, ubicada en la avenida Simón Bolívar 937-941, se encontraba en proceso de evaluación de las condiciones básicas para su licenciamiento por parte de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu). Una de ellas era que la infraestructura de universidades y filiales contara con estándares mínimos de seguridad.
En la primera etapa del licenciamiento en el país, las deficiencias en infraestructura, mantenimiento y estándares de seguridad fueron las razones que sustentaron la denegatoria a varias universidades.
Aun así, documentos a los que accedió OjoPúblico confirman que una delegación de Sunedu estuvo en la filial el mismo día en que se produjo el deceso en sus instalaciones. Pese a ello, la institución no abrió entonces ninguna investigación y, el 1 de abril, aprobó el funcionamiento de ese local. Recién dos semanas después inició una pesquisa por la muerte, que archivó en mayo.
El 4 de febrero de este año, un hombre murió en la filial de la Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt, en Pueblo Libre".
La Universidad Roosevelt tiene como accionista y garante de integridad ad honorem al senador de Fuerza Popular, David Jiménez Heredia, según registros públicos y su más reciente hoja de vida. Su hijo, Pedro Jean Carlo Jiménez Robles, lo reemplaza en la gerencia general desde 2022.
Durante su etapa como congresista, en el anterior periodo legislativo, Jiménez Heredia respaldó la iniciativa que permitió la configuración de la actual Sunedu.
La muerte del 4 de febrero, investigada por el Ministerio Público como homicidio simple, no fue mencionada por la Sunedu en el informe técnico ni en la resolución del consejo directivo que autorizó dicha filial. En los documentos oficiales, a los que tuvo acceso OjoPúblico, la entidad solo señala que la visita de la comisión ese día fue interrumpida por motivos de “caso fortuito”.
Cronología de los hechos
En noviembre de 2024, la Universidad Franklin Roosevelt, cuya sede principal está en la ciudad de Huancayo (Junín), compró por más de USD 3 millones el local de la avenida Simón Bolívar, en Pueblo Libre, que pertenecía a la Universidad de San Martín de Porres.
“Ya pasamos a Lima. Tenemos un local en la Av. Bolívar y Sucre, antes era de la San Martín. Lo hemos adquirido (...) Empezamos labores en abril”, dijo el congresista David Jiménez, en una entrevista difundida en marzo de este año, cuando la Sunedu aún no había autorizado el funcionamiento de la filial.
PARTIDO. David Jiménez ingresó al Senado por Fuerza Popular y formó parte del anterior Congreso, con el mismo partido, por la región Junín.
Foto: Facebook de David Jiménez
Para abrir esta filial en Lima, la universidad —licenciada en junio de 2019 con un solo local en Huancayo— presentó en diciembre de 2024 una solicitud ante la Sunedu para modificar el permiso y así incorporar la nueva sede.
La superintendencia debía aprobar o denegar el pedido y su Unidad de Verificación del Servicio Educativo Superior Universitario (UVE) tenía que comprobar el cumplimiento de las condiciones básicas de calidad exigidas para su funcionamiento.
A lo largo de la tramitación hubo entregas de información y observaciones. El 29 de enero de este año, la Sunedu programó para el 3 y 4 de febrero una diligencia para verificar las condiciones básicas del establecimiento. Esta actividad debía realizarse entre las 8:30 a.m. y 5:30 p.m.
El 4 de febrero, por la mañana, una persona murió luego de caer por el ducto de un ascensor en construcción hacia el piso del sótano, lo que también consta en el acta fiscal de levantamiento de cadáver. El diagnóstico presuntivo de la muerte fue traumatismo craneoencefálico por precipitación.
ACTA. Según testimonios recogidos por la Policía, pasadas las 10 de la mañana, una persona cayó por el ducto del ascensor de la universidad.
Documento de la PNP
De acuerdo con el acta policial, a la que accedió OjoPúblico, Gabriela Castillo Ichpas, apoderada de la Universidad Roosevelt, declaró que el fallecido era trabajador del Instituto de Educación Superior Privado Franklin Roosevelt. Esta institución forma parte del mismo grupo empresarial de la Universidad Roosevelt y, según registros oficiales, tiene como accionista y titular gerente al senador David Jiménez Heredia.
Sunedu abrió una indagación preliminar 69 días después de los hechos. Sin embargo, OjoPúblico identificó, a partir de documentos oficiales, que el día de la muerte, a las 10:10 a.m., una comisión de cinco trabajadores de la superintendencia estuvo en el lugar como parte de las diligencias de actuación probatoria; es decir, para realizar entrevistas y recorridos destinados a verificar las condiciones básicas, que incluían aspectos de infraestructura.
En el acta de esa diligencia, el personal señaló que esta “fue interrumpida por motivos de caso fortuito manifestados por los representantes de la universidad”. Por esa razón, argumentan, la comisión se retiró del local y la dio por concluida.
DILIGENCIA. Una comisión de la Sunedu estuvo en la Universidad Roosevelt el mismo día en que ocurrió la muerte de una persona al caer por un ascensor.
Documento de Sunedu
Como respuesta, la Sunedu, a través de un documento remitido a OjoPúblico, señaló que en ese momento el local no contaba con licencia y, por lo tanto, no prestaba servicios educativos.
“En esa condición, la actuación de la Sunedu se limitaba a las verificaciones propias del procedimiento en curso; la entidad no contaba con facultades para intervenir en un hecho de otra naturaleza ocurrido en un inmueble aún no licenciado”, señaló.
Añadió que el accidente ocurrió antes de iniciar la diligencia programada para ese día y se suspendió de manera anticipada. “La diligencia fue reprogramada y se ejecutó conforme a lo previsto”, sostuvo. Para el 26 y 27 de febrero se programó una nueva inspección.
La investigadora del Grupo de Análisis y Desarrollo (Grade) y exespecialista de la Sunedu, Carmela Chávez Irigoyen, explica que, si se realizó una diligencia, no bastaba con señalar que esta se interrumpió por un caso fortuito, sino que debía existir un informe que detallara lo ocurrido. A partir de ello, agregó, correspondía determinar si el hecho resultaba relevante para la evaluación de las condiciones básicas, que incluyen aspectos de habitabilidad y seguridad.
“Si resulta que lo que pasó no pone en cuestionamiento las condiciones básicas, entonces se elabora un informe y se explica. Lo que no puede ocurrir es dejarlo en el terreno del secreto y la especulación, porque eso dinamita la legitimidad del procedimiento y, eventualmente, genera dudas”, dice la también consultora en educación superior, quien sostiene que lo ocurrido evidencia una falta de transparencia.
Ya pasamos a Lima. Tenemos un local en la Av. Bolívar. Empezamos labores en abril, dijo el congresista David Jiménez, cuando la Sunedu aún no había autorizado su filial".
La investigación por la muerte recayó en el tercer despacho de la Primera Fiscalía Corporativa Penal de Magdalena del Mar-San Miguel-Pueblo Libre, contra quienes resulten responsables por la comisión del delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de homicidio simple.
En tanto, el 11 de febrero, una semana después del hecho, la Municipalidad de Pueblo Libre levantó la medida provisional de clausura impuesta al establecimiento por infracción asociada a medidas de seguridad en edificaciones.
OjoPúblico solicitó una entrevista con el municipio para conocer si se aplicaron sanciones, pero no hubo respuesta de su oficina de imagen. También intentó comunicarse, sin éxito, con autoridades de la Universidad Roosevelt y con el senador David Jiménez, por teléfono, correo electrónico y cuestionarios. Familiares de la persona fallecida, por su parte, optaron por no dar declaraciones sobre el caso.
Investigación posterior a la autorización
El 4 de marzo de este año, la Unidad de Verificación del Servicio Educativo Superior Universitario (UVE) de la Sunedu recomendó aprobar la modificación de la licencia, que permitía la creación de la filial. El 1 de abril, dos meses después de la muerte, el consejo directivo de la Sunedu ratificó esta decisión.
En su resolución, señala que, según lo verificado, la universidad cumple, entre otras condiciones, con una infraestructura que reúne estándares mínimos de seguridad, capacidad, equipamiento y servicios básicos.
El documento no menciona la muerte ocurrida en febrero. Sin embargo, requiere a la universidad que, antes de convocar a su primer examen de admisión, acredite la operatividad y la puesta en marcha del ascensor, según el cronograma previsto.
En la sesión del consejo directivo, encabezada por el superintendente Vicente Espinoza Santillán, la mayoría de consejeros votaron a favor, a excepción de Carlos Reyes Pareja, quien se abstuvo.
DECISIÓN. La mayoría del consejo directivo, encabezado por Vicente Espinoza (al centro) aprobó la filial de la Universidad Roosevelt. Solo se abstuvo Carlos Reyes.
Foto: Sunedu
En diálogo con este medio, Reyes Pareja dijo que su decisión obedeció a que la infraestructura no había sido verificada “in situ” y, por tanto, no contaba con evidencias reales sobre sus condiciones. “Para poder votar debemos ver si la infraestructura cumple con las condiciones básicas de calidad”, dijo. Añadió que se enteró de la muerte después de aprobar la modificación de la licencia.
El 14 de abril, el despacho de la superintendencia preguntó a la dirección a cargo de la UVE si durante el proceso de evaluación a la Universidad Roosevelt se registró o reportó “algún hecho que pudiera entorpecer el cumplimiento de la verificación de las condiciones básicas de calidad”.
Según comunicación interna de la Sunedu, la consulta del superintendente se efectuó en el marco de lo reportado por el consejero Ángel Velázquez Fernández, quien se refirió al fallecimiento de una persona en las instalaciones de la universidad. Para él, el hecho debió haber sido informado por la casa de estudios a la Sunedu.
INDAGACIÓN. El 14 de abril, después de autorizar la creación de la filial, la Sunedu empezó una investigación preliminar sobre la muerte en la Universidad Roosevelt.
Documento de Sunedu
Tras esa observación, ese mismo día, la UVE de la Sunedu informó a la Universidad Roosevelt que había tomado conocimiento de la muerte y le solicitó que, en un plazo de 10 días, identificara al fallecido, precisara su vínculo y describiera las circunstancias de la muerte, entre otros datos. No obstante, añadió que el requerimiento buscaba recabar elementos de juicio y “no constituía el inicio de una acción de supervisión”.
Días después, la universidad solicitó una reunión con la Sunedu aduciendo la necesidad de absolver consultas sobre la modificación del licenciamiento. De acuedro con registros oficiales, el 20 de abril, acudieron tres representantes de la Universidad Roosevelt a la Sunedu, entre ellos dos autoridades que también habían estado en el local el día de la muerte. El encuentro se extendió por una hora.
Una semana después, el 27 de abril, Pedro Jean Carlos Jiménez Robles, gerente general de la universidad, envió información sobre el deceso a la Sunedu. En los documentos señaló que el fallecido no tenía vínculo laboral ni contractual con la universidad, pero sí era trabajador del Instituto de Educación Superior Privado Franklin Roosevelt.
El 20 de abril, miembros de la Universidad Roosevelt acudieron a la Sunedu. Siete días después, la casa de estudios presentó su informe sobre la muerte".
Asimismo, aludiendo a su registro de cámaras de seguridad, indicó que el ciudadano se dirigió hacia el área del ducto del ascensor, que, según refirió, contaba con una señalización de seguridad que advertía que no se podía ingresar porque se encontraba en proceso de instalación.
Sin embargo, esto contrasta con el acta de intervención policial del 4 de febrero, el cual indica que en el primer piso, por el ingreso que da para el ascensor en construcción, “no se contaba con medidas de seguridad respectivas”.
En su respuesta, más de dos meses después del deceso ocurrido en sus instalaciones, la universidad dijo que había reforzado sus protocolos de control de acceso al local e instalado parapetos con sistema drywall e infraestructura metálica en el ingreso a la caja del ascensor para restringir totalmente el paso.
También señaló que, a la fecha, había concluido con la instalación y puesta en funcionamiento del ascensor y que contaba con el certificado de operación, emitido el 13 de abril.
El 26 de mayo, la Sunedu concluyó la indagación sobre la muerte. En el documento, al que accedió este medio, recogió lo manifestado por la universidad y señaló que esta había adoptado acciones frente a lo ocurrido e implementado medidas para prevenir que se repitan circunstancias similares. Además, indicó que la institución había acreditado el cumplimiento de las condiciones básicas de calidad para crear la filial de Lima. Finalmente, archivó el caso.
En la actualidad, la filial de la Universidad Roosevelt funciona en Pueblo Libre y su ascensor panorámico se encuentra operativo.
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