Actualización: 21 de agosto de 2026 - 12:00 p.m.

Martes 11 de agosto, después del mediodía. Los niños de la comunidad shipibo-conibo de San Luis de Charasmana, en la Amazonía peruana de Loreto, corren de un lado a otro en una cancha deportiva; cerca, un grupo de adultos participa de un asamblea. Sobre ellos, tres helicópteros de la Policía Nacional del Perú –dos son Black Hawk, de fabricación estadounidense– sobrevuelan el territorio. Minutos después: columnas de humo y desconcierto. 

Tres videos registrados por miembros de la comunidad indígena, cuya autenticidad fueron verificados por OjoPúblico, muestran cómo fue la intervención policial que destruyó una pista de aterrizaje ubicada a 250 metros de la parte urbana de la comunidad, en la cuenca del río Pisqui, provincia de Ucayali. Al menos tres fuentes oficiales confirmaron a nuestro equipo que esta acción policial fue irregular, y una de ellas habló de error. "Se equivocaron, no debieron detonar esa pista", dijo una de estas fuentes.

A través de 12 entrevistas con testigos, fiscales y policías, el análisis de imágenes satelitales y videos grabados por los mismos ciudadanos de la zona, el acceso a documentación de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), OjoPúblico reconstruye lo sucedido el martes 11 de agosto. Esta información confirma que durante la destrucción de la pista de aterrizaje de San Luis de Charasmana se registraron irregularidades que ahora están bajo investigación.

Incluso, en un video grabado el lunes 17 de agosto, al que accedió OjoPúblico, el coronel de la policía John Martin Alvarado Sánchez se dirige a la comunidad y señala que la droga en la zona sale por vía fluvial y vía aérea "utilizando franjas [pistas] parecidas a las que ustedes tienen". Luego refiere que "esta" no será intervenida, pero que "si esta pista es utilizada para fines ilícitos, va a ser destruida".

El coronel de la Dirandro también reconoció que “esta franja [la pista de aterrizaje de la comunidad] tiene una autorización para apoyo social (...) exclusivamente para una ONG, en este caso Perú Projects”. Peru Projects es la organización vinculada a la iglesia adventista que opera la avioneta en la pista de San Luis de Charasmana.

El silencio de la policía

La intervención en Loreto formaba parte de un operativo policial para eliminar 28 pistas de aterrizaje presuntamente vinculadas al narcotráfico en la Amazonía peruana.

Ese martes 11 de agosto, uno de los helicópteros, tripulado por policías del Departamento de Operaciones Tácticas Antidrogas del Huallaga de la Dirección Antidrogas (Dirandro), descendió hasta casi el nivel del suelo para detonar con explosivos en tres puntos de la franja de aterrizaje. Los otros dos, permanecieron en el aire.

PISTAS EN LORETO. Cerca de la pista de la comunidad afectada, se identificó otra de 750 metros de largo.

Fuente: OjoPúblico / Amazon Conservation Team 

Dos días después de la intervención, la Organización Regional Aidesep Ucayali (ORAU) y la Fecoirp denunciaron que la detonación de la pista se realizó sin coordinación previa con la comunidad e indicaron que la pista era utilizada para evacuar emergencias médicas mediante una avioneta de una iglesia adventista.

En su comunicado, las organizaciones indígenas calificaron la intervención como un “bombardeo” de la pista. Sin embargo, un policía en actividad de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX), que pidió mantener su identidad en reserva, explicó que, por las características de los cráteres observados en las fotografías, las detonaciones habrían sido provocadas por explosivos colocados bajo tierra y no lanzados desde el aire.

Hasta el cierre de esta edición ni la Policía Nacional del Perú (PNP) ni el Ministerio del Interior informaron públicamente sobre lo sucedido. Incluso, cuando este medio solicitó información a ese ministerio, los voceros respondieron que se envíen las consultas a la policía. Y en esta entidad, la Dirandro dijo que no tenían autorización de responder.

El regreso

Seis días después del operativo, el 17 de agosto, un grupo de policías regresó a San Luis de Charasmana, se reunió con la comunidad y decidieron reparar los daños ocasionados por la detonaciones en la pista. Tres personas confirmaron a este medio que alrededor de un grupo de agentes permaneció en la zona durante dos días, hasta el 18 de agosto, con el fin de rehabilitar la pista.

En la reunión con la comunidad, el coronel John Martin Alvarado los exhortó a “no aceptar a personas que vienen y proponen cosas ilícitas”. También señala que “muy cerca de aquí” la inteligencia de la Policía identificó y destruyó un laboratorio de droga; y que la droga salió por vía fluvial y aérea, a través de pistas con franjas “muy parecidas a la que ustedes tienen”.

Un análisis de imágenes satelitales realizado por este medio, con el apoyo de la ONG Amazon Conservation Team de Colombia, permitió identificar otra pista de aterrizaje no muy lejos de la comunidad: con aproximadamente 750 metros de longitud, ubicada a solo siete kilómetros en línea recta de San Luis de Charasmana.

A diferencia de la pista intervenida por la Policía, esta no se encuentra al lado de ninguna comunidad o asentamiento de personas. Ambas se encuentran cerca al río Pisqui.

La Embajada de Estados Unidos en Perú no respondió a las consultas de este medio sobre la intervención que involucró los helicópteros donados a Perú en diciembre pasado y señaló que los detalles corresponden a la Policía Nacional. Hasta el cierre de edición, el gobierno evitó contestar si se trató de una equivocación o las razones por las que decidieron rehabilitar la pista tras la detonación. 

VUELOS HUMANITARIOS. La pista de aterrizaje de San Luis de Charasmana era utilizada por la ONG Perú Projects, que opera avioneta Cessna 182E.

Foto: Perú Projects

¿Qué dice la ley?

El Decreto Legislativo N.°1241, que permite interdicciones ante evidencia de actividades ilícitas como el narcotráfico, prohíbe, en su artículo 10, la rehabilitación de pistas clandestinas previamente inhabilitadas o destruidas por la Policía. Incluso penaliza cuando un funcionario facilita o tolera los medios para hacerlo.

Wilfredo Pedraza, abogado y exministro del Interior, señaló a OjoPúblico que no recuerda un caso similar en el que la Policía haya destruido y posteriormente rehabilitado una pista de aterrizaje presuntamente vinculada al narcotráfico. “Supongo que era un error de la inteligencia de no haber verificado su destino y el uso de esa pista”, dijo.

Según Pedraza, antes de destruir una pista debe verificarse su carácter ilegal. En este caso, esa comprobación pudo haber sido “laxa”: la Policía habría confirmado únicamente que se trataba de una pista y presumido su uso ilícito. “A eso responde que los mismos lo hayan reparado”, concluyó.

Aunque fuentes fiscales confirmaron a OjoPúblico que la Dirandro no requiere una disposición fiscal ni una orden judicial para destruir una pista de aterrizaje, la Policía tiene que contar con información que acredite su vinculación con actividades de narcotráfico, obtenida mediante labores de inteligencia.

De acuerdo con el Decreto Legislativo N° 1241, la Policía debe comunicar la intervención “de inmediato” al Ministerio Público. El fiscal Felipe Tauma Bacalla, de la Segunda Fiscalía Especializada en Tráfico Ilícito de Drogas de Pucallpa, estaba de turno cuando ocurrió el operativo. Esta fiscalía tiene competencia sobre San Luis de Charasmana, pese a que la comunidad se encuentra en Loreto, debido a su proximidad geográfica.

Consultado por OjoPúblico, Tauma Bacalla, sin embargo, prefirió no pronunciarse. Otras fuentes fiscales confirmaron que la interdicción se realizó sin la presencia del fiscal.

Uso para emergencias médicas 

La pista en San Luis de Charasmana era utilizada desde diciembre de 2025 por la ONG misionera Peru Projects, vinculada a la Iglesia Adventista del Séptimo Día —una congregación religiosa protestante, surgida en Estados Unidos—. La organización publicaba en sus medios oficiales los vuelos, de carácter humanitario, que realizan. Estos traslados permitían atender emergencias médicas ante los largos tiempos de desplazamiento hasta los centros de salud más cercanos.

Desde San Luis de Charasmana, el viaje en barco hasta Pucallpa, capital de la región Ucayali, toma aproximadamente un día en rápido, mientras que el distrito de Contamana, en Loreto, la ciudad más cercana con un hospital apto para emergencias, se encuentra a dos días de navegación.

Segundo Ruiz Rojas, presidente de la Fecoirp, añade que cuando el cauce del río baja, eso hace aún más difícil el ingreso a la comunidad. Además, refiere que no existen carreteras para conectar esta localidad con otras más cercanas. 

“En caso de emergencia, hay que hablar con los adventistas, con la población y con el hospital para llevar al paciente [por avioneta]”, refiere el líder indígena.

La organización misionera Peru Projects no solo realiza traslados por emergencias médicas sino también “vuelos misioneros”. Según informa, a través de su portal web, ofrecen actividades en cerca de 60 comunidades y centros poblados de los departamentos de Ucayali y Loreto.

Para ello, cuenta con una autorización vigente de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). Este permiso establece al Aeródromo Adventista MOP, ubicado en Yarinacocha, provincia de Coronel Portillo, en Ucayali, como base de operaciones.

El aeródromo también figura en el registro de la DGAC, según pudo comprobar este medio. La pista destruida en San Luis de Charasmana, en cambio, no figura.

Sin embargo, el pastor, piloto y director de Peru Projects, Eben Ezer Espinosa, confirmó a OjoPúblico que la organización utilizaba esta pista para trasladar a personas enfermas o heridas de comunidades de la zona. También proporcionó el documento que autoriza el uso de la pista de San Luis de Charasmana, un permiso que debe renovarse cada 90 días.

Consultada por este medio, la DGAC confirmó, sin referirse específicamente al caso de la ONG adventista Peru Projects, que es posible que “las aeronaves civiles operen, excepcionalmente, desde áreas que no conforman aeródromos autorizados, llamadas franjas de aterrizaje y despegue y dichas autorizaciones son excepcionales y otorgadas a un único titular para su uso exclusivo.”

Narcotráfico en la zona

Aunque el pastor Ezer Espinosa asegura que “nunca ha entrado un avión ilícito” a San Luis de Charasmana — versión que coincide con las declaraciones de miembros de la comunidad—  calificó la zona como “caliente”. Afirmó haber observado cultivos de coca de “personas ajenas a la comunidad” durante sus vuelos por el área, pero aseguró que no estaban vinculados al uso de la pista de aterrizaje.

Sus declaraciones concuerdan con datos de la Dirandro a los que accedió OjoPúblico mediante un pedido de información.

Según estos registros, las incautaciones de pasta básica de cocaína en el distrito de Contamana aumentaron con fuerza en los últimos años: pasaron de 276,7 kilos en 2024 a 4,1 toneladas hasta julio de 2025. De esta última cifra, cuatro toneladas fueron incautadas en un solo operativo, realizado el 24 de mayo de 2025.

Entre 2016 y julio de 2025, la Dirandro destruyó dos pistas clandestinas vinculadas al narcotráfico en la provincia loretana de Ucayali. Ambas fueron intervenidas en septiembre de 2024, en el distrito vecino de Vargas Guerra, no en Contamana.

Por otra parte, de acuerdo con el último informe de monitoreo de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida), el distrito de Contamana comprende dos zonas de producción de coca: Aguaytía y Contamana. 

En la primera, la superficie registrada pasó de 86 hectáreas en 2021 a 280 en 2025, mientras que en la segunda disminuyó de 262 a 207 hectáreas durante el mismo periodo.

La zona donde se ubica San Luis de Charasmana se encuentra a medio camino entre dos centros urbanos de la Amazonía peruana: Contamana, en Loreto, y Pucallpa, en Ucayali. Esta última, comparte frontera con la Amazonía de Brasil, en el Estado de Acre.