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El falso operativo policial que estremeció al Perú duró menos de cinco minutos. A las 2:48 a.m. del 30 de agosto, cuatro hombres vestidos con uniformes negros del Grupo Especial contra el Crimen Organizado (Grecco) de la Policía y equipados con chalecos antibalas, pasamontañas y cascos descendieron de una camioneta Toyota blanca en la avenida Húsares de Junín, en Trujillo, a solo dos cuadras de la sede de la División de Investigación Criminal (Divincri).
Armados con fusiles provistos de silenciadores, dispararon a quemarropa contra los ocupantes de una Ford Bronco Raptor y mataron a cuatro personas: Farhad Andrea Monzón Lingán (20), Nadia Edith Urtecho Rodríguez (28), Christopher Eduardo García Álvarez (33) y Luis Alberto Rojas Ramos (35). Los dos últimos eran agentes de seguridad del empresario Jenss Lara Tantaquilla (31), el único ocupante que sobrevivió al ataque y a quien los sicarios secuestraron y liberaron al día siguiente.
El múltiple asesinato ocurre en medio de la transformación del crimen organizado en La Libertad, impulsada por las disputas en torno a las ganancias de la minería ilegal en Pataz. En dicha provincia operan al menos 24 grupos criminales, entre ellos Los Pulpos, La Jauría, La Nueva Alianza y el Tren de Aragua, de origen venezolano, según información obtenida por OjoPúblico de fuentes de la Policía y las Fuerzas Armadas.
Algunas de estas organizaciones cuentan con integrantes o personal de seguridad con formación policial o militar. Una fuente de la Divincri de Trujillo confirmó a este medio que "militares y policías en retiro trabajan como seguridad en empresas formales e informales". El crimen organizado también opera en Pataz con colombianos, venezolanos y cubanos que tienen instrucción militar, indicó dicha fuente.
En dicha provincia operan al menos 24 grupos criminales: entre ellos Los Pulpos, La Jauría, La Nueva Alianza y el Tren de Aragua.
Una investigación de este medio reveló que empresas formales y operadores ilegales de Pataz buscan contratar a personas con experiencia militar y licencia para portar armas de guerra y custodiar la extracción y el transporte de oro.
Los Pulpos aparecen en la investigación del cuádruple homicidio y el secuestro. Horas después del ataque, la Policía presentó a cinco jóvenes como presuntos implicados, quienes habrían actuado por encargo de esta organización criminal. Desde hace algunos años, Los Pulpos han extendido sus actividades en Pataz hacia el “chalequeo”, es decir, el cobro por brindar protección a operaciones mineras, transportistas de minerales y mineros.
La investigación del secuestro de Lara Tantaquilla condujo hasta Bolivia. Según la Policía, llamadas a ese país halladas en el celular de un detenido indicarían que el secuestro fue dirigido desde allí. Con el apoyo del FBI y la DEA, se detuvo el 1 de setiembre en La Paz a Jhonsson Smit Cruz Torres (27), alias "Jhonsson Pulpo", cabecilla de Los Pulpos y prófugo de la justicia peruana.
La transformación del crimen
Además de la minería ilegal, los grupos criminales de La Libertad se dedican al tráfico de drogas y armas y a la trata de personas. Esta diversificación "ha generado que sean multipropósito, obtengan utilidades de todas estas vías y, con este dinero, finalmente se vuelvan un peligro público por su capacidad de corromper", afirmó Julio Corcuera, exministro del Interior y especialista en seguridad ciudadana.
La capacidad de fuego de estas organizaciones da cuenta de la dimensión que ha adquirido su accionar. Datos del Comando Unificado Pataz (Cupaz), creado en mayo de 2025 tras la matanza de 13 trabajadores de seguridad en una mina de Pataz, a los que accedió este medio, muestran el volumen de armas y explosivos incautados.
Durante el primer año de su despliegue conjunto, hasta mayo de 2026, las Fuerzas Armadas y la Policía decomisaron 104 fusiles de uso militar, 28 pistolas y más de 18.500 municiones. En lo que va de 2026, además, incautaron 41.500 cartuchos de dinamita, 3.248 detonadores, 1.701 metros de mecha de seguridad y 16 chalecos antibalas.
ARSENAL. Los grupos criminales en Pataz usan armas de guerra, como el fusil tipo AR-15. En la masacre de Trujillo también se emplearon fusiles largos.
Foto: Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas
En su primer año, el Cupaz detuvo a 294 presuntos integrantes de organizaciones criminales en Pataz. La presión de las fuerzas de seguridad también ha reconfigurado el mapa de estas actividades ilegales: parte de la minería ilegal y de las redes vinculadas a ella se ha desplazado hacia la vecina provincia de Santiago de Chuco. Sus operaciones también muestran signos de una mayor especialización.
Esa capacidad quedó expuesta en la masacre de Trujillo. La actuación de los atacantes, registrada por las cámaras de seguridad, llamó la atención de fuentes policiales, del Ejército y de inteligencia consultadas por este medio que identificaron, por su postura y precisión, indicios de un posible entrenamiento policial o militar. Una de ellas, que pidió mantener su identidad bajo reserva, describió el ataque como una operación "quirúrgicamente planeada" para enviar una señal a los grupos opositores.
En su primer año, el Comando Unificado Pataz (Cupaz) detuvo a 294 presuntos integrantes de organizaciones criminales en Pataz.
Apenas cinco días antes de esta masacre, trabajadores mineros denunciaron que civiles vestidos con prendas militares —quienes se negaron a identificarse— participaron en un operativo conjunto de la Policía y las Fuerzas Armadas en la bocamina Nicolás Lozano, en el sector Pueblo Nuevo (Pataz).
En junio de este año, el capitán del Ejército Gary Chiroque Barreno, jefe de inteligencia del Cupaz, fue arrestado por presuntamente extorsionar a un empresario en Pataz. Dos meses antes, en abril, los policías Jonatan Martínez Santa Cruz, Julio Reyna Pereda, Jimmy Ruiz Mendoza y Ciro Vega Reyes, asignados a la Divincri de Trujillo, fueron detenidos en el anexo de Chagual (Pataz) tras secuestrar a una empresaria y exigir S/40.000 por su liberación.
No se trata de hechos aislados. Un análisis de OjoPúblico a las resoluciones del Tribunal de Disciplina Policial reveló que, entre 2019 y 2024, al menos 96 efectivos fueron investigados en 37 casos vinculados a la minería ilegal. Más de la tercera parte de estos agentes (36) cometieron las presuntas infracciones en La Libertad.
La expansión de Los Pulpos
Los Pulpos, señalados por la Policía como los presuntos responsables de la masacre en Trujillo, son una de las principales organizaciones criminales de La Libertad y, junto con La Jauría, operan en la capital de La Libertad y otras zonas de la región. Una de sus principales actividades es la extorsión mediante stickers que identifican a comercios, instituciones o personas que pagan cupos.
De acuerdo con datos del Ministerio Público obtenidos por este medio, entre enero de 2022 y julio de 2026 ningún distrito fiscal registró más denuncias por extorsión que La Libertad, con 13.518 casos, un promedio de ocho extorsiones denunciadas por día.
En los últimos años, las organizaciones criminales de La Libertad han adoptado formas de operación más flexibles: pueden encargar determinados delitos o asociarse temporalmente con grupos menores. “Ahora las organizaciones criminales funcionan como empresas que, para un delito específico, se asocian con grupos delictivos menores”, explicó a este medio el general en retiro y exjefe de la Región Policial de La Libertad, Óscar Rabanal Palacios.
Un ejemplo de esta dinámica ocurrió en setiembre de 2025, cuando la vivienda del empresario minero Roy La Rosa Toro Sánchez fue atacada con 30 emulsiones explosivas de procedencia brasileña. La Policía señaló a Los Pulpos como la principal organización responsable del atentado, pero identificó como autores materiales a cuatro integrantes del grupo Los Cachacos del Padrino, según reportó este medio.
CAPTURA. Jhonsson Smit Cruz llevó un chaleco del Grupo Especial contra el Crimen Organizado, la misma unidad policial cuya identificación usaron los atacantes de la masacre.
Foto: Presidencia del Consejo de Ministros
La capacidad armada de estas organizaciones también se refleja en los niveles de violencia que ejercen. Entre 2020 y 2025, la Policía registró 450 denuncias por homicidio con arma de fuego en La Libertad, una de las cifras más altas del país, solo por debajo de Lima (1.644) y el Callao (551). En promedio, se registró una denuncia cada cinco días, según datos de la Policía a los que accedió este medio.
El caso de Ecuador permite observar una evolución similar. Como OjoPúblico documentó, allí, Los Lobos pasaron de ser una banda local a una de las organizaciones criminales más influyentes de Sudamérica, con el control de sectores clave del oro ilegal.
La espiral de violencia en la región se produce en un contexto marcado por el peso de La Libertad en la actividad minera del país. Durante el primer semestre de 2026, produjo alrededor de 12,52 toneladas de oro fino, equivalentes al 25,12% de la producción nacional. Solo fue superada por Cajamarca, con 12,73 toneladas, según datos oficiales del Ministerio de Energía y Minas (Minem).
La región también concentra 2.279 inscripciones vigentes en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), la tercera cifra más alta del país, solo por detrás de Arequipa (4.464) y Puno (4.269).
Empresarios bajo investigación
Jenss Lara Tantaquilla y su padre, Eleuterio Lara López, provienen de Pataz y se dedican desde hace años a la minería, con investigaciones por distintos delitos.
Lara López declaró públicamente que negoció la liberación de su hijo sin pago, con ayuda de "un amigo" con contactos en Los Pulpos. La Policía planteó como hipótesis que el ataque fue una represalia por el cambio de organización criminal que le brindaba el "chalequeo" a Lara Tantaquilla.
Según documentación fiscal, Lara Tantaquilla fue investigado en 2018 y 2022 por presunta minería ilegal —ambos casos archivados— y detenido en 2020 en el operativo Los Topos del Frío, del que fue absuelto.
Actualmente es investigado por presunto lavado de activos en la Primera Fiscalía Supraprovincial Especializada en Lavado de Activos de Lima, y figura como titular de una inscripción suspendida en el Reinfo para un derecho minero en Chilla, Pataz.
MARCADOS. En la luna trasera del vehículo en el que fueron asesinadas cuatro personas aparece el sticker de un grupo criminal de Trujillo.
Foto: OjoPúblico
Su padre es gerente de dos empresas homónimas, Empresa Minera Miraflores S.M.R.L., una en Lima y otra en Trujillo, ambas inactivas ante la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat). Registra cuatro investigaciones por presunta minería ilegal —dos sobreseídas, una con acusación fiscal y otra en apelación— y figura como agraviado en tres casos de extorsión, el último con sentencia en febrero de este año.
El secuestrado Lara Tantaquilla y su padre, Eleuterio Lara López, provienen de Pataz y se dedican desde hace años a la minería, con investigaciones por distintos delitos.
En la camioneta del secuestro de su hijo se halló un sticker con una corona y la inscripción "El Cartel", usado en Trujillo para señalar el pago de cupos. Una fuente policial de la Divincri señaló a este medio que el adhesivo corresponde a una banda liderada por Luis Humberto López Moro, alias "Lichi", sentenciado por extorsión, robo agravado y posesión de explosivos.
OjoPúblico intentó comunicarse con la familia Lara mediante mensajes y llamadas a Eleuterio Lara López, pero no obtuvo respuesta hasta el cierre de este informe.
La versión policial y los detenidos
Un día después de la masacre en Trujillo, la Policía detuvo en el distrito El Porvenir a Frank Junior Quezada Cruz (23), Julio Zavaleta Quezada (19), César Iván García Rivera (20), Ángel Fabricio Bocanegra Linares (19) y, poco después, a José Miguel Cérrepe Dávila (18), según el acta policial a la que accedió OjoPúblico.
Los cinco registran investigaciones previas por extorsión, tenencia ilegal de armas, hurto y robo, de acuerdo con documentos fiscales revisados por este medio. La Policía afirmó que los jóvenes pertenecen a Los Pulpos y que confesaron el ataque y el secuestro. El acta señala que a tres se les halló municiones y a otro explosivos, pero ninguna arma de fuego.
Sin embargo, Jorge Chávez Cotrina, coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada, advirtió el mismo día que no se podía afirmar categóricamente su responsabilidad.
Los familiares de los detenidos y su abogado, Juan Antonio Alvarado Espinoza, cuestionan además que sean los autores, alegando que son de menor estatura que los atacantes de las cámaras de seguridad. Critican, asimismo, que el ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, difundiera fotografías de su participación en los interrogatorios, sin presencia de fiscal ni de los abogados.
En las imágenes de diversas cámaras de seguridad que registraron la matanza, este medio identificó la placa de la camioneta usada por los atacantes, que según la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) pertenece al Ministerio del Interior.
La Policía señaló en un comunicado que fue clonada de un patrullero de Puno inoperativo desde 2025 y descartó cualquier vínculo de su personal o unidades con el crimen. Los videos muestran, además, que un patrullero se desplazó detrás de los vehículos de atacantes y víctimas poco antes del ataque.
Este medio envió cuestionarios a la Policía y al Ministerio Público sobre el estado de las investigaciones en el caso de la masacre y del secuestro, sin respuesta hasta el cierre de este informe.