A más de un mes del hallazgo de los cadáveres de 13 trabajadores de seguridad en un socavón de Pataz, en La Libertad, la Policía ha intervenido a 12 personas presuntamente implicadas en el homicidio múltiple. Las investigaciones apuntan a una organización criminal, de reciente formación: La Nueva Alianza Pataz.

De acuerdo con un informe de inteligencia policial del 17 de mayo —incluido en la investigación fiscal del caso—, esta agrupación está compuesta por exmiembros de La Jauría, La Gran Alianza y Los Compadres. Fuentes de OjoPúblico señalaron, a la par, que se trata de una asociación temporal entre bandas.

Uno de los integrantes de La Nueva Alianza Pataz es señalado como extrabajador de seguridad de Minera Poderosa. En el documento policial está identificado como Wenceslao Rodríguez Puyen, alias “Cachaco”. 

Además, se detalla que formó parte del grupo criminal La Gran Alianza y que tiene conocimiento de infraestructura crítica de Poderosa —la principal empresa aurífera de la zona—. Por ejemplo, la ubicación de torres de alta tensión, que abastecen de energía eléctrica al campamento, y de las bocaminas, que conectan con los frentes de trabajo.

Uno de los integrantes de La Nueva Alianza Pataz es señalado como extrabajador de seguridad de Minera Poderosa".

Este conocimiento, de acuerdo a la Policía, ha sido utilizado por La Nueva Alianza Pataz para atentar contra las torres de energía de la compañía. El propósito es cortar la luz y la ventilación de las bocaminas, para facilitar el acceso de los criminales y tomarlas.

Fuentes de Minera Poderosa explicaron a OjoPúblico que el personal de seguridad no forma parte de su planilla, sino de empresas subcontratadas por ellos. A pesar de eso, confirmaron que Wenceslao Rodríguez Puyen trabajó, en 2022, para Huayna Protect, una empresa que les brindaba seguridad.

Miguel Antonio Rodríguez Díaz, alias "Cuchillo", sospechoso de ser el autor intelectual de la muerte de los 13 trabajadores, también es identificado como miembro de La Nueva Alianza Pataz. Este fue capturado en Medellín (Colombia), el 15 de mayo, tras una alerta roja de Interpol. 

Ese mismo día, fue detenida, en Trujillo, la abogada Liliana Pizán Chirado. Ella es acusada de los presuntos delitos de lavado de activos y pertenencia a una organización criminal.

INTERVENCIÓN. Desde el 9 de mayo, las Fuerzas Armadas controlan el orden interno en la provincia de Pataz bajo un comando unificado.

Foto: Ministerio de Defensa

El informe de inteligencia asegura que, antes de sumarse a La Nueva Alianza de Pataz, “Cuchillo” fue el cabecilla de La Jauría. Sin embargo, fuentes de OjoPúblico descartaron esa versión. 

Lo que se tiene registrado es su accionar en otras bandas. En julio de 2014, por ejemplo, la Policía capturó a tres miembros del grupo criminal “Los Chuckys”, en Trujillo, que se dedicaba a la extorsión y al robo de empresarios. Entre los detenidos estaba “Cuchillo”.

La unión de miembros de distintas bandas detrás de la Nueva Alianza Pataz responde a un intento por controlar la cadena productiva del oro, desde la extracción hasta la comercialización, explica Dante Vera, analista en economías criminales y seguridad nacional. Así, han ocupado bocaminas abiertas por mineros artesanales que huyeron de la zona o abren nuevas para conectarlas con los frentes de operación de Poderosa. 

“Hoy los vemos colaborando, pero mañana podrían enfrentarse a balazos. En La Pampa y Pataz, nuevos liderazgos buscan imponerse aliándose con otras organizaciones criminales, aunque esas alianzas pueden romperse en cualquier momento y desatar enfrentamientos armados”, alertó.

Los miembros detrás de La Gran Alianza Pataz

El 5 de mayo, un día después del hallazgo de los cuerpos de los 13 trabajadores asesinados, el general de la Policía, Víctor Zanabria, hizo referencia a la unión de las bandas delictivas La Nueva Alianza, Los Pulpos, La Jauría, Gordo John y Los Compadres, para operar en Pataz y disputarse el control de la zona con la organización criminal denominada Los Parqueros.

Una nota informativa del 15 de mayo de la Fiscalía Provincial Corporativa contra la Criminalidad Organizada de La Libertad, a la que también accedió OjoPúblico, indica que a “Cuchillo” y otras personas se les atribuye el delito de organización criminal porque, al enfrentarse con grupos criminales por el control de las actividades ilícitas, reclutan a miembros de organizaciones criminales que operan en Trujillo. 

Otro informe policial —elaborado el 17 de mayo por el área de secuestros y extorsiones de la División de Investigación Criminal de Trujillo, al que también tuvo acceso este medio— confirma que La Nueva Alianza Pataz está integrada por exmiembros de bandas como La Jauría, La Gran Alianza y Los Compadres. Esta unión surgió tras la desarticulación de La Gran Alianza, cuyo cabecilla Josué Oliver Blas Lezama, alias “Gato Coté”, fue asesinado en Colombia, en setiembre de 2024. 

De acuerdo al informe de inteligencia, entre los miembros activos de La Nueva Alianza Pataz están: "Cuchillo" (Miguel Antonio Rodríguez Díaz), "JP" (Juan Pedro Oviedo Bazán), "Juancho" (Juan Manuel Blas Lezama), "JJ" (Mariano Estuar Flores Ruiz), "Cachaco" (Alexis Wenceslao Rodríguez Puyen), "Topo" (José Iván Miris Ramos) y "Yaco" (Piter Jakson Esparza Araujo).

La unión de miembros de distintas bandas detrás de la Nueva Alianza Pataz responde a un intento por controlar la cadena productiva del oro".

Juan Manuel Blas Lezama, alias “Juancho”, es hermano de “Gato Coté”. El 15 de mayo de 2024 fue detenido junto a otras 13 personas, acusadas de integrar “La Gran Alianza”, organización vinculada a delitos como homicidio, sicariato, tenencia ilegal de armas de fuego, municiones y explosivos, minería ilegal, así como hurto y robo de minerales en la provincia de Pataz, desde mediados de 2020.

“Cachaco” y “Topo” no registran denuncias policiales, pero se les sindica como integrantes de La Gran Alianza y La Jauría, respectivamente. “Jp”, quien tiene una denuncia por “peligro común, fabricación, comercialización, uso o porte de armas y material explosivo”, también es señalado como integrante de La Jauría. 

“JJ”, en tanto, tiene una denuncia policial por lesiones y violación de la libertad sexual. Él es sindicado como integrante de Los Compadres. “Yaco”, por último, es asociado a La Jauría. Todos ellos, asegura el informe, se han aliado para operar, principalmente, en los anexos de Pueblo Nuevo, Vijus y Santa María, zonas colindantes a las operaciones de Poderosa. 

Fuentes policiales indicaron a OjoPúblico que solo uno de ellos, Juan Manuel Blas Lezama, alias “Juancho”, se encuentra no habido, pese a tener orden de captura. El 25 de junio del año pasado, la Sala Mixta Descentralizada de Huamachuco, en La Libertad, dictó 24 meses de prisión preventiva en su contra tras ser investigado como presunto cabecilla de La Gran Alianza. El resto de los implicados se encuentran en libertad.

INCAUTACIÓN. Armas, municiones y explosivos encontrados en las intervenciones a mineros ilegales y presuntos delincuentes en Pataz.

Foto: Ministerio de Defensa

Los indicios contra ‘Cuchillo’ 

"Cuchillo" es investigado por secuestro agravado y homicidio calificado de los 13 trabajadores de seguridad y como presunto integrante de una organización criminal. La investigación del Ministerio Público detalla que un testigo protegido relató que, 10 días antes del asesinato múltiple, se reunión con “Cuchillo”. 

En ese encuentro, aseguró el testigo, este intentó contratarlo para recuperar la mina a cambio de S/150.000, pero él se negó.“Me quedó mirando, me dijo: ‘Tú me conoces a mí, tú sabes quién soy yo’, y yo le dije que sí lo conocía. Y me dijo: ‘La chambita es para mí; quiero recuperar mi mina, que está por la 2520’”, detalló.

Los documentos fiscales también señalan la fuga de “Cuchillo” a Colombia como un indicio de su responsabilidad en el crimen. Desde la difusión del hallazgo de los cadáveres y su salida del país pasaron menos de 24 horas, destacan.

Hace casi dos años, en setiembre de 2023, “Cuchillo” pudo purgar condena por extorsión agravada, pero la Primera Sala Penal de Apelaciones del Santa declaró nula la sentencia de 15 años, al considerar que no había suficientes medios de prueba contra él.

BUSCADO. Miguel Rodríguez Díaz, alias "Cuchillo", fue detenido en Colombia por el presunto delito de crimen organizado. 

Foto: Ministerio del Interior

Según el expediente al que accedió OjoPúblico, el caso se remonta a 2017, cuando el empresario Elmer Trujillo Alarcón denunció haber sido extorsionado por Rodríguez Díaz y su cómplice, Nicolás Torres Ascoy. Esta resolución judicial permitió que “Cuchillo” recupere su libertad, a pesar de sus antecedentes por presuntas actividades delictivas.

Tres meses después fue vinculado al ataque a Poderosa que, el 2 de diciembre de 2023, dejó nueve trabajadores fallecidos y 17 heridos. Semanas más tarde, fue intervenido en la provincia de Casma (Áncash) junto a otras cinco personas en posesión de municiones, una granada y un revólver. 

A pesar de eso fue liberado. Esto se debió a que fue detenido por tenencia ilegal de armas de fuego. Pero, tras las pericias realizadas al arma y a la granada, se determinó que ambas estaban inoperativas, explicó, en su momento, el fiscal Edwin Ramos Herrera de la Fiscalía Provincial Penal de Casma. Además, el Ministerio Público – Distrito Fiscal del Santa emitió un comunicado que indicaba que no existía investigación ni orden de captura contra ellos sobre el crimen en Poderosa. 

“Uno de los detenidos habría señalado que dos de sus compañeros participaron en el presunto delito de homicidio en la mina Poderosa. Sin embargo, no existe investigación contra ellos ni orden de captura sobre dicho caso”, señaló la institución en el pronunciamiento emitido el 19 de diciembre de 2023, tras los cuestionamientos a la liberación “Cuchillo”.

Ataques y víctimas de La Nueva Alianza Pataz

Según el informe de inteligencia al que accedió OjoPúblico, La Nueva Alianza Pataz participó en, al menos, siete acciones criminales entre enero y abril de 2025, en la provincia de Pataz. En su accionar se mencionan tres ataques a torres de alta tensión de Poderosa, entre enero y marzo. Además, son responsabilizados de un ataque armado contra una miniván de la minera artesanal Luis Javier Chacón Centurión, en Santa María (Pataz), que dejó tres fallecidos y nueve heridos, a fines de marzo.

También se les adjudica el asesinato de Yosvin Brener Ávila Mudarra (24) en el anexo Zarumilla y el secuestro de dos trabajadores de seguridad —quienes lograron escapar—, a inicios de abril. El hecho más grave atribuido a esta alianza criminal es el homicidio múltiple de 13 trabajadores de seguridad de la empresa R & R, el 26 de abril pasado. Por este caso, además de “Cuchillo” y Liliana Pizán, fueron detenidas 10 personas.

Una de ellas fue Luis Alberto Chuquizuta Guerra, conocido como “Piscis”. El 2 de mayo, cuando lo capturaron, tenía en su poder el arma de fuego de Juan Joel Ñaupari Salva, una de las 13 víctimas de la masacre. Permaneció bajo custodia policial por 15 días. 

Elmer Alonso Espinoza Alva (21) fue detenido en el anexo Pueblo Nuevo, Pataz, más de 20 días después. Cuando lo capturaron tenía una pistola y una cacerina con seis cartuchos sin percutir. Esta semana, el Poder Judicial le impuso ocho meses de prisión preventiva, mientras es investigado por el delito de tenencia ilegal de armas de fuego y municiones.

La Nueva Alianza Pataz participó en, al menos, siete acciones criminales entre enero y abril de 2025".

Los otros ocho detenidos por el asesinato —Ever Yapapasca Aguilar, Cosme Cubas Pérez, Elías Siccha Blas, Erick Estrada Solano, Jefferson Medina Muñoz, David Islado Saavedra, Luis Carlos Celis Mori y Carlos Valle de la Cruz— son señalados como parte de la organización criminal Los Sicarios de Cuchillo. 

La Policía no ha precisado si forman parte de La Nueva Alianza Pataz o si se trata de sicarios contratados para cometer el homicidio múltiple. Su intervención se hizo el pasado 28 de mayo, en el anexo Pueblo Nuevo, en un operativo del Comando Unificado en Pataz. Allí se incautaron armas de fuego, municiones, explosivos y equipos de comunicación.

El Poder Judicial dictó detención preliminar por siete días contra estas ocho personas. Se las investiga por el presunto delito de tenencia ilegal de explosivos y de armas de fuego y municiones.

OjoPúblico solicitó una entrevista con el jefe de la Región Policial La Libertad, Carlos Llerena Portal, para conocer más detalles sobre la detención. Sin embargo, no obtuvo respuesta. 

DETENIDOS. Ocho miembros de los Sicarios de "Cuchillo" fueron intervenidos por estar implicados en los asesinatos de los 13 trabajadores de seguridad.

Foto: Ministerio del Interior

Financiamiento y operación

Las incursiones de La Nueva Alianza Pataz en las concesiones de Poderosa buscan tomar control de la infraestructura productiva para continuar con la explotación ilícita del recurso. Por ello, se han apoderado de algunas bocaminas. Según el informe de inteligencia, el 7 de mayo, esta organización tomó el control de las bocaminas denominadas Las Tolvas, Galindo y Zanoni.

Poderosa confirmó a OjoPúblico que las tres están dentro de su concesión, aunque fueron construidas por mineros ilegales que controlan la zona. Detallaron que las mismas son usadas para interceptar las operaciones de la compañía y de los mineros artesanales con los que mantienen contratos.

Las Tolvas se encuentra en el anexo Pueblo Nuevo. Allí, en octubre de 2024, fue hallada una fosa con al menos 16 cuerpos en estado de descomposición. Bocamina Galindo está en la parte baja de Pueblo Nuevo. Nicolás Jesús Romero, quien cuenta con Reinfo vigente, según pudo verificar OjoPúblico, opera en esta área. La bocamina Zanoni o Marlon Zanoni está situada en el anexo Zarumilla-Puente Francés y es operada por Marlon Zedrit Zanoni Franco, quien no está registrado en la base de datos del Reinfo. 

Luego de la extracción ilícita del mineral, este es procesado en plantas ilegales. Según Poderosa, en la zona se han identificado y georreferenciado 40 de estas plantas. Tras pasar por allí, el mineral es trasladado a plantas formales ubicadas en la costa. 

Según el informe de inteligencia, el 7 de mayo, esta organización tomó el control de las bocaminas denominadas Las Tolvas, Galindo y Zanoni".

Según Dante Vera, la estrategia militar-policial que se ejecuta en la provincia podría dar resultados para controlar la salida del mineral extraído ilegalmente, fiscalizar las plantas de beneficio del oro en Pataz y Trujillo, así como el ingreso de explosivos a la zona. No obstante, advierte, se necesita inteligencia policial que llegue al núcleo que financia y se beneficia de la unión entre el crimen organizado y la minería ilegal, que empezó a gestarse hace cinco años.

En 2020, en el contexto de la pandemia, Poderosa limitó sus operaciones a labores esenciales. Ese año, delincuentes —incluyendo integrantes del Tren de Aragua— arribaron a Pataz como seguridad de algunos mineros informales. Luego, llegaron otras bandas criminales y empezaron los enfrentamientos por el control del territorio.

Fuentes de Minera Poderosa confirmaron a este medio que, alrededor del 40% del terreno que tienen bajo concesión está tomado por la minería ilegal y el crimen organizado. En enero de este año, Pablo de la Flor, gerente de Asuntos Corporativos de Poderosa, indicó que 25 galerías estaban tomadas por mineros ilegales. Desde 2020, la minera ha sido blanco de numerosos ataques en los que han fallecido 39 personas y resultaron afectadas 17 torres de alta tensión.