Con la colaboración de Jonathan Hurtado y Aramís Castro

“Cuando se quiere negociar un nivel [una galería minera subterránea], se siembra a la gente [trabajadores de seguridad] contactando a parqueros. Les dicen: ‘dame tanto y yo te doy ese nivel para que lo tomes; mando poca gente, los matan y ahí queda’, pero todo es con plata de por medio”, relató a OjoPúblico un trabajador de la empresa de seguridad R&R. Esta práctica refleja la brutal escalada de violencia en Pataz, al norte de Perú, donde el 26 de abril fueron secuestradas y, luego, asesinadas 13 personas en socavones de extracción de oro.

Según este testimonio, la toma de galerías subterráneas de minería en el distrito no solo es el resultado de ataques violentos, sino de acuerdos económicos que involucran la vida de trabajadores, enviados a morir como parte de una "negociación" con ladrones de minerales, conocidos en la zona como parqueros.

Las 13 víctimas más recientes son: Frank Jesús Monzón Valeriano (24), los hermanos Franklin Vicente (24) y Jhon Cristian Facundo Inga (30), Josué Carbonel Beltrán (33), Nilver Joel Pérez Chuquipoma (29), César Augusto Rospigliosi Arellano (40), Wilmer Manuel Chávez Mijahuanca (24), Jefry Stiven Padilla Hidalgo (22), Deyther Abrahan Domínguez Ramírez (29), Mego Yumbato Huancho (34), Yoval Martínez García (44), Juan Joel Ñaupari Salva (25) y Darwin Javier Cobeñas Panta (31). 

La toma de galerías subterráneas no solo es el resultado de ataques violentos, sino de acuerdos económicos que involucran la vida de trabajadores".

Todos ellos eran personal de seguridad de R&R. Fueron asesinados cuando estaban en los socavones donde, ahora, se desatan pugnas por el oro. El nivel o galería al que se refiere la fuente de este medio —cuya identidad es reservada por su seguridad— es el 2520, ubicado en el anexo Pueblo Nuevo, en el distrito de Pataz. 

Para llegar a ese punto, las víctimas debían desplazarse hasta el sector Hualanga, en donde la Compañía Minera Poderosa S.A. tiene sus instalaciones. Y, desde allí, partir hasta el mencionado nivel y sus socavones.

EPICENTRO. Base Hualanga de Minera Poderosa, por donde transitaron por última vez las 13 víctimas asesinadas.

Foto: Presidencia

Frente a la creciente violencia, Minera Poderosa informó a OjoPúblico que despliega 1.300 guardias de seguridad en la provincia liberteña, al norte de Perú, explicó Pablo de La Flor, gerente de asuntos corporativos de la compañía. Pero esta estrategia no ha funcionado: 39 personas vinculadas a la compañía fueron asesinadas en los últimos dos años. 

R&R es una empresa de seguridad informal que, como OjoPúblico ha logrado determinar, operaba sin estar registrada en la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), ni en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) ni en la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec). Esta empresa prestaba servicios a Libmar SAC, contratista y proveedora del mineral aurífero de Poderosa.

En Pataz, según el registro de Sucamec, solo hay dos empresas formales que prestan el servicio de seguridad privada: High Power S.A. y Ares 97 Security S.A.C. Ninguna de ellas es la que empleaba a las recientes víctimas. 

Fuentes de Poderosa señalaron a OjoPúblico que la minera no tiene “ninguna relación ni contrato” con R&R, sino con un minero artesanal, que es el gerente de Libmar SAC, Segundo Nicolás Cueva Rojas, que opera la Bocamina 2520. En esta investigación se confirmó que Libmar tiene inscripción vigente en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) en el distrito de Pataz, y explota el derecho minero Poderosa N° 3, de Minera Poderosa.

Fuentes de Poderosa señalaron a OjoPúblico que la minera no tiene 'ninguna relación ni contrato' con R&R, sino con un minero artesanal".

Libmar S.A.C. fue constituida en 2012, por Liboria Miguel Coronel, Vianny Vercelli Centurión Miguel y Eduard Marcial Centurión Miguel, de acuerdo a registros revisados por nuestro equipo. Antes del 2013, la empresa tuvo como gerente a Vianny Vercelli Centurión Miguel.

En abril de 2023, Libmar S.A.C. fue mencionada en un caso de violencia, cuando Andhre Aggassi Prudencio Mendoza, trabajador oriundo de Raura (Huánuco), fue asesinado. En ese momento, se indicó que trabajaba para una contratista de Vianny Vercelli Centurión, aunque no se precisó el nombre de la empresa. Ese mismo año, la gerencia general de Libmar S.A.C. pasó a Segundo Nicolás Cueva Rojas.

EFECTO. La presencia del crimen organizado en Pataz aumenta a medida que el precio del oro se dispara.

Foto: Ministerio de Defensa

Según el testimonio recogido por OjoPúblico y el de un extrabajador de R&R en calidad de testigo de la Fiscalía de Pataz, los dueños de R&R son dos policías en actividad: Gianpaul Alexander Bastidas Rodríguez, que pertenece al Escuadrón Verde de Trujillo, y Franklin Yonathan Pérez Vargas, quien actualmente labora en la comisaría del distrito de Huanchaco, en Trujillo. 

Bastidas Rodríguez tiene antecedentes de apropiación ilícita de material minero y sospechas de incremento patrimonial injustificado. Fuentes documentales a las que OjoPúblico tuvo aceso para esta investigación revelan que en 2023, de acuerdo a resoluciones del Tribunal de Disciplina Policial, el suboficial de segunda fue sancionado en primera instancia con "dos días de sanción de rigor" por su presunta participación en el robo de mineral incautado en Huamachuco, La Libertad. 

Sin embargo, el 7 de febrero de 2024, el Tribunal emitió una resolución que declaró la nulidad del inicio del procedimiento administrativo disciplinario por contravenir la ley, y ordenó retrotraer el caso a su etapa inicial.

Mientras R&R era dirigida por cuestionados policías en actividad, en el campo, las actividades eran ejecutadas por otros actores. Según el trabajador que brindó su testimonio a OjoPúblico, los empleados asesinados tenían la orden —impartida por los jefes de patrulla de R&R— de recuperar las galerías tomadas por “parqueros”. Esos jefes de patrulla han sido identificados como Luis Alberto Chuquizuta Guerra, alias “Piscis”, y Gianpierre Eduardo Baca Infante, alias “Norteño”. 

Mientras R&R era dirigida por cuestionados policías en actividad, en el campo, las actividades eran ejecutadas por otros actores".

“Piscis” fue capturado el 2 de mayo, en Lima. Cargaba un arma a nombre de una de las víctimas, Juan Joel Ñaupari. Según una resolución directoral de la Sucamec, emitida en octubre de 2024,  Chuquizuta Guerra había solicitado autorización para prestar el servicio de seguridad privada. Sin embargo, solo una persona figura con esa autorización en Pataz y responde al nombre de Maycol Avelino Baca Juárez.

Según la denuncia —interpuesta el 29 de abril, en Huamachuco, por seis familiares de las víctimas—, tres hombres, conocidos por los alias de “Técnico”, “Gato” y “Cuchillo”, están detrás del secuestro de los trabajadores. 

DENUNCIA. Los familiares de las víctimas indicaron que los 13 trabajadores recibieron la orden de ingresar en horas de la madrugada al Nivel 2520, ocupado por parqueros.

Captura: Acta de denuncia 

La identidad de “Cuchillo” fue expuesta por la presidenta Dina Boluarte en una conferencia donde anunció medidas para Pataz, antes de que las autoridades pudieran ordenar su detención preventiva. Se trata de Miguel Antonio Rodríguez Díaz, quien ese mismo día viajó a Colombia sin ninguna restricción, y se presume que lideraba a los parqueros. Es un soldado del Ejército Peruano (EP) en retiro, que prestó servicios en el Valle del Río Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), según información policial. 

Respecto a los otros implicados, el trabajador que declaró para OjoPúblico bajo reserva señaló que la identidad de “Técnico” es José Ramiro Lozano Peche, quien actuaba bajo las órdenes de Nicolás Cueva Rojas, gerente de Libmar S.A.C. No se conoce la identidad de alias “Gato”, referido en la denuncia de los familiares de las víctimas.

Tanto el trabajador que brindó su testimonio a este medio como el colaborador de Fiscalía consideran que “Técnico” negoció con los parqueros para venderles el Nivel 2520, a costa de la vida de los 13 empleados de seguridad.

La expansión del crimen bajo el auge del oro

Según información del Ministerio del Interior, la presencia del crimen organizado en Pataz se remonta a 2019, cuando comenzaron a multiplicarse las denuncias por minería ilegal. Dos años después, los mineros ilegales empezaron a contratar “seguridad” ante los robos que sufrían en la carretera, primero cometidos por delincuentes locales y, luego, por bandas de otras regiones.

La Policía ha identificado a más de siete organizaciones criminales que operan en Pataz, aunque no descarta que el número sea mayor: La Jauría, Los Pulpos, Los Ochenta, Los Malditos de Río Seco y facciones del Tren de Aragua, la banda criminal de origen venezolano que controla la extorsión. Completan la lista Los Parqueros de Pataz, la Gran Alianza y Gato Coté, según reportes de inteligencia. Sin embargo, fuentes locales señalan que el último es el alias de una persona: el fallecido líder de la Gran Alianza. 

Estos grupos no solo se dedican a la extracción del mineral sino que tienen negocios en el narcotráfico, el sicariato y la extorsión. Los más asentados son Los Parqueros de Pataz y la Gran Alianza, cuyos integrantes son naturales de esa provincia norteña, y Los Pulpos, que, a diferencia de los anteriores, provienen de Trujillo.

Los Parqueros de Pataz están dirigidos por Gregorio Palermo Segura Marcelo, detenido en agosto de 2024 y actualmente bajo prisión preventiva de 36 meses en el penal de Challapalca, Tacna. La fortuna de Segura Marcelo, a quien bautizaron en el mundo del hampa como el “Pablo Escobar de Pataz”, ascendía a USD 100 millones, según la Policía. Es investigado por minería ilegal y por ataques sistemáticos a trabajadores de La Poderosa y a mineros artesanales de la zona.

La Policía ha identificado a siete organizaciones criminales que operan en Pataz, aunque no descarta que el número sea mayor".

La Gran Alianza es otra organización criminal cuyo presunto cabecilla fue Josué Oliver Blas Lezama, alias “Gato Coté”, quien fue asesinado en Colombia, en setiembre de 2024. Con esta organización está vinculado Miguel Antonio Rodríguez Díaz, alias “Cuchillo”. Según fuentes locales, él es quien ahora conduce al grupo criminal.

Por último, una de las organizaciones más asentadas y nuevas en Pataz es Los Pulpos, presuntamente liderada por Jhonson Cruz Torres, alias “Jota”. Los Pulpos son oriundos de Trujillo y, durante las últimas dos décadas, se dedicaron al robo, secuestro, sicariato y cobro de cupos. Desde 2020, sus actividades se extendieron a la minería ilegal en Pataz, según la Policía.

CONTROL. El 9 de mayo entró en vigencia el toque de queda en la provincia de Pataz, como parte de las medidas para restablecer el orden en la zona.

Foto: Ministerio de Defensa

La violencia en torno a la actividad minera en esta provincia de La Libertad se intensificó desde finales de 2023. El 2 de diciembre de ese año, un ataque con explosivos en un socavón de la minera Poderosa dejó nueve muertos y más de 15 heridos.

Ya en 2024, el 24 de enero, fue hallado sin vida el cuerpo de un minero informal que había sido secuestrado. Al día siguiente, dos empleados de la Gerencia Regional de Minería e Hidrocarburos de La Libertad fueron secuestrados y agredidos, en Huamachuco, por 40 individuos armados.

La violencia en torno a la actividad minera en esta provincia de La Libertad se intensificó desde finales de 2023". 

Frente a esta crisis, el 13 de febrero de 2024, el Gobierno declaró el estado de emergencia en Pataz. Esta le dio a la Policía el control del orden interno, con apoyo de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, los ataques armados contra bocaminas, torres de alta tensión e instalaciones de las mineras Marsa, Poderosa y Summa Gold, así como asesinatos de trabajadores de empresas formales y de mineros informales, continuaron a lo largo de todo el año.

Ante la persistente violencia, el Ejecutivo ha hecho prórrogas del estado de emergencia, sin mayores efectos, hasta el asesinato de los 13 trabajadores de R&R. Tras el hallazgo de los cadáveres, el 4 de mayo, el Gobierno de Dina Boluarte decretó el toque de queda en la provincia de Pataz, que entró en vigencia el 9 de mayo, como parte de una nueva prórroga del estado de emergencia. La medida establece la inmovilización social obligatoria de 6 p. m. a 6 a. m. por 30 días calendario.

Este recrudecimiento de la violencia ocurre en paralelo a un fenómeno global: la escalada del precio del oro. Desde enero de 2024, el valor del metal ha aumentado 58%, pasando de USD 2.061 por onza a USD 3.264, en mayo de 2025. El alza es impulsada, entre otros factores, por una menor producción mundial.

A medida que el precio del oro bate récords, también crecen el crimen organizado y la minería ilegal en Pataz. El Estado peruano, mientras tanto, ha perdido capacidad de control frente a grupos criminales, cada vez más violentos y armados, advierte Nicolás Zevallos Trigoso, criminólogo y director de Asuntos Públicos del Instituto de Criminología. 

"No es el Sendero [Luminoso] de los 90, es un crimen organizado que tiene una lógica distinta, otras formas de operar. No estamos enfrentando a un cuerpo subversivo ni a una organización terrorista, sino a redes criminales que controlan territorios y actividades económicas”, sostiene.

El descontrol del Reinfo

El avance de la criminalidad en Pataz no se explica sin el desborde de la minería ilegal impulsada por el Reinfo. Este registro permite a los mineros informales operar —tanto a los inscritos vigentes, como a los suspendidos— y en ocasiones es empleado, también, por los ilegales para burlar controles.

A abril de este año, según datos del Reinfo analizados por OjoPúblico, en Pataz habían 2.928 mineros informales registrados que extraían oro de 468 derechos mineros. Un mismo minero informal puede declarar y extraer mineral de más de una concesión, por ello, existen 6.823 inscripciones. De esa cifra, solo el 34,6% estaba vigente. En este grupo (2.360 inscripciones) había 1.112 mineros informales extrayendo oro de 231 derechos mineros.

A abril, según datos del Reinfo analizados por OjoPúblico, en Pataz habían 2.928 mineros informales registrados que extraían oro de 468 derechos mineros".

“Muchas de las suspensiones se deben a que los mineros no tienen RUC o no presentaron un instrumento ambiental, que ni siquiera se exige que lo aprueben, solo presentarlo”, explica César Ipenza Peralta, abogado especializado en temas ambientales.

Aunque el 65,4% (4.463) de los mineros ilegales que se acogieron al Reinfo tienen inscripciones suspendidas, en la práctica, no se fiscaliza que realmente dejen de operar, advierte Ipenza Peralta. Ese oro, tras ser extraído, termina siendo procesado en plantas de beneficio formales, apelando a documentos falsos o amparándose en que los responsables están en el registro. Así, el oro de origen ilegal es lavado y entra al circuito formal.

“Hay unas 300 plantas de beneficio a nivel nacional, y deberían ser fiscalizadas por el gobierno central, no por los gobiernos regionales, que no tienen capacidad. En esas plantas, se procesa todo el mineral y, ahí, deben estar presentes la Sunat, la Unidad de Inteligencia Financiera, el OEFA [Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental], el Ministerio de Energía y Minas, y otras autoridades”, señala Ipenza Peralta.

Los datos del Reinfo indican que los mineros informales reportan tanto el oro fino como el oro sin procesar (óxidos y sulfuros de oro que se encuentran en rocas o combinados con otros minerales). Debido a esto, registran un gran volumen y peso en los reportes enviados al sistema.

Actualmente, no es posible saber qué cantidad de oro procesado o fino extrajeron los mineros informales en Pataz. Esto se debe a que los registros del Reinfo no reportan oro puro, sino únicamente el volumen de material extraído bajo las categorías de "óxido" o "sulfuro de oro", que son mezclas de roca con pequeñas cantidades de oro y otros minerales. 

Los datos del Reinfo indican que los mineros informales reportan tanto el oro fino como el oro sin procesar".

A partir de información oficial sobre reportes de extracción de oro del Reinfo entre 2021 y setiembre de 2023, obtenida mediante la Ley de Transparencia, OjoPúblico determinó que 1.084 mineros informales extrajeron 4 millones de toneladas de óxido o sulfuro de oro (así catalogado en Reinfo). Solo 12 del total de mineros habían concentrado el 76% de ese volumen. 

El único minero que reportó extracción de oro fino fue Raúl Celin Castillo Jara, según la misma fuente. Declaró un total de 108 toneladas métricas, entre agosto de 2021 y mayo de 2022.

Martín Arana Cardó, ingeniero forestal y especialista de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS), considera que, más allá de limitar el Reinfo, es fundamental conocer la verdadera dimensión de la minería ilegal. En Perú, advierte, no existe un sistema oficial de monitoreo y reporte sobre esta actividad ilícita. “Si no puedes medirla, ¿cómo vas a diseñar políticas públicas adecuadas o evaluar su efectividad?”, cuestiona el especialista. 

Según FCDS, que ha sistematizado investigaciones sobre minería ilegal de oro realizadas entre 2003 y 2023, esta actividad habría movido más de USD 165.000 millones (unos S/610.500 millones) en el país. “Frente a esa cantidad de dinero, el presupuesto estatal destinado, este año, para combatir la minería ilegal es de S/70 millones, unos USD 20 millones. Es como pretender matar dragones con matamoscas”, dice Arana.

El sábado 10 de mayo, a través de un Decreto de Urgencia, el Gobierno asignó S/52 millones para combatir la minería ilegal en Pataz y aprobó medidas excepcionales contra esta actividad. Entre ellas, la contratación de personal bajo el régimen especial de contratación administrativa de servicios (CAS) en diversas instituciones del sector y la implementación de puestos de control en tres centros poblados de Pataz: Shicun, Calquiche y Pamparacra.

El oro de Poderosa

A abril de 2025, 1.080 mineros informales extraían oro de los 83 derechos pertenecientes a Minera Poderosa, según datos del Reinfo. Si solo se toma en cuenta las inscripciones vigentes, 459 mineros informales explotaban 41 derechos en el territorio de la compañía.

Pablo de La Flor, gerente de asuntos corporativos de la empresa, indicó a OjoPúblico que solo tienen contratos con 283 mineros artesanales "en proceso de formalización en concesiones de Poderosa". Los demás mineros informales que trabajan en concesiones de Poderosa "lo hacen de manera informal/ilegal amparados en Reinfos", dijo de La Flor.

Según datos de Aduanas analizados por este medio, Minera Poderosa exportó un total de 113 toneladas de oro entre 2019 y 2024. Esta cifra la convierte en el quinto mayor exportador del metal en ese periodo.

El pico de sus envíos, en los últimos cinco años, ocurrió en 2024, cuando la empresa exportó 20,6 toneladas. Sus principales destinos —al igual que el total del oro comercializado desde Perú— fueron Canadá y Suiza.

En los datos comerciales de Minera Poderosa hay una cifra que llama la atención: la empresa reportó al Ministerio de Energía y Minas (Minem) que había producido 53,8 toneladas de oro entre 2019 y 2024. Esto equivale solo al 48% de las 113 toneladas de oro que exportó en el mismo periodo.

Al ser consultado sobre estas diferencias por OjoPúblico, Pablo de La Flor habló sobre un desfase entre la data de producción de oro en el ámbito nacional y la de exportaciones.

“Las exportaciones son casi el doble que la producción, lo que revela que hay mucha producción de origen ilícito, que se blanquea, se exporta y se está yendo, sobre todo, a mercados como India y Emiratos Árabes, donde hay medidas de debida diligencia bastante laxas”, afirmó De La Flor.

En cuanto a las diferencias entre las cifras de producción y exportación en el caso específico de Minera Poderosa, dijo que le parecía “extraño”. “Declaramos las toneladas de mineral que entran a la planta y las onzas finas de oro que salen de la planta. De otra parte, en la exportación lo que se declara son las onzas finas despachadas. Podría haber alguna diferencia entre esos dos datos debido al manejo de stocks, pero no sería material”, sostuvo.

Pablo de La Flor habló sobre un desfase entre la data de producción de oro en el ámbito nacional y la de exportaciones".

El mayor destinatario internacional de oro de Minera Poderosa fue Asahi Refining Canada. Entre 2019 y abril de este año, importó 100 toneladas de oro de la compañía peruana. Dicha empresa es parte de un holding con sede en Tokio (Japón), y subsidiarias en Canadá y Estados Unidos.

El segundo mayor comprador de oro de Poderosa es la empresa suiza Brink’s Switzerland, con ocho toneladas importadas en el mismo lapso.

De acuerdo con su estrategia de debida diligencia, Asahi Refining Canada se compromete a impedir las violaciones de los derechos humanos en sus cadenas de suministro “en relación con la extracción, el transporte o el comercio de oro”, así como el “apoyo directo o indirecto de grupos armados no estatales ilegítimos, fuerzas de seguridad públicas o privadas que controlan ilegalmente los puntos mineros, comerciantes, otros intermediarios y rutas de transporte de la cadena de suministro”. 

DOLOR. Amigos y familiares de Frank Monzón Valerio cargan los restos del joven agente de seguridad en Pataz. Deja huérfana a una menor de tres años.

Foto: Arturo Gutarra 

La espiral de violencia en Pataz y los enfrentamientos entre la minería ilegal y Minería Poderosa no violan las normas de la empresa canadiense, aseguró Asahi al ser consultada por OjoPúblico: "Poderosa es víctima de los ataques de bandas ilegales que pretenden invadir su propiedad, no son los autores de la violencia".

Otro aspecto crucial de la debida diligencia de la empresa canadiense, basado en normas de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), es la determinación precisa del origen del oro comercializado. 

Frente a las diferencias entre las cifras de producción y exportación de Minera Poderosa, Asahi Refining Canada afirmó que confía en su proveedor peruano. "Poderosa concede licencias a productores de ASM [mineros artesanales y de pequeña escala, por su siglas en inglés] para trabajar en su zona de concesión, y tiene acuerdos adicionales con cooperativas con licencia completa para extraer oro localmente, de modo que los datos coinciden", respondió a este medio.

La cuota del Congreso para la minería ilegal

El actual Congreso ha promovido un marco legal que, lejos de fortalecer la fiscalización, ha beneficiado a la minería ilegal. Desde diciembre de 2022, las bancadas Bloque Magisterial, Juntos por el Perú, No Agrupados, Podemos Perú y Perú Bicentenario han impulsado diversas ampliaciones del Reinfo (la más reciente se concretó en diciembre). En estas, así como en otras propuestas de ley, uno de sus principales argumentos fue combatir el desempleo y la inseguridad ciudadana.

Nueve meses antes, el Legislativo también publicó una ley que derogó la exclusión del Reinfo de aquellos mineros informales que fueran, entre otras cosas, encontrados con explosivos sin tener una autorización. La iniciativa fue impulsada, en su momento, por Eduardo Salhuana Cavides (Alianza Para el Progreso), actual presidente del Parlamento, y por Darwin Espinoza Vargas (entonces en Acción Popular).

Las bancadas Bloque Magisterial, Juntos por el Perú, No Agrupados, Podemos Perú y Perú Bicentenario han impulsado diversas ampliaciones del Reinfo".

En abril de este año, el congresista Guido Bellido Ugarte (Podemos Perú) —cercano a los autodenominados pequeños mineros o mineros artesanales, quienes lo han homenajeado— presentó un proyecto para declarar de interés nacional la creación del Viceministerio de la Pequeña Minería y Minería Artesanal.

Dos meses antes, Nilza Chacón (Fuerza Popular) había presentado otro para crear un régimen especial sobre el uso de explosivos en la pequeña minería, y Héctor Valer Pinto (Somos Perú) uno más para “la formalización, regulación y desarrollo sostenible de la minería a pequeña escala”. A estos se suman, por último, una propuesta para el “fomento” de la pequeña minería artesanal, ingresada por Jhakeline Ugarte Mamani (Bloque Magisterial) en diciembre pasado.