En marzo del 2017, las intensas lluvias por El Niño Costero provocaron el desborde del cauce proveniente de la quebrada de San Idelfonso, en La Libertad. La ciudad de Trujillo quedó inundada: vehículos y viviendas fueron arrasados por los huaicos. Pero no era la primera vez que la capital norteña atravesaba esta situación. Los impactos hacían recordar a El Niño de 1998.

Solo en esta región, durante la emergencia del 2017 se registraron 24 fallecidos y 79.623 personas quedaron sin hogar o con sus viviendas seriamente dañadas. En todo el país, el número de muertos fue de 169 y 64.000 viviendas fueron destruidas. El costo económico de esta tragedia fue de USD 3.000 millones, según el Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES). 

La mala gestión de recursos para la emergencia generó pérdidas de más de S/200 millones".

Sin embargo, la evidencia analizada sostiene que poco se ha hecho para reconstruir y prevenir el nuevo evento de El Niño que impacta –e impactará, probablemente, hasta el verano del 2027– al Perú. 

La mala gestión de los recursos destinados para atender esta emergencia ha generado pérdidas para el Estado por más de S/ 200 millones, estima el análisis realizado por OjoPúblico, en base a informes oficiales de la Contraloría General de la República, entre los años 2020 y 2026, focalizados en la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC) y la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN).

El análisis de este medio también comprende otros 32 proyectos relacionados a la reconstrucción de infraestructura afectada por estas emergencias y la prevención de sus efectos, cuyo costo fue de más de S/2.000 millones, 140% más de lo previsto.

Funcionarios comprometidos

Los informes elaborados por la Contraloría identificaron que cinco funcionarios y servidores de la extinta ARCC y de la ANIN –entidad que en el 2024 asumió las obras de reconstrucción– cometieron infracciones civiles, administrativas y penales en la ejecución de la obra de construcción de defensas ribereñas en la quebrada de San Idelfonso, en Trujillo, y provocaron un perjuicio económico de más de S/16 millones al Estado peruano.

De este monto, S/7,1 millones corresponden a un perjuicio por pagos a favor del Consorcio Besalco - Stracon, encargado del proyecto de defensas ribereñas de San Idelfonso. Este medio solicitó la versión de este consorcio. A través de su agencia de prensa respondió que en su calidad de contratista del proyecto las consultas y pronunciamientos son canalizados a través de ANIN.

Uno de los funcionarios implicados —de acuerdo al informe de la Contraloría— fue el exgerente de este proyecto Carlos Jaime Santolalla Gracey, a quien le atribuyen responsabilidad penal por haber firmado un acuerdo con el contratista que evitó penalidades por S/1,9 millones. El dictamen fue derivado a la Procuraduría Pública del órgano de control y a la Procuraduría Especializada en Delitos de Corrupción.  

OjoPúblico identificó que este no es un caso aislado. Al abandono de la obra en San Idelfonso se suman otros 18 proyectos que la Contraloría revisó entre 2022 y en lo que va de este 2026. Según sus reportes, hay al menos 44 funcionarios y servidores de la ARCC y de la ANIN comprometidos en responsabilidades civiles, administrativas y penales que ocasionaron un perjuicio económico al Estado peruano superior a los S/200 millones durante la ejecución de proyectos de la reconstrucción con cambios.

EMERGENCIA. El 29 de marzo de 2025, las intensas lluvias activaron las quebradas de San Idelfonso y San Carlos, en La Libertad, provocando que la ciudad de Trujillo se inunde. 

Foto: OjoPúblico / Daniel Nicasio Lázaro 

Del grupo de funcionarios y servidores mencionados, la Contraloría atribuyó responsabilidades penales a 18 de ellos. Se trata de exgerentes, jefes de oficinas de asesoría jurídica y de administración, supervisores y coordinadores de intervenciones y profesionales de ingeniería que ejecutaron ocho proyectos en Áncash, Piura, La Libertad y Lima.

Otras obras donde se detectaron responsabilidades civiles y administrativas contra 26 funcionarios y servidores comprenden las mismas regiones y también a Lambayeque, Arequipa y Tumbes.

En total, nueve de los proyectos revisados estuvieron bajo la potestad de la ahora inexistente ARCC —institución creada en 2017 para atender las secuelas del fenómeno de El Niño de ese año—, con un perjuicio económico de más de S/78 millones, y otros diez pertenecen a la ANIN —organismo que se instaló en 2024 para ejecutar proyectos de infraestructura, entre ellos los de reconstrucción con cambios—, donde el impacto fue de casi S/144 millones, según información de la Contraloría.

Falta de prevención

OjoPúblico también detectó que, del grupo de proyectos revisados por la Contraloría, apenas tres son para la prevención de desastres y pertenecen a La Libertad: las defensas ribereñas de las quebrada de San Idelfonso y San Carlos (ubicadas en la ciudad de Trujillo) y la construcción de entroncados y diques en el río Chicama (que nace en la provincia de Santiago de Chuco y desemboca en la provincia de Ascope). Ninguna se encuentra lista para afrontar el nuevo Fenómeno de El Niño.

En los casos de los proyectos de la quebrada de San Carlos y del río Chicama hay 10 funcionarios y servidores de la ARCC y la ANIN comprometidos con infracciones administrativas y responsabilidades civiles y por el perjuicio económico al Estado de más de S/34 millones.

Del grupo de proyectos revisados por la Contraloría, apenas tres son para la prevención de desastres".

Sobre el primero, la Contraloría reveló que los funcionarios implicados perdonaron casi S/3 millones en penalidades a los contratistas, pagaron de manera indebida S/5,1 millones y generaron un perjuicio económico de S/6,8 millones por aceptar nuevas interferencias en los terrenos del proyecto. 

Mientras que en la segunda, los funcionarios comprometidos de la ANIN aprobaron pagos indebidos por daños previsibles y financiaron un estudio hidráulico que era innecesario, según el informe de auditoría. 

PELIGRO. La activación de la quebrada de San Carlos, en La Libertad, es otro de los riesgos para esta región ante el nuevo fenómeno de El Niño.

Foto: OjoPúblico / Daniel Nicasio Lázaro

El gerente de Control de Servicio Público Básico de la Contraloría, Luis Castillo Torrealva, advirtió a OjoPúblico que la situación de La Libertad es la más problemática de cara al fenómeno de El Niño. “Solamente hay una obra terminada de los tres grandes sistemas de contención que ya deberían estar listos y operativos a esta fecha”, dijo.

No es la primera vez que el órgano de control encuentra irregularidades en el proceso de reconstrucción con cambios. Entre 2018 y 2023, identificó responsabilidades administrativas, civiles y penales en 1.984 funcionarios de todos los niveles de gobierno en la ejecución de 249 obras. Al menos 208 de ellos pertenecieron a instituciones del gobierno nacional, como los ministerios de Vivienda, Desarrollo Agrario y Salud. 

Costos de la reconstrucción

Además de estas falencias detectadas por la Contraloría, otras 32 obras en Tumbes, Piura, Lambayeque, Cajamarca, La Libertad, Áncash, Lima, Ica y Huancavelica, cuya ejecución estaba en manos de la ARCC y la ANIN, fueron observadas por este organismo debido a que costaron 140% más del presupuesto inicial. El costo previsto de S/843 millones pasó a más de S/2.000 millones.

Aunque esta auditoría no buscó encontrar responsabilidades de funcionarios, dejó al descubierto que la elaboración de los expedientes técnicos deficientes tuvo repercusiones en el gasto público.

OjoPúblico identificó que en estos proyectos la ARCC y la ANIN priorizaron obras de reconstrucción y no de prevención de desastres: de los 32 proyectos analizados que se encuentran culminados, solo uno de ellos sirve para mitigar los efectos de una nueva emergencia: el de protección contra inundaciones en la quebrada de El León, en La Esperanza y Huanchaco, en Trujillo. 

El presupuesto para la ejecución de esta obra ascendía a S/473 millones, pero terminó costando más de S/818 millones. Según la Contraloría, este incremento se debió a rediseños porque los estudios técnicos iniciales eran imprecisos para la ejecución del proyecto en el terreno. A ello se sumó los conflictos sociales y la demora del Estado en aprobar las licencias de edificación.

Las otras 31 obras corresponden a la rehabilitación de instituciones educativas (29) y reconstrucción de centros de salud (2), donde los sobrecostos superan los 841 millones de soles.

“Son obras de respuesta. Lo que hicieron la ARCC y la ANIN fue reconstruir colegios y hospitales, pero encima lo hicieron mal. Estamos hablando de que fuimos económicamente ineficientes (...) y si hablamos de eficaces, es decir, de lograr que estos proyectos se entreguen de manera oportuna, tampoco se logró, porque hemos superado hasta en 300% el tiempo de entrega [programado]”, dijo Luis Castillo Torrealva, gerente de Control de Servicios Públicos Básicos de la Contraloría. 

Para Erika Solis Curi, investigadora del Equipo Anticorrupción de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), durante esta última década, tanto la ARCC y la ANIN priorizaron proyectos ajenos a la contención de desastres. “Es mucho más fácil hacer un colegio porque a corto plazo hay una entrega y la posibilidad de decir quién hizo la obra. No tienen una política pública de reconstrucción preventiva porque esto es cíclico”, dijo a OjoPúblico.  

El problema, además, es que al priorizar la reconstrucción sobre la prevención se pone en riesgo la resistencia y sostenibilidad de las obras. Milton Von Hesse, exministro de Vivienda, sostiene que no tiene lógica reconstruir colegios y hospitales cuando no se han hecho intervenciones que mitiguen los riesgos de desastre en ese territorio. “Porque si no hiciste la defensa ribereña y no saliste de la quebrada donde eres vulnerable, no tiene sentido reconstruir”, explicó a este medio. 

De la ARCC a la ANIN

Otra de las regiones perjudicadas por las intensas lluvias y huaicos derivados de El Niño en la última década fue Piura. El 27 de marzo de 2017, a las 11:30 a.m. la vivienda de Víctor Chunga, hoy presidente del Frente de Reconstrucción de los Tres Pueblos afectados por el fenómeno de El Niño, en Catacaos, quedó inundada en pocas horas. “La altura del agua llegó a 1.60 metros. Fue un desastre, a pesar de que las autoridades sabían que iba a pasar”, contó a OjoPúblico. 

Un mes después de esa tragedia, el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski creó la ARCC para atender las secuelas de aquella emergencia. Durante sus tres primeros años esta institución no era una ejecutora de obras, sino un ente financiero y articulador que transfería recursos a gobiernos regionales y locales, y ministerios. 

APURO. El gobierno de Keiko Fujimori continúa con la descolmatación de los ríos Chira y Piura. Sin embargo, especialistas y autoridades advierten que es una medida tardía.

Foto: Autoridad Nacional del Agua

A partir de 2020 recién obtuvo la capacidad de funcionar como una unidad ejecutora. Aunque, como remarca Solis Curi, esto no modificó su enfoque en la reconstrucción y continuó priorizando proyectos relacionados a hospitales y colegios. 

La rotación de jefes también fue un patrón de inestabilidad en esta institución. En sus seis años de existencia tuvo siete titulares: Pablo de la Flor Belaúnde, Edgar Quispe Remón, Nelson Chui Mejía, Amalia Moreno Vizcardo, Robert López López, Rosmary Cornejo Valdivia y Raphael Ana Caldas. Sus periodos en el cargo fueron de apenas siete meses, en promedio.

Además, durante los años que funcionó, la planilla de la ARC creció de manera exponencial: en 2017 comenzó con apenas siete trabajadores, pero para noviembre de 2023 —mes en que dejó de existir— tenía 1.118 funcionarios, según el portal de Transparencia de esta institución. La cifra es cercana al número de trabajadores que tiene el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (1.370). 

Para noviembre de 2023 la ANIN tenía 1.118 funcionarios. Casi lo mismo que el MTC".

Las falencias de la reconstrucción con cambios quedaron al descubierto en 2023, cuando el ciclón Yaku, un sistema de baja presión que se desarrolló durante dos semanas frente a las costas de Perú, provocó una nueva emergencia que dejó 90 muertos, 121.309 damnificados, 14.700 viviendas destruidas, 940 centros de salud afectados y 141.860 hectáreas agrícolas afectadas, según cifras del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci).

En abril de ese año, el gobierno de Dina Boluarte Zegarra reemplazó a Cornejo Valdivia por Ana Caldas —-el último jefe de la ARCC—-, funcionario cuya experiencia radicó en organismos del sistema judicial como la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA), el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional, pero no en instituciones ejecutoras de obras. 

Ese mismo mes, la expresidenta Boluarte Zegarra y el entonces primer ministro Alberto Otárola presentaron un proyecto de ley para crear la ANIN, cuyo objetivo era convertirse en un órgano ejecutor de proyectos y absorber  a la ARCC.

A pesar de la mala experiencia con la ARCC en el proceso de reconstrucción, el Congreso aprobó esta propuesta del Ejecutivo con el apoyo de Alianza Para el Progreso (APP), partido liderado por el exgobernador de La Libertad, César Acuña, y de Fuerza Popular, cuya lideresa Keiko Fujimori es ahora presidenta.

ORIGEN. La ANIN fue creada durante el gobierno de Dina Boluarte. Su jefe Hernán Yaipén (chaleco rojo) trabajó en la PCM cuando Alberto Otárola era primer ministro.

Foto: Presidencia Perú

La ANIN se instaló en febrero de 2024. Por entonces, el gobierno de Boluarte Zegarra designó como jefe interino a Hernán Yaipén Aréstegui, un funcionario que un mes antes de ese nombramiento se desempeñó como jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), en la gestión de Otárola Peñaranda. 

Luego la PCM realizó un concurso público para elegir al jefe de la ANIN y Yaipén Aréstegui resultó ganador para un periodo de cuatro años.

Durante sus dos primeros años, la ANIN manejó un Presupuesto Institucional de Apertura de más de S/9.000 millones, según el portal de Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Aunque su ejecución fue de 99% en ese periodo, en lo que va de este 2026 el saldo devengado es de solo 63,2%.

Hernán Yaipén, jefe de la ANIN, fue jefe de funcionario de la PCM en la gestión de Alberto Otárola",

Desde su creación, esta institución pasó de tener 15 trabajadores a 468, hasta junio de este año, según su portal de Transparencia. 

OjoPúblico envió un cuestionario de preguntas a la ANIN para saber qué medidas ha adoptado contra los 54 funcionarios mencionados en los informes de auditoría de la Contraloría y cómo procederán con las obras pendientes de entregar para contrarrestar los efectos de El Niño. Al cierre de este informe, no hubo respuesta.

Medidas repetitivas

Aunque el alcalde de Piura, Juan Francisco Cevallos, ha sostenido que, a estas alturas, ya no hay tiempo para prevenir el impacto de El Niño, la presidenta Keiko Fujimori anunció que invertirá S/140 millones en los trabajos de descolmatación de esta región.

Se trata de una medida paliativa que los gobiernos peruanos aplicaron entre 2017 y 2025 sin mayores resultados, según el decano del Colegio de Ingenieros de Piura, Manuel Asmat. “En 1998, pasaron 4.000 m2 de agua por segundo y se desbordó el río Piura. En 2017, pasaron 3.400 m2 por segundo y sucedió lo mismo. Ahora, en 2026, la ANIN condujo un estudio que señala que con 1.900 m2 de agua por segundo, nos estaríamos inundando”, explicó a OjoPúblico.

RESPONSABILIDAD. La presidenta Keiko Fujimori ha visitado el norte peruano y ha prometido la descolmatación de ríos, una estrategia que también aplicaron sus antecesores.

Foto: Presidencia Perú

Durante esta última década —-agregó Asmat—- los gremios de Piura advirtieron que la única manera de contener El Niño era a través de la construcción de reservorios y encontrar una salida al mar para el río Piura. “Pero hubo dos problemas: los potenciales conflictos sociales y la lentitud del gobierno. Ambos proyectos y sus obras complementarias implican una inversión de S/15.000 millones”, dijo. 

En 2017, el fenómeno de El Niño dejó al menos 18 fallecidos, tres desaparecidos y 8.709 damnificados en Piura. Según estimaciones del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred), solo en esta región hay 94 puntos críticos por peligro de desbordes. Es el departamento con mayor población expuesta a riesgo muy alto de inundaciones en el país: 368.199 personas.