Pedro Ochoa Janampa tenía 24 años cuando la mañana del 14 de agosto de 1985 quedó marcada para siempre en su memoria. Ese día, miembros del Ejército llegaron hasta la comunidad de Accomarca, provincia de Vilcashuamán, en Ayacucho, donde vivía, y llevaron con engaños a 69 personas hasta una casa rústica, bajo el pretexto de participar en una reunión. Menos de dos horas después, todos habían sido asesinados. 

Entre las víctimas estaban su madre, Lorenza Janampa de la Cruz, y sus dos hermanos menores: Toribio y Dámasa Ochoa Janampa, de once y ocho años, respectivamente.

AUSENCIA. Tumbas de la madre y dos hermanos de Pedro Ochoa y Francisco Ochoa, asesinados durante la masacre de Accomarca en 1985.

Foto: OjoPúblico / Luis Javier Maguiña

“Nunca más volveré a este pueblo”, recuerda que se prometió Pedro a sí mismo cuando decidió huir de Accomarca en un camión junto con su prometida y un hermano pequeño. Cuenta que, una semana después de la masacre, los militares regresaron a la zona en busca de sobrevivientes y testigos.

“No podíamos regresar a nuestras casas, vivíamos en el monte escondidos y no teníamos qué comer. Si te veían, te tiraban balazos. A causa de eso tuvimos que viajar prácticamente sin rumbo”, contó a OjoPúblico, 41 años después de aquella matanza.

“Nunca más volveré a este pueblo”, recuerda que se prometió Pedro así mismo cuando decidió huir de Accomarca.

En su huida, primero llegó a Nasca y luego a Lima, donde se instaló en el distrito de Ate-Vitarte. Durante 36 años permaneció lejos de su comunidad. La pandemia de la covid-19 y los problemas de salud que atravesaba lo llevaron de regreso a Accomarca. Hoy, a sus 65 años, ha decidido quedarse en el lugar donde perdió a parte de su familia. Sin embargo, el recuerdo de aquellos días le dejó un trauma que no ha podido superar.

Una herida abierta

Aproximadamente a las 6:30 a.m. del 14 de agosto de 1985, una patrulla de la compañía Lince de Huamanga, al mando del entonces subteniente Telmo Hurtado, ejecutó el Plan de Operaciones Huancayoc, cuyo objetivo era “capturar y/o destruir a elementos terroristas”. Este plan contó con la aprobación de altos mandos del Estado Mayor Operativo de la Segunda División de Infantería del Ejército, con sede en Ayacucho.

PRESENTE. En el patio de la casa de Emilia Chuchón se conserva un retrato de su hermano, Filomeno Chuchón Tecci, una de las víctimas de la masacre.

Foto: OjoPúblico / Luis Javier Maguiña

HOMENAJE. Emilia Chuchón coloca dos cruces en memoria de su hermano, Filomeno Chuchón Tecse, y de su padre, José Chuchón Janampa.

La operación comprendía las quebradas de Huancayoc y Lloqllapampa, donde los militares presuntamente buscaban a miembros del grupo terrorista Sendero Luminoso. El resultado fue el asesinato de 69 personas, incluidos 24 niños y niñas. Sin embargo, la investigación posterior determinó que las víctimas no estaban armadas ni representaban una amenaza para la patrulla.

El informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) concluyó que, pese a que el Ejército realizó una búsqueda exhaustiva de material subversivo —para lo cual incluso utilizó perros llevados al lugar—, no se encontraron armas, municiones, explosivos ni propaganda de Sendero Luminoso.

Justicia a medias

Tras un prolongado proceso judicial iniciado en 2005, recién en setiembre de 2016, más de 30 años después de la masacre, la Sala Penal Nacional condenó a diez militares a penas de entre 10 y 25 años de prisión. Entre ellos estuvieron Telmo Hurtado Hurtado, sentenciado a 23 años; Juan Rivera Rondón, a 24; y el general Wilfredo Mori Orzo, a 25 años. También se estableció una reparación civil de S/150 mil para los herederos de cada víctima.

Sin embargo, el general Wilfredo Mori, condenado como autor mediato por haber ordenado los asesinatos de Accomarca, permaneció prófugo y nunca ingresó a prisión. Además, el proceso para hacer efectiva la reparación civil enfrentó varios obstáculos que aún no han sido resueltos.

En setiembre de 2016, más de 30 años después de la masacre, la Sala Penal Nacional condenó a diez militares a penas de entre 10 y 25 años de prisión. 

El presidente de la Asociación de Familiares Afectados por la Violencia Política del Distrito de Accomarca, Francisco Ochoa, indicó a OjoPúblico que, hasta la fecha, ningún familiar de las 69 víctimas ha recibido reparaciones civiles.

PERSISTENCIA. La familia Quispe Chuchón conserva un documento de identidad de una de las víctimas y continúa exigiendo justicia.

Foto: OjoPúblico / Luis Javier Maguiña

EVIDENCIA. En el Lugar de la Memoria de Llocyapampa reposan restos identificados durante las exhumaciones realizadas décadas después.

Foto: OjoPúblico / Luis Javier Maguiña

Recién en junio del año pasado, la Corte Suprema reconoció al Estado peruano como tercero civilmente responsable en este caso. A partir de ese fallo, los deudos podían iniciar los trámites para hacer efectivo el pago de las reparaciones. Sin embargo, los familiares cuestionan que el cálculo de los daños se realice desde 2016.

“El juez solo quiere reconocer los daños y perjuicios a partir del 2016, fecha de emisión de la sentencia. Nosotros hemos apelado para que la reparación se considere desde el momento en que se produjeron los hechos, desde agosto de 1985. El juez nos está perjudicando”, señaló Francisco Ochoa.

Nos faltan treinta

En mayo de 2022, después de casi 37 años, el Ministerio Público entregó a los familiares 79 ataúdes con restos óseos y otros elementos recuperados de las víctimas. Los restos de familiares de Pedro Ochoa y de otros deudos fueron sepultados en el Lugar de Memoria de Accomarca, ubicado en el terreno de un antiguo cuartel militar que funcionó en la zona.

Según Francisco Ochoa, entre 1984 y 1985 fueron asesinadas o desaparecidas 114 personas en Accomarca, incluidas las víctimas de la masacre del 14 de agosto de 1985. Respecto de las 69 personas asesinadas ese día, señaló que, hasta antes de los análisis más recientes, todavía quedaban 30 víctimas por identificar.

“Aún hay familiares de 30 víctimas que no han sido identificadas. No conocer durante 41 años qué pasó con nuestros seres queridos es muy doloroso. Seguimos esperando justicia por esas 30 personas”, refirió Francisco Ochoa.

MEMORIA. Ingreso al Lugar de la Memoria San Cristóbal, antigua base militar de Accomarca, donde reposan los restos de algunas de las víctimas.

Foto: OjoPúblico / Luis Javier Maguiña

Un reportaje de OjoPúblico, de abril de este año, reveló que 19.029 personas desaparecidas durante el conflicto armado interno aún permanecen sin ser ubicadas en el Perú. También expuso el recorte del presupuesto destinado a la búsqueda e identificación de víctimas durante las últimas gestiones de gobierno.

Este año, aseguró Francisco Ochoa, el fiscal de la Nación se comprometió a brindar facilidades para culminar el trabajo de identificación, que en años anteriores no pudo avanzar debido a la falta de presupuesto para adquirir reactivos. 

“Dijeron que entregarían los resultados este 14 de agosto, pero no se pudo cumplir porque tuvieron algunos problemas con los equipos. Sin embargo, nos informaron que, a la fecha, hay 10 víctimas identificadas”, precisó.

Leyes que contribuyen a la impunidad

“No tenemos ninguna esperanza en este nuevo gobierno. Ellos fueron los responsables en el Congreso de emitir leyes en contra de los familiares y a favor de los militares”, advirtió Francisco Ochoa.

Entre 2024 y 2025, el Congreso saliente aprobó una serie de leyes que afectan los procesos por violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto armado interno.

HALLAZGO. Retrato de Padua Quispe Chuchón en la vivienda de sus padres. Sus restos estaban escondidos en el cementerio del poblado junto a otras cuatro víctimas.

Foto: OjoPúblico / Luis Javier Maguiña

DUELO. Paulina Chuchón visita la tumba de su hijo, Padua Quispe Chuchón, asesinado en la comunidad de Accomarca en 1985.

Foto: OjoPúblico / Luis Javier Maguiña

Desde el 9 agosto de 2024 está vigente la Ley 32107, que “precisa la aplicación y los alcances del delito de lesa humanidad y crímenes de guerra”. La norma establece que los hechos cometidos antes del 1 de julio de 2002 no pueden ser calificados como delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra. Esta disposición ha sido invocada por procesados por violaciones de derechos humanos para solicitar la prescripción de sus casos.

Lo mismo ocurre con la Ley 32419, vigente desde el 14 de agosto de 2025, que concede amnistía a militares, policías y exintegrantes de los Comités de Autodefensa denunciados, investigados o procesados por delitos derivados de su participación en la lucha contra el terrorismo entre 1980 y 2000. La ley también contempla una amnistía humanitaria para mayores de 70 años con sentencia firme o en ejecución de sentencia.

OjoPúblico reveló en diciembre de 2025 que, hasta esa fecha, 104 personas acusadas por delitos relacionados con violaciones de derechos humanos durante el conflicto armado interno habían presentado solicitudes para acogerse a los beneficios de las leyes de prescripción y amnistía. El 71% de los imputados buscó la prescripción de sus procesos judiciales y el 29%, acogerse a la amnistía.

A este paquete se suma la Ley 32181, vigente desde el 11 de diciembre del 2024. La norma establece que las personas mayores de 80 años, por razones humanitarias, no cumplan pena privativa de libertad en un establecimiento penitenciario y puedan quedar sujetas a restricciones o detención domiciliaria.

RECUERDO. Los restos de Seferino Baldéon Palacios reposan en el Lugar de la Memoria de Accomarca, donde su esposa, Dolores Quispe, visita su tumba.

Foto: OjoPúblico / Luis Javier Maguiña

El abogado Carlos Rivera Paz, del Instituto de Defensa Legal (IDL), confirmó que el general Wilfredo Mori Orzo, considerado uno de los principales responsables de la masacre de Accomarca y condenado a 25 años de prisión, se benefició de esta norma, pese a que permaneció prófugo durante años.

“Hemos logrado una condena importantísima en el caso Accomarca. Pero Wilfredo Mori Orzo, el principal responsable, el que dio la orden, está en su casa. Y todo el tiempo estuvo en su casa. Una ley aprobada por el Congreso, la Ley 32181, permitió que los condenados mayores de 80 años cumplan su condena en sus domicilios. Wilfredo fue el primero que se acogió a esa normativa”, advirtió Rivera durante un evento de conmemoración de las víctimas de Accomarca, realizado el martes 11 de agosto en el Congreso de la República.

NO OLVIDAR. Una estudiante de la Institución Educativa Primaria César Vallejo participa en la ceremonia de conmemoración de la masacre.

Foto: OjoPúblico / Luis Javier Maguiña

“Lo que nosotros queremos es que los responsables asuman su culpa y que respondan ante la justicia”, señala Pedro Ochoa, quien perdió a su madre y a sus dos hermanos menores.

“Yo he visto con mis propios ojos los abusos que han hecho los militares. Y ahora el señor Rospigliosi hace amnistiar a todos los militares que han matado a la sociedad de toda la región”, aseveró Pedro entre la indignación y la preocupación de que estas decisiones puedan cerrar el paso a nuevas investigaciones o impedir que se determinen responsabilidades en el caso Accomarca. Esta situación también podría producirse en otros casos de violaciones de derechos humanos cometidas por miembros de las fuerzas del orden entre 1980 y 2000.