En la provincia de Condorcanqui, Amazonas, más de 500 niñas awajún y wampís denunciaron hace dos años haber sufrido violencia sexual por parte de docentes. Hasta la fecha, ninguno de esos casos tiene sentencia. A nivel nacional, otros 15.335 procesos judiciales por violación sexual contra niñas, niños y adolescentes estaban pendientes al cierre de 2025.

Según información a la que accedió OjoPúblico, los procesos pendientes corresponden a expedientes que permanecen abiertos y todavía no figuran como resueltos en las estadísticas del organismo judicial. Los distritos judiciales de San Martín, Ucayali y Loreto concentran la mayor cantidad de casos.

En 2019 se reportaron 10.023 casos y el embalse de casos se mantiene pese a que cada año se resuelven miles de expedientes. En 2019, 2020, 2023, 2024 y 2025, incluso, la cantidad de procesos resueltos superó a la de nuevos ingresos. Aun así, el número de casos pendientes continuó creciendo, lo que evidencia que la capacidad de resolución anual no fue suficiente para reducir el rezago acumulado.

San Martín, Ucayali y Loreto concentran la mayor cantidad de casos no resueltos sobre denuncias de abuso sexual a menores.

Los datos también muestran una distribución desigual. De los 35 distritos judiciales del país, tres concentraron la mayor cantidad de procesos pendientes en 2025: San Martín (1.291), Ucayali (977) y Loreto (922). Le siguen Lima Este (824), Huánuco (796), Lambayeque (765), La Libertad (765), Piura (755), Cusco (684) y Lima Norte (609).

“Estos procesos no deberían pasar de los dos a tres meses. Pero, la realidad que vemos es que hay procesos que consiguen la sentencia a los dos o tres años”, indicó a este medio Shely Cabrera Loayza, abogada del Movimiento Manuela Ramos.

Por su parte, la abogada Amire Ortiz Arica, de la organización Acción por Igualdad, que brinda acompañamiento a víctimas, explicó que uno de los mayores riesgos es que los docentes denunciados vuelvan a trabajar en la institución educativa donde tuvieron acceso a la víctima o en una comunidad cercana. Desde 2023 existe un proyecto de ley que propone que este tipo de delitos no prescriban y que los docentes sean inhabilitados para ejercer esa función, pero la iniciativa no ha sido aprobada por el Congreso.

La búsqueda de justicia tiene un impacto directo en la vida de las niñas, niños y adolescentes. “Muchas veces no van a la escuela y muchas niñas son llevadas a un albergue fuera de la provincia. La niña no solo es violentada, sino que pierde el derecho a estudiar. Es doloroso ver que muchas de ellas han adquirido el VIH y tampoco reciben tratamiento. Están totalmente abandonadas”, señaló Rosemary Pioc Tenazoa, lideresa awajún que denunció los más de 500 casos de violación sexual en Condorcanqui.

“La realidad es que el acceso tardío a la justicia no es una justicia real ni accesible y es la realidad que estamos viendo en la mayoría de casos, lamentablemente”, sostuvo Cabrera Loayza.

Dificultades para acceder a justicia

La magnitud del problema fue reconocida en 2018 por el gobierno de Martín Vizcarra en el Decreto Legislativo 1368. “Los delitos conexos a la violencia que se ejercen contra niñas, niños y adolescentes, como los delitos sexuales, requieren ser abordados de forma especializada, dada la especial vulnerabilidad de las víctimas, su gravedad y alta incidencia”, señala la norma.

El decreto creó el Sistema Nacional Especializado de Justicia para la Protección y Sanción de la Violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar (SNEJ). En una respuesta remitida a OjoPúblico, el Poder Judicial identificó al SNEJ como el encargado de aprobar instrumentos para garantizar la atención prioritaria y la debida diligencia. Entre sus principales objetivos figura asegurar “el desarrollo célere y efectivo de los procesos”.

Sin embargo, siete años después de la aprobación de la norma y cuatro años después del inicio de su implementación, en 2021, la cantidad de procesos pendientes aumentó en 2025.

ESPERA. Desde 2023 existe un proyecto de ley que propone que los docentes que cometan abuso sexual sean inhabilitados, pero la iniciativa no ha sido aprobada por el Congreso.

Foto: OjoPúblico / Fidel Carrillo

Entre los factores que contribuyen a que los procesos no avancen se encuentra la falta de insumos para realizar diligencias clave. Lucía Nuñez, abogada que acompaña en Condorcanqui casos de violación sexual contra menores atribuidos a docentes, señaló que el análisis bioquímico de las prendas de las víctimas de esta provincia demora porque, en ocasiones, no hay reactivos en el distrito de Nieva y las muestras deben ser derivadas a un centro de análisis en Bagua.

Las especialistas advierten, además, que no todas las regiones cuentan con una cámara Gesell, un espacio acondicionado para entrevistar a las víctimas y evitar su revictimización. “Dependiendo de la región, una entrevista en cámara puede tardar en programarse de una a dos semanas. Pero si hablamos de zonas rurales, sacar una entrevista puede tardar más de un mes de programación y es realmente lamentable. Cuanto más alejada es la zona, cuanto más rural se encuentra hay menos acceso a cámara”, indicó Cabrera Loayza.

El análisis bioquímico de las prendas de las víctimas en Condorcanqui demora porque no hay reactivos en Nieva y las muestras deben ser enviadas a Bagua.

Incluso cuando hay una cámara Gesell disponible, la falta de personal o los horarios reducidos de atención pueden retrasar las diligencias. Nuñez señaló que, en el distrito de Nieva, el médico legista atiende todo tipo de casos de violencia y trabaja solo seis horas al día y en determinados horarios. “Ya nos ha pasado que si la víctima llega a las cinco o seis de la tarde, porque viene de una comunidad lejana, no es atendida y tiene que esperar hasta el día siguiente”, contó.

En esa misma línea, el fiscal Jordan Sendon Alba, de la Fiscalía Especializada en Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar de Lima Centro, advirtió sobre la limitada disponibilidad de médicos legistas, psicólogos forenses, fiscales, policías especializados e intérpretes. 

“En algunas provincias, un solo profesional debe atender la demanda de varias localidades. Si ese médico o psicólogo se encuentra de licencia, debe desplazarse a otra zona o tiene una agenda saturada, numerosas diligencias quedan pendientes”, explicó a este medio por escrito.

A estas dificultades, se suman las barreras geográficas. Nuñez señaló que, para una víctima que vive en una comunidad de Amazonas, trasladarse hasta el distrito de Nieva, donde se realizan las principales diligencias, puede costar alrededor de S/ 200 por persona. Si no logra ser atendida allí, debe viajar hasta Bagua, a unas siete horas por carretera. 

Una situación similar enfrentan las niñas en la región San Martín. En uno de los casos que acompaña la Red de Mujeres Indígena de San Martín, una psicóloga programó 12 sesiones para la víctima. “¿Te imaginas el costo que implica que una niña tenga que viajar con su mamá desde la comunidad hasta un distrito 12 veces por atención psicológica? No puede sostener una demanda así”, refirió Marisol García Apagüeño, lideresa kichwa.

Para una víctima de la comunidad de Amazonas, trasladarse hasta Nieva, donde se realizan las principales diligencias, puede costar S/ 200 por persona.

Aun cuando las víctimas logran acceder oportunamente al médico legista, a la entrevista en cámara Gesell y, cuando corresponde, a los análisis de prendas, el proceso no termina allí. Todavía deben esperar a que el Poder Judicial programe el control de acusación y el juicio oral. 

“Cuando no existen suficientes juzgados de investigación preparatoria, juzgados unipersonales o colegiados especializados en violencia, una audiencia puede ser fijada varios meses después. Esta es otra razón por la cual un proceso puede permanecer pendiente durante un periodo prolongado”, explicó Sendon Alba.

DISTANCIA. Las barreras geográficas, especialmente en localidades amazónicas, contribuyen a la demora en la resolución de denuncias sobre violación sexual a menores.

Foto: OjoPúblico / Fidel Carrillo

Detrás de varias de estas limitaciones existe un factor determinante: el presupuesto. Pioc Tenazoa recuerda que, en febrero de este año, se suspendió temporalmente la continuidad de las fiscalías especializadas y las unidades médico legales en Condorcanqui. “La excusa es que no hay presupuesto. Les están quitando abogados y los están dejando sin traductores”,indicó.

El Ministerio Público confirmó que una parte del personal dejó de prestar servicios porque el financiamiento asignado culminó en diciembre de 2025. Tras las denuncias públicas, los recursos fueron restituidos. Sin embargo, el fiscal Sendon Alba sostuvo que las fiscalías y unidades médico-legales que atienden estos casos requieren de un financiamiento permanente.

“La investigación de estos delitos no puede depender cada año de una medida extraordinaria. Se necesitan plazas estables, intérpretes, movilidad fluvial, combustible, equipos y condiciones adecuadas para prestar el servicio de manera continua”, señaló Sendon Alba.

La falta de sensibilización del personal que atiende estos casos genera que las víctimas desistan de continuar con el proceso de denuncia. “En denuncias que hemos acompañado, la policía es muy violenta. Cuando vas a pedir apoyo, ellos te revictimizan. Después, en el examen psicológico, también se ejerce violencia sobre las víctimas. Esto hace que muchas veces retrocedan o no continúen el proceso”, explicó a este medio García Apagüeño, quien forma parte de la Red de Mujeres Indígena de San Martín.

Retrocesos en la protección

El creciente número de casos pendientes genera mayor preocupación ante recientes cambios legislativos. Cabrera Loayza afirmó que la Ley 32535, denominada Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, constituye el principal retroceso al acceso a la justicia de las mujeres y poblaciones vulnerables. La normativa, aprobada en diciembre del año pasado, eliminó la ley de género de todas las políticas públicas. 

“Esto afecta también a aquellas normadas por la Ley 30364, que estableció por primera vez protocolos de actuación entre los operadores (entre comisarías, Centros de Emergencia Mujer y establecimientos de salud) para garantizar una atención adecuada a las víctimas”, explicó.

A ello se suman dos proyectos de ley que se quedaron en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. Uno es el Proyecto de Ley 10342, impulsado por la congresista Milagros Jauregui, que propone eliminar el delito de feminicidio. “El feminicidio es la expresión máxima de la violencia de género y borrarlo trae consigo una amenaza para todas las otras expresiones de violencia de género que incluye incluso la propia violación sexual”, señaló Ortíz Arica. 

El otro proyecto de ley, el 1156, reúne dos iniciativas legislativas de los congresistas Alejandro Muñante y Flores Ancachi. La propuesta busca crear nuevos delitos para sancionar las denuncias falsas y la simulación de lesiones en casos de violencia familiar.

Para Cabrera Loayza, estas modificaciones podrían desalentar las denuncias de violencia sexual. La abogada sostiene que, en la práctica, la propuesta busca criminalizar a las víctimas que denuncian, así como a los profesionales que las acompañan, cuando un caso no concluye con una sentencia firme. Además, recuerda que la denuncia fraudulenta ya se encuentra tipificada en el Código Penal. 

“El síntoma está bien detectado: muchos casos tardan en obtener justicia o nunca obtienen justicia. Pero no puedes decir que estas denuncias son falsas. Nuestro sistema de justicia está fallando a las víctimas y tiene que tener alguna modificación para generar un verdadero acceso a la justicia, no criminalizarlas”, resalta.

Estas limitaciones también atraviesan casos recientes. En junio de este año, en la provincia de Condorcanqui, Amazonas, la madre de una adolescente de 14 años denunció al defensor público Octavio Salinas Cribillero por presunta violación sexual.

Según la denuncia, el abogado, adscrito al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, fue encontrado en una habitación junto a otras dos menores. Un juez rechazó inicialmente el pedido de prisión preventiva y dispuso que afrontara el proceso en libertad. Pese a que, en julio, la Sala Penal de Apelaciones de Bagua revocó dicha resolución y dictó siete meses de prisión preventiva, el acusado se encuentra no habido.