Actualización: 23 de junio de 2025 - 10:30 a.m.

El 3 de abril de 2025, cuatro semanas antes de su asesinato en un socavón de Minera Poderosa en el distrito de Pataz, La Libertad, Frank Jesús Monzón Valeriano publicó un video en TikTok. El joven, entonces de 24 años, aparece sentado en el asiento del copiloto de un automóvil.

En su regazo lleva una pistola, varios fajos de billetes y, en su muñeca, brilla un reloj dorado. El video está acompañado por la frase: “A mí no me da vergüenza trabajar y andar sucio, vergüenza me da andar sin dinero.”

Monzón Valeriano fue una de las 13 personas secuestradas, el 26 de abril de este año, y ejecutadas en el socavón número 25020 del anexo Pueblo Nuevo, en Pataz. El joven, originario de la ciudad de Trujillo, trabajaba —al igual que las demás víctimas— para la empresa de seguridad R&R (Rrgap S.A.C.), en una zona minera donde bandas armadas se enfrentan por el control del oro ilegal.

Al igual que en el caso de Monzón Valeriano, OjoPúblico detectó que empresas de seguridad formales e informales reclutan a jóvenes para patrullar socavones mineros, especialmente a quienes realizaron el servicio militar voluntario. Están equipados con armas largas, dinamita y chalecos antibalas. 

Empresas de seguridad reclutan a jóvenes para patrullar socavones mineros, especialmente a quienes realizaron el servicio militar voluntario".

Con apoyo de especialistas, este medio identificó que trabajadores de seguridad portan fusiles AR-15, un arma de guerra usada alrededor de la minería ilegal y asociada al crimen organizado en Ecuador. En agosto de 2023, el entonces candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio fue asesinado con este tipo de fusil. 

La demanda de personal de seguridad en el sector minero formal también es alta. OjoPúblico halló, al menos, 12 empresas registradas en la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad Privada, Armas, Municiones y Explosivos de uso civil (Sucamec) que, en los últimos meses, reclutaron a vigilantes con experiencia militar para operar en el distrito de Pataz. 

Sin embargo, ninguna tiene su sede registrada en dicho distrito. Se trata de servicios de protección sin arraigo local, que emplean a exsoldados jóvenes y los exponen al riesgo de enfrentar al crimen organizado.

La situación descrita no solo ocurre en Pataz. Este medio detectó a Dynamic Protection Perú S.A.C., que no aparece en los registros oficiales de la Sucamec y —como advirtieron fuentes a este medio para una reciente investigación— está relacionada a la minería ilegal, en la frontera de Perú y Ecuador.
 

Selfies armados bajo tierra 

En las redes sociales, agentes de seguridad que trabajan en las minas de Pataz exhiben cómo es su rutina de trabajo en los socavones. En los 20 perfiles analizados por OjoPúblico, se observa a jóvenes que dejaron atrás el uniforme militar para vestir de negro, como agentes de seguridad. Posan con armas y dinamita, abrazados a sus compañeros en los túneles, o tomando licor en fiestas, durante sus días libres. 

Al menos, 10 vigilantes que documentan su trabajo en las redes publican selfies frente a espejos, en vestuarios donde se distingue el logo de Minera Poderosa. Según informó la compañía minera a este medio, a inicios de mayo, había desplegado 1.300 agentes de seguridad en el distrito de Pataz. El personal de seguridad de la minera pertenece a empresas subcontratadas, según indicó para un reportaje anterior.

Los vigilantes aparecen con cascos, chalecos antibalas —marcados con su grupo sanguíneo— y portando fusiles tipo AR-15 o pistolas. En los comentarios de, por lo menos, 10 de estos videos, otros usuarios preguntan cómo postularse para este tipo de trabajo. La minera Poderosa indicó a OjoPúblico que "en algunos casos, se usan armas de largo alcance, por las características de las galerías que se deben proteger (corredores de más de 2,5 km de largo)".

REGISTRO. Trabajadores armados de empresas de seguridad en Pataz (La Libertad) documentan su actividad diaria en redes sociales como Tik Tok. 

Captura: Tik Tok 

Los agentes de seguridad privada trabajan por turnos que pueden durar hasta 20 días consecutivos. Durante ese tiempo, se alojan en dormitorios colectivos ubicados junto a los socavones. Uno de los trabajadores declaró a este medio que por un turno de 20 días recibió un pago de S/2.780. 

Víctor Manuel Quinteros, exgerente de Políticas de la Sucamec, explicó que los fusiles tipo AR-15 se comercializan legalmente para civiles, pero su diseño es muy similar al de las versiones militares. Tienen una alta potencia de fuego. Al comparar los calibres, se observa que las versiones permitidas del fusil AR-15 para uso civil —como la caza o el deporte— son muy similares a los calibres empleados en armas de uso militar.

"Esa similitud la hace especialmente atractiva: existe una prohibición absoluta para las armas de guerra, pero no para estas versiones civiles, aunque técnicamente están muy cerca", explicó.

Quinteros recuerda que la Sucamec ha mostrado deficiencias en el control del mercado de armas en Perú. Según la Ley 30299 —que regula la venta y el uso de armas con fines civiles, que incluye caza, deporte, seguridad y vigilancia, y colección en el Perú— no existe un límite en la cantidad de armas que una persona puede tener.

La norma permite que cualquier persona adquiera legalmente armas de fuego, como un fusil AR-15, ya sea para “defensa personal” o como pieza de colección, señala Víctor Robert de La Cruz Rosas, consejero regional de La Libertad y abogado penalista. Incluso —explica— es posible que alguien compre varias armas y, luego, las reporte como robadas o sustraídas. Esto facilita que terminen en el mercado negro, en manos de sicarios, organizaciones criminales o mineros ilegales”, advierte.

En su mayoría, son servicios de seguridad sin arraigo local, que emplean a exsoldados jóvenes y los exponen al crimen organizado".

De los 13 miembros de seguridad asesinados en Pataz, solo dos eran de La Libertad. Los demás provenían de Lambayeque, Cajamarca, Piura, Tumbes, Amazonas, Pucallpa y Loreto. Para el criminólogo Christian Campos Vásquez, esto responde a un patrón: las empresas prefieren personal foráneo para reducir riesgos de infiltración o vínculos con grupos locales.

“Nunca contratas a alguien de la comunidad. Por temas de seguridad, no contratas a una persona que vive ahí, que tiene familiares que están en contra de la mina o que están a favor de la mina”, explica el investigador del Instituto de Criminología y Estudios sobre la Violencia.

Campos Vásquez agrega que el vínculo entre minería y seguridad privada no es nuevo: se remonta a los años 80 y 90, cuando la amenaza era el terrorismo. Se contrataba a militares y policías para resguardar las operaciones mineras del robo de explosivos y de maquinaria, así como de atentados. Hoy, el enemigo es el crimen organizado.

Actualmente, está prohibido que policías o militares en servicio activo presten seguridad privada. Además, desde 2014, está en vigencia el Tratado sobre Comercio de Armas, que fue diseñado para impedir que armas letales lleguen a manos de personas que las emplearán para cometer violaciones de derechos humanos. El Perú suscribió este acuerdo internacional, que hoy agrupa a 130 países.

El auge del oro ilegal —impulsado, también, por el alto precio del metal en el mercado internacional— ha hecho crecer el negocio y, con él, la demanda de servicios privados de seguridad, afirma el investigador.
 

Experiencia militar deseable 

Aunque las empresas de seguridad en Pataz ya no contratan a personal policial o militar en actividad, buscan a personas con experiencia previa en las Fuerzas Armadas. En sus anuncios de empleo, especifican requisitos como “deseable exmilitar”, “ser licenciado por el Ejército” o tener la licencia de tipo L4 para usar armas largas como carabinas.

Según el investigador Campos Vásquez, los soldados que dejan el Ejército suelen enfrentarse a tres caminos si deciden buscar opciones laborales donde su experiencia sea valorada económicamente: “Trabajar como guardia en una empresa de seguridad privada, fundar una propia y convertirse en empresario del rubro, o desempeñarse como gerente o asesor de seguridad en municipalidades o gobiernos locales.”

Al menos 12 empresas registradas en la Sucamec reclutaron a vigilantes con experiencia militar para operar en el distrito de Pataz".

El sector de la seguridad privada resulta atractivo para jóvenes provenientes del mundo castrense, explica el criminólogo, debido a la lentitud en las oportunidades de ascenso dentro de las Fuerzas Armadas o la Policía, así como a los bajos incrementos salariales. Un personal del Servicio Militar Voluntario recibe una asignación de S/250 y un suboficial de tercera de la Policía Nacional percibe S/2.213,38.

“Quienes quieren ganar dinero rápido pueden recurrir a organizaciones que ofrecen brazos armados ilegales, servicios de seguridad, protección o fuerza de choque a grupos de mineros artesanales o ilegales”, afirma Campos Vásquez.
 

Empresas sin registro

El asesinato de los trabajadores de la compañía R&R (Rrgap S.A.C.) evidenció la relación directa entre brigadas de seguridad informales, el crimen organizado y la minería ilegal de oro en Pataz. Esta empresa no aparece en los registros de la Sucamec ni declara trabajadores en planilla, según la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat).

Fue constituida en enero de 2025, menos de cuatro meses antes de la masacre en el socavón de Minera Poderosa, según datos de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp). Uno de sus dos fundadores es Segundo Nicolás Cueva Rojas, también gerente de Libmar S.A.C. y proveedor de la compañía minera, según indicaron fuentes de la empresa a este medio.

Ante la Fiscalía de Pataz, que sigue las investigaciones sobre los asesinatos, un trabajador señaló que la empresa de seguridad era manejada por dos policías que entonces estaban en actividad: Gianpaul Alexander Bastidas Rodríguez, en el Escuadrón Verde de Trujillo; y Franklin Yonathan Pérez Vargas, en la Comisaría del distrito de Huanchaco, en La Libertad.

Las empresas de seguridad en torno a la minería ilegal también se extienden a territorios fronterizos. Una de ellas es Dynamic Protection Perú S.A.C., activa desde agosto de 2021 y con domicilio fiscal en el distrito de Bellavista, en la provincia constitucional del Callao. No figura en los registros de la Sucamec con autorizaciones para el uso de armas.

Según la Sunarp, Manuel Antonio Chirinos Quiroz y su esposa, Claudia Micaela Castro Sajami, son fundadores de Dynamic Protection Perú S.A.C. De acuerdo con la Sunat, esta se dedica a servicios de sistemas de seguridad y, de forma secundaria, al rubro de “otros tipos de enseñanza”.

SIN REGISTRO. La empresa Dynamic Protection Peru, que en sus redes sociales declara actividades, no aparece en el listado oficial de compañías autorizadas para brindar servicios de seguridad. 

Captura: Sucamec
 

A mediados de mayo, según fuentes de este medio, Chirinos Quiroz fue detenido en la frontera de Perú y Ecuador por presuntas actividades extractivas ilegales. Días después, fue liberado, al igual que cuatro trabajadores de Dynamic Protection Perú S.A.C., intervenidos por tenencia ilegal de armas de guerra. Portaban fusiles y municiones.

El involucrado negó esta versión a OjoPúblico y aseguró no tener conocimiento del tema. En su registro migratorio, Chirinos Quiroz no tiene visitas al Ecuador, pero fuentes militares ecuatorianas indicaron a este medio que, al estar en una zona limítrofe, las personas intervenidas no suelen contar con declaraciones oficiales cuando cruzan la frontera.

Dynamic Protection Perú no cuenta con contratos con el Estado, pero su fundador Chirinos Quiroz registró más de S/50.000 en servicios brindados a instituciones públicas desde 2013 hasta 2018. Entre ellas, el Poder Judicial y el Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

En octubre del 2024, Chirinos Quiroz visitó la Unidad de Presupuesto del INPE, de acuerdo al portal de transparencia de la institución. En esa reunión, que se prolongó por más de dos horas, el fundador de Dynamic Protection se presentó como miembro del Ejército peruano. Consultado por OjoPúblico, Chirinos Quiroz evitó responder sobre esta información. Desde el Ejército, sin embargo, indicaron que no forma ni formó parte de la institución.

En la cuenta de Instagram de su empresa, hay fotografías de Chirinos Quiroz junto a militares peruanos. En una de ellas, de junio de 2023, un grupo de 36 miembros de cabeza rasurada y uniformes verde posan junto a él, sosteniendo una constancia de capacitación. En otra publicación, de mediados de 2023, un breve video muestra el desarrollo de un curso, acompañado de una consigna usada en contextos militares: “Cómo está la moral”.

Sin embargo, en el año de publicación de las fotografías y vídeo no hay registros oficiales de servicios impartidos por la empresa ni por el propio Chirinos Quiroz. Al ser consultado, evitó responder a OjoPúblico y brindar detalles sobre los años en que realizó las capacitaciones o los servicios mostrados en las redes sociales de su empresa.

CAPACITACIONES. La empresa, a pesar de no manejar registros oficiales en contrataciones públicas, publicita charlas brindadas al Ejército peruano. 

Captura: Instagram 
 

El Ejército, por su parte, afirmó que sus unidades no reciben formación de empresas externas; es decir, que no contratan compañías para realizar capacitaciones o servicios de este tipo. La instrucción, precisaron, se imparte exclusivamente “por interno”, salvo en el marco de cooperaciones con las Fuerzas Armadas de otros países.

El dueño de Dynamic Protection está relacionado con otra empresa de seguridad. Se trata de 56 SC SAC, constituida en 2014 por Jorge Iván Vásquez Flores y su hermano, Roberto Hugo Vásquez Flores. 

En noviembre de 2019, Chirinos Quiroz fue nombrado gerente general de la compañía, la cual fue disuelta a inicios de este año debido a “la grave situación económica que viene atravesando”, según consta en los registros de la Sunarp. Tampoco figura en los registros del Sucamec y, entre los domicilios fiscales registrados ante la Sunat, aparece el mismo que el de Dynamic Protection Perú, ubicado en la calle Cosme y Bueno, en Bellavista, Callao.

Supervisiones y fiscalizaciones

Desde enero de 2015, con la promulgación de la Ley de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos, Productos Pirotécnicos y Materiales Relacionados de Uso Civil, quedó establecido que las personas que presten servicios de seguridad y vigilancia privada puedan usar armas pertenecientes a las empresas para las que trabajan. La norma no exige un requisito específico para las compañías sobre su empleo; en cambio, señala que deben ser utilizadas por personal que cuente con las licencias vigentes.

Las compañías de seguridad, las actividades que realizan y las armas declaradas que utilizan están bajo la supervisión de la Sucamec, entidad responsable de las posibles irregularidades que puedan surgir en este rubro. Incluso, según las normas vigentes, también le corresponde intervenir en casos que involucren a empresas que operan al margen de la legalidad.

Las cifras oficiales muestran una presencia escasa por parte de empresas de seguridad registradas en regiones con actividades mineras. En la provincia de Pataz, por ejemplo, solo hay dos autorizadas por la Sucamec. En Condorcanqui, Amazonas, otro territorio en donde la actividad ilegal ha aumentado, no figuraba ninguna.

Para interpretar estas cifras, es clave considerar el tipo de actividad minera que predomina en la zona y cómo este contexto influye en la demanda de empresas de seguridad, sostiene el exviceministro Julio Corcuera. “Si hay mineras formales, estas van a buscar también empresas de seguridad formales y viceversa. Si la que opera ahí es informal, ni siquiera existe como empresa, probablemente recurra también a una de ese tipo” explicó a OjoPúblico.

Cifras oficiales muestran que las empresas de seguridad registradas en regiones con actividad minera son escasas". 

Por su parte, Manuel Sigüeñas Rojas, extrabajador de la Gerencia de Armas de la Sucamec, considera que debe haber una “cooperación y articulación” entre distintas instituciones, como la propia Sucamec, la Policía y el Ministerio Público, para mejorar el trabajo del sector.

“Armar un equipo de trabajo sería lo más recomendable para identificar los puntos más álgidos donde hay minería y verificar qué empresas de seguridad están prestando servicios y determinar si están debidamente autorizadas. Es importante, también, la interoperabilidad que pueda haber entre las entidades. Eso es básico para reforzar el control de armas”, explicó.

La Sucamec, además de otorgar las autorizaciones de funcionamiento de empresas de seguridad por cinco años, tiene la facultad de imponer multas o de cancelar de forma definitiva dichas licencias, dependiendo de la gravedad de sus faltas. Las multas van desde 0,2 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), equivalentes a S/1.070), hasta 50 UIT (S/267.500) para las empresas.

Aunque fue consultada en el marco de este informe, la Sucamec no respondió sobre las sanciones impuestas en los últimos cinco años ni proporcionó información sobre empresas a las que se les haya cancelado sus autorizaciones. Tampoco dio detalles sobre su rol frente a las empresas de servicio de seguridad que operan sin estar registradas.