La noche del 23 de enero del 2023, cuando la policía peruana admitía que habían ocurrido al menos 123 homicidios por proyectil de arma de fuego en esos primeros días del año, Fernando Rospigliosi Capurro, presidente interino del Congreso, lanzó una frase que resumía una de sus principales posturas sobre la inseguridad:   “No se debe perseguir a los usuarios legales [de armas de fuego]”, escribió en su cuenta de X. 

El mensaje iba acompañado de fotografías sobre una mesa de trabajo que dirigió por la mañana ese día, en la Sala Gustavo Mohme Llona del Congreso, con representantes de la Asociación Peruana de Propietarios Legales de Armas de Fuego (APPLAF) y de la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec), para discutir eventuales modificaciones a la Ley 30299 sobre uso de armas de fuego.

Representantes de organizaciones que defienden a los usuarios legales aportaron más de S/15.000".

El encuentro no fue un hecho aislado. Antes de ponerse la camiseta de Fuerza Popular, Rospigliosi Capurro fue presidente de la APPLAF. Entre los asistentes a esta reunión estaban dos representantes de dicha asociación, John Alexander Willie Van Den Wyngaert y Néstor Andrade Musiris.

OjoPúblico identificó que estos dos empresarios y —al menos—  otros cinco representantes de organizaciones que defienden a los usuarios legales de armas de fuego financiaron con más de S/15.000 parte de la campaña del presidente interino del Congreso a su reelección como senador en las Elecciones Generales de este 2026.

El reporte que el congresista de Fuerza Popular presentó ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) da cuenta que entre sus financistas, además de los empresarios Van Den Wyngaert y Andrade Musiris, se encuentran Ricardo Ramón Palma del Busto, exdirector de la APPLAF; el presidente de la Asociación de Armerías Unidas del Perú, José de Vivero Wangermann, y el exvicepresidente de esta asociación, Francisco Rocca Viniczay; y el presidente de la Asociación Nacional de Usuarios Responsables de Armas (URA), Fausto del Castillo Ríos. 

Aunque el monto no parezca exorbitante —a comparación de otros aportes de campaña en esta contienda—, refleja cómo Rospigliosi ha afianzado su relación con representantes de estas asociaciones. Esta cercanía también alcanza su actividad legislativa.

Por ejemplo, la planilla de su despacho ha contado con miembros de la APPLAF. Este medio detectó que, entre 2023 y 2024, Rospigliosi Capurro contrató al presidente de esta asociación, Jesús Thomás Saldías Rossello, como técnico, con un sueldo de S/6.143, y después a la secretaria de esta organización, Milagros Lleivi Canales Aguirre, con un sueldo de más de S/7.000.

En paralelo a estas contrataciones, Rospigliosi Capurro promovió hasta cuatro iniciativas legislativas para modificar la Ley sobre Uso de Armas de Fuego. 

Su agenda ha encontrado terreno fértil en la escalada de violencia por la delincuencia en Perú y la controversia sobre el uso civil de armas de fuego ante la poca efectividad de las autoridades para detener el incremento de las bandas criminales. 

Solo entre 2016 y 2023, la Sucamec otorgó 107.607 licencias para uso civil y porte de armas de fuego. Casi el 52% de ellas fueron para seguridad privada y el 35,3% para defensa personal, según el Reporte Situacional de Armas de Fuego de Uso Civil del Ministerio del Interior. 

Asociaciones y aportantes

La APPLAF se fundó el 6 de febrero de 2012, según registros públicos. Entre los integrantes de su primer consejo directivo estuvo el empresario Ricardo Ramón Palma del Busto, quien aportó más de S/10.000 a la campaña a la reelección del presidente interino del Congreso.

Seis años después, Rospigliosi Capurro asumió la presidencia de esta asociación para el periodo 2018-2020. Por entonces, su tesorero fue Néstor Andrade Musiris, otro de sus aportantes en estas elecciones, con S/1.670. En 2025, la APPLAF nombró como uno de sus directivos a John Willie Van Den Wyngaert, otro financista de su campaña, con S/1.000.

OjoPúblico envió un correo electrónico a esta asociación pidiendo entrevistar a estas tres personas vinculadas a esta asociación. Sin embargo, al cierre de este informe, no hubo respuesta. 

MANDATO. En 2018, Fernando Rospigliosi fue elegido presidente de la Asociación Peruana de Propietarios Legales de Armas de Fuego. 

Foto: Captura de documento

En el caso de la Asociación de Armerías Unidas del Perú, su presidente José Hernán de Vivero Wangemann, aportó S/680, y su exvicepresidente Francisco Rocca Viniczay, S/700.  Esta organización fue creada el 19 de julio de 2019 para defender a los propietarios de armas permitidas por la ley con fines de defensa personal, deportivos y recreativos.

Otro de sus objetivos es defender que sus asociados puedan importar y comercializar armas, municiones y artículos conexos para uso civil y militar de acuerdo a los límites establecidos por la ley, según registros públicos.

“El señor Fernando Rospigliosi es tirador deportivo. Le gusta esta actividad y es integrante de la Asociación de Propietarios Legales de Armas de Fuego. Yo también soy tirador y por eso hice un aporte [...] Se hizo por el gremio de estos deportistas [que practican tiro] para apoyar la campaña de un amigo”, respondió Viveo Wangemann a OjoPúblico.

Trabajadores vinculados a asociaciones 

En 2021, Rospigliosi Capurro postuló al Congreso por primera vez con Fuerza Popular, pero no logró los votos suficientes para tener una curul. En cambio, en la APPLAF lo eligieron director al año siguiente.

La muerte del parlamentario “Nano” Guerra García (Fuerza Popular), el 29 de setiembre de 2023, derivó en que Rospigliosi Capurro finalmente entre al Congreso como su reemplazo. Juró en el cargo al mes siguiente.

Una de las primeras contrataciones que hizo en su despacho —en noviembre de 2023— fue la del consultor Jesús Tomás Saldías Rossello, quien, en la actualidad, es el presidente de la APPLAF, según la página web de esta asociación. 

El consultor Saldías Rosello fue militante de Acción Popular entre el 5 de mayo de 2025 y el 10 de julio de este año, de acuerdo con el Registro de Organizaciones Políticas (ROP). En su página web personal se promocionó como candidato a diputado por Lima en estas elecciones, pero su postulación no se concretó. Este medio le escribió a su WhatsApp para pedirle sus comentarios, pero no respondió. 

NEXO. Jesús Saldías, presidente de la APPLAF, y Milagros Canales, secretaria. Ambos fueron contratados por Fernando Rospigliosi. El tesorero Néstor Andrade fue uno de sus aportantes. 

Foto: Captura de pantalla

En julio de 2024, Saldías Rosello dejó el despacho de Rospigliosi Capurro. Al mes siguiente, ingresó a trabajar para este mismo cargo la abogada Milagros Lleivi Canales Aguirre, secretaria de la APPLAF. Se trata de una asociada antigua: en 2019 fue tesorera —cuando Rospigliosi Capurro fue presidente— y en 2022 fue vicepresidenta. Hasta mayo de este año figuraba como trabajadora del despacho del presidente interino del Congreso, según el Portal de Transparencia de esta institución.

OjoPúblico intentó entrevistar al congresista de Fuerza Popular sobre su relación con las asociaciones que defienden el uso civil de armas de fuego y las contrataciones en su despacho. Se le envió un cuestionario a su asesor de prensa en el Congreso. No respondió al cierre de este informe. 

Además de los cargos en su despacho y los aportes económicos, OjoPúblico identificó que el presidente interino del Congreso realizó hasta tres mesas de trabajo para abordar modificaciones a la Ley sobre Uso de Armas de Fuego y la Ley de Legítima Defensa, donde participaron los representantes de la APPLAF, de la Asociación de Armerías Unidas del Perú y de la Asociación Nacional de Usuarios Responsables de Armas (URA).

Una de estos encuentros sucedió el 23 de enero de 2025 con los representantes de la APPLAF. El ciudadano Pedro Ramírez Fernández denunció al congresista Rospigliosi Capurro ante la Comisión de Ética y la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso por presunto conflicto de interés e infracciones a la Constitución debido a que utilizó su cargo de parlamentario para organizar un encuentro con integrantes de la asociación de la que fue presidente y no escuchó a otros expertos sobre la materia.

ENCUENTRO. Mesa de trabajo liderada por Fernando Rospigliosi y que contó con la presencia de representantes de la APPLAF, la asociación que dirigió antes de ser congresista.

Foto: X de Fernando Rospigliosi

Ambas imputaciones fueron archivadas. La primera fue desestimada en la Comisión de Ética el 31 de marzo de ese año, cuando el presidente de esta comisión era el congresista Alex Paredes Gonzáles (Somos Perú). La otra fue declarada improcedente a la semana siguiente en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, presidida entonces por María Acuña Peralta (Alianza Para el Progreso).

“Las autoridades a las que recurrí no atendieron los argumentos, los desestimaron, por tanto, queda en ese extremo en la reserva del caso. Cumplí con denunciar lo que estimé a derecho, no fue atendible, y me someto a lo que dictaminen las autoridades competentes”, respondió Ramírez Fernández a este medio.

Después de salir airoso de estas denuncias, el 28 de agosto de ese año, Rospigliosi Capurro lideró otra mesa de trabajo sobre usuarios de armas de fuego. Al encuentro asistieron Gianni Yapur, de parte de la APLAF, y Fausto del Castillo Ríos, en representación de URA. 

En 2023, Fernando Rospigliosi contrató en su despacho al consultor Jesús Saldías, presidente de la APPLAF". 

Entre ambos aportaron más de S/1.300 a su campaña electoral este año. OjoPúblico intentó comunicarse con ellos. El ingeniero Del Castillo Ríos respondió que conoce al congresista de Fuerza Popular desde hace más de 10 años, pero que su aporte fue a título personal y que no se debe a algún interés por alguna iniciativa de ley. “Cada vez que Sucamec intenta regular [las normas sobre uso de armas de fuego] se hacen estas mesas de trabajo. Por mí que quede todo igual”, dijo. 

Al mes siguiente, Rospigliosi Capurro dirigió el evento “Legítima Defensa - El Derecho a una Sociedad Segura”. Uno de los participantes de esta conferencia fue el abogado Gonzalo Gil Oliden, quien aportó S/700 a su campaña en estas elecciones generales. Aunque su nombre figura en el informe de semana de representación del parlamentario de Fuerza Popular, esta visita no está registrada en el Portal de Transparencia del Congreso. Este medio también buscó contactarlo, pero no hubo respuesta al cierre de este informe. 

Durante ese evento, el presidente interino del Congreso defendió la Ley de Legítima Defensa —promulgada el 16 de mayo de 2024— que exime de responsabilidad penal a las personas que utilicen armas de fuego para defenderse. “Es muy importante porque desgraciadamente tenemos en el Perú un sistema acostumbrado a perseguir a policías, militares y ciudadanos que ejercen la legítima defensa”, dijo el 27 de setiembre de 2025.

PENDIENTE. La Policía no ha podido resolver la crisis de inseguridad. En medio de este problema, algunos ciudadanos optan por adquirir armas, de manera legal, para poder defenderse.

Foto: Ministerio del Ambiente.

Sin embargo, el investigador en seguridad ciudadana y politólogo de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), Noam López Villanes, explicó a este medio que, aunque los ciudadanos tienen derecho al uso legal de sus armas de fuego, flexibilizar sus reglas para portarlas en esta coyuntura puede provocar la radicalización de la violencia de las organizaciones criminales. 

“Los delincuentes son versátiles y pluriofensivos. Y si perciben que una proporción de ciudadanos está más armada, podrían modificar su estrategia. Hay otros elementos que debemos considerar, además, como que el empleo de armas da mayor poder y que la Policía sabe de eso también”, agregó López Villanes. 

El abogado Juan José Quispe, del Instituto de Defensa Legal (IDL), añadió que no existe evidencia de que dotar de armas de fuego a los civiles para defenderse reduzca la delincuencia. “Vamos a estar como Estados Unidos, donde tienen muertos por el uso indiscriminado de armas de fuego de personas bajo el rótulo de uso de defensa personal”, dijo a OjoPúblico.

Proyectos sobre uso de armas

Entre 2023 y 2024, el presidente interino del Congreso presentó cuatro iniciativas legislativas que flexibilizan el uso civil de armas de fuego, una de las cuales fue aprobada. 

Dos meses después de jurar como congresista presentó el Proyecto de Ley N°6569 que otorga cinco años para que cualquier persona o empresa formalice ante la Sucamec la tenencia de armas de fuego de uso civil no registradas o con licencias vencidas, permitiéndoles acreditar el origen del armamento con una declaración jurada. Esta norma fue promulgada por el Congreso el 9 de mayo de 2025. Antes el plazo era de tres años.

El abogado Jonathan Correa Arias, del Estudio Ugaz Zegarra, cuestionó esta disposición debido a que considera que flexibiliza el requisito para declarar la procedencia legal de un arma de fuego. “No basta con decirlo a través de una declaración jurada y con eso empadronarla y pedir mi licencia. Ahí también hay una situación de falsa formalidad”, explicó a este medio. 

El 28 de mayo de este año, el superintendente de la Sucamec, Rafael Ríos Zavala, declaró en TV Perú que hay más de 4.000 armas que han sido internadas en la Sucamec con esta ley. “De las cuales, 1.1185 ya están con la documentación respectiva y dadas a las personas que las entregaron. El restante está en proceso de regularización”, dijo. 

A través de un pedido de acceso a la información pública, OjoPúblico solicitó a la Sucamec el número de solicitudes actualizadas de empadronamiento, regularización, renovación extemporánea y amnistías presentados entre 2016 y hasta previo a la promulgación de esta ley. Sin embargo, esta institución respondió que no cuenta con una base de datos con esta información. 

Las otras tres iniciativas que presentó el congresista Rospigliosi Capurro entre 2023 y 2024 fueron los Proyecto de Ley N°07003, que propone eliminar la obligación de que las armas consideradas antiguas pasen por un registro de identificación balística ante la Policía; el Proyecto de Ley N° 7030, que acorta los filtros de antecedentes penales para obtener licencia de armas de fuego; y el Proyecto de Ley N°7923, que establece una lista cerrada de delitos en los tipos de antecedentes que impiden tener licencia de uso de arma.

De opositor a personaje clave del fujimorismo

El papel del congresista Rospigliosi Capurro se ha vuelto determinante para la propuesta de mano dura de Fuerza Popular. A través de su gestión, el Congreso aprobó la Ley sobre Fuero Militar Policial que establece que los policías y militares que cometan delitos de función solo pueden ser investigados en la jurisdicción militar, donde las penas son menos severas ante lesiones y homicidios cometidos por las fuerzas del orden.

Un informe de OjoPúblico advirtió que, a pesar de que esta ley puede perjudicar a más de 80 carpetas fiscales que involucran casos de muertes en protestas sociales y presuntas violaciones de derechos humanos durante el periodo del conflicto armado interno, la presidenta electa Keiko Fujimori Higuchi ha sostenido que la Policía y las Fuerzas Armadas merecen su respaldo. 

El presidente interino del Congreso también fue promotor de la Ley N°32107, que establece la prescripción de delitos de lesa humanidad y de la Ley N°32419, que otorga amnistía a policías y militares investigados por presuntas violaciones de derechos humanos. Este medio reveló que más de 100 procesados han buscado acogerse a esta norma. 

A través de diversas denuncias interpuestas ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ), el congresista Rospigliosi Capurro ha exigido que se le abra procesos disciplinarios a los fiscales y jueces que se oponen a estas normas y aplican el control difuso o de convencionalidad. Uno de los afectados ha sido el magistrado Richard Concepción Carhuancho, quien afronta un proceso disciplinario por esta razón.

CAMBIO. Durante décadas, Fernando Rospigliosi fue crítico del régimen de Alberto Fujimori. Sin embargo, en 2021 se sumó al equipo de Keiko Fujimori.

Foto: JNE

Asimismo, el presidente interino del Congreso es autor de la Ley N°32130 que establece que la Policía se hace cargo de las investigaciones preliminares de delitos, dejando sin esta potestad al Ministerio Público. 

Hace más de 20 años, durante el Gobierno de Alejandro Toledo Manrique, Rospigliosi Capurro fue ministro del Interior. Por entonces, era muy crítico al régimen de Alberto Fujimori. 

En una entrevista con Ideeleradio, en 2010,  aseguró que, de llegar Keiko Fujimori Higuchi a la Presidencia, el exjefe del Servicio Nacional de Inteligencia (SIN), Vladimiro Montesinos, podrá negociar su libertad. “Porque él conoce mucho de la corrupción del régimen de. Incluso conoce mucho sobre la propia Keiko Fujimori”, aseguró.

Sin embargo, ahora el presidente interino del Congreso es un defensor y uno de los hombres de confianza de la lideresa de Fuerza Popular. Su desempeño ha provocado que los diputados y senadores electos de este partido político lo voceen como el próximo ministro del Interior.