Era una balsa de madera de 12 metros de largo, pintada de celeste, oculta entre los arbustos de la comunidad de Alvarenga, epicentro de la minería ilegal en el río Nanay, Loreto. En su interior, el 18 de abril de este año, una mujer colombiana denunció, ante policías y fiscales, que había sido víctima de explotación sexual.
“Vine acá por medio de un engaño. Han sido meses [que he sido] explotada sexualmente por una persona de nacionalidad venezolana que se llama Wilder y le dicen ‘El Gordo’”, dijo la mujer antes de ser rescatada.
La intervención evidenció un esquema que involucra a ciudadanos extranjeros y nacionales. El principal investigado —‘El Gordo’, de nacionalidad venezolana— huyó junto a cinco mujeres, refirió la Fiscalía. Una tripulante colombiana, supuesta administradora de la nave, saltó al río y escapó con dos mujeres; dos operarios peruanos fueron detenidos y dos mujeres colombianas rescatadas. Según la Policía, la embarcación era un prostíbulo flotante en esa cuenca.
El Nanay —fuente de agua potable para la ciudad de Iquitos— es el río amazónico más impactado por la actividad ilegal minera en Loreto, de acuerdo a imágenes satelitales de Conservación Amazónica (ACCA). Vecinos, dirigentes, fiscales de material ambiental y de trata de personas, así como recientes estudios, revelan nuevos indicios de explotación sexual en la cuenca y confirman el uso de gramos de oro como medio de pago en las zonas más altas.
Según la investigación fiscal y policial del caso de Alvarenga, los servicios ilegales no se pagaban solo en efectivo, sino también con “rayas” de oro, lo que muestra una conexión con actividades de minería ilegal. Una de las agraviadas refirió que un gramo era igual a 10 “rayas” y esto, a su vez, equivalía a S/400. La tarifa estándar era de dos gramos.

EXPANSIÓN. El río Nanay es más afectado por la minería ilegal en Loreto: entre 2021 y 2026 se identificaron más de 1.000 dragas, según imágenes satelitales de ACCA.
Foto: Unidos por los Bosques/ FCDS Perú
El uso de oro como medio de pago ha sido confirmado en otras zonas. Las mujeres jóvenes reciben ofertas de trabajo precario en campamentos mineros para laborar como cocineras, con una paga de un gramo de oro al día (equivalente a S/190 y S/230 en ese momento), según el estudio Oro sombra: la expansión de la minería ilegal y sus efectos en la cuenca del río Nanay, publicado en 2025 por la organización Derecho Ambiente y Recursos Naturales (DAR).
Dicho informe, enfocado en la comunidad de Seis Hermanos, evidencia que las mujeres también se enfrentan a propuestas de explotación sexual para recibir hasta tres gramos por noche (entre S/570 y S/690).
“Estas mujeres, especialmente las madres solteras, se ven obligadas a aceptar este tipo de trabajos debido a la extrema necesidad económica y la falta de otras alternativas laborales en la comunidad”, revela el estudio.
El Nanay —fuente de agua potable de Iquitos— es el río amazónico más impactado por la actividad minera en Loreto".
Testimonios recogidos por OjoPúblico confirman esta situación: en la cuenca del Nanay existe tránsito frecuente de embarcaciones que trasladan mujeres —principalmente, de nacionalidad venezolana, colombiana y brasileña, además de peruana— hacia comunidades de zonas altas, como Puca Urco y Alvarenga, donde, precisamente, se ha agudizado la extracción del oro y la violencia.
Alvarenga es la última comunidad del río Nanay. Ubicada a unas ocho horas de viaje en bote rápido desde Iquitos, es uno de los principales focos de la minería ilegal en la cuenca: dragas que extraen oro del lecho del río, motores, combustibles y otros insumos usados en la extracción ilegal forman parte del paisaje cotidiano de sus habitantes que, en gran medida, son extranjeros. Su exautoridad comunal, Valery Barreto Maldonado, enfrenta una acusación por financiamiento a la minería ilegal, detalló el fiscal adjunto provincial en materia ambiental de Loreto-Maynas, Bratzon Saboya Torres.
El caso de Alvarenga y pagos con oro
“Ese señor es muy abusador. Me está cobrando unos gramos de más”. El 13 de abril de este año, una ciudadana colombiana envió este mensaje, a través de WhatsApp, a la Policía de Iquitos. La mujer había sido captada en su país natal para poder trabajar como “dama de compañía” en la embarcación azul del río Nanay, ahora incautada. Sin embargo, según declaró, terminó siendo retenida contra su voluntad.
De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, el esquema de explotación en este caso se centra en el hombre venezolano conocido como ‘El Gordo’ o ‘Veneco’, quien contaría con embarcaciones en Puca Urco y Alvarenga, en el distrito de Alto Nanay. Es señalado por captar a mujeres colombianas, ofrecerles S/500 u S/800 por servicio y financiar el viaje desde Bogotá hasta Iquitos, pasando por Leticia, Santa Rosa de Yavarí, en Colombia.

INTERVENCIÓN. Una embarcación era usada como prostíbulo flotante en la comunidad de Alvarenga, según la Policía.
Foto: Ministerio Público
“Ya en el río les imponía una deuda de 15 a 20 gramos de oro por traslado, más dos gramos semanales por alimentación, y multas de uno a cinco gramos por cualquier falta que cometían. Por ejemplo, no lavar los platos o ensuciar el piso. Entonces, se generaba una deuda que era impagable para ellas”, detalló Daniel Scipión Salazar, fiscal provincial de la Fiscalía Especializada en Trata de Personas de Loreto, a OjoPúblico.
El 18 de abril, durante la intervención en la embarcación de Alvarenga, una de las rescatadas confirmó que era obligada a realizar servicios sexuales y que, a cambio, los hombres entregaban pepitas de oro. Pero ella no recibía ningún pago: “No me entregaban dinero, oro, ni nada”, declaró la mujer.
Según la investigación del caso Alvarenga, los servicios ilegales se pagaban con 'rayas' de oro, lo que muestra una conexión con la minería ilegal".
OjoPúblico conoció, a través de un pedido de acceso a información pública, que los investigados por este caso son el ciudadano venezolano Wilder Alfredo Ortega Rondón; la colombiana Yesica Isleny Bautista Acosta; así como los peruanos Víctor José Chota Ramírez y Wily Joel Hidalgo Viera. El caso se encuentra en la etapa de formalización de investigación preparatoria.
Los cuatro son investigados por el presunto delito de explotación sexual, de los cuales solo dos cumplen prisión preventiva: Hidalgo Viera y Chota Ramírez, conductor y ayudante en el bote.
En tanto, se desconoce el paradero de Ortega Rondón —el principal investigado, señalado como 'El Gordo’— y de Bautista Acosta, quien, según la Fiscalía, abandonó el país por la zona fronteriza de Santa Rosa el 22 de abril de este año.

HALLAZGO. En la intervención de una balsa en la comunidad de Alvarenga se identificó a dos presuntas víctimas de explotación sexual.
Foto: Policía Nacional del Perú
“Se pidió prisión preventiva contra los cuatro y le otorgaron a los dos tripulantes de la embarcación que fueron encontrados en flagrancia (...) Respecto a los otros dos, atendiendo que no se trataba de un caso con reo en cárcel, [el Juzgado de Investigación Preparatoria Transitorio de Maynas] difirió la audiencia para junio”, explicó el fiscal Scipión Salazar. La diligencia fue reprogramada por el juzgado al menos dos veces y aún no tiene fecha.
Los reportes preliminares de la Policía especializada en trata asocian, además, a los investigados con el tráfico de drogas y la minería ilegal, y apuntan a que el caso alcanzaría a ocho víctimas colombianas y venezolanas. En la balsa se encontraron cuadernos de registro, celulares, una balanza, alcohol y drogas, profilácticos, dinero, así como un sistema de internet satelital Starlink, similar al identificado en dragas. La Fiscalía ha solicitado el levantamiento del secreto de las comunicaciones.
“Situaciones similares se han podido ver, por ejemplo, en Madre de Dios: donde había explotación minera ilegal, también había explotación sexual. Se está viendo [aquí] desde un panorama de inicio. Está iniciando ese tipo de actividad”, indicó Daniel Scipión, fiscal especializado en trata de personas.
En este contexto, las mujeres son víctimas dos veces: además de la explotación sexual, el pago con oro aluvial las incorpora en el círculo de la minería ilegal y las expone a la comisión del presunto delito de lavado de activos. En Iquitos, por ejemplo, OjoPúblico identificó joyerías que compran oro proveniente del Nanay.
“[Sí se incorporan] en la cadena de valor de la minería. Terminan convirtiéndose en parte del engranaje”, refiere Ricardo Valdés Cavassa, exviceministro del Interior y director ejecutivo de CHS Alternativo, especializado en temas de explotación humana.
Crece la trata en Loreto
La trata de personas es una de las formas más graves de violencia basada en género y tiene como principales víctimas a las mujeres jóvenes, adolescentes, migrantes y personas indígenas, según un estudio del Ministerio Público, de junio de 2025. No es un fenómeno aislado, sino que converge con otras economías ilegales, como el narcotráfico y la minería ilegal.
“Es un delito ‘proceso’, donde [se sanciona a] quien capta por diversos medios con fines de explotación sexual, laboral, mendicidad forzosa, tráfico de órganos, entre otros, aprovechándose de condiciones de vulnerabilidad o a través de amenazas. Es decir, no necesitas que se produzca la explotación. Basta que se pruebe que tenía esos fines”, explica Valdés Cavassa.
El exviceministro añade que, en la Amazonía, la actividad ilícita más asociada a este delito es, justamente, la minería ilegal, seguida por el narcotráfico y la tala ilegal.
Loreto, donde la minería ilegal se ha extendido a 13 ríos, entre ellos el Nanay, Marañón, Tigre y Mazán, es la segunda región y el tercer distrito fiscal con más casos (552) de trata de personas y delitos conexos en los últimos cinco años en el país. Solo lo supera Lima y Lima Norte. En la Amazonía ocupa el primer lugar.
En 2022 registró 83 denuncias; en 2023, 147; en 2024, 93; en 2025, 88, y solo entre enero y mayo de 2026, 141, según datos del Ministerio Público a los que accedió este medio. Es decir, lo reportado en los cinco primeros meses de este año superó las cifras anuales de 2022, 2024 y 2025.

ESPACIO. Parte de las diligencia del 18 de abril en la cuenca del Nanay se desarrollaron en Unidad de Control Fluvial Río Inambari, de la Marina.
Foto: Ministerio Público
En ese mismo periodo, ese distrito judicial registró 22 sentencias por trata de personas y sus formas agravadas. Es la segunda localidad amazónica, después de Madre de Dios, con más condenas por este delito.
Entre las zonas de Loreto donde también se ha reportado la presencia de trata de personas con fines de explotación sexual o trabajo forzoso figuran Mazán, en Maynas —caso asociado a una adolescente brasileña de 17 años rescatada esta semana—, y Saramiriza, en el distrito de Manseriche, Datem del Marañón, con anuncios en TikTok en los que se buscan “ficheras”, para trabajar en bares y locales nocturnos.

CAPTACIÓN. En Saramiriza, localidad en Loreto con actividades de minería ilegal, se ha identificado explotación sexual de mujeres en bares.
Captura: TikTok
A esto se suma el rescate de jóvenes del pueblo indígena chapra que iban a ser trasladados a la cuenca del río Tigre, alertado por lideresas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); así como el reciente caso de una niña peruana de 9 años llevada desde el distrito de Tigre, en Loreto, hacia Ecuador para ser entregada a un hombre de 50 años, con el presunto fin de someterla a un matrimonio servil. La menor fue rescatada en la provincia fronteriza de Pastaza.
Los testimonios
En la cuenca del Nanay, autoridades comunales y vecinos, cuyas identidades se mantendrán en reserva por seguridad, refirieron a OjoPúblico sobre casos de prostitución, embarazo adolescente, drogadicción y presunta explotación sexual en las comunidades de Alvarenga y Puca Urco, donde hubo un reciente ataque de mineros a personal de la Marina. Señalaron, además, que las actividades clandestinas se ejecutan, principalmente, en amplias balsas adecuadas como prostíbulos.
Una defensora ambiental de la cuenca indicó que mujeres extranjeras —y algunas de otras cuencas amazónicas— son trasladadas desde la ciudad de Iquitos hacia Alvarenga, atravesando los controles de la Policía y la Marina, bajo falsas ofertas de trabajo para cocinar o lavar ropa de los mineros.

AFECTADOS. Los habitantes de la cuenca del río Nanay están expuestos a violencia y delitos como la trata de personas. Este mes, en Diamante Azul se inició un control territorial.
Foto: Comunidad de Diamante Azul
Una vez en el lugar, son víctimas de explotación o abuso sexual. “Conozco un caso muy especial, pero de eso, a veces, no quiero hablar. Cuando eso se ‘arregle’ en el Nanay, ella piensa salir [y hablar], porque sabe que alguien la va a cuidar (...) Por falta de trabajo, de economía, ellas quieren estudiar, tener una universidad. A cambio de eso, van y trabajan. Es muy peligrosa la situación”, dijo a este medio
Otras dos autoridades de la comunidad de Mishana y de Santa María de Nanay, capital del distrito de Alto Nanay, refirieron haber visto grupos de unas 10 mujeres extranjeras, acompañadas por dos o tres hombres, trasladándose en embarcaciones hacia las zonas altas de la cuenca, donde no hay actividades turísticas. Según relataron, estos grupos se detienen para comer y refieren que viajan para visitar a familiares.
RIESGOS. Diamante Azul es una de las comunidades donde se han registrado casos de personas con niveles de mercurio superiores a lo recomendado por la OMS.
Foto: OjoPúblico / Aldair Mejía
Ricardo Valdés refirió que la mayor afluencia de mujeres jóvenes en embarcaciones que no son de turismo y que se dirigen hacia destinos no precisados levanta sospechas sobre posibles traslados con fines de explotación sexual.
“Si están por su voluntad, todas son adultas, han alquilado el bote, pero hay alguien que administra el dinero, ese administrador de dinero es el que pasa a ser proxeneta”, refirió Valdés Cavassa. La prostitución no es un delito, pero el favorecimiento a esta actividad sí lo es.
Loreto es la segunda región y el tercer distrito fiscal con más casos (552) de trata de personas y delitos conexos".
Jhonny Huaymacari, presidente de la Coordinadora de Comunidades Nativas y Campesinas de la Cuenca del Nanay (Conaccunay), ratificó la presencia de la trata de personas en la cuenca y la falta de atención de autoridades locales para atender el fenómeno.
“Ninguna autoridad lo denuncia. Los tenientes gobernadores de todas las comunidades deben emitir un informe mensual a la Prefectura y la Prefectura informar a sus superiores para que conozcan cómo está el Nanay. En la cuenca hay niñas de 13, 14 años gestando”, señaló el defensor ambiental de la comunidad nativa Diamante Azul, Arquímedes Arirama.
ACCIÓN. Los dirigentes de las comunidades piden la acción de las autoridades en la cuenca del Nanay, para intensificar controles ante la violencia y la presencia de foráneos.
Foto: OjoPúblico / Aldair Mejía
Abel Chiroque Becerra, jefe de la Oficina Defensorial de Loreto, sostuvo por su parte, que el avance de la minería ilegal en la región y la llegada de los delitos conexos han agudizado la vulneración de los derechos de sectores desprotegidos.
Entre los problemas sociales figuran el consumo de alcohol, la inseguridad ciudadana, la deserción escolar y la contaminación: el año pasado se detectaron niveles de mercurio por encima de los límites internacionales, tanto en peces como en personas en la cuenca, sostuvo el funcionario, quien participó en el Comité Regional de Seguridad Ciudadana, el 24 de julio en Loreto.
Según el estudio de DAR, de 2025, basado en la comunidad de Seis Hermanos, el aumento de la violencia, el consumo de alcohol y la trata de personas en campamentos mineros genera un entorno más peligroso para las mujeres, quienes enfrentan con mayor intensidad los efectos colaterales de esta práctica ilegal. “Además de ser víctimas de violencia estructural, asumen un rol central en la defensa del territorio”, dice el informe.
Pero esta labor también representa una amenaza. En 2024, solo el distrito de Alto Nanay registró 10 situaciones de riesgo para personas defensoras de derechos humanos: la mayor cifra a nivel distrital en Loreto. El año pasado, en tanto, hubo tres, la cifra más alta en comparación a otras localidades de la región, según reportes del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a los que accedió OjoPúblico.
En ese contexto de vulneración del medio ambiente y de los derechos humanos, desde el domingo 16 de agosto hasta el viernes 21, Diamante Azul realizó control territorial para impedir el paso de embarcaciones con personas foráneas, combustible o presuntos insumos para la minería ilegal. Para el miércoles 26 de agosto se prepara una marcha en Iquitos contra la minería ilegal en sus ríos.
El estado de la cuenca del Nanay ha llegado hasta el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina que, el 20 de julio de 2026, admitió a trámite la demanda de acción de incumplimiento planteada por Conaccunay contra el Estado peruano, en la lucha contra la minería ilegal. En junio de 2025, la organización planteó una primera demanda en la que alertó sobre peligros como la trata de personas.

ZONAS. Mapa de comisaría de Santa María de Nanay muestra el río Nanay (parte inferior) y la ubicación de comunidades como Diamante Azul, Puca Urco y Alvarenga.
Foto: OjoPúblico / Jonathan Hurtado
Fiscales que trabajan en la zona del Nanay también reconocen el problema y han solicitado la declaratoria de estado de emergencia, el refuerzo de los patrullajes en San Juan de Ungurahual, Alvarenga y zonas ubicadas aguas arriba, la intervención del Comando Unificado PUMA [fuerza combinadas en Perú para combatir amenazas en la Amazonía] y la verificación trimestral de la Agencia Especial del Perú, de las actividades de minería ilegal aluvial.
El 6 de agosto, Vladimiro Huaroc Portocarrero, ministro del Ambiente, llegó al puesto de vigilancia y control Yarana, en la Reserva Nacional Allpahuayo Mishana, en Loreto, donde anunció que el Gobierno combatirá la minería ilegal en el río Nanay. Pero el impacto de esta actividad y los delitos que se desarrollan a su alrededor se concentra más arriba, en zonas de la cuenca a las que se llega después de más de ocho horas de viaje. Allí, entre los arbustos de Alvarenga, fue intervenida la balsa celeste, con mujeres rescatadas de la explotación sexual.