Actualización: 27/09/23 a la 1:33 p.m.

 

La cuenca del río Nanay —uno de los principales afluentes del río Amazonas y fuente del agua potable para la ciudad de Iquitos— se ha convertido en el nuevo foco de extracción ilegal de oro en Perú. Cada día, una draga puede sacar entre 80 y 120 gramos de oro de 24 quilates. El precio del gramo de este tipo de metal en Iquitos es actualmente de S/200, es decir, cada operador obtiene por lo menos S/16.000 diarios: casi medio millón de soles al mes. Una parte del mineral extraído —en promedio de 20 gramos al mes— es entregado a la comunidad indígena o campesina como pago por consentir la actividad en su territorio.

La actividad minera en esta zona comenzó el año 2000. Sin embargo, desde el inicio de la pandemia, se ha multiplicado la cantidad de dragas que succionan el lecho del río para obtener el oro, y usan sustancias altamente tóxicas como el mercurio. Un equipo de OjoPúblico recorrió la cuenca del Nanay para conocer el alcance de la minería ilegal.

“La minería lo está contaminando todo y las autoridades no hacen su trabajo. Ellos no lo sienten porque no viven acá, son aves de paso, pero nosotros sí, (…) y los jóvenes dejan de estudiar, dejan de ir al colegio para ingresar a lo más fácil, a lo ilegal”, advierte Jahaira Tello García, regidora de la Municipalidad distrital de Alto Nanay.

A pesar de que, al inicio, las comunidades locales se oponían a la minería, con el tiempo fueron cediendo a cambio de ciertas prestaciones que llegaron con el negocio del oro: el comercio se incrementó y cada vez más familias tenían un ingreso fijo.

Entre 2021 y julio de 2023, solo en el Nanay, se identificó un acumulado de 122 dragas, señala un reciente informe del Proyecto Monitoreo de la Amazonía Andina (Maap), de Amazon Conservation y la Asociación para la Conservación de la Cuenca Amazónica (ACCA). Se trata del río más afectado por esta actividad en comparación con otros 10 analizados de Loreto. “Los resultados (...) han permitido entender el nivel crítico de la cuenca del río Nanay”, advierte Maap.

EN SANTA MARÍA. Desde inicios de la pandemia se ha intensificado el asedio de los mineros ilegales al río Nanay, de donde se extrae de manera ilegal oro de 24 quilates.

Foto: OjoPúblico / Aldair Mejía

 

Las imágenes de la plataforma —obtenidas a través de satélites— así como los videos y fotografías registrados por los propios comuneros, a los que tuvo acceso este medio, dan cuenta de dos tipos de estructuras para la minería ilegal: las pequedragas, que son plataformas de madera asentadas sobre dos botes peque-peque, y otro tipo de embarcación parecido a una lancha de dimensión mediana. Ambas pueden huir ante el riesgo de ser intervenidas. En otros casos, los mineros abren las válvulas y las hunden temporalmente, narran los militares que participan en los operativos. 

En el distrito del Alto Nanay, provincia de Maynas, el río recorre siete comunidades: cinco campesinas y dos indígenas. San Juan de Ungurahual, territorio del pueblo indígena ikitu, marca un límite: desde allí en adelante se intensifica la extracción del oro. Navegar ese trecho se torna peligroso. Los niveles de la actividad ilegal e inseguridad son tan altos que las autoridades fiscales reconocen que no pueden acceder fácilmente.

La noche del 20 de abril del 2022, en la comunidad San Juan de Ungurahual, un equipo liderado por un fiscal —según detalla este último— fue hostilizado con una luz muy potente que apuntaba al motorista de la embarcación, luego empezaron los disparos desde la comunidad.

El testimonio de otro fiscal revela, además, que muchas veces los mismos comuneros pretenden evitar la incautación de maquinarias e insumos de los mineros. En junio último, habitantes de Puca Urco —ubicada a unas siete horas por río desde la ciudad de Iquitos— impidieron la destrucción de tres dragas. Según el testimonio de la autoridad, la delegación —con apenas seis integrantes— fue superada por un grupo de comuneros, quienes se posicionaron sobre la embarcación a fin de protegerla.

Alrededor de esta actividad, señalan las mismas fuentes y reportes policiales, se ha identificado no solo la presencia de mineros peruanos, sino también procedentes de Colombia y Brasil. “Ellos dominan la ruta y no permiten el tránsito a desconocidos”, remarcan.

MERCADO. El precio del oro en la ciudad de Iquitos bordea los S/200 por gramo, por lo que cada operador de la minería ilegal llega a obtener hasta S/16.000 al mes.

Foto: OjoPúblico / Aldair Mejía

MONITOREO. Imágenes satelitales evidencian el nivel crítico de la cuenca del Nanay por la presencia de dragas entre 2021 y 2023, según Maap.

Imagen: Proyecto Monitoreo de la Amazonía (Maap)

 

Las operaciones ilegales se desarrollan, incluso, sobre territorios protegidos, como el Área de Conservación Regional Alto Nanay-Pintuyacu-Chambira, de una superficie de casi un millón de hectáreas y donde se ubica la cabecera de la cuenca del Nanay. Una actividad permitida es la pesca artesanal. Hasta ahí llegan habitantes de comunidades aguas abajo. 

Desde el 2020, más de 110 dragas han sido destruidas en el Nanay, de las cuales 33 corresponden a este año, según reportes de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (Fema) de Loreto y la Marina de Guerra. Sin embargo, con los altos precios del oro en el mercado global, la capacidad económica de los mineros no se ve afectada, pues rápidamente logran reponer la infraestructura dañada. 

Estas infraestructuras de apariencia rústica pueden contar con equipos sofisticados como las antenas Starlink, internet satelital, que les permiten estar comunicados, incluso, con el extranjero. Su costo es elevado —se estima, por lo menos, S/2.000— aparte del servicio, explican las autoridades. Por eso, los fiscales entrevistados para esta investigación señalan que el principal camino para debilitar esta actividad ilícita es apuntar a los financistas.

La Fema y la Dirección Regional de Energía y Minas de Loreto (DREM Loreto) ratifican la situación crítica de la cuenca del Nanay en torno a la expansión de la minería ilegal. “He realizado sobrevuelos en otras cuencas y he encontrado mayor actividad en el Nanay. Es como si se estuvieran aferrando a él, por la calidad de oro. Además, las dragas tienen mejor equipamiento, mejor tecnología. Entonces, hay mayor interés y presencia”, refiere a OjoPúblico el fiscal adjunto provincial de la Fema Loreto - Maynas, Bratzon Saboya.

A la extracción ilegal de oro y su impacto sobre el lecho del río se suma el uso de mercurio para la obtención del metal. El 15 de setiembre de este año, la Policía intervino una embarcación denominada “El Aguajito”, que tenía como destino la comunidad campesina de Puca Urco y detuvo a dos personas que transportaban mercurio en sus mochilas. Se trató de Kike Tuesta Morales (40), procedente de Iquitos, y de Segundo Pasión Leiva Florian (60), domiciliado en Mazán.

 

Un permiso minero en el corazón de un río

En este contexto de expansión de la minería ilegal en la cuenca del Nanay, el 31 de agosto de 2023, el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet), a través de una resolución de presidencia, otorgó el título de una concesión minera en el distrito de Alto Nanay —denominada Raíces Gaddaffy— a Ricardo Moreno Valderrama. 

Este ciudadano figura como gerente general de la empresa con el mismo nombre dedicada, según la Sunat, a la silvicultura y otras actividades forestales. De hecho, en mayo de 2022, el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) le impuso una sanción administrativa por “comercializar y poseer productos forestales extraídos sin autorización”, según la resolución.

El petitorio de concesión minera tipo metálica en la zona —cuya área aparece sobre un sector del río Nanay— se presentó el 4 de mayo de 2023 ante Ingemmet. 

RECURSO. En Perú está prohibida la extracción de minerales como el oro de los ríos y otros cuerpos de agua, lo que configura el delito de minería ilegal.

Foto: OjoPúblico / Aldair Mejía

 

El 1 de setiembre de 2023, OjoPúblico le consultó a Jorge Salinas Angulo, entonces técnico de la Dirección Regional de Energía y Minas de Loreto, acerca del referido petitorio. El funcionario mencionó que este “no había llegado” a la dirección y que evaluaría cuál era su situación. “No hay normativa que nos faculte como institución poder otorgar permiso o formalizar minería acuífera en estos lugares [zonas reservadas, de amortiguamiento o ríos]”, indicó.

En efecto, en 2003, el mismo Gobierno Regional de Loreto declaró la cuenca del río Nanay como “zona de exclusión para actividades de extracción minera y para aquellas que alteren la cobertura vegetal”. Asimismo, el decreto legislativo 1100 prohíbe el uso de dragas en ríos y cuerpos de agua. Incluso, el Código Penal considera como agravante del delito de minería ilegal la afectación al sistemas de irrigación o aguas destinadas al consumo humano.

Entre 2021 y 2023, el Nanay ha sido el más afectado por la presencia de dragas frente a otros 10 ríos de Loreto".

De acuerdo a un informe de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS Perú), hasta abril de 2023, el 100% de los derechos otorgados y en trámite en la cuenca del Nanay correspondían a la minería no metálica, principalmente, al aprovechamiento de agregados y arcillas de construcción. “Eso evidencia que cualquier otra actividad minera en la cuenca (como la explotación aurífera) es totalmente ilegal”, refiere. 

En diálogo con OjoPúblico, Ricardo Moreno Valderrama reconoció que se le ha otorgado la concesión minera metálica y afirmó que tiene previsto, a partir del próximo año, realizar extracción de oro dentro del área de 1.000 hectáreas, ubicada en la comunidad de Puca Urco, en el distrito de Alto Nanay. No obstante, el empresario argumentó que llevará a cabo la actividad de minería aluvial, pero fuera del río. “A dos kilómetros de distancia”, dijo.

“La zona no está excluida de la minería. No hay minería por acá, que es muy diferente. Hemos luchado para tratar de extraer el mineral con todo lo que marca la ley (...). Cuando la minería se hace en aluvial es menos costosa (...). Tenemos que tener nuestras reservas, de dónde vamos a sacar la tierra, lo que ya lavamos, tener nuestro pozo, a dónde van a ir los materiales residuales. Eso se llama impacto ambiental”, agregó.

DOCUMENTO. A la izquierda, la resolución de Ingemmet que otorga el título de concesión minera. A la derecha, el área que figura en el petitorio, ubicado sobre un sector del río Nanay.

Imagen: Ingemmet

EMBARCACIONES. Durante un sobrevuelto realizado este mes se observa el mecanismo de extracción de las dragas, las cuales, incluso, tienen equipos satelitales.

Foto: Fema Loreto

 

El abogado especialista en materia ambiental, César Ipenza, aclara que contar con un título de concesión no da el derecho a la explotación minera. Para ello, previamente, se deben cumplir con exigencias legales, como tener un estudio de impacto ambiental, la autorización de uso de terreno superficial, opinión de autoridad local del agua, entre otros. Incluso, al tratarse de minería aluvial —si se refiere a que el oro tiene ese origen, pero no se extrae de cuerpos de agua— requerirá de una autorización de desbosque para liberar la zona.

“El señor no es un minero, no ha estado operando antes, sino es uno nuevo. Entonces, lo que tiene que hacer es cumplir toda la ley; es decir, después de la concesión, preparar los estudios ambientales, las autorizaciones [...]. El proceso no va a ser sencillo, no es que se tenga la concesión y opere mañana [...]. No le corresponde ampararse al Reinfo (Registro Integral de Formalización Minera), sino todo hacerlo por la vía ordinaria”, refiere. 

Para el abogado, puede resultar discutible que una concesión figure sobre el sector de un río, pero legalmente no está prohibido. Lo que sí lo está —e incluso es un delito— es la explotación minera en ese cuerpo de agua. La minería en ríos es ilegal. “[El caso de Loreto llama la atención] porque se supone que hay una lucha contra la actividad ilegal, no hay ninguna actividad formal en esta zona y uno ve que empiezan a solicitar petitorios. Después de este vendrán mucho más. Llama la atención porque no hay petitorios en esa zona”, señala Ipenza.

 

Expediente para concesión minera en Alto Nanay by OjoPúblico Periodismo de Investigación on Scribd

 

 

 

Apuntar a los financistas

Según fuentes fiscales, quienes operan las dragas son solo encargados y no los verdaderos dueños o financistas, por lo que sus investigaciones apuntan a la identificación de estos últimos. Antes de poner en marcha sus operativos denominados Tahuampas del Nanay, el 2020, la Fiscalía optó por trabajar con el Departamento de Investigación Contra el Crimen Organizado de la Policía, dejando de lado al Departamento de Protección del Medio Ambiente de la Policía de Iquitos por sospechas de filtración de información a los mineros. 

En el marco de dichos operativos se intervino maquinaria, equipos y dragas aguas arriba o cerca de las comunidades de Alvarenga, Puca Urco y San Juan de Ungurahual. Las tres localidades —según autoridades y ciudadanos de Alto Nanay— son focos de minería ilegal. En estos operativos se incautaron armas, teléfonos satelitales, piezas de dragas, combustible y agendas, útiles para la investigación. 

De acuerdo a la FEMA, desde hace un par de años se tiene conocimiento de la presencia de organizaciones criminales en la zona, aunque todavía no es posible determinar la identidad de los principales líderes. Lo que es claro es que muchos de sus miembros son ciudadanos extranjeros, principalmente colombianos.

“Algunos llegan como gatilleros, pero luego aprenden a operar dragas, conocen su funcionamiento, lo que hace el manguerero, el motorista, el buzo (...). Entonces una vez que aprenden a armar su propia draga se expanden”, explica una fuente fiscal. 

“La dragas son como la cabeza de una Hidra —el personaje mitológico—, tú le cortas dos cabezas y le salen cuatro, y es algo que no termina de eliminarse”, dice Sidney Novoa, de la Asociación para la Conservación de la Cuenca Amazónica (ACCA), y quien se encarga de analizar los mapas satelitales del proyecto MAAP que buscan identificar dragas en la selva. 

 

Los insumos para la minería ilegal en el Nanay pueden ingresar por dos vías, según lo declarado a este medio por autoridades y fuentes locales. Pueden llegar desde la ciudad de Iquitos surcando el río o pueden ingresar por una trocha que une el río Tigre con el Nanay. El Tigre es un río que también reporta minería ilegal, según información de la misma plataforma MAAP, aunque muy lejos aún de los niveles de su vecino. 

En la ruta desde Iquitos, las embarcaciones están obligadas a detenerse en dos puntos: la Unidad de Control Fluvial de la Marina y la comisaría de Santa María que está al lado. Se trata de un largo trayecto —de unas cinco horas viajando en un bote rápido— en el que la embarcación no se tiene que reportar ante ningún control. 

Hasta setiembre del año pasado, la base de la Marina se ubicaba en el puesto de control y vigilancia Yarana, de la Reserva Nacional Allpahuayo Mishana. En este punto se debía controlar e incautar los insumos presuntamente destinados a la minería. Ahora, esa base se ubica en Santa María, dos horas aguas arriba.

En mayo último —sin la presencia de la Marina ni la Policía— este puesto sufrió el robo de equipos como motores y radios. El caso está en investigación de la Fiscalía “para determinar si se trató de mineros ilegales o una banda organizada de ladrones que opera en la zona”, informó el jefe de la reserva, Herman Ruiz. 

OBJETIVO. El puesto de Yarana, de la Reserva Allpahuayo Mishana, fue asaltado en mayo pasado. La Marina lo resguardaba con una unidad flotante que trasladó a Santa María.

Foto: OjoPúblico / Aldair Mejía

 

Solo Santa María de Nanay, capital del distrito, se opone mayoritariamente a la minería. En esta localidad de más de mil habitantes es conocido Nicolás “Gallo” Pérez, quien fue por dos años —2021 y 2022— sargento de ribera. Según cuenta, su labor consiste en alertar a la Marina y la Policía sobre la presencia de operadores de la minería ilegal en su zona, así como acompañar las intervenciones. 

“A mí ya me han puesto la pistola, y les he dicho que me maten, pero le he dicho que después van a atenerse a las consecuencias”, dice Pérez a OjoPúblico, en la entrada de su casa. Pérez ha participado en numerosos operativos de incautación de combustible, en barriles, bidones y hasta en botellas de gaseosa. También en la incautación de equipos para las dragas como motores y alfombras. 

Muchos de estos equipos tienen como destino el Área de Conservación Regional (ACR) Alto Nanay-Pintuyacu-Chambira, lugar preferido por los pescadores artesanales que llevan lo capturado —como zúngaro, sábalo, tucunare, fasaco, curuhuara, lisa, entre otros— a vender a Iquitos.

APOYO. Nicolás Pérez requiere protección de las autoridades y garantías para su vida ante las amenazas de los operadores de actividades ilícitas.

Foto: OjoPúblico / Aldair Mejía

 

Esta área protegida se creó el 2011 con el fin de conservar los recursos naturales de la zona. Sin embargo, esto no se está cumpliendo. Celzo Gil Gonzales, jefe del ACR, dijo a OjoPúblico que la falta de recurso para combustible, principalmente, hace que no puedan hasta ahora realizar un patrullaje del río. 

Según el funcionario, en la gestión regional anterior “no hubo patrullaje, por eso es que los mineros han aumentado y estos han aprovechado la pandemia para ingresar. Son gente de Madre de Dios, conjuntamente con ciudadanos colombianos”, asegura. 

Una fuente local detalla que las embarcaciones que transportan insumos para la actividad ilegal son “El Aguajito”, que es un ponguero, la lancha "Tito" o "Papá Fidel”, y la lancha “Zaragoza”. “En ‘El Aguajito’ ellos ya saben cómo camuflar”, señala a este medio. En esta embarcación fueron intervenidos el 15 de setiembre dos personas por llevar frascos de mercurio. Uno de los puntos de zarpe es el puerto de Santa Clara, ubicado a una hora por río de Iquitos. 

Otros documentos policiales a los que accedió este medio detallan que el 1 de julio de 2023, agentes de Santa María detuvieron al ciudadano colombiano Óscar Armando Macías (35) cuando abordaba “El Aguajito” rumbo a Iquitos. Según el referido oficio, el intervenido llevaba en una pequeña bolsa, dentro de su pantalón, lo que presuntamente eran 112 gramos de oro, valorizado en más de S/20.000.

 

El impacto en la comunidad

En Santa María de Nanay, las familias dejan baldes en los exteriores de sus viviendas. Por las noches, cuando llueve, estos se llenan y el agua luego se usa en la preparación de los desayunos del programa Qali Warma, los almuerzos del comedor popular San Antonio y los refrescos en las bodegas. Sin embargo, las madres y padres de familia del colegio público N° 60189 —con más de 240 estudiantes— señalan que tienen otra fuente de agua: el río Nanay.

“Aquí había [servicio de] agua, pero ahora no está funcionando. El río está sucio y tenemos que asentar el agua, echarle cloro. Tenemos que cargar del río cuando nos toca consumir. Cada alumno se turna para llevar un balde de agua al colegio”, comenta Martha Piña (43), madre de dos escolares.

Los habitantes de la cuenca del Nanay viven en medio de amenazas de la minería ilegal y la ausencia del Estado".

Personal del Centro de Salud de Santa María refiere que la mayoría de casos atendidos en lo que va del año corresponden a Enfermedades Diarreicas Agudas (EDA), que afectan, principalmente, a los menores. Similar es el panorama en el puesto nivel I-1 de la comunidad de Diamante Azul, a dos horas por río de Santa María. En ambos casos, el personal sanitario señala que uno de los principales motivos es la escasez de agua potable y la contaminación del río. 

La cuenca del Nanay carece de estudios integrales y actualizados sobre la presencia de mercurio en sus aguas, refieren en el Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP) y el Centro de Innovación Científica Amazónica (Cincia), entidades que tienen previsto analizar esa zona. 

CARENCIAS. Los centros de salud de Santa María de Nanay, así como de Diamante Azul, requieren mejoras en infraestructura y personal, dado que atienden a cientos de habitantes.

Foto: OjoPúblico / Aldair Mejía

COMUNIDAD. En el comedor popular y la escuela de Santa María deben recoger agua del río ante la falta de recursos potables, señala Roxana Chávez, la madre encargada de la alimentación.

Foto: OjoPúblico / Aldair Mejía

 

Un artículo de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), publicado en 2016, daba cuenta que, a partir de 1999, se reportó el desarrollo de extracción de oro en la cuenca del Nanay, tras lo cual se realizaron evaluaciones de mercurio, entre 2000 y 2001, y se determinó el incremento de concentraciones de esta sustancia tóxica. 

Luego, en 2012, un monitoreo participativo de la ANA detectó concentraciones sobre los límites permisibles de mercurio y plomo en seis de los 11 lugares evaluados ese año. “El Nanay cobra una singular relevancia por ser la fuente proveedora de agua para la ciudad de Iquitos, con medio millón de habitantes”, refiere el informe. No obstante, estos datos ya no son suficientes para tener un panorama integral de la cuenca o compararlo con la situación actual, según expertos.

Otros monitoreos de la ANA, incluido uno de 2020, detectaron niveles mayores a los normales de plomo, sólidos totales suspendidos, fósforo total, nitrógeno o coliformes. A partir de ello, Alto Nanay, junto con otros cuatro distritos de Loreto fueron declarados en estado de emergencia por peligro inminente ante la contaminación hídrica del río Nanay por un plazo de 60 días calendario. 

COMUNIDAD. Los dirigentes de Diamante Azul, a dos horas de Santa María, refieren que la ausencia de oportunidades laborales empuja a sus habitantes hacia la minería ilegal.

Foto: OjoPúblico / Aldair Mejía

 

OjoPúblico solicitó una entrevista con dicha entidad, pero no obtuvo respuesta al cierre de edición. No obstante, en agosto último, la ANA informó que ejecuta un monitoreo participativo de la calidad de agua superficial en dicho río para lo cual ha tomado muestras. Ericka Dávila, de la Administración Local de Agua (ALA) Iquitos, subrayó la importancia de determinar el estado de la calidad de agua en dicha cuenca, ya que se trata de un cuerpo de agua que abastece a la ciudad de Iquitos. 

La coordinadora del Programa de Mercurio del Centro de Innovación Científica Amazónicas (Cincia), Claudia Vega, señala que el consumo de pescado con mercurio es la principal fuente de exposición en los humanos a esta sustancia tóxica. “Cuando hay minería, hay niveles más altos de mercurio en peces, aves, murciélagos, aire. Hay emisiones de mercurio y la presencia de minería resulta en mayor contaminación del ambiente”, refiere.

La especialista, cuya institución llevará a cabo un estudio en el Nanay, subraya que existe gran afectación en comunidades indígenas, dado el alto consumo de pescado en esta zona, como su principal fuente de proteína. 

 

Posiciones encontradas

En la cuenca del Nanay, la minería ilegal avanza en medio de la ausencia del Estado. Durante su recorrido, OjoPúblico pudo comprobar la falta de servicios básicos en Santa María de Nanay y Diamante Azul. En la primera localidad carecen de agua potable, el servicio de luz solo opera entre las 6 y 10 de la noche, y en el único colegio público, las clases no son continuas: cierra cuando los maestros viajan hasta Iquitos para cobrar su salario. 

PUESTO. La Unidad de Control Fluvial de la Marina es una base flotante ubicada en Santa María, donde todas las embarcaciones deben ser inspeccionadas.

Foto: OjoPúblico / Aldair Mejía

ATENCIÓN. Los alumnos de la escuela 60191, de Diamante Azul, reciben clases en un ambiente de serias carencias, con mobiliario roto y triplay en lugar de paredes.

Foto: OjoPúblico / Aldair Mejía

 

En Diamante Azul, el puesto de salud tiene la categoría más baja, aunque atienda a una población mayor a 700 personas. El antiguo colegio secundario N° 60191, en lugar de paredes de concreto, está dividido por planchas de triplay rotas, que ni siquiera evitan el cruce de las voces de los maestros entre las aulas. Los más de 80 estudiantes reciben clases en medio del deterioro y el bullicio.

En ambas localidades, la población se dedica a actividades como la pesca, la agricultura o la artesanía. Sin embargo, las posturas cambian en torno a la actividad minera. El presidente comunal de Santa María, Edgar Isuiza, cuestiona el deficiente patrullaje de la Policía y la Marina ante esta actividad ilegal. “En Alto Nanay no han invertido en nada más que en gestión municipal. Un poco más y ya se decreta 100% zona minera”, refiere el dirigente, quien denuncia haber sido víctima de amedrentamientos.

Por su parte, Roger Gómez, teniente gobernador de Diamante Azul, responsabiliza a las interdicciones y la destrucción de embarcaciones de contaminar el río Nanay, antes que la minería. Argumenta, además, que la población de su comunidad dedicada a esta actividad lo hace por la falta de oportunidades. 

“Hay personas que van a hacer su rutina y, luego, disfrutan con su familia (...) Una persona trabajando está trayendo el pan a su familia. Si no está haciendo nada malo, va a seguir (...). Así se trata de sobrevivir porque el Gobierno [aparece] muy poco”, señala. Lo secundan otros dirigentes de la comunidad. 

En otras regiones de la selva como en Amazonas la extracción ilegal de oro en los ríos también ha acentuado las disputas entre las comunidades. En medio de las acusaciones aparece como elemento clave la débil presencia del Estado en las zonas invadidas por esta actividad.

El reciente informe de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible - Perú sostiene que uno de los aspectos críticos sobre la minería ilegal en la cuenca del Nanay es que parte de la población local se encontraría involucrada en esta actividades, lo cual debilita a las organizaciones de base. No obstante, existen otras comunidades organizadas que se oponen a la minería ilegal y que sufren amenazas y acoso.

Los vecinos de Santa María reconocen que, desde hace 10 años, la minería recorre las aguas del río Nanay. La pureza de ese oro, lejos de traer riqueza, se ha convertido para muchos en una maldición. “Por acá estamos en una zona muy olvidada, muy olvidada”.

 

 

Nota de redacción: Dos días después de la publicación del reportaje, Ingemmet respondió a las preguntas enviadas el viernes 22 por OjoPúblico y confirmó, a través de un correo electrónico, que ha otorgado la concesión minera por sustancias metálicas en Alto Nanay a nombre del ciudadano Ricardo Moreno Valderrama (Raíces Gaddaffy). Señaló, además, que el titular se encuentra impedido de desarrollar actividades mineras sin que obtenga, previamente, los permisos estatales exigidos para la minería formal. “Las concesiones mineras no otorgan derechos sobre los recursos hídricos”, sostuvo la entidad. Y agregó que este caso se trata de la única concesión minera en Alto Nanay.