Las operaciones sospechosas son transacciones financieras que presentan indicios de lavado de activos o financiamiento del terrorismo. En el Perú, estas son reportadas a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), que se encarga de analizarlas y derivarlas al Ministerio Público en caso de detectar posibles delitos.

En 2024, el monto de operaciones sospechosas reportadas en La Libertad fue de USD 2.047 millones, el segundo valor más alto registrado en una región del país en la última década, después de Lima. En la capital, las transacciones reportadas alcanzaron los USD 31.757 millones en el mismo período, según información analizada por OjoPúblico.

Un factor que podría explicar el incremento en La Libertad es la minería ilegal de oro, dado que “la sierra de [esta región] es una zona de mucha producción aurífera”, explica Juan Carlos Medina Carruitero, experto en gestión de riesgos y sistemas de prevención de lavado de activos. Pero en esta región, no solo se ha registrado un avance de la minería ilegal (como el caso de Pataz), sino también hay narcotráfico y en los últimos años se ha presentado un violento avance de las extorsiones.

La cantidad de reportes en esta región ha aumentado considerablemente en la última década pasando de 175 en 2015 a 1.105 en 2024, un incremento de más de 530%.

Enrique Castellanos Robles, docente de Economía de la Universidad del Pacífico, señala que este crecimiento se debe a dos factores principales: una mayor cultura de registro de operaciones y el aumento de la inseguridad en Trujillo, ciudad considerada como una de las más peligrosas del Perú, donde proliferan delitos como el sicariato y las extorsiones.

La SBS señaló a este medio que los posibles delitos precedentes identificados en los reportes de La Libertad corresponden principalmente a delitos tributarios y a la minería ilegal. Respecto a este último delito, precisaron que está vinculado a la extorsión, el sicariato y la trata de personas.

Sin considerar Lima y registros sin ubicación específica, el mayor monto de operaciones sospechosas entre 2015 y 2024 se registró en Callao en 2020, con USD 3.083 millones. Este incremento estaría vinculado a la evasión tributaria, una de las principales modalidades de lavado de dinero, según expertos consultados por este medio.

Transacciones sospechosas aumentan 86%

A nivel nacional, las transacciones sospechosas reportadas en 2024 ascendieron a más de USD 43.997 millones, lo que representa un aumento del 86% en comparación con 2015, cuando el monto alcanzó los USD 23.685 millones.

En relación con la cantidad de reportes, la cifra global del año pasado fue de 19.293, mientras que una década atrás llegó a 7.388. Al cierre del 2024, el 59% de los registros correspondían a Lima (1.542) y el 6% a La Libertad (1.105). 

Estos reportes provienen de entidades privadas y públicas consideradas “sujetos obligados”, que incluyen bancos, abogados, notarios, agentes de bolsa y empresas de comercio de joyas, metales y piedras preciosas, entre otros. Estas instituciones deben informar a la SBS cuando detectan operaciones con indicios de lavado de activos o del financiamiento del terrorismo, sin importar el monto involucrado, refiere la norma.

En la última década, se han reportado 149.301 operaciones sospechosas. De los 51 tipos de sujetos obligados, los bancos encabezan el mayor número de estos registros con 61.791 por un valor de USD 260.686 millones. La cantidad de reportes ha ido en aumento, pasando de 2.585 en 2015 a 12.416 en 2024.

Para los especialistas consultados, este resultado está relacionado con que cuentan con personal especializado, equipos de cumplimiento, analistas, software de monitoreo, entre otras herramientas de prevención de delitos financieros. No obstante, el aumento de los reportes también refleja el incremento de actividades ilícitas que buscan una forma de “legalizar” sus ganancias e infiltrarse en el sistema financiero.

“[Tiene sentido] que los registros de operaciones sospechosas crezcan tanto porque es una consecuencia directa del aumento del crimen organizado que estamos viviendo, sumado a que cada vez más hay una mayor cultura de registrar y denunciar todas estas operaciones, de parte de los sujetos obligados”, precisó Castellanos Robles.

Los abogados y contadores tienen "alto riesgo" de ser utilizados para actividades que involucran el lavado de dinero, según la UIF.

Los notarios públicos son el segundo grupo con más reportes con 38.450 registros que involucran USD 15.212 millones, seguidos de las Empresas de Transferencias de Fondos (ETF) con 18.232 reportes de USD 419 millones. Recientemente, los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV), es decir, empresas de criptomonedas, fueron incluidos en la lista de sujetos obligados. En el último año,  reportaron ocho operaciones sospechosas por un valor de USD 1,5 millones.

Existe una tendencia global, de acuerdo a Medina Carruitero, de monitorear a las criptomonedas, pues a diferencia del dólar, el euro y el sol, este activo no cuenta con un banco central de respaldo, “eso le da una connotación de riesgo un poco más alta”. Sin embargo, agrega, no se trata de un “prejuicio” sino de que se deben aplicar las mismas reglas para todas las monedas.

Un reciente estudio de la SBS revela que los abogados y contadores tienen un alto riesgo de ser utilizados para actividades que involucran el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Entre 2014 y junio de 2024, los notarios y bancos fueron los que más reportaron a estos actores.

En ese mismo periodo, se realizaron en total 9.573 reportes por un valor de USD 36.093 millones, involucrando a más de 20.000 profesionales. Las señales de alerta más recurrentes para reportarlos fueron, en primer lugar, sus clientes, cuando se trataba de una persona investigada por el delito de lavado de activos.

En segundo lugar, el sector o la actividad realizada. Por ejemplo, si se adquiere un bien inmueble o mueble a un precio muy bajo cuando el real es notoriamente superior o en el caso inverso; también cuando el cliente realiza operaciones de grandes sumas de dinero y se niega a informar el origen de este.

Según Raúl Canelo, decano del Colegio de Abogados de Lima, “en todos los sectores” hay riesgo de ser utilizados en actividades vinculadas al lavado de activos “ y precisó que si existiera un caso de lavado de activos que involucre a los abogados “está la ley, que pena, sanciona, esas actitudes”. 

Hay identificadas 206 sentencias condenatorias por lavado de activos entre 2012 al 2022, de acuerdo a la SBS.

Si bien la finalidad de los reportes de operaciones sospechosas es detectar actividades de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, en el caso del primero, este puede estar vinculado a diversos delitos que lo preceden.

Es otras palabras, el lavado de dinero es un mecanismo para introducir en el sistema legal fondos provenientes de actividades ilícitas como el narcotráfico, la minería ilegal, la corrupción, la extorsión, entre otras.

De acuerdo a información proporcionada por el Poder Judicial y el Ministerio Público a la SBS, se han identificado 206 sentencias condenatorias por lavado de activos desde el 2012 al 2022. Sin embargo, la entidad supervisora precisó que no existe una relación simétrica entre la cantidad de reportes de operaciones sospechosas recibidas y las sentencias condenatorias por este delito. Esto se debe a que los reportes “tienen carácter orientador”, por lo que no pueden ser utilizados como elementos indiciarios o medios de prueba en un proceso penal, explicaron.

Los delitos precedentes al lavado de dinero

De acuerdo con los datos analizados por OjoPúblico entre 2015 y 2024, los delitos más frecuentes que precedieron a los reportes por lavado de dinero fueron los delitos tributarios (10.381), delitos contra la administración pública o corrupción (5.399) y la minería ilegal (4.554).

En el caso de los delitos tributarios, el experto en gestión de riesgos, Juan Carlos Medina señala que están vinculados a la evasión de impuestos. Por ejemplo, si una empresa mueve flujos por USD 50 millones, pero el banco observa que solo declara una renta por USD 1 millón, esto podría generar un reporte de operación sospechosa por los USD 49 millones restantes.

En cuanto a la minería ilegal, los criterios para reportarla están estrechamente relacionados a la ubicación geográfica, con mayores alertas en Madre de Dios, Puno y Cusco. Así, si una persona cambia dólares a soles sin buscar un tipo de cambio favorable y, además, no declara una ocupación o actividad que respalde el monto, el banco podría considerarlo sospechoso y reportarlo.

De acuerdo a un informe de 2020 elaborado por la UIF, Puno, al igual que La Libertad, es identificada como una zona de "riesgo geográfico", donde las salas de juego y tragamonedas pueden ser usadas para lavar dinero procedente de actividades ilícitas. Estas regiones están relacionadas —por su ubicación, entre otros factores—, de forma directa con delitos que suelen preceder al lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, según se detalla en el informe.

En términos de montos involucrados, los delitos contra la administración pública encabezan la lista con USD 36.184 millones, seguidos por la minería ilegal (USD 18.5128 millones) y los delitos tributarios (USD 12.478 millones).

Solo en 2024, los delitos contra el orden financiero y monetario generaron 1.049 reportes por un valor de USD 2.118 millones. Le siguieron los delitos tributarios, con USD 1.538 millones en 1.798 reportes, y la minería ilegal, con USD 1.407 millones de 448 reportes.

El incremento de operaciones sospechosas también está vinculado a que cada vez hay más empresas obligadas a reportarlas."

No obstante, en la mayoría de los reportes de operaciones sospechosas no se conoce el delito precedente. De los 149.031 reportes de la última década 114.195 (equivalentes a USD 213.864 millones) no están vinculados directamente a un delito previo.

Los expertos consultados coinciden en que el crecimiento en los reportes de operaciones sospechosas en la última década responde a que cada vez hay más sujetos obligados no financieros —como las empresas que venden autos, agentes inmobiliarios, entre otros— que cada vez detectan más este tipo de operaciones.

Además, destacan la importancia de fortalecer la colaboración entre la UIF y la Fiscalía, ya que el alto volumen de reportes puede superar su capacidad para investigar y procesar eficazmente estos casos.