Poder Judicial reconoce competencias del Ositran en el Megapuerto de Chancay

A cinco meses del fallo judicial que bloqueó las competencias del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositran) en el Megapuerto de Chancay —decisión que provocó un álgido debate sobre la soberanía de Perú en el terminal—, la Segunda Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima revocó la decisión.

La sentencia en segunda instancia también declaró inaplicable cualquier acción de Cosco Shipping Ports Chancay Perú —la dueña del puerto— contra las resoluciones administrativas y otras decisiones del Ositran, en las que haya usado al fallo anterior como sustento.

El fallo recuerda que el Terminal Portuario de Chancay es de uso público, independientemente de su titularidad privada. Y, por lo tanto, está sujeto “a la regulación de Ositran, que ejerce funciones supervisoras, normativas, fiscalizadoras y reguladoras”. Por ese motivo, revocaron la decisión de la primera instancia judicial.

El caso se vincula a un proceso legal iniciado por la empresa de capitales chinos, en octubre de 2024. Inicialmente, como informó OjoPúblico, Cosco Shipping presentó una acción de amparo ante el Juzgado Civil de Chancay, de la Corte Superior de Justicia de Huaura.

Fallo puede ser impugnado por Cosco Shipping. El Tribunal Constitucional tendría la decisión final”.

Pedía que el Poder Judicial le ordenara al Ositran abstenerse “de ejercer —directamente o a través de sus dependencias u organismos técnicos adscritos— sus facultades de regulación, supervisión, fiscalización y sanción” en el megapuerto. Aunque el puerto está catalogado como de uso público, la compañía argumentaba que el organismo amenazaba sus derechos constitucionales.

Hace poco más de un año, ese juzgado se declaró incompetente para evaluar el caso. Sin embargo, Cosco Shipping presentó una nueva acción de amparo contra el Ositran y la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) ante el Primer Juzgado Especializado en lo Constitucional de Lima. Es decir, la sala que, en enero último, le dio la razón en primera instancia.

La decisión fue apelada tanto por Ositran como por la PCM y, por lo tanto, el caso pasó a ser evaluado por la Segunda Sala Constitucional. Allí, los magistrados recordaron que los procesos de amparo para supuestas amenazas de vulneración de derechos constitucionales deben ser certeros e inminentes.

“Además, la amenaza debe estar configurada a partir de actuaciones arbitrarias o ilegales (...) y no a las que resulten del ejercicio regular de derechos por parte de particulares, o del ejercicio de potestades o competencias atribuidas a las autoridades, funcionarios y entidades del Estado”, detallaron.

USO PÚBLICO. El Puerto de Chancay, aunque es de titularidad privada, es de uso público. Por eso, el Poder Judicial reconoció las competencias del Ositran.

Foto: Ositran

Teniendo en cuenta esto, los magistrados consideraron que las comunicaciones, oficios y actuaciones administrativas del Ositran —presentadas por la empresa como una supuesta amenaza— no cumplen con esas características, pues tienen que ver con el ejercicio regular de sus competencias sobre “las entidades que explotan infraestructuras de transporte de uso público”.

El fallo todavía puede ser impugnado por Cosco Shipping a través de un recurso de agravio ante el Tribunal Constitucional (TC). OjoPúblico se comunicó con la empresa para solicitarle comentarios sobre esta decisión y confirmar si, efectivamente, tomarán ese camino legal. Indicaron que no darían comentarios, de momento. Ositran, por su parte, saludó la decisión a través de una nota de prensa.

Hace unos días, Cosco Shipping ya había tenido un fallo negativo vinculado a otro proceso de amparo que sigue contra el Instituto de Defensa de la Competencia y la Propiedad Intelectual (Indecopi). En ese caso, como reportó el programa digital La Contra, el Juzgado Civil de Chancay declaró infundada su demanda.

Esto ocurre en un contexto en el que la Contraloría General de la República confirmó las irregularidades en la construcción del túnel del puerto, la falta de permisos ambientales actualizados para ese componente, problemas con un sistema de geotubos para evitar la erosión de las playas e incumplimientos en un trasvase de arena. Todos ellas denunciadas por este medio, entre junio de 2025 y febrero pasado.

Además, como informó OjoPúblico esta semana, la auditoría expuso que un grupo de funcionarios de la Autoridad Portuaria Nacional (APN) y del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) estaban al tanto de las irregularidades o tenían en su poder planos, actas y otros documentos para advertir los problemas años antes de que escalaran. Y, pese a eso, no lo hicieron.