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CRÍTICO. El FMI señaló que la producción ilegal de oro alcanzó niveles similares al legal en 2025, lo que equivale a 109 toneladas.
El histórico precio que han alcanzado los minerales en estos años ha generado una búsqueda compulsiva de metales como el oro y el cobre. Un reciente informe técnico del Fondo Monetario Internacional (FMI) alerta que el 5% del cobre peruano exportado en 2024 —que representa USD 1.173 millones— tuvo un origen ilegal.
El FMI describe que los altos precios de los metales han incentivado al crimen organizado a diversificar sus actividades, impulsando no solo la minería ilegal del oro, sino también a la extracción de cobre, consolidando una nueva fuente de ingresos ilícitos.
El riesgo se expande en el territorio. El análisis del FMI también advierte que el 56% de los distritos peruanos registró un incremento en la probabilidad de desarrollar actividades de minería ilegal. Los mayores aumentos se concentran en la Amazonía y la cordillera de los Andes, donde predominan las explotaciones de oro y cobre.
La minería ilegal constituye uno de los principales focos de lavado de activos, una amenaza reconocida por las autoridades peruanas."
La situación es especialmente crítica en el caso del oro. El organismo internacional señala que la producción ilegal de este mineral alcanzó niveles similares al legal en 2025, lo que equivale a 109 toneladas, según datos del Boletín Estadístico Minero.
La expansión de redes ilícitas hacia el cobre representa una nueva etapa del fenómeno. Según el informe, los operadores ilegales invaden concesiones formales existentes, afectan infraestructura minera y ponen en riesgo la seguridad de sus trabajadores. Además, esta actividad constituye uno de los principales focos de lavado de activos en el país, una amenaza reconocida por las autoridades peruanas.
De hecho, este reporte situacional identifica a la minería ilegal como uno de los principales factores de riesgo para el crecimiento económico en el mediano plazo. El documento explica que la expansión de estas actividades incrementa la inseguridad, afecta las operaciones formales y deteriora el clima de inversión.
ICA. Intervención a un campamento minero ilegal ubicado en la Reserva Nacional de San Fernando, Nasca.
Foto: Facebook FEMA
Los hallazgos del FMI coinciden con investigaciones realizadas por OjoPúblico en los últimos años. Este medio reportó que las exportaciones peruanas de oro en forma de concentrados se multiplicaron por 25 desde 2019. Diversas organizaciones internacionales han advertido que este tipo de envíos presenta elevados riesgos de lavado de activos y facilita la salida ilegal del mineral.
Asimismo, una investigación basada en documentos fiscales identificó mecanismos utilizados por empresas comercializadoras para exportar oro de origen ilícito, entre ellos la falsificación de permisos. OjoPúblico también documentó cómo organizaciones se disputan las rutas de salida del metal precioso en zonas fronterizas, con la participación de agentes policiales en retiro.
La magnitud económica del problema también se refleja en los reportes de inteligencia financiera. Entre 2020 y 2024, el valor de las operaciones sospechosas vinculadas a la minería ilegal aumentó de forma sostenida y representó, en promedió, el 1% del PBI cada año, según el registro de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).
Reinfo y la consolidación de la ilegalidad
El informe del FMI identifica al Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) como un factor que ha contribuido al fortalecimiento de la minería ilegal. Según el organismo, las sucesivas ampliaciones de los plazos de formalización han generado una prolongada "zona gris" que beneficia a los operadores ilegales.
En este escenario, sumado a la débil supervisión estatal y el control laxo en las plantas de procesamiento han permitido que los operadores ilegales usen como escudo sus Reinfo. Como secuencia, los incentivos para una formalización real se han distorsionado por completo.
La minería ilegal y los flujos ilícitos están erosionando la reputación del Perú como destino seguro para la inversión minera, señala el FMI".
El FMI advierte que la minería ilegal y los flujos ilícitos están erosionando la reputación del Perú como destino seguro para la inversión minera. El organismo destaca que existe una cartera de proyectos mineros valorizada en USD 64.000 millones que permanece estancada, no solo por la complejidad burocrática, sino también por el aumento de la inseguridad, los conflictos sociales y la minería ilegal.
La presencia de estos grupos criminales eleva los costos operativos de las empresas formales, debilita los derechos de propiedad y afecta el estado de derecho. El impacto socioeconómico va más allá de las cifras macroeconómicas. El organismo subraya que la minería ilegal genera daños ambientales severos y deteriora la integridad financiera del país.
El FMI exhortó a las autoridades peruanas a implementar una respuesta política coordinada. Entre las medidas planteadas figuran el cierre de brechas legales, la eliminación de la ambigüedad normativa en el proceso de formalización y el fortalecimiento de los controles a lo largo de toda la cadena de suministro, supervisando con rigor a las plantas de procesamiento y a los comercializadores de minerales que introducen al mercado formales minerales extraídos ilegalmente.
Una expansión generalizada
Por su naturaleza, la minería ilegal es difícil de detectar, admite el FMI. Para estimar su expansión, un equipo del organismo entrenó un modelo de aprendizaje automático que identifica el crecimiento de probabilidad de minería ilegal en todos los distritos del país.
El principal hallazgo es que la minería ilegal muestra un crecimiento sostenido después de la pandemia, con un repunte en 2024. Mientras que en 2018 esta actividad ya estaba extendida pero se mantenía “estable”, entre ese año y 2024 la probabilidad de ocurrencia aumentó en ocho puntos porcentuales: pasó de 38% a 46%.
Con este análisis, el FMI estima que el 56% de distritos peruanos, especialmente aquellos ubicados en la Amazonía y la cordillera de los Antes —donde predomina la explotación del oro y el cobre— tiene más probabilidades de desarrollar actividades de minería ilegal.
El informe resalta que se ha registrado incrementos de esta actividad ilegal en distritos que anteriormente presentaban “niveles muy bajos de minería ilegal”, lo que evidencia una expansión territorial cada vez más amplia de esta economía ilícita.
MADRE DE DIOS. Destrucción de implementos utilizados para minería ilegal en 13 campamentos ubicados en la Reserva Nacional Tambopata.
Foto: Facebook Sernanp
En este escenario, el analista de economías ilegales, Dante Vera Miller, explicó a OjoPúblico que, si el próximo gobierno se plantea la tarea de luchar contra la minería ilegal, debe comenzar por un cambio de enfoque. Las medidas que adopte, señaló, deben dirigirse a todo el sistema que sostiene la extracción ilegal y no únicamente al minero, quien constituye el primer eslabón de una cadena que mueve más de USD 7.500 millones al año.
Entre las principales medidas para combatir la minera ilegal figuran el control de insumos utilizados por esta actividad, incluidas las redes de contrabando que los abastecen; el rastreo de los flujos financieros a través de la bancarización de todo el sistema, especialmente de los mineros; la supervisión de la comercialización del oro: y la fiscalización continua de las plantas de procesamiento y las empresas exportadoras.
“Ir en contra simplemente del minero extractor tiene un problema de enfoque, de estrategia y de interés político. Cuando el gran pedazo de la torta se lo quedan los procesadores y los exportadores. Ahí es donde se debe fiscalizar”, señaló el especialista.
Desafía las redes de poder
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