Impuestos a la riqueza y desigualdad: el Perú lleva medio siglo sin una tasa a las herencias

El Perú no contempla un impuesto a la herencia en el sistema tributario hace casi 50 años. Tampoco se gravan las donaciones o los patrimonios, pese a que los grupos económicos con mayor poder en el país se sostienen en estructuras familiares donde las sucesiones patrimoniales tienen un papel clave.

La ausencia del impuesto a la riqueza es una de las razones que hacen del sistema tributario peruano uno de los más desiguales del mundo, según el reciente reporte de World Inequality Lab, Demandas en conflicto y tributación: una historia distributiva del Perú del siglo XX. El segundo motivo es que Perú mantiene una tasa de impuesto a la renta reducida de 29,5%, cuando en otros países como Chile alcanza el 35%.

Estos indicadores exponen que el modelo tributario en Perú es profundamente desigual: los impuestos, que sostienen los gastos del Estado, representan una mayor proporción de los ingresos de las personas con menores recursos económicos, en comparación con las de mayores ingresos. A este sistema se le conoce como regresivo.

Esquema desigual

Una de las consecuencias más directas del desequilibrio tributario que identifica el informe de World Inequality Lab, elaborado por César Castillo García, profesor de Wesleyan University, es que parte de los servicios sociales y de las inversiones públicas no están siendo financiadas de forma eficiente, ya que el sector que más contribuye —a través del consumo— no tiene acceso total a salud, educación de calidad, entre otros servicios básicos.

Los impuestos indirectos como el IGV (Impuesto general a las ventas) y el ISC (Impuesto selectivo al consumo), que se recaudan a través del consumo de todos los ciudadanos, son los que más contribuyen al financiamiento del Estado. Precisamente, las personas vulnerables destinan mayor parte de sus ingresos al consumo de alimentos. Así, entre 1994 y 2022, el promedio de los impuestos indirectos representó el 10,66% del Ingreso Nacional Neto del Perú, mientras que los impuestos sobre la renta promediaron solo el 3,47%.

La desigualdad del sistema se caracteriza por las bajas tasas de impuesto a la renta, que llega a 29,5% en la actualidad, mientras en Argentina, Estados Unidos y Francia, esta tasa llega a 35%, 37% y 53%, respectivamente. Esas tasas permitieron a los países desarrollar una política de bienestar social que se enfoque en llevar los servicios públicos básicos de calidad a la mayor parte de la población.

También a la nula existencia de una tasa que grave la riqueza, como el patrimonio, las herencias y las donaciones. Entre los países de América Latina que sí cuentan con este cobro están Colombia (15%), Argentina (15,93%) y Chile (25%). Mientras que en Europa destacan Francia (45%) y el Reino Unido (41%).

El informe identifica que este escenario de desigualdad tributaria se ha construido por la influencia de la estructura tributaria colonial, que imponía las tasas por la condición social en vez de enfocarse en criterios de ingresos, y la dependencia a los impuestos indirectos en respuesta a los ciclos de auge de los precios de las materias primas.

La inequidad en Perú no es ajena al contexto regional. América Latina sigue siendo una de las regiones más desiguales del mundo, en la misma línea que África subsahariana, de acuerdo con la última edición del World Inequality Report.

Ignacio Flores Beale, coordinador de métodos estadísticos para América Latina de The World Inequality Lab, explica que un peligro para acortar las brechas en la región es la presencia de gobiernos de derecha que inciden en la propuesta de quitarle peso al Estado.

“La capacidad del Estado de tener presencia en zonas rurales, en brindar servicios básicos ha sido bastante limitada”, refiere a OjoPúblico. En esa línea el investigador señala que con tasas tan bajas de impuesto que rondan el 20% del PBI en América Latina (cuando en países de la OCDE el promedio es mayor a 30% e incluso en algunos países llega al 50%), va a ser difícil aprovechar la capacidad del capital humano.

Una reforma tributaria aplazada

La evolución histórica del impuesto a la herencia es un ejemplo de la relación entre las decisiones políticas-empresariales y la desigualdad. “Desde su origen, no tuvo una política realmente de redistribución”, señala Castillo García.

Este gravamen se creó en 1906 y a lo largo de los años tuvo una evasión generalizada por, entre otros factores, su complejidad. En diferentes momentos se impulsó para financiar proyectos específicos como el financiamiento de universidades públicas. En 1979, fue abolida por la Junta Militar y, aunque durante el gobierno de Alan García hubo un intento de restituir el impuesto a la herencia, este no prosperó y el tributo fue eliminado de forma definitiva bajo el régimen de Alberto Fujimori.

El reporte también evidencia el papel de los gremios empresariales en la oposición a reformas tributarias para mejorar la recaudación fiscal. “Históricamente [el sector empresarial] ha estado detrás del diseño o del desmantelamiento de ciertas políticas económicas”, explica el autor del estudio a OjoPúblico.

En 1933 la Cámara de Comercio de Lima (CCL), la Sociedad Agraria Nacional (SNA), la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) y la Sociedad Nacional Ganadera (SNG) se opusieron a la reforma que impulsó el Ministerio de Hacienda y Comercio para mejorar la recaudación tributaria y estabilizar el presupuesto fiscal según los principios de austeridad.

Con la llegada de Alberto Fujimori al poder el sistema tributario regresivo se consolidó."

Al año siguiente se promulgó la ley con distintos aportes del sector corporativo y, aunque se introdujo un impuesto progresivo, las tasas eran muy bajas, lo que lo hacía ineficiente. Más adelante, durante la dictadura de Juan Velasco Alvarado el impuesto a la renta se incrementó: pasó de 30% a 55% en 1971. Solo Chile lo superaba con una tasa de 60%. Entre 1980 y 1985 se alcanzó la tasa más alta: 65%.

Además, entre 1975 y 1980, —en la dictadura militar de Francisco Morales Bermudez—  se promovieron una serie de exoneraciones fiscales en beneficio de las empresas privadas, lo que se tradujo en una disminución del impuesto a la renta como porcentaje de los ingresos netos del país. Mientras los impuestos al consumo y la producción aumentaron y se volvieron más relevantes en la estructura de ingresos.

Con la llegada de Alberto Fujimori al poder, de acuerdo al estudio, el sistema regresivo se consolidó. En 1993 se promulga la reforma tributaria donde se elimina, de forma definitiva, el impuesto sobre las sucesiones, donaciones y herencias, y se redujo la tasa de impuesto a la renta a 30%.

Un problema que se agudiza

Un factor que ha agravado la inequidad fiscal en el país en los últimos años, son las leyes aprobadas por el actual Congreso. Entre 2021 y 2025 han publicado normas que tienen un costo de casi S/27.000 millones al año, de acuerdo a un análisis del Grupo de Justicia Fiscal Perú (GJF Perú).

Para la economista Catherine Eyzaguirre Morales, autora principal del informe, este resultado es consecuencia del deterioro de la democracia de los últimos años, pues se que ha debilitado la capacidad de fiscalización de las instituciones lo que ha dejado espacios que han sido aprovechados por “determinados grupos de poder para acceder a beneficios particulares”.

Los planes de gobierno de los candidatos tienen propuestas tributarias generales sin metas cuantificables".

Algunos de los sectores económicos que se han beneficiado de los nuevos recortes tributarios son la industria textil y confecciones (S/2.897 millones), las agroexportadoras (S/1.580 millones), los restaurantes y hoteles (S/771 millones), la producción cinematográfica (S/100 millones), entre otras.

De los 38 partidos políticos que participan de las elecciones generales, 30 presentan propuestas tributarias en sus planes de gobierno. Sin embargo, estas son generales y no especifican metas cuantificables, de acuerdo a un análisis de Katarzyna Dunin Borkowski para el Foro Nacional sobre Propuestas en Materia Tributaria e Inversión Pública.

Aunque no todas las propuestas son iguales, de acuerdo a la abogada tributarista, la mayoría coincide en apostar por la formalización y ampliar la base tributaria, simplificar el sistema y luchar contra la evasión y la elusión.