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Maple Holding Group se presenta en su página web como una empresa que “acompaña a productores artesanales de pequeña escala y los conecta con mercados globales”. De acuerdo con sus fundadores, funciona como un puente entre mineros peruanos y compradores internacionales a través de un “ecosistema denominado unión de oro”, gestionando las operaciones a cambio de una comisión.

En apenas dos años, la compañía con sede en Miraflores participó, como intermediario, en envíos de lingotes de oro valorizados en USD 46,8 millones con destino a Delhi y Bombay, de acuerdo con registros aduaneros de la India. Hoy, parte de esas operaciones es objeto de una investigación por presunto lavado de activos vinculado a la minería ilegal.

Durante ese mismo periodo, la empresa estuvo dirigida por un exintegrante de la Marina de Guerra del Perú. Su nombre también aparece en otra investigación fiscal que indaga el envío frustrado de más de 225 kilos de cocaína desde el puerto del Callao en enero de 2025, según documentos fiscales y judiciales revisados por este medio.

El caso forma parte de una base de datos elaborada por OjoPúblico a partir de información obtenida —vía la Ley de Transparencia— de las 14 fiscalías especializadas en lavado de activos del Ministerio Público en Perú. Los registros muestran un incremento sostenido de las investigaciones vinculadas a la minería ilegal.

Entre 2024 y 2025, los expedientes abiertos en estas fiscalías —que abordan los casos más complejos, relacionados con presuntas organizaciones criminales que operan en distintas regiones del país y mantienen conexiones internacionales— pasaron de 11 a 22. Y la tendencia continúa: hasta finales de abril de este año, las fiscalías habían iniciado 16 nuevas investigaciones y acumulaban 91 expedientes activos.

En 27 de esas investigaciones, este medio logró identificar a las empresas y personas imputadas, lo que permitió reconstruir las redes empresariales vinculadas al oro extraído ilegalmente con dragas en la Amazonía y en socavones de la sierra peruana.

Un cargamento de droga frustrado

Meses antes de que la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) advirtiera, en su informe anual sobre lavado de activos, publicado en abril de este año, que el narcotráfico y la minería ilegal “convergen” y comparten “estructuras, logística y rutas”, una intervención policial en el Callao ya había puesto en evidencia esos vínculos.

La noche del 29 de enero de 2025, un grupo de hombres esperaba la llegada de un cargamento en un almacén ubicado cerca del aeropuerto Jorge Chávez. 

La operación era coordinada entre ellos a través de un grupo de WhatsApp llamado “Los Delta”. A las 11:48 p.m., uno de los integrantes informó que se encontraba “en espera” para ingresar al almacén.

Poco antes de la medianoche, el tono de la conversación cambió: comenzaron a circular fotografías de vehículos en los alrededores y mensajes de alerta.

Dos de ellos también intercambiaron mensajes por privado. “Son del Estado”, escribió uno. “Tamos jodidos [sic]”, respondió otro. La última advertencia registrada en el grupo —“Sapos en el área”— llegó demasiado tarde.

A la 1:30 a.m., agentes de la Dirección Antidrogas de la Policía (Dirandro) ingresaron al almacén y decomisaron 225,255 kilogramos de clorhidrato de cocaína ocultos en nueve maletas de lona negras. La droga estaba distribuida en paquetes rectangulares tipo ladrillo de un kilo, según los documentos del proceso.

De acuerdo con el peritaje policial, el cargamento tenía un valor estimado de USD 900.000. Según la Fiscalía, debía salir por el puerto del Callao en contenedores con destino al extranjero.

Apenas ocho minutos después del inicio del operativo policial, apareció un último mensaje en el chat: “Srs xfavor x seguridad [sic] borren toda la información del celular del grupo”.

No obstante, la Policía logró identificar a los integrantes de "Los Delta" y reconstruir la conversación. Uno de ellos, Elbis Alfredo Castillo Mendoza, fue detenido tras una persecución vehicular. Según la acusación fiscal, llevaba en el cinturón una pistola con siete cartuchos de munición para la que no contaba con licencia.

El 20 de mayo de este año, el Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria del Callao formalizó la acusación contra tres integrantes de "Los Delta" por tráfico ilícito agravado de drogas. La Fiscalía ha solicitado para ellos una pena de 18 años de prisión efectiva. Actualmente, el proceso se encuentra en etapa intermedia, en la que el juzgado analiza la acusación antes de decidir si el caso pasa a juicio oral.

Entre los investigados figura Lener Lapa Segovia, de 48 años, exintegrante de la Marina de Guerra del Perú, al igual que los otros dos imputados. Según la investigación fiscal, participó en el grupo de WhatsApp "Los Delta" y en una segunda agrupación denominada "OPS - BÚNKER".

Según el Ministerio Público, los tres integrantes de ambos grupos actuaron de manera concertada para custodiar y asegurar el cargamento de droga. Los fiscales atribuyen además a Lapa Segovia el mensaje enviado tras la intervención policial para eliminar las comunicaciones.

PAGOS. La fiscalía sospecha que las entregas de grandes sumas de dinero en efectivo coordinadas en grupos de WhatsApp de los investigados provenían de actividades ilícitas.

Foto: Captura OjoPúblico

Exmarinos entre oro y cocaína

Más allá del caso por presunto narcotráfico, Lapa Segovia figura como investigado en una indagación por presunto lavado de activos vinculado a minería ilegal, en la que también está comprendida Maple Holding Group.

El exmarino dirigió la consultora durante el periodo en que intermedió envíos millonarios de oro a India, entre julio de 2022 y agosto de 2024.

La investigación preliminar, iniciada en julio de 2023, está a cargo del Sexto Despacho de la Segunda Fiscalía Supraprovincial Penal Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos.

Los documentos judiciales revisados por OjoPúblico muestran, además, otros vínculos entre el frustrado envío de cocaína y la consultora de Miraflores que conecta a pequeñas empresas mineras con compradores de oro en Asia.

La pistola hallada en la cintura de Elbis Alfredo Castillo Mendoza, principal acusado en el presunto caso de narcotráfico, tras una persecución policial, estaba registrada a nombre de Carlos Arce León. En 2021, este fundó Maple Holding Group junto con su hermano mayor, Alberto Arce León.

Un año después, ambos incorporaron a Lapa Segovia a la gerencia de la empresa.

Según los hermanos —de acuerdo a la declaración que dieron ante la Corte Superior de Justicia del Callao y a OjoPúblico—, Carlos Arce León, Elbis Castillo Mendoza y Lener Lapa Segovia se conocen desde su paso por la Marina de Guerra del Perú. 

Lapa Segovia, técnico superior, fue instructor de los otros dos, que eran técnicos en submarinos. La noche de su detención en medio de la incautación de droga, Elbis Castillo se encontraba en actividad. El resto se había retirado de la Marina previamente.

Los tres también trabajaron juntos para una empresa de seguridad integrada por exmarinos, encargada de custodiar el transporte de lingotes de oro antes de su exportación, según declararon ante el juzgado.

La razón de por qué el arma de Carlos Arce fue encontrada el día del frustrado envío de droga tiene dos distintas versiones. 

En una reunión con este medio, Arce León aseguró que dejó el arma en el vehículo de Elbis Castillo antes de viajar a Estados Unidos, al no percatarse de que la llevaba en su equipaje. Según su versión, la guardó en la guantera cuando este lo trasladó al aeropuerto. La fiscalía no lo ha imputado en el caso de narcotráfico.

Elbis Castillo confirmó esta versión a OjoPúblico. Sin embargo, los documentos fiscales indican que habría usado el arma de Arce León para sus servicios de seguridad. En los chats de su teléfono con Lapa Segovia menciona un arma prestada que debía devolver.

El abogado de Elbis Castillo declaró a este medio, a través de una respuesta por escrito, que su defendido no tiene vinculación con la droga incautada y que aquella noche de su detención se encontraba en la zona "realizando un servicio de transporte de mineral". Sostuvo que custodiaba un inmueble cercano, que siguió un vehículo sospechoso y que fue detenido sin haber ingresado al local donde se ejecutaba el operativo.

Pese a estos descargos, los grupos de WhatsApp detectados por la policía añaden otro elemento a las conexiones con Maple Holding Group. Entre los perfiles registrados en ambos grupos de conversación—"Los Delta", activo durante la noche de la incautación de la cocaína, y "OPS - BÚNKER", utilizado para coordinar el transporte de grandes sumas de efectivo— figura un miembro bajo el nombre "Maple Paul Guerrero".

Consultada por este medio, la empresa afirmó que no ha mantenido ni mantiene vínculo laboral alguno con una persona de ese nombre. Mientras que Lapa Segovia declaró, a través de su abogado, que no recuerda "con detalle quién era esa persona", ya que en los grupos participan diversas personas para coordinar servicios de seguridad.

Tres semanas después del fallido envío de cocaína, en febrero de 2025, renunció al cargo de gerente general de Maple Holding Group y el mayor de los hermanos, Alberto Arce León, asumió la posición. Más allá de Maple Holding Group, los dos hermanos han desarrollado una amplia actividad empresarial.

Registros de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) muestran que ocupan o han ocupado cargos directivos en varias empresas de Lima, entre ellas una agencia de marketing, una productora de eventos, una cafetería en Miraflores y una cervecería en Barranco.

Sobre la incautación de cocaína en el Callao, ambos, en presencia de sus abogados afirmaron a OjoPúblico que los hechos "no guardan relación alguna" con las actividades de Maple Holding Group ni con ellos. Lo mismo respondió la empresa por escrito.

Además, según ellos, fue el propio Lapa Segovia quien les informó sobre la investigación en su contra por su presunta vinculación con un caso de narcotráfico, tras lo cual solicitó dejar el cargo. La empresa añadió que dicha decisión respondió “exclusivamente a criterios de prudencia empresarial y gestión de riesgos, y no a la existencia de responsabilidad penal acreditada”. 

También señaló que Lapa Segovia, realizaba en sus tiempos libres “actividades de seguridad privada para terceros”, las cuales, según precisó, eran “independientes y ajenas a las funciones, actividades y operaciones vinculadas a Maple”.

Ante el juzgado de la Corte Superior de Justicia del Callao, Lapa Segovia sostuvo que la instrucción de eliminar los mensajes en el grupo de WhatsApp la noche de la incautación de la droga obedecía a protocolos de seguridad aplicados en el ejercicio de sus funciones.

A través de su abogado, agregó a este medio que su participación en estos grupos se enmarcaba en sus “labores como agente de seguridad” y sostuvo que su vinculación al caso de narcotráfico era “injusta” y producto de una “confusión” y una “equivocación absoluta”.

De acuerdo con el acta de una audiencia del 25 de mayo, revisada por OjoPúblico, el juez Luis Torres Bonifacio señaló que los mensajes de WhatsApp presentados por la Fiscalía no eran suficientes para sustentar una acusación en su contra, dado que no fue encontrado por la Policía en el lugar donde se llevó a cabo la intervención.

Según su abogado, en una audiencia celebrada el 5 de junio, el juzgado dictó un auto de sobreseimiento a favor de su patrocinado. 

Sin embargo, 15 días después, la defensa de Lapa Segovia no presentó ningún documento que confirme dicha decisión. Ante la consulta de este medio, la Corte Superior de Justicia del Callao no remitió la transcripción de la audiencia ni una copia del video que permita corroborar el sobreseimiento.

De Madre de Dios a Delhi

Los hermanos Arce León ni su empresa están involucrados en el presunto caso de narcotráfico. Sin embargo, son parte de otra investigación por presunto lavado de activos vinculado a la minería ilegal desde julio de 2023, en la que también está comprendido el exgerente Lapa Segovia.

Junto a Maple Holding Group, otras dos empresas también figuran como imputadas en la misma carpeta fiscal: Minera & Constructora Santa Cruz FAI y Minera & Constructora Virgen de Orkupiña, ambas domiciliadas en Juliaca, y cuyos gerentes generales son esposos.

La investigación se inició a partir de una alerta de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) sobre la exportación de un lingote de oro de la empresa Santa Cruz FAI, operación en la que Maple Holding Group actuó como intermediaria, según confirmaron a OjoPúblico el fiscal a cargo del caso, Pablo César Espinoza Vásquez, y la propia firma.

Santa Cruz FAI figura además en el registro de usuarios de mercurio de la Sunat. Su gerente general, Filomena Achaquihui Illanes —también imputada por presunto lavado de activos—, mantiene registros suspendidos en el Reinfo, tanto a título personal como vinculados a la empresa, asociados a concesiones ubicadas en Madre de Dios y Puno.

La segunda minera investigada, Virgen de Orkupiña, tiene su domicilio a pocos metros de Santa Cruz FAI y está ligada al mismo núcleo familiar: su gerente general es Hermilio Esenarro Mamani, esposo de Achaquihui Illanes. 

Según su ficha fiscal, a la que accedió OjoPúblico, Esenarro Mamani enfrenta además investigaciones por presunto lavado de activos en Madre de Dios y falsificación de documentos públicos en Puno.

Las dos empresas comparten otro denominador común: ambas vendieron lingotes de oro a Opus Refinery Private Limited, socio comercial de Maple Holding Group. La refinería pertenece a Raksha Bullion, uno de los mayores grupos auríferos de India.

En septiembre de 2022, las oficinas de este conglomerado en Mumbai fueron allanadas por la Dirección de Ejecución (ED, por sus siglas en inglés) en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero, que derivó en la incautación de 91,5 kilos de oro.

Este medio envió preguntas por correo a ambas mineras puneñas, sus gerentes y a Opus Refinery. Al cierre de esta edición, ninguna había respondido.

Maple Holding Group sostuvo, tanto en una reunión con OjoPúblico como por escrito, que su vínculo con ambas empresas mineras se limita a la prestación de servicios de apoyo comercial y administrativo, sin asumir la propiedad del material aurífero ni intervenir en su extracción, procesamiento o comercialización.

La compañía consideró, además —al igual que Lapa Segovia en declaraciones a este medio—, que la investigación por presunto lavado de activos debería ser archivada, al señalar que existirían dos procesos por presunta minería ilegal vinculados a este caso que ya habían sido cerrados: uno en Puno, con los mismos imputados que en la investigación por presunto lavado, y otro en Madre de Dios, con la gerente de la minera Santa Cruz FAI, Filomena Achaquihui Illanes, como imputada.

El Ministerio Público denegó una solicitud de información presentada por este medio, al amparo de la Ley de Transparencia, para conocer el estado actual de la investigación por presunto lavado de activos. 

En su respuesta, sostuvo que la divulgación de dicha información “podría comprometer el adecuado desarrollo de la investigación penal”.

No obstante, fuentes fiscales consultadas por OjoPúblico confirmaron que las diligencias continúan.

Un perfil empresarial recurrente

A diferencia de la consultora limeña Maple Holding Group, las dos mineras puneñas responden al patrón más frecuente entre las empresas investigadas por presunto lavado de activos vinculado a la minería ilegal.

De las 60 compañías revisadas en la base de datos elaborada por OjoPúblico, 21 declaran ante la Sunat como actividad principal la explotación minera y otras 19, la comercialización de metales y minerales metalíferos.

CONCENTRACIÓN. Una gran parte de las investigaciones de alcance nacional por lavado de activos vinculado a la minería ilegal se concentra en empresas con sede en Puno y Juliaca.

Foto: OjoPúblico / Marco Garro

Su ubicación geográfica también sigue una tendencia clara: casi la mitad de las empresas imputadas —28 de 60— tiene domicilio fiscal en Puno, región que un reciente informe de la SBS identifica entre las zonas de mayor riesgo del país por operaciones financieras sospechosas asociadas a este delito.

Sin embargo, ninguno de los cuatro despachos de la Fiscalía Provincial Especializada de Puno investiga actualmente algún caso de lavado de activos vinculado a la minería ilegal.

Junto con Callao, Tumbes, Arequipa y Áncash, la región fronteriza con Bolivia es uno de los cinco departamentos del país que cuentan con fiscalías especializadas en delitos de lavado de activos. En toda la Amazonía peruana, que según el Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP) abarca más del 60% del territorio nacional, no existe ninguna.

El lavado de dinero procedente de la minería ilegal no se canaliza únicamente a través de empresas registradas formalmente como mineras. Así lo afirmó a este medio Daniel Linares Avilez, exintendente de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), quien señaló que para ese fin también se utilizan constructoras, ferreterías, transportistas y firmas registradas bajo el rubro de "otras actividades no consideradas".

Al declarar ingresos ante el sistema financiero, estas compañías enfrentan controles menos estrictos que las mineras en regiones de alto riesgo como Puno e incorporan con frecuencia la comercialización de metales como actividad secundaria, señaló Linares Avilez.

Entre las 60 empresas investigadas OjoPúblico identificó estructuras de ese tipo: dos constructoras, una ferretería, una consultora, una empresa de seguridad y una de transporte. Linares advierte, además, que en este ámbito operarían asesores especializados en diseñar esquemas de lavado a medida.

Las investigaciones contra Maple Holding Group, Santa Cruz FAI y Virgen de Orkupiña siguieron el camino más habitual: una alerta aduanera de la Sunat previa a una exportación de oro, esquema que también está en el origen de los otros ocho casos activos del fiscal a cargo Espinoza Vásquez.

Los datos de la SBS confirman que no se trata de una excepción. El 50% de los reportes de operaciones sospechosas en este ámbito proviene de agentes de aduanas y el 36% de entidades bancarias.

La tendencia sigue al alza. Solo en 2025 se registraron ante la UIF 1.657 reportes en los que la minería ilegal aparece como posible delito precedente del lavado de activos, un aumento del 270% frente a los 448 casos reportados el año anterior.

Y no hay señales de que el fenómeno vaya a disminuir. La SBS prevé que el aumento sostenido del precio del oro en el mercado internacional seguirá impulsando la extracción ilegal y, con ella, la necesidad de mecanismos para ocultar sus ganancias. Según estimaciones del Instituto de Estudios Peruanos (IPE), estas alcanzaron los USD 12 mil millones en el Perú durante 2025.