Perú flexibiliza el control previo sobre especies forestales protegidas por Cites

En Francia, la madera de cumarú es una de las más utilizadas en la construcción de terrazas. El metro cuadrado de venta al público puede llegar a costar 88 euros debido a que ofrece una dureza y resistencia superiores a las del pino, cuyo precio oscila entre 18 y 34 euros. El ipé, otra madera tropical de alta densidad, cuesta más de 120 euros por metro cuadrado y es muy valorado por su dureza y estabilidad.

El cumarú es el nombre comercial de la madera obtenida del shihuahuaco, un árbol amazónico que puede superar los 50 metros de altura tras varios siglos de crecimiento; mientras que el ipé corresponde al tahuarí, una especie característica de los bosques tropicales sudamericanos. Ante la presión del comercio internacional, ambas especies fueron incorporadas en noviembre de 2022 al Apéndice II de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (Cites).

Como Estado parte de dicha convención, Perú se comprometió a regular y controlar el comercio internacional de estas especies para garantizar que su extracción y comercialización sea sostenible y legal. Para implementar estos mecanismos se otorgó una prórroga que culminó en noviembre de 2024. 

Sin embargo, el pasado 12 de junio se publicó la Ley 32643, que modifica los procedimientos de verificación previa para especies forestales incluidas en Cites, lo que flexibiliza el control de la extracción de las especies y abre la puerta a su tala ilegal. 

PRESIÓN. El shihuahuaco y tahuarí son exportados a mercados del mundo como maderas finas tropicales. 

Foto: OjoPúblico / Marco Garro

La norma en cuestión modifica el artículo 46 de la Ley Forestal. Hasta antes de este cambio normativo, el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) debía verificar en campo, árbol por árbol, la existencia de todos los individuos declarados en los planes de aprovechamiento forestal elaborados por los madereros y de que estuvieran en condiciones de ser cortados, es decir, que fueran árboles maduros. 

Con la modificación, esta verificación integral, realizada por Serfor antes de la aprobación de un plan y fiscalizada por Osinfor, solo seguirá siendo obligatoria para el cedro y la caoba. Para las demás especies Cites, entre ellas el shihuahuaco, el tahuarí y el palo rosa, solo se aplicará una metodología de muestreo que deberá ser aprobada en los próximos 60 días hábiles.

Además, Daniel Valle Basto, especialista en gestión y conservación de la biodiversidad, advierte que la redacción de la norma hace extensivo el sistema de muestreo a cualquier especie forestal que sea incorporada en el futuro a la Convención Cites. 

La ley ha quedado diseñada para que esas especies solo se fiscalicen mediante un muestreo, sostuvo Valle Basto, quien también es biólogo y docente de la Universidad Científica del Sur.

Norma que facilita el blanqueo de madera

El principal cuestionamiento a la modificación legal es que podría aumentar el riesgo de que madera de origen ilegal ingrese a los circuitos formales de comercialización. 

“Al cambiar esta exigencia y permitir que no se haga el inventario al 100%, se introduce un margen de error estadístico (...) ahí aparece la posibilidad de blanquear madera”, explicó Valle Basto.

Para graficar este riesgo, el especialista indicó, a modo de ejemplo, que si una empresa informa en su plan de aprovechamiento sobre la existencia de 100 árboles de shihuahuaco, pero en realidad solo cuenta con 80, los 20 restantes tendrían que provenir de otra fuente. Según Valle Basto, esa diferencia podría ser cubierta con madera extraída fuera de la concesión autorizada, incluyendo áreas protegidas o territorios indígenas.

MODALIDAD. Para introducir árboles talados de forma ilegal se usan planes de manejo adulterados. 

Foto: OjoPúblico / Marco Garro 

La simulación de existencias forestales, conocida en el sector como la modalidad de los “árboles fantasmas”, ha sido identificada por las autoridades como uno de los mecanismos utilizados para introducir madera ilegal en la cadena comercial formal. Ello se refrenda con la estadística del Osinfor, que estima que el 12% de la madera proveniente de títulos habilitantes comercializada en el país en 2023 tenía un origen ilegal.

Valle sostiene que la verificación previa de todos los árboles incluidos en un plan de aprovechamiento, antes del periodo de tala y extracción, no deja margen a la posibilidad de incorporar ejemplares que no se encuentran dentro de la concesión autorizada.

Por su parte, César Ipenza Peralta, abogado especializado en delitos ambientales, refiere que la modificación a la ley forestal busca debilitar la fiscalización de las especies protegidas por Cites. 

“Ya no hay una fiscalización al cien por ciento, no sabemos bajo qué parámetros se hará. Supongo que Serfor debería ya tener avanzada esa metodología. Debería ser socializada no solo con el sector extractivo, sino también con los expertos en materia de conservación”, refirió.

Árboles fantasmas 

OjoPúblico analizó 93 informes técnicos de inspección elaborados por Serfor durante 2025 en concesiones forestales que declararon la presencia de especies incluidas en Cites dentro de sus áreas de aprovechamiento. 

Estas inspecciones se realizaron cuando aún estaba vigente el sistema de verificación integral, que obligaba a los fiscalizadores a revisar la totalidad de los árboles declarados. Los informes registran casos de árboles inexistentes, ejemplares mal identificados y errores en la georreferenciación de ejemplares declarados para su aprovechamiento.

En el caso del shihuahuaco, los inspectores reportaron al menos 55 árboles inexistentes: al acudir a las coordenadas consignadas en los documentos, no encontraron ningún ejemplar. Además, identificaron 13 árboles que seguían en pie pese a haber sido reportados como previamente aprovechados y siete ejemplares que habían sido registrados como shihuahuaco, pero correspondían a otras especies.

En los registros de tahuarí se identificaron siete árboles inexistentes. En tanto, para el palo rosa, los inspectores determinaron que 43 ejemplares consignados en los documentos no correspondían a esa especie.

Uno de los casos más resaltantes de identificación de árboles inexistentes es el de la empresa Maderera Canales Tahuamanu S.A.C. que en 2024 comunicó a la Gerencia Regional Forestal y Fauna Silvestre del Gobierno Regional de Madre de Dios sobre el aprovechamiento de árboles de shihuahuaco y tahuarí en su concesión ubicada en el distrito de Iñapari, provincia de Tahuamanu.

En enero de 2025, Serfor realizó una inspección de campo con cinco brigadas. El informe identificó 23 árboles de shihuahuaco inexistentes, 13 ejemplares talados sin autorización y un árbol que no alcanzaba el diámetro mínimo de corta exigido por la normativa.

Como resultado de la evaluación, Serfor concluyó que de los 1.432 árboles de shihuahuaco declarados por la empresa, solo 1.400 cumplían las condiciones para ser aprovechados. La entidad dispuso remitir copia del informe a Osinfor para las acciones correspondientes respecto de los ejemplares talados.

La empresa arrastraba cuestionamientos. En agosto de 2024, el Consejo de Administración Forestal (FSC), una certificadora internacional que refrenda la sostenibilidad de la madera extraída, suspendió durante ocho meses la certificación de Canales Tahuamanu. 

La medida estuvo relacionada con un incidente ocurrido en 2022, cuando trabajadores de la maderera se enfrentaron con miembros de los Mashco Piro, un pueblo indígena en aislamiento voluntario. Como consecuencia del hecho, un trabajador murió y otro resultó herido.

La Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes (Fenamad) y sus dirigentes fueron demandados por la maderera ante el Poder Judicial por pronunciarse en contra de sus actividades cercanas al territorio Mashco Piro. El caso fue denunciado por la organización indígena como una forma de criminalización y cuestionado por relatores del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

También se detectó en las inspecciones que en los planes operativos de las parcelas de corta 20 y 21 pertenecientes a Maderera Rio Acre del grupo Wong, ocho de los 4.375 árboles de shihuahuaco evaluados era inexistentes y 12 no coincidían con la especie declarada en su plan de manejo.

El impuso del gremio maderero

El proyecto de ley para modificar la fiscalización de especies Cites fue enviado al Congreso en febrero de 2024 por la entonces presidenta Dina Boluarte y el exprimer ministro Alberto Otárola. La Comisión Agraria lo evaluó y aprobó un dictamen favorable en octubre de ese mismo año, y en mayo de este año el Pleno terminó respaldándolo con su voto.

Durante el tiempo de evaluación de la norma, la Asociación de Exportadores del Perú (Adex), así como la Asociación de Productores Forestales de Ucayali enviaron cartas al Congreso pidiendo que se modifique la ley forestal. En una misiva remitida por Adex en abril de 2024 instaba a la comisión Agraria a aprobar el proyecto, “debido a que plantea una solución al problema de la inclusión de las especies shihuahuaco y tahuarí en el Apéndice II de Cites”.

Por su parte, organizaciones civiles de protección ambiental pidieron que el proyecto se archivara, como consta en una carta firmada por 34 asociaciones civiles y 243 ciudadanos.

Para el gremio maderero, la inclusión del shihuahuaco y el tahuarí en un régimen de control estricto para evitar su sobreexplotación fue un golpe. Según el compendio estadístico de Serfor, en 2022, año en que el shihuahuaco pasó a ser especie protegida por Cites, esta fue la madera con mayor volumen de extracción en el país, con 171.112,58 metros cúbicos (m3). Para 2025, la cifra cayó a 86.144,12 metros cúbicos. 

Aunque el año pasado el shihuahuaco se mantuvo como la especie más explotada, su extracción se redujo en 49,66% respecto a 2022. El tahuarí pasó de una extracción de 8.580,98 m3 en 2022 a 7.024,30 en 2025.

GANANCIAS. Las exportaciones de shihuahuaco y tahuarí de tres años y medio superaron ingresos de S/144 millones. 

Foto: OjoPúblico / Marco Garro

Daniel Valle señala que el principal mercado de estas especies es el extranjero. “Hay muchas maderas que solo se pueden vender a precio internacional, porque en el mercado nacional no es negocio. Es el caso del shihuahuaco, una madera extremadamente dura: una vez que tumbas un tronco que puede pesar 50 toneladas, necesitas un tractor forestal para moverlo. Extraerla cuesta bastante, por eso el precio de venta debe ser muy alto”, detalla el especialista.

Según estadísticas de exportación del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, desde enero de 2022 hasta marzo de 2026, las exportaciones de las dos especies generaron un ingreso bruto total de USD 144'318.314 para 69 empresas en el país. En este periodo, Francia se consolidó como el principal destino de las exportaciones peruanas de shihuahuaco y tahuarí, seguido por Estados Unidos, China, Bélgica y Dinamarca.

Entre las principales empresas exportadoras figuran compañías asociadas a Adex. Maderera Bozovich S.A.C. registró ingresos FOB por USD 30,9 millones entre 2022 y 2026, mientras que Maderacre Timber S.A.C. obtuvo USD 9,7 millones durante el mismo periodo.

Maderacre, empresa vinculada al grupo económico de Erasmo Wong Lu Vega, tuvo un papel activo en la promoción de la modificación de la Ley Forestal, al exponer su posición a favor de la norma durante una presentación ante la Comisión Agraria del Congreso, desarrollada el 29 de mayo de 2024. Su representante aseguró que las verdaderas amenazas para la especie son la deforestación causada por minería ilegal y cultivos ilícitos.

En la misma sesión participó Nelly Paredes del Castillo, actual ministra del Ambiente, quien entonces se desempeñaba como directora ejecutiva del Serfor. Al inicio de su intervención señaló: “Nosotros no estuvimos de acuerdo con la inclusión del shihuahuaco en el Apéndice II de Cites”, afirmó. 

Hasta la fecha se ha indicado que la metodología de muestreo podría establecer diferentes intensidades de verificación según los antecedentes del titular de la concesión, con márgenes de error de hasta 7,5% para concesionarios sin observaciones previas y de 5% para el resto. Sin embargo, el proyecto normativo que regulará este procedimiento aún no se publicó.

OjoPúblico solicitó información al Serfor sobre el avance de esta metodología y consultó a Adex acerca de su participación en el impulso de la modificación legal. Asimismo, pidió sus versiones a Maderacre y Maderera Canales Tahuamanu. Al cierre de esta edición, ninguna de las entidades remitió sus descargos.