Dos días antes de la segunda vuelta de las Elecciones Generales, la candidata presidencial Keiko Fujimori Higuchi (Fuerza Popular) ofreció una política de austeridad en un eventual gobierno suyo. “Tenemos que reducir los presupuestos a nivel nacional”, dijo al ser consultada por los gastos del Ejecutivo y el Congreso.

Aunque la campaña electoral fujimorista ha buscado posicionarse como garante del manejo responsable de la economía, un análisis de OjoPúblico evidencia que la bancada de Fuerza Popular en el Congreso ha contribuido a poner en riesgo el equilibrio fiscal y ampliar las exoneraciones del pago de impuestos para algunos sectores. 

Durante este quinquenio, su agrupación política, que cuenta con 20 congresistas, votó a favor de aprobar al menos 36 leyes con impacto perjudicial en el manejo del presupuesto público. De este grupo de normas, 16 tienen un costo fiscal de S/ 110.594 millones, según estimaciones que hizo el Consejo Fiscal entre octubre de 2025 y marzo de este año.

La bancada de Fuerza Popular en el Congreso ha contribuido a poner en riesgo el equilibrio fiscal".

Esta cifra millonaria es más del triple que el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) que tiene el sector educación y salud para este 2026 —más de S/ 31.000 millones—, de acuerdo a información del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). 

Durante esta gestión del Congreso, el Consejo Fiscal advirtió en total de 240 normas que representan un riesgo. Este medio analizó las que cuentan con una estimación de gasto público. 

Cuando el Consejo Fiscal emite una observación sobre una ley que genera un nuevo gasto, eso significa que no existe evidencia de que el Estado cuente con recursos necesarios para financiarlo a mediano o largo plazo, explica a OjoPúblico el economista e investigador Armando Mendoza Nava. 

“Si el Congreso aprueba una ley que implica un mayor gasto para el Estado, lo lógico es que se asegure que hay recursos para ello. Lo que está observando el Consejo Fiscal es que el Congreso está aprobando estas leyes que no tienen respaldo financiero y de algún lado se tendrá que sacar el dinero”, señala el economista. 

Por ejemplo, dos normas que implican mayor gasto público son la Ley 31495 y la Ley 2787, aprobadas entre mayo de 2022 y marzo de este 2026 por el Congreso con votos fujimoristas. La primera —con un costo fiscal de S/40.561 millones— establece el pago de la bonificación especial por preparación de clases y la evaluación para los profesores. Y la segunda —que requiere ejecutar S/14.851 millones— incrementa las pensiones del personal militar y policial. 

En ambos casos, el Consejo Fiscal expresaba preocupación porque las leyes que implican negociaciones colectivas [para los trabajadores del sector público] pueden generar problemas de sostenibilidad fiscal.

Otra norma aprobada con el apoyo de Fuerza Popular, cuyo riesgo fue advertido por OjoPúblico, es la Ley 3234 —conocida también como “Ley Chlimper 2.0”— que amplía los privilegios tributarios para las grandes empresas agroexportadoras por 10 años y que provocará que el Estado peruano deje de recaudar S/1.888 millones cada año, según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). 

RIESGO. Una de las leyes con mayor impacto es la que incrementa las pensiones de militares y policías.

Foto: Ministerio de Defensa

Para Laureano del Castillo Pinto, director del Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES), mantener este tipo de beneficios tributarios implica menos ingresos al fisco. “Si de lo que se trata es de que haya un equilibrio entre ingresos y gastos, generando este tipo de subsidios a un sector que lo ha tenido desde hace más de 20 años, estamos haciendo un hueco a la caja fiscal”, dijo a OjoPúblico. 

El Consejo Fiscal también consideró, entre las normas que perjudican el gasto público, a la Ley 31556 que redujo el pago del impuesto general a las ventas (IGV) a los restaurantes y hoteles. Un informe de este medio reveló que, entre 2022 y 2024, esta ley provocó que el país deje de recaudar más de S/1.409 millones. 

Contradicciones económicas

Aunque su agrupación política apoyó la aprobación y promulgación de estas leyes, dos semanas antes de la primera vuelta, Keiko Fujimori Higuchi respondió que el desembolso para cumplir algunas de estas normas —como el pago de Compensación de Tiempo de Servicios (CTS) a los trabajadores del régimen CAS o el incremento de pensiones a militares y policías— será de manera progresiva y con responsabilidad fiscal. 

“No queremos más inflación. [Vamos a] gastar solo aquello que nosotros recibamos. Estas medidas tendrán que ser analizadas”, dijo el 28 de marzo, durante su visita al Mercado de Caquetá, en el distrito de San Martín de Porres, en Lima. 

Cuando el Consejo Fiscal observa una ley que genera gasto, significa que no hay evidencia de que el Estado tenga recursos para financiarlo".

La promulgación de normas que implican gasto futuro ha sido cuestionada por romper con la prohibición de iniciativa de gasto público por parte del Congreso —establecida en el artículo 79 de la Constitución—. Pese a ello, en octubre de 2022, el Tribunal Constitucional (TC) publicó una resolución que permite a los congresistas aprobar iniciativas legislativas que generen gasto público. OjoPúblico advirtió que esta decisión abría el camino para que los parlamentarios impulsen normas que provoquen desorden fiscal. 

Aunque los congresistas fujimoristas siguieron respaldando estas normas, durante su campaña electoral, la candidata presidencial de Fuerza Popular ha pedido que los magistrados del Tribunal Constitucional —cuya elección fue aprobada por congresistas de su partido en el Congreso— evalúen revertir esta resolución. 

El abogado constitucionalista Heber Joel Campos explicó a este medio que, en un eventual gobierno de Fujimori Higuchi, la única manera de revertir la resolución del TC es a través de demandas de inconstitucionalidad por cada ley cuestionada. 

“No cualquiera puede hacerlo, sino solo algunos sujetos legítimos. Entre ellos: el presidente, previo acuerdo del Consejo de Ministros, el defensor del pueblo, un colegio profesional o un número determinado de congresistas. En ese sentido, es posible (...). Sin embargo, hasta que el TC no las invalide o el Congreso no las derogue o modifique, se deben acatar [estas normas]”, dijo Campos Bernal.

Leyes aprobadas en plena campaña

Entre el 5 y 19 de marzo, mientras la candidata presidencial de Fuerza Popular prometía un manejo austero de la economía, los congresistas de su partido político votaron a favor de aprobar ocho leyes que incrementan el gasto público, a pesar de la advertencia del Consejo Fiscal. 

La mitad de ellas proponen incrementar las pensiones del personal militar y policial, el pago de Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) para los trabajadores del régimen CAS, incorporar al personal CAS del Ministerio de Salud y Essalud al régimen laboral 728 y otorgar una bonificación mensual de S/1.130 a los licenciados veteranos que combatieron el terrorismo. 

A través de un informe, el 26 de marzo de este año, el Consejo Fiscal alertó que estas cuatro normas implican un costo fiscal de más de S/18.000 millones. 

La otra mitad de leyes aprobadas ese mes plantean crear la Universidad Nacional Tecnológica Intercultural de Pomata, en Puno; la Universidad Nacional Intercultural de Nauta, en Loreto; y el Instituto de Educación Superior Público Túpac Amaru, en Cusco; e incorporar distritos de Ayacucho y Huancavelica a los beneficios de la Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía. Todavía no hay un cálculo de cuánto presupuesto público implica implementar estas normas. 

LEGISLATURA. El Congreso todavía puede aprobar leyes en el Pleno hasta el 25 de junio. Es el último mes de la era unicameral. 

Foto: Congreso Perú

En opinión del economista Armando Mendoza, el Congreso está incubando una crisis fiscal que podría afectar al ciudadano. “Este Parlamento se va el 28 de julio. El problema va a ser para quien se haga cargo en adelante. Van a tener una bomba del tiempo fiscal con muchos rubros de gastos que no se van a poder reducir”, explica a OjoPúblico.

“Si el presupuesto no alcanza, no podrán recortar planillas porque eso traería problemas políticos y penales. Si la planilla te ahoga, se corta la inversión. En vez de construir 100 escuelas, se construyen 20. Si se iban a dar 100 becas, se terminan dando 50. Quien termina pagando el precio es el ciudadano”, añade el economista Mendoza Nava. 

Si el próximo gobierno no corrige estas leyes, el país podría afrontar una crisis económica".

El mayor riesgo, agrega, es que si el próximo gobierno no corrige las leyes de este Congreso que socavan el equilibrio fiscal, el país podría afrontar una crisis económica similar a la del primer periodo de Alan García.

“En los años ochenta, el Estado peruano colapsó. La poca plata que se tenía, se iba en sueldos. La Sunat estuvo paralizada seis meses por huelga porque no les pagaban. Cuando ya no puedes pagarle ni siquiera a los que recaudan, te das cuenta que llegaste a una crisis. Si el próximo gobierno mantiene la irresponsabilidad fiscal, se pueden dar situaciones similares a las de los años ochenta en el mediano o largo plazo”, alerta Mendoza Nava. 

Fomentaron gasto y fueron reelegidos

OjoPúblico también detectó que 10 congresistas de Fuerza Popular que apoyaron estas leyes, pese a la advertencia del Consejo Fiscal emitida en marzo pasado, fueron reelegidos para el Congreso bicameral. 

Se trata de Patricia Juárez Gallegos, Martha Moyano Delgado, Víctor Flores Flores, Alejandro Aguinaga Recuenco, Nilza Chacón Trujillo, Mery Infantes Castañeda, Auristela Obando Morgan, Rosangella Barbarán Reyes, Eduardo Castillo Rivas y Arturo Alegría García. Los cinco primeros fueron elegidos senadores y los demás diputados. 

REELECTO. Keiko Fujimori plantea un manejo prudente del fisco. A su izquierda, Eduardo Castillo, votó a favor de leyes observadas por el Consejo Fiscal.

Foto: Facebook de Keiko Fujimori

De las 36 leyes con impacto fiscal aprobadas por el Congreso con el respaldo de la bancada de Fuerza Popular, estos diez congresistas reelectos votaron a favor de 35.

El caso más notorio es la Ley 31556 que promovió medidas de reactivación económica de micro y pequeñas empresas de los rubros de restaurantes, hoteles y alojamientos turísticos. Los diez congresistas fujimoristas reelegidos votaron por esta norma. 

Esta ley fue aprobada en el Pleno del Congreso el 17 de julio de 2022. Veinticuatro parlamentarios de Fuerza Popular votaron a favor de esta norma, entre ellos los reelectos Patricia Juárez, Martha Moyano, Víctor Flores, Alejandro Aguinaga, Nilza Chacón, Mery Infantes, Auristela Obando, Rosangella Barbarán, Arturo Alegría y Eduardo Castillo. 

Fuerza Popular incrementó recursos del Congreso

En el grupo de parlamentarios elegidos para el Congreso bicameral se encuentra también Fernando Rospigliosi Capurro, presidente interino de esta institución y parte del círculo de confianza de Fujimori Higuchi. 

Durante su mandato en la Presidencia de la Mesa Directiva, propuso, junto a los vicepresidentes Waldemar Cerrón Rojas (Perú Libre) e Ilich López Ureña (Acción Popular), incrementar el presupuesto del Congreso a más de S/1.700 millones para este año. 

Un informe de este medio, publicado el 14 de diciembre del año pasado, reveló que, durante este quinquenio, esta institución duplicó sus recursos. El 71% de ellos se ejecutará para el pago de personal y beneficios sociales. 

RESPONSABILIDAD. Fernando Rospigliosi, presidente interino del Congreso y uno de los promotores del mayor presupuesto que tuvo esta institución en su etapa unicameral.

Foto: Andina

Cuando el Congreso aprobó la reforma constitucional que restituye el sistema parlamentario con 60 senadores y 130 diputados, el 6 de marzo de 2024, incluyó una disposición complementaria que establecía que sus recursos no deben superar el 0,6% del presupuesto general de la república. 

En noviembre del año pasado, antes de que el Congreso apruebe la Ley de Presupuesto, Rospigliosi Capurro aseguró que el presupuesto del Parlamento iba a acatar este tope establecido. Pero eso no sucedió: en la actualidad, los recursos de esta institución equivalen al 0,7% del presupuesto general de la República. Aunque el porcentaje de diferencia parezca mínimo, se trata de una asignación de S/223 millones, el mayor presupuesto que ha tenido el Congreso unicameral.