Puerto de Chancay: MTC y APN tenían evidencia de irregularidades y las omitieron por años

En el último año, OjoPúblico informó que el túnel del Puerto de Chancay fue construido en un trazo distinto al autorizado originalmente y sin actualizar el permiso ambiental. También denunció deficiencias en los geotubos de las playas aledañas e incumplimientos en un trasvase de arena al que se había comprometido Cosco Shipping. Un nuevo informe de la Contraloría no solo confirma esto: expone a funcionarios de la Autoridad Portuaria Nacional (APN) y del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) que estaban al tanto de las irregularidades o tenían en su poder planos, actas y otros documentos para advertir los problemas años antes de que escalaran, y no lo hicieron. La auditoría también señala inconsistencias en la firma de un contrato que permitió la devolución anticipada de impuestos por más de S/ 527 millones a la empresa.

EN LA MIRA. Contraloría confirmó irregularidades en construcción del puerto reveladas por OjoPúblico y expuso que funcionarios tenían evidencias desde hace años.

EN LA MIRA. Contraloría confirmó irregularidades en construcción del puerto reveladas por OjoPúblico y expuso que funcionarios tenían evidencias desde hace años.

Foto: OjoPúblico / Renato Pajuelo

Hay secuelas fortuitas. Y están las otras: esas que acechan por un tiempo y avanzan, de a poco, sin grandes obstáculos. Hasta derribar una casa o dos, alterar un ecosistema, cambiar el paisaje. A esas —las prevenibles— apunta una nueva auditoría a tres instituciones públicas encargadas de otorgar permisos, celebrar convenios y hacer fiscalizaciones ambientales en el Megapuerto de Chancay.

Los hallazgos de la Contraloría General de la República, entidad a cargo de la revisión, confirman las irregularidades en la construcción del túnel que pasa por debajo de la ciudad de Chancay, la falta de permisos ambientales actualizados, problemas con un sistema artificial para evitar la erosión de las playas e incumplimientos en un trasvase de arena, todos ellos denunciados por OjoPúblico entre junio de 2025 y febrero de este año. 

Además, expone que un grupo de funcionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y de la Autoridad Portuaria Nacional (APN) estaban al tanto de estos problemas o tenían en su poder las evidencias para detectarlos, pero no lo hicieron. Y, por lo tanto, no impulsaron ninguna medida para prevenir los riesgos ni recomendaron, de forma célere, el inicio de procesos administrativos sancionadores contra Cosco Shipping Ports Chancay Peru S.A. —la dueña de la infraestructura—.

Por eso, el organismo identificó a tres funcionarios de la APN con presunta responsabilidad penal y administrativa, a un exfuncionario con supuesta responsabilidad penal —la acción administrativa prescribió— y a otros dos que, aunque participaron, también fueron favorecidos con la prescripción administrativa. A ellos se suman, dos funcionarias del MTC con eventual responsabilidad administrativa y tres exfuncionarios del ministerio, con la misma imputación.

Actas, planos y otros documentos en poder de la APN y el MTC demostrabana las irregularidades en la construcción del puerto".

Las observaciones de la Contraloría incluyen a una institución más: la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión). Esta suscribió un contrato de inversión con Terminales Portuarios Chancay —ahora Cosco Shipping Ports Chancay Peru— y el MTC para que la empresa se acogiera al Régimen Especial de Recuperación Anticipada del impuesto general a las ventas (IGV). Es decir, a un beneficio tributario.

La auditoría advirtió que ese convenio se tramitó y suscribió con representantes de la empresa que no presentaron un poder que acreditara explícitamente su capacidad legal para suscribir un contrato de inversión. Por ese motivo, la Contraloría considera que se realizaron devoluciones indebidas por más de S/ 527 millones. 

En el hecho están comprendidas tres funcionarias y una extrabajadora de Proinversión. Según el organismo, tienen presunta responsabilidad civil. Por eso, le recomendó a su Procuraduría Pública iniciar acciones legales contra ellas. La misma sugerencia le hizo a la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción para los tres funcionarios y el exfuncionario de la APN señalados con presunta responsabilidad penal. 

Según la Contraloría, Cosco Shipping no era ajena a las omisiones detectadas en el trámite de devolución anticipada de IGV. “Su intervención no puede ser entendida como meramente receptora de efectos administrativos, sino como causalmente relevante en la obtención, consolidación y aprovechamiento de una ventaja patrimonial antijurídica (...) Por ello, se sustenta su condición de tercero civilmente responsable”, señala el informe.

AUDITORÍA. La revisión de la Contraloría General involucró actuaciones del MTC, la APN y Proinversión vinculadas al megapuerto.
Composición: OjoPúblico con imágenes del MTC, Proinversión, Giuseppe Vicente y Renato Pajuelo.
 

Días atrás, la empresa de capitales chinos ya había reaparecido en el debate público por un nuevo fallo judicial: el Juzgado Civil de Chancay declaró infundada su demanda de amparo contra el Instituto de Defensa de la Competencia y la Propiedad Intelectual (Indecopi), como reportó el programa digital La Contra. 

Este recurso buscaba anular un informe que determinó falta de competencia en los servicios portuarios prestados por el terminal y, por lo tanto, que sus tarifas debían ser reguladas por el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositran). Sin embargo, el juzgado declaró válidas y constitucionales las actuaciones del Indecopi.

OjoPúblico le consultó a la compañía por estos casos. Sobre el informe de la Contraloría, se excusaron de dar declaraciones, pues no habían sido notificados formalmente. Cuando eso ocurra, añadieron, “emitirán una postura”. Respecto al fallo que validó el informe del Indecopi, objetaron que este “no aborda los cuestionamientos metodológicos de fondo”. Según detallaron, apelarán la decisión.

 

Presuntos actos de corrupción en la APN

La APN —conocida por otorgarle a Cosco Shipping la exclusividad de los servicios esenciales del megapuerto por fuera del marco legal vigente en 2021— es una de las entidades más cuestionadas en la nueva auditoría del organismo. 

Hace más de un año, OjoPúblico informó que el túnel del puerto —infraestructura que pasa por debajo de la ciudad de Chancay— fue ejecutado en un trazo distinto al autorizado originalmente, sin contar con los permisos necesarios antes de iniciar las obras y sin actualizar el instrumento de gestión ambiental.

Además, documentó ocho alertas sobre las irregularidades. Una de las primeras era de 2023 e involucraba a la APN. Pero, al igual que otras, fue ignorada por la entidad. El nuevo informe de la Contraloría no solo confirma los problemas: expone a un grupo de funcionarios que, desde 2021, tenían planos que evidenciaban la modificación del trazado del túnel. Es decir, dos años antes de lo detectado preliminarmente.

En esa época, la empresa realizaba las diligencias previas a la habilitación portuaria. Una de ellas consistía en la aprobación del expediente técnico de obra —trámite que, según la Contraloría, incluyó gestiones de funcionarios de la APN en feriados nacionales y antes del inicio formal del proceso por parte de Cosco Shipping—. 

Según la Contraloría, funcionarios de la APN hicieron gestiones en feriados y antes del pedido formal de evaluación de Cosco Shipping".

Pese a las discrepancias, los trabajadores promovieron la aprobación del expediente técnico alegando que no consideraba al túnel, pues este había sido aprobado en 2015. En otras palabras, hicieron referencia al trazado previo que sí tenía permiso ambiental, aunque para entonces ya tenían en su poder planos actualizados.

Según la Contraloría, la aprobación tuvo un problema más: no evaluó especificaciones técnicas de los geotubos —un sistema artificial para prevenir la erosión de las playas—, aunque eran parte de las obligaciones ambientales de Cosco Shipping. Lo mismo se replicó en la aprobación de la habilitación portuaria. 

El organismo de control también detectó irregularidades en las supervisiones de la APN y —al igual que OjoPúblico— durante el proceso de actualización del trazado del túnel en los expedientes oficiales. 

El informe describe la etapa inicial del proceso, en la cual la APN solicitó una actualización del derecho de servidumbre otorgado por la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN). Y, además, le explicó a Cosco Shipping que debía modificar la habilitación portuaria, tras contar con un pronunciamiento del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) sobre el instrumento de gestión ambiental requerido. 

COMPARACIÓN. Un experto en ingeniería geográfica de la comisión auditora hizo un análisis geoespacial que confirmó el cambio de trazado.
Captura: Informe de Auditoría de la Contraloría General 

 

Luego, reconstruye la segunda etapa —a menos de un mes de la inauguración del puerto y con el túnel ya construido—, en la que los funcionarios tomaron como válido un informe elaborado por una contratista de Cosco Shipping. Y, con eso, recomendaron la modificación de la habilitación, aunque no existía un instrumento de gestión ambiental actualizado ni contaban con el pronunciamiento del Senace. 

Respecto a las inspecciones, la Contraloría destaca siete actas en las que, además del avance de la obra, se menciona la necesidad de modificar la habilitación portuaria y contar con el pronunciamiento de la autoridad ambiental. Aunque la empresa tenía que cumplir con estos requisitos antes de hacer la excavación, el supervisor no frenó los trabajos ni recomendó el inicio de un procedimiento administrativo sancionador.

Entre los involucrados, se identificó a Edgar Álvarez Llerena, (exresponsable de la Dirección Técnica), Marco Sandoval Velarde (especialista en evaluación de proyectos de infraestructura portuaria), Emilio Palacios Ramírez (en ese entonces, director encargado de la Dirección Técnica), José Caytuiro Sandoval (exespecialista en evaluación de expedientes de infraestructura portuaria), Sergio del Águila Alfaro (exdirector encargado de la Dirección Técnica) y a Edith Tupayachi Alfaro (especialista de gestión ambiental). 

Al primero se le señala presunta responsabilidad penal, pues la acción administrativa prescribió. A Sandoval Velarde, Palacios Ramírez y Caytuiro Sandoval se les imputa presunta responsabilidad penal y administrativa. Los dos últimos, en cambio, fueron beneficiados por la prescripción administrativa y no tienen otras imputaciones. 

La Contraloría le recomendó a la Procuraduría Especializada en Delitos de Corrupción iniciar acciones legales".

Alejandro Chirinos Peña, sociólogo y especialista en temas marino-costeros de CooperAcción, recordó que estos problemas fueron alertados, durante años, por el Frente de Defensa de Chancay. “Creo que este caso grafica muy bien cómo el Estado hace a un lado sus compromisos con la sociedad y le da beneficios a una empresa para que ponga en marcha un proyecto que debería beneficiar a todos, pero no es así”, dijo. 

Este medio le consultó a la Contraloría si ya se había concretado la denuncia contra los funcionarios y exfuncionarios con presunta responsabilidad penal. No hubo respuesta. También le envió un cuestionario a Jorge Chávez Oliden, gerente general de la autoridad portuaria, para solicitar un descargo institucional y formular diversas consultas. En su respuesta, aseguró que la entidad está implementando las recomendaciones de la Contraloría. Sin embargo, se negó a contestar otras preguntas. 

OjoPúblico también buscó comentarios de los trabajadores y extrabajadores identificados por el organismo, excepto los eximidos de imputación. Solo contestó Caytuiro Sandoval: alegó que el cambio del túnel “es mínimo, y no generó impactos ambientales diferentes a los ya aprobados con el trazado inicial”. Sobre los geotubos dijo que “la APN solo ve obras en el área portuaria otorgada y no fuera de esta”.

CONEXIÓN. El túnel conecta el área de ingreso del puerto con la zona operativa. Para eso, atraviesa la ciudad de Chancay. 
Foto: MTC
 

Omisiones en la fiscalización del MTC

La auditoría al MTC consistió en la revisión de cuatro expedientes de supervisión al megapuerto entregados por la Dirección de Gestión Ambiental (DGA), que depende de la Dirección General de Asuntos Ambientales del ministerio. Dos de ellos, están vinculados al túnel, otro a los geotubos, y el último al trasvase de arena, una de las obligaciones de Cosco Shipping.

El primero corresponde a una supervisión realizada en mayo de 2023, tras el hundimiento que afectó calles y 18 viviendas del centro poblado Peralvillo, en Chancay. Durante la actividad se reportaron los daños y el avance de la excavación del túnel. La empresa también proporcionó un plano de esta obra.

Aunque el diseño discrepaba del autorizado y no contaba con un instrumento de gestión ambiental, el problema no fue detectado por el supervisor ni por el especialista legal de la DGA. Tampoco por el especialista ambiental ni por la directora del área. En otras palabras, el MTC tenía en su poder las evidencias del cambio, dos años antes de la denuncia de OjoPúblico, pero no lo advirtió.

El segundo expediente corresponde a una supervisión de agosto de 2023. En esa oportunidad, Cosco Shipping entregó un archivo de “empadronamiento actualizado y plano de lotes colindantes al túnel actualizado”. Dicho documento evidenciaba que el túnel se estaba construyendo en un trazo distinto al autorizado. Pero, como antes, pasó inadvertido para la supervisora y la directora de la DGA. 

Cinco funcionarios y extrabajadores del MTC son señalados con presunta responsabilidad administrativa".

Otro de los casos es de mayo del año pasado y está vinculado al trasvase de arena. En esa supervisión, la empresa reconoció que había suspendido la actividad en noviembre de 2023. La justificación fue la misma que le proporcionó a OjoPúblico para un artículo previo: la supuesta oposición de asociaciones de pescadores.

La Contraloría señala que, aunque esto consta en el acta, el tema no fue analizado en el informe de supervisión posterior. El especialista legal, el coordinador ambiental y la directora encargada de la DGA no lo objetaron. “Dicha omisión impidió que este extremo sea evaluado como un posible incumplimiento ambiental”, según el organismo.

El último expediente corresponde a una supervisión de junio de 2025 e involucra a los geotubos de la Playa Chorrillos, al norte del megapuerto. Durante la actividad, la supervisora dejó constancia de “relleno sobresaliente y restos de malla o manto de geotubo sin relleno” y “restos de neumáticos”. 

La empresa también reconoció que la cadena de geotubos estaba alterada. Lo atribuyó a supuestos actos vandálicos, las corrientes marinas, y el oleaje. Pese a eso, en el informe de supervisión —validado por un especialista legal, un coordinador ambiental y un director encargado de la DGA— no se reportaron irregularidades. 

GEOTUBOS. A mediados de 2025, la infraestructura artificial, visiblemente dañada, aún estaba en la Playa Chorrillos, al norte del Puerto de Chancay.
Foto: OjoPúblico / Renato Pajuelo

 

La Contraloría identificó a Mariana Jiménez Jara (entonces directora de la DGA), Alicia Rodríguez Peralta (quien ocupó el mismo cargo en 2024), Mayra Grados Cerna (especialista social), Claudia Ato Rodríguez (como directora encargada del área) y  Santiago Polo Fabian (quien ejerció la misma encargatura durante unos meses de 2025) como los involucrados en estas inconsistencias. A todos les atribuye presunta responsabilidad administrativa.

Al ser consultado por estos hallazgos, el biólogo Stefan Austermühle fue tajante. “Hay dos explicaciones acá: o hay una total incapacidad técnica de los revisores del Gobierno o ha habido corrupción”, dijo.

Anthony Apeño, investigador del grupo Coastal Ecosystems of Peru, de la Universidad Científica del Sur, y especialista en ecosistemas marinos costeros de CooperAcción, recordó que estos hechos no se limitan a cuestiones administrativas. “Generan perjuicios en la población aledaña y en la biodiversidad. En lo inmediato, esperemos que la empresa demuestre preocupación real por los impactos, y que esto marque el inicio de una fiscalización adecuada por parte de las autoridades”.

OjoPúblico solicitó descargos al MTC y le hizo llegar consultas específicas mediante correo electrónico y WhatsApp. No hubo respuesta. También se solicitaron comentarios individuales de los funcionarios y exfuncionarios excepto a Rodríguez Peralta (no se logró contactarla personalmente, pero fue incluida en la solicitud de descargos institucionales).

Accionar de los funcionarios afectó la eficacia de la supervisión del MTC al puerto, según la Contraloría".

Ato Rodríguez fue la única que contestó. La trabajadora —ahora titular de la Dirección de Evaluación Ambiental (DEA) del MTC— es mencionada por el trasvase de arena. Al respecto, indicó que la suspensión de la actividad sí acarreó un proceso sancionador contra Cosco Shipping, solo que inició meses más tarde y tras la emisión de un nuevo informe. 

Esto, según explicó, se debió a la espera de un pronunciamiento por parte de la Oficina de Diálogo y Gestión Social del MTC sobre la supuesta oposición de las asociaciones de pescadores, alegada por la empresa. Como sustento, adjuntó los descargos proporcionados a la Contraloría y otros documentos.

 

Proinversión y el cuestionado beneficio tributario

La auditoría no solo se enfocó en las falencias ambientales. También abordó un beneficio tributario que le permitió a la operadora del puerto recuperar S/527’797.756 por IGV. Para eso, la Contraloría analizó el contrato que suscribió Proinversión con Terminales Portuarios Chancay —antiguo nombre de Cosco Shipping Chancay Ports Perú— y el MTC, además de cinco adendas. A través de ese convenio, la empresa se acogió al Régimen Especial de Recuperación Anticipado del IGV.

Al verificar la documentación, el organismo encontró que Proinversión validó, tramitó y suscribió el contrato con representantes de la compañía que no habían acreditado la capacidad legal para suscribir específicamente un contrato de inversión. Por eso, considera que la devolución implicó un perjuicio para el Estado.

La Contraloría también comparó el proceso con los de otros tres contratos celebrados por la misma institución en 2015, 2016 y 2018. Así, encontró que, a diferencia de lo ocurrido con el Megapuerto de Chancay, en todos se acreditó la capacidad legal de apoderados y representantes de las empresas.

Entre las involucradas están Yris Ríos Barzola (entonces directora encargada de la Dirección de Servicios al Inversionista), Luz Orellana Bautista (exjefa de la Oficina de Asesoría Jurídica), Heidi Maguiña Melendez (especialista legal) y Shary Sotil Santander (exespecialista legal). En todos los casos, se indicó presunta responsabilidad civil.

Cuatro funcionarias y extrabajadoras de Proinversión tienen presunta responsabilidad civil, de acuerdo a la auditoría". 

OjoPúblico solicitó descargos institucionales a Proinversión. Remitieron un comunicado en el que aseguran que la agencia actuó “en estricto cumplimiento del marco normativo”. También destacaron que no se determinó la existencia de presuntas responsabilidades administrativas y penales contra sus trabajadores. Sin embargo, omitieron la presunta responsabilidad civil que sí fue señalada.

Aunque se pidieron comentarios de la Contraloría sobre este comunicado, no se concretó. De igual modo, se buscaron declaraciones individuales de las funcionarias (no fue posible contactar a la extrabajadora). Orellana Bautista, la única que contestó, se limitó a remitir el comunicado de Proinversión.

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