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La frontera amazónica de Perú y Ecuador se ha convertido en uno de los puntos más violentos de la extracción y tránsito del oro ilegal. A través de varios pasos ilegales, los vehículos cargados de minerales de origen ilícito salen desde las localidades de El Cenepa (Condorcanqui, Amazonas) en el lado peruano, con destino a Chinapintza (provincia ecuatoriana de Zamora Chinchipe) y las plantas de beneficio que operan en la zona. El corredor es resguardado por grupos de seguridad integrados por militares y policías en situación de retiro.
Una investigación de la Red Transfronteriza de OjoPúblico, en alianza con Código Vidrio, ha identificado que la fiebre del oro ha impulsado la construcción ilegal de varios corredores fronterizos en la zona y ha atraído a organizaciones criminales que actualmente se disputan el control territorial de la extracción del oro y las rutas. A grupos originarios de Ecuador, como Los Choneros y Los Lobos (cuya principal fuente de financiamiento es el narcotráfico), se suman Los Trujillanos, facciones de Los Pulpos (ambos de origen peruano) y disidencias de las FARC como los Comandos de Frontera, de Colombia.
El 17 de mayo de 2025, militares ecuatorianos confirmaron la existencia de una de las carreteras ilegales de la frontera, llamada Paso Tres. En ese punto, hallaron varios bidones de combustible y un asta de más de ocho metros de altura con la bandera de Perú izada. Los oficiales mencionaron que ese sector correspondía a territorio de Ecuador.
Imágenes de la intervención, a las que OjoPúblico tuvo acceso, muestran la conversación de los oficiales ecuatorianos con personas armadas con fusiles que se identificaron como militares y policías en situación de retiro. "Nosotros acá todos somos retirados, de la Marina, la FAP, Ejército, Policía. Venimos acá a brindar un servicio de seguridad. Nos contratan para dar seguridad. Por Los Lobos, Los Choneros, etcétera. (...) Yo vengo aquí a dar seguridad, el resto a mí no me importa, mientras me están pagando", dice uno de ellos que se identifica como Infante de retiro de la Marina. Como él, los demás, llevan los rostros cubiertos.
VÍAS SIN CONTROL. Militares de Ecuador llegan al paso ilegal construido en la frontera y que da acceso a los campamentos de mineros ilegales en el lado peruano.
Fuentes de las Fuerzas Armadas de Ecuador señalan que en este territorio amazónico las disputas más violentas se están presentando entre Los Choneros y Los Trujillanos. Ambas organizaciones buscan dominar el cobro de extorsiones a mineros de la frontera, así como las rutas del tráfico de mercurio, combustible, armas, explosivos, drogas y otros insumos. La violencia en la zona se ha acentuado aún más el último año.
Esta semana, en Perú, la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental y la Policía Nacional realizaron diligencia en la frontera y conversaron con los habitantes de Kumpanam, una localidad próxima a la frontera, en El Cenepa, donde mayoritariamente impulsan y defienden la extracción de oro.
Los territorios de esta frontera en la Cordillera del Cóndor son ricos en minerales y están habitadado principalmente por pueblos indígenas, como los awajún, wampis y shuar.
En el lado ecuatoriano, en Chinapintza, existen concesiones y licencias de comercialización formales, pero varias de ellas son investigadas judicialmente por ser presuntamente fachada de actividades ilegales.
Un alto oficial de la policía ecuatoriana, que solicitó mantener su identidad en reserva, señaló que los grupos armados de la frontera dominan todo el circuito de la actividad minera: desde la explotación hasta el procesamiento y la venta del mineral, tanto dentro como fuera del país. Según este agente policial, estos grupos controlan licencias de comercialización y plantas de beneficio.
RUTAS ILEGALES. Organizaciones criminales de Ecuador, Perú y Colombia se disputan el control de rutas en la frontera.
Infografía: OjoPúblico
La bonanza de Chinapintza atrajo a Los Trujillanos, a partir de diciembre de 2024, cuando comenzó la construcción de una carretera ilegal que conecta ambos países.
El Paso Tres es una trocha ilegal de tres kilómetros en la frontera, que atraviesa una finca en el cantón Paquisha, parroquia Nuevo Quito. Se ubica dentro de la franja de seguridad de diez kilómetros donde cualquier obra debe contar con autorización del Ministerio de Defensa de Ecuador y es una ruta fundamental para las operaciones de los grupos criminales en la zona.
Por el Paso Tres, circulan camiones con material aurífero, maquinaria pesada, combustibles, explosivos y químicos utilizados en la minería. Las autoridades tampoco descartan que la vía se use para el transporte de cocaína. El tránsito está sujeto a pago de extorsiones que varían según el tipo y volumen de carga.
Según la Inteligencia ecuatoriana, Los Choneros cobran USD 15.000 por cada excavadora que cruza hacia el Perú, USD 10.000 por clasificadora y USD 5.000 por motores de succión o bombeo. También exigen pagos por el traslado de hidrocarburos y víveres hacia la localidad de Kumpanan, en el lado de Perú.
En el lado peruano, se habilitan simultáneamente otras vías ilegales. En enero de este año, las autoridades locales dinamitaron varios tramos de una de esas trochas. Según el Gobierno Regional de Amazonas (Perú), la vía era usada por ciudadanos ecuatorianos y peruanos dedicados a la extracción minera ilegal en la quebrada Sawi Entsa, en el distrito del Cenepa, provincia de Condorcanqui.
En la frontera se disputan el control territorial Los Choneros y Los Lobos (Ecuador), Los Trujillanos, facciones de Los Pulpos (Perú) y Comandos de Frontera, de Colombia.
Los Choneros controlan también otra vía conocida como La Bambi, que conduce al Paso Tres, y opera en sectores como Reina del Cisne, La Pangui y Conguime Alto, en el lado ecuatoriano. De acuerdo con reportes militares de Ecuador, Los Choneros se apropiaron de un campamento minero que hoy funciona como su base.
Según las fuentes ecuatorianas, mientras que en Ecuador, el Paso Tres es controlado por Los Choneros, en el lado peruano la vía está bajo el dominio de Los Trujillanos, organización criminal que se originó en La Libertad y ha extendido su violencia hacia las zonas de minería ilegal de la frontera peruana y ecuatoriana (Zamora Chinchipe y Azuay), según reportes de la policía peruana.
Un oficial de Inteligencia señaló que estas organizaciones cuentan con armamento de guerra (alto calibre) y vehículos pesados, lo que les permite asegurar corredores clandestinos entre Yantzaza, en Ecuador, y la provincia peruana de Condorcanqui.
En esta parte de la Cordillera del Cóndor, existe una intensa explotación aurífera con participación de trabajadores ecuatorianos y peruanos. Entre 18 y 20 volquetas cruzan diariamente desde el Perú hacia Ecuador para procesar el material en plantas de beneficio de Portovelo, en la provincia de El Oro, según reportes de Inteligencia a los que se accedió para esta investigación transfronteriza.
VIOLENCIA. Armas de guerra incautadas a Los Choneros en Chinapintza, Ecuador.
Fotos: Ejército de Ecuador
El 12 de enero de este año, las Fuerzas Armadas ecuatorianas intervinieron varias de estas plantas por presunto tráfico internacional de material aurífero. Y unos días después, a inicios de febrero, el Gobierno de Ecuador anunció la suspensión de todas las plantas de beneficio minero en Portovelo y Loja.
Siete días después, en el lado peruano, las Fuerzas Armadas del Perú anunciaron que rescataron a 53 personas – 13 niños, 19 mujeres y 21 hombres– que habían sido amenazadas por mineros ilegales. Durante esas semanas, se reportaron varios enfrentamientos entre bandas criminales por el control de El Tambo, uno de los sectores centrales para la extracción ilegal del oro. El puesto de control policial se encuentra cerca y lleva el mismo nombre.
Además de Los Choneros y Los Trujillanos, en esta frontera también operan Los Lobos, otra de las organizaciones criminales más violentas y extendidas de Ecuador. Según las fuentes militares, este grupo –liderado por una persona conocida como El Muerto– tiene influencia en los sectores de La Quebrada, La Herradura y Chinapintza. Exigen pagos mensuales a propietarios de bocaminas y han incursionado incluso en áreas concesionadas, presentándose como “la Empresa de los Lobos” para demandar el pago de extorsiones.
Presencia armada y escalada violenta
En julio del 2025, como ha informado OjoPúblico en un reportaje anterior, seis ciudadanos peruanos armados fueron detenidos en el sector y procesados por porte ilegal de armas, pero un juez en Zamora ordenó su liberación días después.
La violencia por el control de estas rutas ilegales en la frontera se ha extendido rápidamente. El 8 de agosto de 2025, el Ejército de Ecuador liberó a siete personas secuestradas (dos ecuatorianos y cinco de nacionalidad peruana), presuntamente por Los Trujillanos en Chinapintza.
El 11 de setiembre, cinco integrantes presuntamente vinculados a Los Choneros fueron asesinados en Conguime Alto, también en Chinapintza, en un ataque atribuido a otra organización criminal de origen peruano, Los Pulpos de Trujillo. Por este caso, fue detenida Willy Antich, a quien las autoridades señalaron como el responsable de las acciones violentas en el lado ecuatoriano.
Pese a las intervenciones militares y fiscales, aún no existen procesos judicializados contra las estructuras de delincuencia organizada por minería ilegal.
INTERVENCIONES. Los militares ecuatorianos realizan intervenciones en las vías que se han construido ilegalmente.
Foto: Ejército del Ecuador
En Ecuador solo dos fiscales están asignados a delitos ambientales relacionados con esta actividad. Uno de ellos, Hugo Carvajal, declaró para esta investigación que se requerirían al menos 23 fiscales especializados para enfrentar casos de mayor relevancia y complejidad.
Desde 2022, esta fiscalía ha obtenido 57 sentencias por daños ambientales vinculados a minería ilegal y ha abierto 1.500 procesos. De estos, 1.345 se encuentran en investigación previa y 105 en etapa de instrucción fiscal, con formulación de cargos.
En el 60% de los casos, las investigaciones se iniciaron a partir de informes policiales derivados de operativos conjuntos con las Fuerzas Armadas en flagrancia, principalmente en áreas libres no concesionadas.
En el resto de casos, los procesos penales corresponden a delitos cometidos en concesiones otorgadas a titulares mineros y que han sido invadidas por operadores ilegales.
Los Choneros cobran USD 15.000 por cada excavadora que cruza hacia el Perú, USD 10.000 por clasificadora y USD 5.000 por motores.
Las limitaciones para luchar contra la minería ilegal en Ecuador alcanzan a la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom). De más de 2.000 concesiones auríferas registradas en Ecuador, 518 se ubican en Zamora Chinchipe y 118 en Morona. El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas ha identificado 17 puntos críticos de minería ilegal, principalmente en Zamora, Morona e Imbabura.
“La capacidad de control de las actividades de los titulares mineros y sus operadores privados en esas áreas es muy limitada, casi inexistente, por el escaso personal que tiene la Arcom [164 funcionarios en todo Ecuador] y por la inmensa extensión que ocupan esas zonas”, indicó Francisco Cobo, director de Control Minero de la autoridad regulatoria.
Estas limitaciones abren la puerta a que las actividades de la minería ilegal sean financiadas e impulsadas por el crimen organizado como parte de su economía criminal, sostuvo David Sánchez, excoordinador nacional de regulación de la autoridad minera de Ecuador.
“Si el Estado no da herramientas suficientes a las instituciones encargadas del control [en áreas mineras], vamos a ver cómo los integrantes de los grupos de delincuencia organizada migran a otras zonas de interés minero. Esa es la historia de los últimos diez años en Ecuador”, resaltó Sánchez.
Las organizaciones criminales incursionaron en la minería ilegal en Ecuador en 2015. Ese año se detectó que en La Merced de Buenos Aires, provincia de Imbabura, más de 8.000 personas vivían de la minería ilegal en una concesión de la empresa Hanrine Ecuadorian Exploration and Mining.
En 2019, fueron desalojados, por lo que migraron hacia la provincia de Napo, en plena Amazonía, explica José Moreno, del colectivo Napo Ama la Vida. En esta zona, el gobierno entregó varias concesiones a la empresa china Terraearth Resources para que explote oro a lo largo del río Yutzupino, lo cual está prohibido por la ley.
Esa compañía tiene cinco concesiones suspendidas, pero se mantiene operando a través de mineros ilegales, según reportes de Inteligencia militar.
En 2022 se realizó una operación en Yutzupino en la que se capturó 148 retroexcavadoras usadas para la extracción de arena en el río y se detuvo a seis personas. Ese mismo año, los mineros ilegales volvieron a ocupar diversas fuentes fluviales del lugar y, en alianza con el crimen organizado, se han expandido a zonas aledañas hasta llegar a Chinapintza.