Exmayor PNP detenido con arsenal de armas en campamento minero en la frontera

El 22 de marzo, a menos de un kilómetro de la frontera con Ecuador, catorce policías llegaron a un "campamento rústico" ubicado en la zona de El Tambo, provincia de Condorcanqui. Aunque era un lugar construido a base de tablones, listones de madera y techo de calamina, según el acta de intervención a la que OjoPúblico tuvo acceso, había una garita de control, equipada con caseta de seguridad y tranquera de acceso.

Con este primer hallazgo inició un operativo contra la minería ilegal que permitió la incautación de arsenal militar, en una zona donde se han recrudecido los enfrentamientos mortales entre organizaciones criminales de Ecuador, Perú y Colombia. La intervención ocurre luego de que OjoPúblico denunciara cómo estas redes disputan el control de la extracción y el tránsito del oro ilegal en la frontera amazónica.

Documentos fiscales a los que accedió OjoPúblico revelan el nivel de organización, los recursos y la participación clave de un exmayor de la Policía peruana.

Equipo militar y un arsenal de armas

En el campamento, los agentes incautaron chalecos antibalas, teléfonos satelitales, un dron con cámara, tres fusiles tipo ZM4, nueve cargadores de fusil con munición, dos pistolas con sus respectivos cargadores, tres granadas de gas lacrimógeno, dos granadas aturdidoras y 569 cartuchos.

PROFESIONALIZACIÓN. Entre los bienes incautados en el campamento se encontraron chalecos antibalas y equipos de comunicación de largo alcance.

Además, durante la intervención, la Policía peruana detuvo a cinco hombres: David Junior Alvarado Chávez, Rubén Flores Pampa, Daniel Ambicho Leandro, Huber Villavicencio Briceño y un agente de inteligencia del Ejército peruano en actividad, quien, según fuentes militares de este medio, informaba sobre el avance de la minería ilegal en la zona. Aunque el operativo era por minería ilegal, la detención se realizó por el presunto delito de tenencia ilegal de armas.

En su defensa, los imputados presentaron tarjetas de posesión para parte de las armas, pero la autenticidad de los documentos fue cuestionada y las armas estaban registradas a nombre de terceros. Según fuentes policiales, los intervenidos fueron trasladados el mismo día en helicóptero hasta la comisaría de Bagua.

Al día siguiente, el fiscal penal de la provincia de Condorcanqui, Erlin Medina Molocho, solicitó siete días de detención preliminar para los implicados en el marco de las diligencias por el presunto delito de tenencia ilegal de armas. El 31 de marzo, el juez Yuri Hoansen Balcázar Salas, de la Corte Superior de Justicia de Amazonas, dictó siete meses de prisión preventiva. Entre los argumentos del Ministerio Público se incluyó el riesgo de fuga.

Uno de los imputados, miembro en actividad del Ejército, quedó en libertad. El Poder Judicial le impuso comparecencia con restricciones, una caución de S/10.000 y el impedimento de salida del país.

El papel del exmayor de la Policía

Huber Villavicencio Briceño (60), uno de los cuatro involucrados que permanecerán en prisión, es señalado como uno de los cabecillas detrás de las operaciones de minería ilegal en el distrito fronterizo de El Cenepa. Es mayor de la Policía en situación de retiro desde 2018 y en 2023 ya aparecía en un informe de la Defensoría del Pueblo como “administrador y responsable de proyectos mineros” vinculados a contaminación por relaves en una quebrada de la Cordillera del Cóndor.

DETENCIÓN. Huber Villavicencio fue mayor durante cuatro años y sirvió un total de 29 años en la Policía Peruana, antes de ser capturado por la misma.

Foto: Policía

Según los documentos fiscales, durante la intervención se identificó ante los agentes como “encargado de la seguridad del lugar”. Hace varios años, líderes indígenas de la zona lo acusan de cobrar cupos a mineros informales e ilegales que operan en la zona extrayendo oro.

OjoPúblico envió un cuestionario a los abogados de los imputados sobre los motivos de su presencia en la zona y las razones por las que sus defendidos portaban armas. Hasta el cierre de esta nota, no obtuvo respuesta.

Para entender la relevancia de la captura, imágenes satelitales analizadas por este medio muestran que el campamento intervenido el 22 de marzo se encuentra sobre una carretera ilegal que conecta Ecuador con Perú. En esta trocha circulan camiones cargados con material aurífero, maquinaria pesada, combustibles, explosivos y químicos utilizados en la minería, según reveló OjoPúblico.

CONEXIÓN. Una carretera ilegal de tres kilómetros conecta el campamento minero intervenido en la Cordillera del Cóndor con el cantón ecuatoriano de El Pangui.

Foto: Google Earth

El análisis de imágenes satelitales indica que la construcción de la carretera comenzó aproximadamente en julio de 2024 y se completó en diciembre del mismo año. El campamento, situado a lo largo de esta vía, está rodeado de quebradas abiertas y se encuentra sobre la carretera ilegal.

Ausencia de investigación por minería ilegal

La operación policial que permitió la captura de Villavicencio fue ejecutada por la Dirección Nacional de Investigación Criminal del Medio Ambiente de Lima con el objetivo de combatir la minería ilegal en la zona, según confirmaron fuentes policiales a este medio.

De acuerdo con el acta de intervención, durante el operativo los agentes se comunicaron con el fiscal especializado en materia ambiental de turno, Royner Vásquez Pereyra, y solicitaron su participación en las diligencias. Sin embargo, el fiscal indicó que no era competente, al tratarse de un posible delito vinculado al uso de armas de fuego y no de minería ilegal.

Consultado por OjoPúblico, Vásquez Pereyra respondió que “no se ha registrado ningún hecho concreto de minería ilegal” y que solo le informaron “del hallazgo de armas de fuego, no de otros instrumentos o insumos”. Por ello, dio aviso a la Fiscal Provincial Penal de Condorcanqui, que posteriormente solicitó la medida de prisión preventiva por siete meses contra cuatro de los cinco investigados por tenencia ilegal de armas.

La falta de tipificación del caso como minería ilegal resulta relevante. Para Danilo Espinoza Caro, abogado especializado en delitos ambientales, “llama la atención que en un operativo contra la minería ilegal, incluso con un despliegue presupuestal elevado y apoyo aéreo, no se haya encontrado ningún indicio de esta actividad”.

El especialista también consideró inusual que la intervención se realizara sin la presencia de un fiscal. “Estos operativos suelen contar con el acompañamiento in situ del fiscal desde el inicio, como garantía de lo que se documenta y se consigna en las actas del procedimiento”, explicó a OjoPúblico.