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Las denuncias por extorsión crecen sin control a nivel nacional. En 2025 se registraron 28.948 casos, frente a las 22.835 de 2024, según el Ministerio Público. Este aumento no es aislado, sino que refleja la expansión y diversificación de las economías ilegales en el país.
En ese contexto, la minería ilegal y el crimen organizado transnacional también mantienen un avance sostenido. La frontera amazónica entre Perú y Ecuador se ha convertido en el epicentro de enfrentamientos entre organizaciones criminales de Perú, Ecuador y Colombia por el control de la minería ilegal de oro, como reveló recientemente un informe de la Red Transfronteriza de OjoPúblico.
Nelly Luna, directora periodística de OjoPúblico, y Ricardo Valdés, exviceministro del Interior y experto en seguridad ciudadana, conversaron sobre el impacto del avance del crimen en el país, así como los planes de los candidatos para enfrentar esta problemática.
Según refirió el exviceministro, controlar las actividades ilegales en la frontera entre Perú y Ecuador es sumamente difícil. Se trata de una línea divisoria que supera los mil kilómetros y presenta un alto nivel de porosidad. “Yo voy con mi DNI y puedo trabajar en Ecuador, en Colombia y en Bolivia porque somos parte del Pacto Andino”, explicó, aludiendo a la facilidad de tránsito que también aprovechan las economías ilegales.
Aunque la presencia de organizaciones criminales transnacionales como Los Lobos o Los Choneros no es nueva en el país, Ricardo Valdés señaló que en los últimos años se ha producido un “efecto sábana” generado por las presiones del gobierno ecuatoriano sobre estas bandas. Como consecuencia, se han desplazado y han encontrado en la zona fronteriza un lugar para establecerse.
Frente a este escenario, el Observatorio del Crimen y la Violencia presentó a los partidos que participan en estos comicios un estudio de propuestas contra la inseguridad ciudadana. Ricardo Valdés, quien participó en su elaboración, señaló que entre las medidas inmediatas planteadas se encuentra la redistribución de los recursos. “Lo que hemos encontrado es que, dejando fuera Lima y el Callao, el 60% de los crímenes se concentran en 50 distritos de los 1.840 que hay en el país”, señaló.
Impactos en la Amazonía
En este streaming también se analizó la labor legislativa de los congresistas de las regiones amazónicas. Muchos impulsaron leyes que, en lugar de proteger la biodiversidad, son consideradas lesivas para este territorio, según organizaciones indígenas y civiles.
Fiorella Montaño y Yoselin Alfaro, periodistas de la Red Investigativa Regional de OjoPúblico, analizaron el impacto de esta labor en el avance de la deforestación, la minería ilegal y otras economías ilícitas.
Según explicó Montaño, en el Congreso se han impulsado diversas iniciativas que debilitan la lucha contra las economías ilegales en la Amazonía. Entre ellas figuran leyes para la construcción de vías que podrían generar deforestación y favorecer la expansión de actividades ilícitas; normas que permiten el cambio de uso de suelo —de forestal a agrícola—; y ampliaciones del Reinfo, así como facilidades para los mineros informales.
Alfaro añadió que estas iniciativas ya están generando impactos en la selva central del país. El cambio de uso de suelo ha impulsado el monocultivo y acelerado la deforestación, mientras que las ampliaciones del Reinfo han favorecido la expansión de la minería ilegal en toda la Amazonía, especialmente en la provincia de Chanchamayo.
