El 10 de noviembre de 2023, mientras navegaban por el río Amazonas, Osmander Muñoz y Miguel Antonio del Águila Nacimiento fueron intervenidos por cuatro policías de la Dirección Antidrogas (Dirandro). Los interceptaron en el distrito de San Pablo, en Loreto, a aproximadamente 100 metros del centro poblado de San Isidro, y a unos 220 kilómetros de la triple frontera entre Perú, Colombia y Brasil.

Osmander Muñoz, un ciudadano colombiano de 32 años, conocido en la zona como Silencio, tenía un morral negro con S/98.000 y siete gramos de clorhidrato de cocaína escondidos en una bolsa negra chica. Antes de ser intervenido, lanzó al agua una mochila. Luego, confesó que ahí llevaba un arma de fuego, aunque nunca la recuperaron.  

Nueve horas antes, los agentes habían recibido información de inteligencia sobre una acción del narcotráfico en la zona. Navegaron varias horas en contra del río, desde la ciudad de Caballo Cocha —capital de la provincia de Mariscal Ramón Castilla— hasta el centro poblado de San Isidro. Allí, alrededor de las 5:30 de la mañana, se toparon con la embarcación de los dos hombres: un pequeño deslizador blanco. 

Osmander Muñoz y Miguel Antonio del Águila —quien dijo ser el motorista de la embarcación— se mostraron nerviosos ante la aparición de los policías, en dos deslizadores. Luego de registrar todo lo que tenían, los agentes atracaron en un puerto improvisado que había en el lugar y rastrearon el área. Atrás de una vivienda rústica, a unos 20 metros en dirección al monte, encontraron 162,8 kilos de pasta básica de cocaína oculta en cuatro costales, según el acta de intervención policial.

San Pablo, como toda la provincia de Mariscal Ramón Castilla, es un territorio floreciente para el tráfico de drogas. El control policial casi no existe y la violencia impera. Solo entre 2019 y 2023, los cultivos de coca se triplicaron en la provincia: de 2.531 hectáreas a 7.824 hectáreas, de acuerdo a información de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida). 

162 KILOS. El colombiano Osmander Muñoz, “Silencio”, no pudo probar el origen del todo el dinero que llevaba.

Foto: Fiscalía de la Nación

San Isidro, el centro poblado donde fueron detenidos, también es conocido como un foco de producción de cocaína. En Caballo Cocha, el apelativo de “Silencio” está asociado al de otros conocidos acopiadores y transportadores de cocaína en la zona, como “Holver” y “Trake”. 

Según fuentes del distrito, "Holver" fue asesinado hace más de dos años. El segundo, cuyo verdadero nombre era Jhonatan Ramírez, murió a mediados del 2024, luego de recibir varios disparos en el puerto de Sheretero, a una cuadra de la plaza de Caballo Cocha. “Era mi vecino, era colombiano, una noche lo asesinaron. Parece que no quería pagar una deuda y otro colombiano le mandó un sicario”, relata un habitante de Caballo Cocha que lo conoció. 

“Silencio”, quien aseguró ser un simple comerciante y motorista tras la intervención, también cargaba cuatro chips de celulares y un fotocheck a su nombre, de Agro Aysell E.I.R.L. Esta empresa tiene su domicilio fiscal en la ciudad de Caballo Cocha y se dedica a los rubros de transporte de pasajeros por vía fluvial, alojamiento y venta al por mayor de materiales de construcción, según la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat).  

Tras su detención, Osmander Muñoz y Miguel Antonio del Águila Nacimiento fueron enviados al penal de Iquitos, en el contexto de una prisión preventiva de nueve meses. Más tarde, en el caso del primero, la medida se amplió por cinco meses adicionales. 

Sin embargo, el 26 de marzo de 2024, su abogado pidió ante el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de Maynas, de la Corte Superior de Justicia de Loreto, que siga el proceso judicial en libertad por no existir, según su punto de vista, peligro de obstaculización al proceso. Cinco meses después, el magistrado Jairo Neiser Salazar Angulo autorizó su excarcelación.

A Miguel Antonio del Águila, el loretano de 23 años que fue detenido con él, lo liberaron en enero de 2024, aunque sigue en el proceso como acusado.

SEGUIMIENTO. En 2022, “Silencio” ya aparecía en documentos de inteligencia como integrante de una organización dedicada al tráfico de drogas.

Captura: Poder Judicial de Loreto

Antes de aparecer en el reporte de inteligencia de 2023, “Silencio” ya había sido mencionado en otros documentos fiscales. Un requerimiento acusatorio del año previo describe una conversación telefónica en la que un hombre, identificado como Carlos Alonso Suárez Sangama, alias “Alonso”, se refiere a él. “Parece que necesita comprar más [droga]”, dijo. 

Ese requerimiento menciona, además, un informe de la Dirección Antidrogas que ubica a “Silencio” como “integrante de una organización dedicada al tráfico ilícito de drogas” junto a “Alonso” y otros. Según el informe, Osmander Muñoz operaba “en el departamento de Loreto y [en] la zona denominada Trapecio Amazónico, triple frontera Perú, Colombia y Brasil”.  

En el reporte de inteligencia que motivó el operativo de 2023 también aparece la declaración de un policía, quien explica que Osmander Muñoz “estaría acopiando drogas en su caleta”, en las inmediaciones de los centros poblados de San Isidro y Santo Tomás, en el distrito de San Pablo. La droga, según esa misma versión, iba a ser transportada en un deslizador con una fuerte cantidad de dinero “para poder trasladar[se] hasta Brasil”. 

Estos botes rápidos, con motores fuera de borda, son los más empleados para movilizar cocaína por la Amazonía. Los fiscales le dicen “bestias”, por su potencia. Pero también hay de los otros: las lanchas de varios pisos, más lentas, que transportan carga y pasajeros, donde la droga viaja camuflada.

En el deslizador de Osmander Muñoz, las pericias detectaron residuos de cocaína en la cubierta interior del bote y en el manubrio del motor, marca Suzuki. Cuando lo detuvieron, “Silencio” se negó a declarar. Ni siquiera justificó el origen de los S/98.000 que le encontraron. Recién 12 días después, aseguró que el dinero era para comprar cabezas de ganado. Pese a eso, el 8 de agosto de 2024, el juez Jairo Neiser Salazar Angulo ordenó su libertad. 

El apelativo de 'Silencio' está asociado al de otros conocidos acopiadores de cocaína en la zona, como 'Holver' y 'Trake'".

En actividad

Vecinos y agricultores de la provincia de Mariscal Ramón Castilla cuentan, desconfiados, que “Silencio” todavía se dedica al tráfico de drogas en la zona. Una noche de febrero, un grupo de habitantes lo vio por la carretera, de casi 10 kilómetros, que une Caballo Cocha con Cushillo Cocha, una comunidad ticuna conocida por dedicarse al cultivo de hoja de coca. 

Osmander Muñoz estaba dentro de un mototaxi, a la altura de la quebrada de Pucacunga, de aguas quietas y muy concurrida para bañarse. En un momento, relata uno de los testigos que presenció la escena, “unos ocho hombres salen del monte cargando sacos negros y, luego, todos se van”. 

CRECIMIENTO. Caballo Cocha es la capital de Mariscal Ramón Castilla, en donde los cultivos de coca se han triplicado entre 2019 y 2023.

Foto: OjoPúblico

El 16 de enero de 2024, dos meses después de la detención de “Silencio”, se hizo una inspección —a cargo de la Fiscalía Antidrogas—, en el centro poblado de San Isidro. Es decir, en el lugar donde este fue intervenido junto a Miguel Antonio del Águila Nacimiento. Participaron los cuatro policías antidrogas que los habían capturado: Lenin Guevara Gonzales, Jorge Maicol Panduro Peña, Leandro Gamarra Evangelista y Harry David Mathews Arévalo. 

Durante la inspección y después, los policías entraron en contradicciones sobre el punto donde encontraron los cuatro costales con droga y sobre si hubo —o no— testigos civiles durante el operativo. 

Mathews Arévalo dijo que la intervención incluyó una persecución cuando, inicialmente, reportaron un operativo sin sobresaltos. Después, el mismo policía se contradijo al señalar que, por la neblina, no pudo ver si los intervenidos intentaron fugarse. En otro momento, los policías reconocieron que “Silencio” no fue llevado al punto donde se encontró la droga.

Estas declaraciones fueron valoradas por el juez Jairo Neiser Salazar Angulo para determinar la libertad de Osmander Muñoz. El magistrado también se respaldó en el testimonio de dos mujeres: Lizeth Nayely Arias Reyes y Jhovana Mondragon Torres. La primera dijo que fue quien contactó a “Silencio” con el motorista Miguel Antonio del Águila Nacimiento, el 9 de noviembre de 2023. La segunda fue quien le alquiló el deslizador a este mismo. 

Ambas aseguraron que habían visto a los dos hombres salir del puerto Burga, ubicado en la misma comunidad de San Isidro, y no del “puerto improvisado” que señaló la Policía. 

CULTIVOS. Cerca de Caballo Cocha se encuentran comunidades dedicadas al cultivo de hoja de coca que se destina al narcotráfico.

Foto: OjoPúblico

Para Sonia Medina Calvo, exprocuradora antidrogas, no es casual que los jueces no consideren elementos de contexto a la hora de resolver casos de este tipo. Habla de “ceguera intencional”, que genera impunidad y “un retroceso en la lucha antidrogas”. 

Al momento de la detención, por ejemplo, “Silencio” no explicó de dónde obtuvo los S/98.000 y qué hacía con ese dinero en un puerto de la selva, muy cerca de donde se hallaron más de 160 kilos de pasta básica, en un territorio dominado por el narcotráfico. 

OjoPúblico intentó comunicarse con el magistrado Salazar Angulo. Desde la oficina de prensa de la Corte de Justicia de Loreto indicaron que no brindaría comentarios. También se negó a explicar por qué no ha actualizado sus declaraciones juradas de ingresos, bienes y rentas —información detallada que los funcionarios públicos deben entregar a la Contraloría General de la República cada año— desde 2018. 

Anika Asayac Murrieta, quien vive en Caballo Cocha y constituyó la empresa Agro Aysell E.I.R.L —la del fotocheck encontrado entre las pertenencias de “Silencio”—, dijo no conocerlo. 

El 14 de agosto de 2024, días después de la liberación de Osmander Muñoz, la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas, de Iquitos, apeló la medida. El juicio oral, a cargo del Primer Juzgado Penal Supraprovincial de Maynas, está programado para julio. 

Al momento de la detención, 'Silencio' no explicó de dónde obtuvo los S/98.000".

Más clorhidrato de cocaína en la triple frontera

En Mariscal Ramón Castilla, los cuestionamientos no se limitan al caso de “Silencio”. El pasado 10 de marzo, el Poder Judicial de Loreto dictó la libertad para José Alexander Reyes Pedreros, un ciudadano colombiano detenido en el distrito de Yavarí, con más de 36 kilos de clorhidrato de cocaína. Desde hacía cinco meses, estaba con prisión preventiva y la Fiscalía había pedido mantener la medida.

Reyes Pedreros, quien declaró ser obrero, había sido intervenido junto a René Yesid Pedreros Reyes en el río Amazonas, a la altura de la comunidad peruana Rondiña 2da Zona, a 10 minutos en bote de la triple frontera. Aunque ellos lo niegan, según la Policía, son primos. 

En el operativo participaron seis efectivos de la Dirandro, que navegaron desde la isla Santa Rosa (distrito de Yavarí), un fiscal y trabajadores de la Sunat - Aduanas. Como en las horas previas a la intervención de “Silencio”, habían recibido alertas de inteligencia.

Desde Santa Rosa, la droga suele transitar hasta la ciudad de Manaos, en Brasil. Y, luego, viaja hacía Europa y Asia. En la isla, de menos de 3.000 habitantes, ocurren asaltos y muertes relacionadas al tráfico de drogas. Estas escenas se repiten en localidades fronterizas, como Leticia, en Colombia, y Tabatinga, en Brasil. 

Durante la intervención, Reyes Pedreros aceptó ser dueño de una mochila donde se encontraron tres paquetes, en forma de ladrillos, con clorhidrato de cocaína. En la embarcación también detectaron dos galoneras con más paquetes escondidos. Todo sumaba 36,6 kilos. 

Por último, al revisar los teléfonos de los dos hombres, los policías encontraron conversaciones de WhatsApp en las que ambos coordinaban el transporte de la droga.  

Pese a toda esa evidencia, el 2 de noviembre de 2024, Pedro Iván Murillo Mendives, entonces magistrado del Juzgado de Paz Letrado de la Provincia de Mariscal Ramón Castilla, declaró infundado el pedido de prisión preventiva contra Reyes Pedreros. 

Aunque los policías explicaron que este había reconocido como suya la mochila donde estaba el clorhidrato de cocaína, la resolución del juez afirmó que no había “certeza de que el investigado fuera la persona que habría tenido en su poder o dentro de sus dominios la mochila”. 

Para Rene Yesid Pedreros Reyes, el motorista, las cosas fueron distintas: durante el proceso declaró ser el único responsable de lo encontrado en la embarcación. Por eso, aunque en su mochila no se había hallado droga, el magistrado decretó nueve meses de prisión preventiva para él en la cárcel de Iquitos. 

ALEJADOS. En localidades fronterizas, la presencia del Estado es muy débil, lo que permite que la ilegalidad prospere.

Foto: OjoPúblico

En comunicación con OjoPúblico, el exjuez Murillo Mendives dijo no recordar el caso y que todas las resoluciones que ha emitido están sustentadas. “Si las partes no están satisfechas, existen las instancias y se interponen recursos”, agregó. 

El Ministerio Público apeló su decisión. Pero la Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Loreto, a cargo del juez Aldo Nervo Atarama Lonzoy, ratificó la libertad de Reyes Pedreros. 

Este sustentó que no se han efectuado, por parte de la Policía, “diligencias específicas y especiales” que vinculen al colombiano Reyes Pedreros con el delito de tráfico de drogas. Consideró, además, que el hombre tiene arraigo domiciliario en la comunidad de Cushillo Cocha por tener familia ahí. 

OjoPúblico intentó contactar al magistrado. Inicialmente, la oficina de prensa de la Corte Superior de Justicia de Loreto informó que estaba de licencia, pero luego no volvió a contestar.

En 2013, Murillo Mendives reportó un patrimonio de S/21.000. El año pasado, este ascendió a S/370.567, según su declaración de ingresos, bienes y rentas. En otras palabras, se multiplicó casi 18 veces. Al ser consultado por este medio, el exmagistrado dijo que el incremento se sustenta por el salario que recibió en los años que trabajó como juez (2012 al 2018 y, luego, en 2024) y como fiscal (2018 a 2023). 

Atarama Lonzoy, en paralelo, reportó un patrimonio de S/204.161, en 2014. En 2022, este había ascendido a S/365.150. Es decir, un 79% más.

Para la exprocuradora antidrogas Sonia Medina Calvo, el abandono del Estado es clave para el narcotráfico. “A veces, un fiscal está trabajando solo con un asistente o con un adjunto en zonas que merecen atención, como Caballo Cocha”, alertó.