ESTRUCTURA. Los Comandos de la Frontera operan en las fronteras amazónicas de Colombia, Perú y Ecuador con una división territorial.

Solo 13% de investigaciones por narcotráfico terminó en sentencia desde el 2020 en Loreto

Solo 13% de investigaciones por narcotráfico terminó en sentencia desde el 2020 en Loreto

ESTRUCTURA. Los Comandos de la Frontera operan en las fronteras amazónicas de Colombia, Perú y Ecuador con una división territorial.

Composición: OjoPúblico / Jhafet Ruiz

Los Comandos de la Frontera, una disidencia de las FARC, vigilan los ríos y controlan rutas, armas y finanzas a ambos lados del río Putumayo. Desde la pandemia, su influencia sobre el territorio peruano se afianzó aún más. Un informe policial al que accedió OjoPúblico identifica a los mandos detrás de esta estructura criminal. Al narcotráfico se suma el oro ilegal: solo entre 2025 y 2026 se detectaron 17 dragas en la zona. La respuesta judicial es lenta: de 1.420 investigaciones por narcotráfico apenas el 13% terminó en sentencia. Una fuente de inteligencia describe la zona como un “agujero negro”.

12 Octubre, 2026

En la provincia peruana de Putumayo, frontera con Ecuador y Colombia, la mayor presencia criminal está vinculada a las disidencias de las FARC, que operan con mucha violencia en el lado colombiano. El departamento colombiano del Putumayo, ubicado al frente del Perú, es el sexto de ese país con más líderes sociales y personas defensoras de derechos humanos asesinados (99) en la última década. Este territorio lleva años enfrentando la violencia del conflicto armado colombiano y las secuelas del avance de las organizaciones criminales.

La influencia de estos grupos armados en Perú se fortaleció con la pandemia. “[El Putumayo peruano] está ocupado por Los Comandos de la Frontera y otros GAOR [Grupos Armados Organizados Residuales: grupos que no se desmovilizaron tras el Acuerdo de Paz de 2016 en Colombia o que se reorganizaron]. Son organizaciones paramilitares que hacen vigilancia y están asumiendo el control de otras organizaciones en esta zona”, reconoce José Malaverry Pinchi, titular de la Fiscalía Especializada en Tráfico Ilícito de Drogas en Iquitos, en entrevista con OjoPúblico.

Un informe policial al que accedió este medio detalla la estructura de los Comandos de la Frontera y la distribución territorial de 16 de sus integrantes con funciones de mando en el Putumayo del lado peruano.

Durante años, la organización estuvo encabezada por Geovany Andrés Rojas, alias Araña, a quien la Policía identificó como cabecilla en la zona. Fue capturado en Colombia en febrero de 2025 y el pasado 25 de septiembre fue extraditado a los Estados Unidos.

 

División de funciones

De acuerdo a la misma información policial, en el extremo norte amazónico, donde convergen Colombia, Perú y Ecuador, Héctor Orlando Bastidas Bravo, alias Bonito, habría dirigido desde el Valle del Guamuez la llamada Comisión de Finanzas de los Comandos de la Frontera. También él fue capturado en agosto en Colombia. Según la Fiscalía colombiana tenía a su cargo a 100 integrantes de la organización.

La policía también identifica a Nelson Yaguara Méndez, alias el Indio o Uriel, quien estaría encargado del tráfico de drogas en el municipio colombiano de San Miguel, en la frontera con Ecuador. Actualmente está prófugo y se encuentra entre los más buscados por la justicia colombiana.

Teodulio Anacona Papamija, alias Pitufo, era responsable de la Comisión de Finanzas en el departamento colombiano de Amazonas, que limita con Brasil y Perú. Fue capturado por las fuerzas colombianas en febrero de este año.

EQUIPAMIENTO. A finales de setiembre, el Comando Unificado Putumayo-Mariscal Ramón Castilla incautó armas y prendas de vestir con insignias de los Comandos de la Frontera.
Foto: Fuerzas Armadas
 

Fredi Pasinga Chapal, alias Pasinga, identificado como capitán de la Comisión de Armas, actualmente es buscado por la justicia. A todos ellos, las autoridades colombianas, los investigan por afectación a los derechos humanos, firmantes del proceso de paz y sus familiares.

Más abajo en la jerarquía aparecen integrantes de una Unidad Móvil y responsables de la vigilancia de zonas específicas a lo largo del Putumayo.

La estructura muestra que el negocio no depende únicamente de los puntos donde se cultiva la hoja de coca. También requiere control territorial, vigilancia de los ríos, transporte, armas y redes de contacto a través de las fronteras.

 

Pocas investigaciones y menos condenas

Pese a la importancia estratégica de Loreto y de sus zonas fronterizas para el crimen organizado transnacional, las investigaciones por tráfico ilícito de drogas apenas superan los 1.400 casos, menos de la mitad de las registradas en regiones como Ucayali y Huánuco.

Datos del Ministerio Público, a los que OjoPúblico a través de la Ley de Transparencia, muestran que de 1.420 investigaciones por narcotráfico desde el 2020 en esta región, solo el 13% concluyó con una sentencia (179 casos).

En el 96% de las investigaciones, los datos oficiales no consignan la nacionalidad de las personas investigadas. Sin embargo, los pocos expedientes que sí la reportan permiten observar la dimensión transfronteriza del tráfico de drogas en el departamento amazónico más grande del Perú: al menos 57 ciudadanos colombianos figuran como imputados, ocho ecuatorianos, cinco brasileños, cuatro venezolanos y una persona de nacionalidad mexicana.

 

 

Una fuente de inteligencia aseguró a OjoPúblico que los servicios de inteligencia de la Policía tienen una presencia limitada en el Putumayo y la triple frontera. Describe la zona como un “agujero negro” debido a los altos costos y el difícil acceso. Otra dificultad, según la fuente, es que los agentes enviados desde otras regiones son identificados rápidamente.

Mientras la policía tiene dificultades para llegar a esta frontera, la respuesta política se ha desplazado al plano geopolítico. El Perú se sumó al Escudo de las Américas, iniciativa liderada por Estados Unidos contra el crimen organizado transnacional, cuyos alcances no han sido del todo debidamente informados por el gobierno.

 

Avance de la minería ilegal

Además del narcotráfico, que se ha instalado en el 70% de los distritos de las fronteras amazónicas, como reveló OjoPúblico, otra actividad ilegal se extiende desde el año pasado por el norte de Loreto y a lo largo del Putumayo y sus afluentes: la minería ilegal de oro.

Un reporte de Conservación Amazónica (ACCA) y Amazon Conservation Team, publicado en agosto, identificó 17 dragas en el río Putumayo entre 2025 y 2026, en la frontera con Colombia. Se trata de más de la mitad de todas las dragas identificadas (29) en el Putumayo desde el 2020.

La situación es crítica. Un informe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, que sustentó la declaratoria del estado de emergencia en las provincias de Putumayo y Mariscal Ramón Castilla, en enero de 2025, ya advertía sobre una “proliferación de la minería ilegal” en el Putumayo y señalaba la participación de grupos armados como Comandos de la Frontera.

Pero no era la única organización criminal. Según ese documento, Los Choneros y Los Lagartos, de Ecuador, también disputaban el control de las rutas y territorios en estas provincias fronterizas. La guerra no era solo por los corredores del narcotráfico, sino también por la extracción ilegal de oro. Estas disputas alcanzan a la frontera con Ecuador.

En febrero de este año, durante la destrucción de una pista clandestina en la comunidad nativa Nueva Galilea Cayarú, en la provincia de Mariscal Ramón Castilla (Loreto) se intervinieron tres aeronaves, entre ellas una avioneta brasileña de RJR Minas Export Eireli, empresa denunciada en Brasil por comercializar oro ilegal.

 

TRASLADO. Organizaciones criminales utilizan avionetas y helicópteros para transportar drogas y oro ilegal a través de las fronteras de Perú, Colombia, Brasil y Ecuador.
Foto: Ministerio de Defensa

 

Un líder indígena que vive en la triple frontera dijo a OjoPúblico que recientemente han visto dragas en el río Atacuari, afluente del río Amazonas, también en Ramón Castilla. Según su testimonio, la minería ilegal y el narcotráfico han agravado la explotación sexual y el consumo de alcohol y otras drogas en la región.

En agosto, las fuerzas del orden destruyeron una draga en la zona del Alto Atacuari, a orillas de la comunidad nativa El Platanal.

Fuentes de la zona señalaron a este medio que, en el Parque Nacional Yaguas, ubicado entre las provincias de Maynas y Mariscal Ramón Castilla, los grupos armados ya no se limitan a cobrar cupos a los mineros ilegales, como ocurría antes, sino que ahora intervienen directamente en la explotación ilegal de oro.

“Desconfiaban de los mineros y, por eso, colocaban a uno de sus miembros en cada balsa para supervisar el trabajo. Como esto tampoco funcionó, ahora han tomado el control de las balsas y realizan directamente la extracción de oro”, relató un habitante de la zona a OjoPúblico.

 

Dependencia económica

La falta de seguridad jurídica en muchos territorios indígenas, incluida la ausencia de títulos de propiedad de las comunidades nativas, facilita el avance de las actividades ilícitas en la triple frontera, sostiene Luis Hallazi Méndez, investigador del Instituto del Bien Común que trabaja en la zona. 

A ello se suma la dificultad de competir con la hoja de coca o el oro ilegal. "Si no estableces alternativas económicas claras para esta población, con cacao u otros cultivos, el otro gran problema será que empiece a operar en estas redes criminales sin tener la intención de hacerlo", señaló.

Un dirigente indígena local fue categórico en su rechazo al narcotráfico, a la deforestación que este conlleva, y a la contaminación de los suelos por los insumos químicos de la pasta básica. Sin embargo, reconoce que muchas familias dependen económicamente de lo que ganan con la cosecha de la hoja de coca.

Según él líder, esa dependencia solo se romperá si el Estado planifica con las comunidades antes de erradicar y desarrolla con ellas alternativas viables: una planta para embotellar el agua dulce que abunda en la zona, maquinaria para transformar la yuca y el plátano en harina o chifles y evitar que la cosecha se pierda, o apoyo para comercializar frutas como la piña y la carambola.

La violencia detrás del avance criminal se traduce también en otras formas de control. Un portavoz del Comando Unificado del Putumayo y Mariscal Ramón Castilla confirmó a OjoPúblico que, en algunos casos, la población local es obligada, incluso mediante violencia, a participar en el tráfico de drogas.

[Este reportaje es la segunda parte de la historia Rutas del narcotráfico en disputa: el mapa criminal de la triple frontera y el Putumayo.]

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