Hace casi cinco años, el congresista Juan Pari Choquecota firmó en solitario un documento de 650 páginas, fundamental en la historia de las investigaciones originadas en el Parlamento: el primer informe oficial sobre la corrupción del Caso Lava Jato en el Perú. Entonces, aquel 31 de mayo del 2016, el Perú se debatía en medio de un acontecimiento político que concentraba toda la atención del país, la segunda vuelta entre Pedro Pablo Kuczynski y Keiko Fujimori, quien finalmente sería derrotada.

Eran las últimas semanas del gobierno de Ollanta Humala (2011-2016) y del Congreso presidido por Luis Ibérico de Alianza para el Progreso, el partido de César Acuña; que además tenía como segunda fuerza principal a Fuerza Popular de Fujimori, que entonces, como ahora, pugnaba por convertirse en presidenta. En ese contexto, se desarrolló la etapa final de la comisión presidida por Juan Pari, que integraba la bancada Dignidad y Democracia, una escisión del partido de Humala.

Oficialmente, la Comisión presidida por Pari tenía como objetivo investigar el pago de coimas a funcionarios peruanos de parte de las constructoras brasileñas Odebrecht, OAS, Andrade Gutiérrez y Queiroz Galvao en el marco de contratos con el Estado. Sin embargo, estaba integrada en su origen por Karina Beteta y Jesús Hurtado (Fuerza Popular), Daniel Abugattas y Josue Gutiérrez Cóndor (Partido Nacionalista) y Carmen Omonte (Perú Posible) y Mauricio Mulder (APRA).

En perspectiva, por la labor posterior del Equipo Especial de la Fiscalía para el Caso Lava Jato, hoy se reconoce que dicha comisión fue integrada por fuerzas políticas que tenían a sus propios líderes comprometidos con los sobornos millonarios de Odebrecht: los exmandatarios Alejandro Toledo (2001-2006), Alan García (2006-2011) y Humala (2011-2016), así como la excongresista Keiko Fujimori, que había financiado su campaña presidencial del 2011 con dinero sucio de la constructora, así como la de aquel 2016.

PRESIDENTES. Alan García se suicidó el 2019 antes de ser detenido por el Caso Lava Jato, mientras que Ollanta Humala y Alejandro Toledo se encuentran cerca del banquillo de acusados.

Foto: Andina.

La labor de la comisión Pari inició en octubre del 2015 y acabó en mayo del 2016. En esos ocho meses, fueron citados e interrogados los expresidentes Toledo y García, la entonces primera dama Nadine Heredia y el entonces alcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio, entre otros altos funcionarios del Ministerio de Transporte, Proinversión y el Organismo Supervisor de la Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositran). Además, se levantó el secreto bancario y tributario a 195 personas naturales y 99 personas jurídicas.

Todos los altos funcionarios públicos, en resumen, negaron las presuntas acusaciones de corrupción o recepción de coimas de Odebrecht. El clímax de las jornadas de aquella comisión ocurrió cuando la comisión logró la asistencia del máximo jefe de Odebrecht en Perú, Jorge Simoes Barata. Aquel 23 de febrero del 2016, el enviado de Marcelo Odebrecht a Lima declaró ante la comisión y habló sobre las reuniones protocolares y empresariales que tuvo con García, Fujimori, Kuczynski y Nadine Heredia, pero solo en calidad de representante de una de las empresas extranjeras más grandes del país

Frente al presidente de la Comisión Juan Pari, el aprista Mauricio Mulder, y Josue Gutiérrez del Partido Nacionalista, Barata juró responder con la verdad y dijo, cuando fue preguntado por el pago de coimas en Perú: “Nosotros tenemos dentro de Odebrecht una política de conformidad, es un proceso de compliance. Es decir, todos los temas tienen que seguir una regla, si algún funcionario nuestro incumple esta regla es automáticamente dimitido. Entonces, es política de Odebrecht no participar de ningún proceso de sobornos, coimas para funcionarios públicos o privados o de cualquier tipo”

Barata parecía tener preparado el discurso sobre negar las coimas a funcionarios peruanos: “Está prohibido y es altamente sancionable en el caso se encuentre cualquier tipo de estos actos dentro de la empresa. Tenemos una línea de denuncias dentro de la empresa, tenemos un e-mail de denuncias, tenemos una serie de procedimientos, de procesos; y cada persona que entra en la empresa tiene que firmar un documento donde se compromete claramente y con todas las sanciones por el tema de conformidad o de compliance.

PROCESADA. La Fiscalía ha pedido 30 años de prisión para Keiko Fujimori por lavado de dinero en calidad de líder de una organización criminal que recibió dinero sucio de Odebrecht.

Foto: Andina.

A pesar de sus negaciones, Barata –hoy uno de los principales colaboradores de la Fiscalía para el Caso Lava Jato– tuvo que revelar que sí llegó a tener reuniones con Keiko Fujimori en el Centro Empresarial de San Isidro (como también con Nadine Heredia), pero que aquellas se realizaban en el marco de conversaciones generales sobre exposición de planes de gobierno en las campañas electorales. Hoy se sabe, por sus revelaciones posteriores, que aquello apenas fue la punta del iceberg. El funcionario de Odebrecht estaba encubriendo a la dirigente principal de Fuerza Popular.

En esa reunión ante la Comisión Pari, Barata acudió acompañado de sus abogados Fernán Altuve Febres, excongresista del partido de Alberto Fujimori en la polémica re relección del 2000; y Pilar Baella Herrera, hermana de Alfonso Baella Herrera, quien funge como comunicador y reconoció haber brindado servicios de manejo de redes sociales para la constructora brasileña a través de su empresa. Actualmente, Barata ha confesado que entregó US$1 millón a Fuerza Popular y una suma adicional para una bolsa de dinero de la Confiep en favor de la candidatura de Fujimori

La declaración de Barata fue declarada como reservada. Diez meses después la historia daría un giro histórico en la lucha anticorrupción en América Latina. En diciembre de aquel 2016, Odebrecht confesó ante del Departamento de Estado de EE.UU. su participación en el pago de millonarios sobornos en diferentes países de la región, incluido el Perú. El primer presidente en ser delatado fue Alejandro Toledo. El Poder Judicial ordenó su detención en febrero del 2017, luego de la confesión inicial de alto nivel de Barata en el marco del proceso de colaboración eficaz con el Equipo Especial del Caso Lava Jato.

CONFESO.Jorge Barata, dijo a la Comisión Pari que solo se reunió con Keiko Fujimori para conocer sus planes de campaña. Años después confesó que entregó millonarias sumas de dinero para la campaña de Fuerza Popular.

Foto: Andina.

La Comisión Pari había acabado sus funciones en mayo del 2016, apenas siete meses después de la confesión de la constructora brasileña en EE.UU. pero sus revelaciones sobre los megaproyectos de Odebrecht, en donde se presumía el pago de sobornos, por ejemplo la Carretera Interoceánica Norte y Sur, la línea 1 del Tren Eléctrico y el Gasoducto del Sur Peruano, entre otros; tendría eco en las pesquisas que poco después realizaría el Equipo Especial de la Fiscalía. Lo mismo ocurrió con las indagaciones del equipo de Pari respecto de las “donaciones” y “aportes a campañas electorales” hechas por la empresa de Barata.

El resto es historia conocida. Pari firmó solitariamente el informe del Caso Lava Jato en minoría, bloqueado por sus colegas del grupo parlamentario y enterrado en el olvido por el Congreso dominado por el Partido Nacionalista, Fuerza Popular, Perú Posible, Alianza para el Progreso y el APRA. De esas jornadas de negación ante la comisión Pari han pasado cinco años. Casi todos los receptores del dinero sucio han caído en desgracia gracias a la Fiscalía: Toledo está a la espera de su extradición de EE.UU.; Humala rumbo a juicio oral; mientras que Alan García se suicido en 2019 antes de ser detenido.

La única sobreviviente de este largo proceso es Keiko Fujimori, para quien la fiscalía ha pedido 30 años de prisión por lavar dinero de Odebrecht. Ella actualmente pugna por ser presidenta del Perú en la segunda vuelta del 6 de junio.