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Esta semana, cientos de personas en Lima Sur han sido afectadas con las recientes lluvias en Lima. Los distritos más afectados por aniegos e inundaciones fueron Villa María del Triunfo, Villa El Salvador y Chorrillos. El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) ha reportado solo en estas zonas más de 370 personas afectadas, más de 100 viviendas afectadas, decenas de damnificados y cuatro colegios con daños.
En paralelo, regiones del sur como Arequipa, Moquegua y Tacna, reportaron huaicos provocados, que afectaron carreteras y otras vías de comunicación y dejaron vehículos varados.
El calentamiento anómalo del mar, sumado a la presencia de la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) “Aníbal”, favoreció la ocurrencia de lluvias intensas en regiones del sur y en diversos distritos de Lima Sur.
Estos primeros impactos dan una idea de los efectos que podría generar el próximo fenómeno de El Niño en el país. Sobre este escenario se centró la última edición de OjoPúblico En Vivo, conducida por Nelly Luna Amancio, directora periodística de OjoPúblico, y la participación del economista e investigador principal del Grupo de Análisis para el Desarrollo (GRADE), Manuel Glave Testino.
"Históricamente, en el Perú, hemos sido bastante débiles en tener instrumentos y políticas de prevención de desastres. Seguimos enfocándonos y repitiendo la típica inversión pública de reforzamiento de cauces o descolmatación de ríos. Pero, no hay una mirada más estratégica de gestión territorial, infraestructura verde en las cabeceras de cuenca para reducir el impacto y mucho menos planificación territorial", indicó Glave Testino.
Un reciente reportaje de OjoPúblico, basado en informes de la Contraloría, estima en más de S/200 millones el perjuicio económico en 19 obras vinculadas a la atención de El Niño entre 2022 y 2026. Además, 44 funcionarios tienen presuntas responsabilidades civiles, administrativas y penales por irregularidades en obras destinadas a atender este fenómeno.
El análisis también comprende otros 32 proyectos relacionados con la reconstrucción de infraestructura afectada por estas emergencias y la prevención de sus efectos, que terminaron costando más de S/2.000 millones, un 140% más de lo previsto.
Al respecto, Manuel Glave consideró que el perjuicio económico es preocupante y advirtió que no basta con conocer cuánto se gastó o dejó de gastar. “Todavía no existen indicadores objetivos para medir la calidad del gasto. Se necesitan indicadores de calidad de gasto multisectoriales que permitan monitorear y alertar. No basta con advertir que no se está gastando; es necesario evaluar la calidad de ese gasto”, señaló el economista de GRADE.
En el segundo bloque del programa se analizaron los riesgos para la libertad de expresión que representa la iniciativa legislativa presentada por Aldo Bravo Quispe, diputado por Renovación Popular, que busca penalizar la “apología al delito durante situaciones de crisis política y/o conflictos sociales” realizada a través de cualquier medio de comunicación o plataforma digital.
Zuliana Lainez Otero, presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP), advirtió que el proyecto de ley del diputado Bravo Quispe podría generar restricciones al ejercicio periodístico, ya que permitiría responsabilizar a medios y ciudadanos por entrevistar a personas cuyos discursos pudieran ser considerados apología del delito agravada.
“Él dice que en estos procesos se podrá acceder a los instrumentos que sirvieron para cometer el delito, es decir, nos van a pedir los teléfonos móviles, los portátiles. Eso es una violación al secreto profesional y a la libertad de expresión”, indicó Lainez Otero.
La presidenta de la ANP también advirtió que la propuesta afectaría especialmente al periodismo y a la libertad de expresión en las regiones, donde son recurrentes los conflictos sociales vinculados a actividades mineras y problemas ambientales.
“Hay regiones del país que viven en conflicto social permanente y el periodismo necesita estar ahí en primera línea porque son hechos de la crisis política y de conflicto social, de altísimo interés público. En realidad, lo que quieren es amordazar al periodismo en esos escenarios”, señaló.
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