La ley antisoborno que aprobó el Congreso y promulgó el Ejecutivo el pasado 20 de abril para penalizar la corrupción empresarial dejó de lado la propuesta inicial que incluía los delitos más frecuentes en el Perú: el peculado y la colusión. La norma se aprobó con el mínimo necesario para cumplir requisitos que demandaba grupo de la OCDE.
Los ciudadanos con menos ingresos sostienen más los gastos del Estado que los que más tienen.
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