El 21 de marzo de 2023, luego de más de dos meses de agonía en el Hospital Arzobispo Loayza, Rosalino Flores Valverde (21) falleció a causa de los daños que le produjo el impacto de 31 perdigones de plomo recibidos durante la represión policial contra las protestas que se realizaron en rechazo al Gobierno de Dina Boluarte y el Congreso, en Cusco. 

A nivel penal, el Ministerio Público obtuvo evidencias (vídeos, documentos policiales y testimonios) que le permitió identificar al suboficial Joe Erik Torres Lovón como el agente que presuntamente disparó al joven cusqueño. Actualmente, el policía se encuentra prófugo, luego de que el Poder Judicial le dictara prisión preventiva, en enero de 2024.

Mientras que a nivel administrativo, hasta la fecha, no se ha conocido ningún tipo de sanción por la muerte de Flores Valverde. OjoPúblico revisó documentos relacionados a los procesos disciplinarios contra Torres Lovón y halló que, pese a las pruebas en su contra, hasta ahora no ha sido sancionado por este hecho. Por el contrario, de acuerdo a un informe del Tribunal de Disciplina Policial, fue pasado al retiro recién en diciembre de 2024 por inasistencias. 

Policía investigado por la muerte de Rosalino Flores fue pasado al retiro por inasistencias y no por su participación en las protestas".

Según datos de la Defensoría del Pueblo, la represión policial y militar contra las protestas que se desarrollaron entre diciembre de 2022 y enero de 2023 causaron la muerte de 49 civiles y dejaron 955 personas heridas.

Si bien el Ministerio Público ha logrado formalizar 19 investigaciones contra policías y militares involucrados en los hechos, según un informe de organizaciones de derechos humanos que defienden a las víctimas, no ha ocurrido lo mismo a nivel disciplinario. Hasta febrero del 2024, este medio reportó que la Inspectoría de la PNP había archivado, al menos, 18 expedientes que incluyen a policías. 

PROCESADO. Actualmente, el suboficial Erik Torres Lovón se encuentra prófugo y pesa sobre él una orden de captura internacional

Captura: Justicia TV

“Lo que hemos podido corroborar es que los policías involucrados en las protestas siguen en actividad. Un ejemplo emblemático es el de José Luis Solari Chillce, investigado por los hechos del 14 de noviembre de 2020 y que ahora está procesado por el caso de Víctor Santisteban. No existen medidas preventivas, como el apartamiento provisional de los policías investigados”, señaló la abogada Mar Pérez, de la Coordinadora Nacional de los Derechos Humanos (CNDDHH). 

Hasta abril del año pasado, el Equipo Especial de Fiscales para casos con víctimas durante las protestas sociales (Eficavip) informó que se había abierto investigación preliminar contra 285 efectivos por hechos relacionados a la represión de estas protestas. Sin embargo, hasta el momento, la PNP no ha informado en qué situación se encuentran los procesos disciplinarios internos. 

Esto ocurre en un contexto donde el Congreso, en línea con el Poder Ejecutivo, viene aprobando leyes en favor de la impunidad policial. En julio de 2024 se aprobó la ley que prescribe delitos de lesa humanidad cometidos antes del 2002. En octubre, se promulgó la norma que le faculta realizar investigaciones preliminares a la PNP en desmedro de la Fiscalía. Y en diciembre, se promulgó la ley que prohíbe la detención preliminar y preventiva contra policías que causen daños o la muerte con su arma en el ejercicio de su función. 

Investigación penal

Rosalino Flores Valverde fue una de las 49 personas que fallecieron producto de la represión policial y militar contra los ciudadanos que protestaron en rechazo al Gobierno de Dina Boluarte y el Congreso, entre diciembre de 2022 y enero de 2023. 

De acuerdo a un vídeo de seguridad, en posesión de la Fiscalía, Rosalino Flores fue atacado por la espalda por un policía en la avenida 28 de Julio, el 11 de enero de 2023, en Cusco. La placa torácica de la víctima reveló los perdigones de plomo que tenía en el cuerpo y que dañaron sus órganos vitales. 

OjoPúblico ya había revelado en un reportaje pasado que el uso de perdigones de plomo está prohibido para uso policial, debido a que pueden causar daños severos e, incluso, la muerte. 

La Fiscalía obtuvo vídeos, documentos policiales y testimonios que vinculan a Erik Torres Lovón con el asesinato de Rosalino Flores".

A inicios de noviembre de 2023, el Ministerio Público identificó que el policía que disparó contra Flores a menos de tres metros de distancia fue el suboficial Torres Lovón. El 14 de ese mes, la fiscal de derechos humanos, Mirela Coronel, solicitó la prisión preventiva. 

Durante las audiencias la Fiscalía señaló, entre otros argumentos, que la PNP había informado que el suboficial tenía inasistencias a su unidad y que esto demostraba el peligro de fuga. Agregó que sus compañeros habían ido a buscarlo a su domicilio y que sus familiares aseguraron desconocer su paradero. 

PROHIBIDO. Las pericias realizadas por la Fiscalía confirmaron que Rosalino Flores fue atacado con perdigones de plomo. 

Foto: placa torácica 

El abogado de Torres Lovón, Christian López, respondió ante el juzgado que el suboficial había estado recibiendo amenazas y que, por su seguridad, evitaba que se supiera su ubicación. Por su parte, Torres Lovón, conectado a través de un celular ajeno, agregó que había dejado la Policía para ocuparse de la administración de un negocio.

El 5 de enero de 2024, el juez del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria, Leodan Cristóbal Ayala, dictó prisión preventiva por 18 meses contra el agente. Según la Fiscalía, Torres Lovón está prófugo desde el 2 de noviembre de 2023. Actualmente, pesa sobre él una orden de captura a nivel internacional. 

El suboficial Erik Torres Lovón está prófugo desde que la Fiscalía solicitó prisión preventiva en su contra".

En conversación con OjoPúblico, Juan José Quispe Capacyachi, abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL) y defensa de la familia de Flores, sostuvo que la Fiscalía tiene evidencias, entre ellas vídeos de la cámara de seguridad, el listado de policías que patrullaron ese día en la zona de los hechos y testimonios de sus colegas, que confirman la presencia de Torres Lovón en el lugar donde se produjeron los disparos. 

“No nos queda la menor duda de que el señor [Joe Erik]Torres Lovón es la persona que disparó los perdigones de plomo, prohibidos para toda protesta social, pero que utiliza la PNP aunque lo niega, y que causaron la muerte de Rosalino Flores”, sostuvo Quispe Capacyachi.

Procesos disciplinarios

Hasta la fecha, este medio ha podido conocer que la PNP abrió, al menos, dos procesos administrativos disciplinarios contra Torres Lovón desde que ocurrieron las protestas. Uno por su vinculación con la muerte de Rosalino Flores y otro por inasistencias a su unidad.

La fiscal Coronel indicó a este medio que la PNP les informó que habían iniciado un proceso administrativo disciplinario contra Torres Lovón pero que, hasta la fecha, no había información actual sobre su avances. Lo mismo indicó el abogado Quispe Capacyachi.

Con relación al proceso por inasistencias, este se inició en diciembre de 2023, luego de que su propio jefe de la Unidad de Emergencia PNP Cusco elevara un informe a la Inspectoría Descentralizada del Cusco indicando su ausencia por ocho días, del 14 al 21 de noviembre de 2023, sin comunicarse con sus superiores. 

En su defensa, Torres Lovón sostuvo ante la Inspectoría del Cusco que el 14 de noviembre varió su situación judicial debido a que la Fiscalía había solicitado su prisión preventiva. También indicó que esta solicitud fue mediatizada, lo que generó que él y su familia recibieran amenazas, motivo por el cual buscó ponerse a buen recaudo. 

RETIRO. El Tribunal de Disciplina Policial sostuvo que ningún policía debe ausentarse de sus funciones para evitar un mandato judicial.

Documento: Tribunal de Disciplina Policial

En agosto de 2024, ocho meses después de iniciado el proceso, la Inspectoría Descentralizada del Cusco decidió, en primera instancia, pasarlo al retiro por haber incumplido la Ley 30714, que establece que será pasible de esa sanción aquel policía que “falte más de 5 días calendarios en forma consecutiva a su unidad, sin causa justificada”. 

Cuatro meses después, el Tribunal de Disciplina Policial, en segunda instancia, confirmó la sanción de pase al retiro. 

El hecho sugiere que la Policía consideró más importante el proceso por inasistencias, un trámite que demoró más de un año, por encima de las evidencias que existen sobre la participación del agente en las protestas. De acuerdo con la Ley de Régimen Disciplinario Policial, la Inspectoría de la PNP puede solicitar los informes de la Fiscalía y buscar pruebas de manera independiente para su investigación. 

La Policía evitó pronunciarse sobre los procesos disciplinarios en contra del suboficial Erik Torres Lovón".

OjoPúblico solicitó una entrevista con la Inspectoría de la PNP para obtener mayores detalles sobre el proceso disciplinario contra Torres Lovón por la muerte de Flores. No obstante, desde el área de prensa indicaron que el caso se encuentra judicializado y que, por ello, no pueden dar ninguna declaración al respecto.

También se solicitó una entrevista con el abogado del agente investigado, Christian López. Inicialmente indicó que podía ser en otro horario, pero cuando se le volvió a contactar, ya no respondió las llamadas ni los mensajes. 

Desafíos 

Un informe de las organizaciones civiles, entre ellas la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) y la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), entre otras, enviada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el pasado 17 de diciembre, sostiene que ya se han formalizado 19 carpetas que involucran a policías y militares como presuntos responsables de muertos y heridos en las protestas. 

El informe precisa que los casos corresponden a hechos ocurridos en Puno (3), Ayacucho (1), Apurímac (3), Cusco (2), Lima (4), Junín (1), Ucayali (1), Arequipa (3) y La Libertad (1).

Por otro lado, a nivel de la Fiscalía de la Nación, las investigaciones que involucran a funcionarios públicos aforados, por ejemplo contra la presidenta Dina Boluarte, el expresidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, y otros exministros continúan en etapa preliminar, según el informe. 

Las organizaciones también alertan a la CIDH sobre los desafíos que faltan superar para mejorar el avance de las investigaciones. En particular, mencionan la necesidad de estabilizar la organización interna del Eficavip, a fin de evitar que los constantes cambios de fiscales y personal de apoyo generen demora en los procesos. 

“Todo cambio de coordinador [en el Eficavip] trae recomposición de fiscales (...) Lo que sabemos es que ha habido un retraso por este tema. También ha habido cambios en diferentes equipos de fiscales por el nombramiento de nuevos fiscales titulares por parte de la Junta Nacional de Justicia”, indicó el abogado Quispe Capacyachi. 

IMPUNIDAD. Hasta la fecha, no se conoce ninguna sanción contra efectivos policiales involucrados en los asesinatos en las protestas.

Foto: OjoPúblico / Renato Pajuelo 

El informe también subraya que, hasta ahora, no hay progresos significativos en la identificación de la cadena de mando. Además, exige una mejor comunicación sobre el avance de las diligencias. 

Asimismo, señala que sigue habiendo problemas para que los familiares o testigos brinden declaraciones, especialmente aquellos con acceso limitado a internet en zonas rurales. 

Por otro lado, resalta la urgencia de dotar de mayores recursos al Ministerio Público para que pueda llevar a cabo adecuadamente todas las indagaciones que requieren casos complejos. Además, recomienda la creación de fiscalías especializadas en derechos humanos en las zonas donde no existan. 

“Lo que genera preocupación en las víctimas es el tiempo que va pasando, porque muchos de ellas viven con secuelas en su salud. No han podido restablecer sus proyectos de vida, no pueden trabajar e, incluso, algunos han quedado con discapacidades permanentes. Por eso, es necesario que exista una reparación integral que no pase por el proceso judicial, que puede demorar diez años”, sentenció la abogada de la CNDDHH, Mar Pérez.