Colcabamba: militarización, narcotráfico y pobreza en el entorno de los jóvenes del Vraem

En 1995, cuando tenía seis años, Renan Carbajal Palomino dejó su natal Huanta, en Ayacucho, junto con sus padres y migró al distrito de Vizcatán del Ene, que forma parte del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), en busca de tierras para sembrar cacao y café. Solo pudo estudiar hasta el tercer año de secundaria. La situación de pobreza de su familia no le dejó otra alternativa que dedicarse a la agricultura desde muy joven. 

“Los alumnos cuando terminan la secundaria se quedan trabajando porque tenemos pocos recursos económicos. Muchos quieren seguir estudiando, pero no tienen esa posibilidad”, indicó a este medio, Carmen Montes, presidenta de la Asociación de Productores Agropecuarios Valle Nazángaro, que forma parte de Vizcatán del Ene, en Junín.

La distancia y los costos son dos de los principales obstáculos. Para acceder a la educación superior o técnica, los jóvenes de Vizcatán del Ene deben viajar alrededor de dos horas hasta Pichari, en Cusco; siete horas hasta Huanta, en Ayacucho; u ocho horas hasta Satipo, en Junín.

La precariedad educativa se repite en Pucacolpa, distrito de Ayacucho al que cinco jóvenes habían viajado desde Huancayo para participar en un encuentro de fútbol antes de ser acribillados por soldados el 25 de abril. Allí, los estudiantes también reciben clases en condiciones deficientes.

ENCUENTRO. Los cinco jóvenes asesinados en Colcabamba participaron en la Copa Pucacolpa 2026, un torneo de fútbol que promueve el deporte en la zona. 

Foto: Municipalidad de Pucacolpa

El alcalde de Pucacolpa, Rogelio Tovar Cuba, docente de profesión, indicó a OjoPúblico que la mayoría de las instituciones educativas funcionan en construcciones de adobe y no disponen de materiales adecuados para los procesos de enseñanza-aprendizaje. En total, el distrito cuenta con 49 instituciones educativas: 18 de educación inicial, 19 de educación primaria y 12 de educación secundaria, todas ubicadas en zonas rurales y dentro del ámbito de influencia directa del Vraem.

Las dificultades se agravan cuando los jóvenes terminan la educación escolar. La autoridad distrital refirió que los padres de Pucacolpa, en su mayoría en situación de pobreza, no pueden costear los estudios superiores de sus hijos. Los gastos incluyen el traslado a las zonas urbanas, el alquiler de habitaciones, el pago de pensiones y la compra de vestimenta.

El alcalde de Pucacolpa, Rogelio Tovar Cuba, indicó que la mayoría de instituciones educativas funcionan en construcciones de adobe.

Esta situación se corresponde con los indicadores económicos del distrito. Según el  Mapa de Pobreza Monetaria Provincial y Distrital de 2018, Pucacolpa se encontraba entre los 20 distritos con mayor pobreza monetaria del país y ocupaba el segundo lugar en Ayacucho. 

La falta de acceso a la educación superior y a empleos formales reduce las alternativas para los jóvenes. Según el especialista e investigador en narcotráfico Jaime Antezana Rivera, en el Vraem no existen suficientes oportunidades de desarrollo personal, profesional y comunitario. Sus habitantes, muchos de los cuales se dedican a la agricultura de subsistencia, tienen pocas opciones. 

“No encuentran ninguna opción de desarrollo, la única que encuentran es el cultivo de hoja de coca o el mochileo [transporte de la droga ya procesada]”, explicó Antezana Rivera.

Frente al avance de estas economías ilegales, la respuesta del Estado se ha concentrado durante más de dos décadas en medidas de seguridad y excepción. Las zonas que integran el Vraem, ubicadas en los departamentos de Ayacucho, Apurímac, Cusco, Huancavelica y Junín, se han mantenido en estado de emergencia por la perturbación del orden interno y la presencia de remanentes terroristas vinculados al narcotráfico.

Sin embargo, la permanencia de estas medidas no ha permitido desarticular las amenazas existentes en la zona. Así lo señala el informe La normalización de la excepción: Estados de Emergencia en el Perú (2000-2024), publicado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, que identifica en el Vraem la reiteración de un modelo de intervención estatal basado en la prolongación de los estados de emergencia desde el 2003. Esto ocurre pese a la instalación de 50 bases militares desde el 2012, en el marco del Decreto Supremo 074-2012, que declaró de prioridad nacional la pacificación del Vraem. 

El pasado 25 de julio, el Gobierno prorrogó por 60 días el estado de emergencia en 12 distritos y ocho centros poblados del Vraem. La medida comprende localidades como Pucacolpa y Vizcatán del Ene.

PRÓRROGA. El 25 de julio se volvió a ampliar el estado de emergencia en Vizcatán del Ene, en Junín, por 60 días más. La medida incluye otros distritos del Vraem.

Foto: Municipalidad de Vizcatán del Ene

Pero la persistencia de los cultivos de hoja de coca evidencia los limitados resultados de esta estrategia. En la actualidad, el Vraem continúa siendo el territorio con la mayor superficie cultivada con hoja de coca. El último informe de monitoreo de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida) señala que concentra el 42,8 % de la superficie cultivada en el país, con 36.196 hectáreas registradas en 2025.

La mayor concentración se localiza en los distritos de Vizcatán del Ene, Llochegua, Sivia y Río Tambo, pertenecientes a las provincias de Satipo, en Junín, y Huanta, en Ayacucho. En conjunto, estos distritos acumulan 16.373 hectáreas, equivalentes al 45,2 % del total registrado en el Vraem.

El Vraem es el territorio con la mayor superficie cultivada con hoja de coca. Concentra el 42,8 % de la superficie cultivada en el país.

Este complejo escenario afecta especialmente a la población más joven. Según el Censo Nacional de 2017, el Vraem tenía 508.966 habitantes, de los cuales el 33 % era menor de 20 años.

A la falta de oportunidades y la expansión de las economías ilegales se suma la estigmatización de los habitantes de las zonas declaradas en emergencia. El abogado Alexi Avilez Gutiérrez, quien ejerció la defensa de dos imputados en el caso de la masacre de Vizcatán del Ene, indicó que la población es criminalizada constantemente y señalada como colaboradora de actores armados.

La masacre ocurrió en 2021 en el centro poblado de San Miguel del Ene. En ese ataque, atribuido a remanentes terroristas, fueron acribilladas 16 personas, entre ellas tres menores de edad.

Según Avilez, los habitantes quedan atrapados entre la violencia de estos grupos y la desconfianza de las autoridades. Los remanentes vinculados con economías ilegales amedrentan a la población, pero, cuando las víctimas acuden a la Policía para denunciarlos, con frecuencia terminan siendo tratadas como sospechosas, explica.

El Caso Colcabamba

Las consecuencias de una política de seguridad prolongada y de la criminalización denunciada por los habitantes del Vraem quedaron expuestas el pasado 25 de abril, cuando un operativo antidrogas realizado en Colcabamba, Huancavelica, terminó con cinco jóvenes muertos y otros dos heridos.

Casi dos meses después, el 19 de junio, el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Pampas, a cargo del juez José Leonel Matos Centeno, dictó 12 meses de prisión preventiva contra ocho militares implicados en los hechos. La defensa de los imputados apeló la medida y la audiencia para revisar el recurso fue programada para este lunes 3 de agosto.

Según el expediente fiscal, los ocho militares encargados de la intervención fueron trasladados hasta Colcabamba por personal de la Dirección Antidrogas de la Policía (Dirandro). El grupo, que se encontraba bajo el mando del capitán del Ejército Luis Montenegro Pardo, participó en un operativo cerca del puente Milenio. Lo ocurrido dio lugar a una investigación por la presunta comisión de los delitos de homicidio calificado y tentativa de homicidio calificado.

La defensa de los soldados imputados por el caso Colcabamba apeló la medida de 12 meses de prisión preventiva en su contra.

“La cuerda se ha roto por la parte más débil al dictarse prisión preventiva contra los ocho militares. En instituciones como la Policía y el Ejército, los soldados responden a órdenes e indicaciones de alto rango; por eso, se debe identificar e investigar la cadena de mando”, refirió el abogado Alexi Avilez Gutiérrez, quien brinda asesoría legal en zonas de emergencia, como Vizcatán del Ene.

Para el abogado, las deficiencias del sistema de inteligencia de la Policía condujeron a la ejecución de un operativo en el que no se encontraron drogas ni armas y que terminó con la muerte de cinco jóvenes. Los agentes alegaron haber actuado en defensa propia, pese a que, según Avilez, las pruebas muestran que los disparos fueron dirigidos hacia la camioneta y que no se efectuaron disparos desde el interior del vehículo.

PERITAJES. No se hallaron armas en poder de las cinco víctimas de Colcabamba ni indicios de que hubieran efectuado disparos. 

Foto: OjoPúblico / Yoselin Alfaro

El juez Matos Centeno llegó a una conclusión similar. Durante la lectura de la resolución de prisión preventiva, sostuvo que el ataque no podía considerarse un acto de legítima defensa, pues no se hallaron armas en poder de los civiles. Las pericias tampoco encontraron indicios de disparos efectuados desde la camioneta contra los militares.

Aunque el Ejecutivo delegó por primera vez el control del orden interno al Ejército en el Vraem en 2003,  mediante la Resolución Suprema 221-DE/SG, y desde entonces ha prorrogado esta medida en distintos sectores del territorio, la declaratoria no comprendía a Colcabamba. Por ello, la presencia militar en otras zonas del Vraem no facultaba automáticamente a las Fuerzas Armadas para intervenir en ese distrito.

El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas sostuvo en un comunicado que la patrulla militar actuó en apoyo de la Policía. Sin embargo, la abogada especialista en derechos humanos Mar Pérez señaló que, al no encontrarse Colcabamba bajo estado de emergencia, la participación del Ejército carecía de sustento legal.

“No había un marco legal para que el Ejército actuara en apoyo de la Policía en este lugar (...). Solamente se puede utilizar la fuerza letal en cumplimiento estricto de la ley (...). Sin embargo, el uso de la fuerza fue contrario al marco legal y a los estándares de derechos humanos”, explicó.

Según la acusación fiscal, los militares “habrían empleado de forma arbitraria, innecesaria y desproporcionada la fuerza letal”, lo que ocasionó la muerte de Nilson Montenegro Valencia, de nacionalidad colombiana; Cristian Vilcatoma Águila, Jaime Bendezú Paraguay, Wilder Romero Sivipaucar y William Núñez Soto. 

También habrían herido a Eber Soto Quispe y Jonathan Águila Gutiérrez. Ricardo Acuña Quispe huyó del lugar y regresó horas después.

Las pericias realizadas conforme al Protocolo de Minnesota detallan que las cinco muertes fueron causadas directamente por heridas de proyectil de arma de fuego en regiones anatómicas vitales, como la cabeza y el tórax. Los disparos afectaron órganos críticos, entre ellos el encéfalo, el corazón y los pulmones.

El expediente agrega que la gravedad de las lesiones redujo las posibilidades de supervivencia de las víctimas, incluso si hubieran recibido atención médica inmediata.

“Aunque no se pueda demostrar que haya habido órdenes de disparar contra los integrantes que se desplazaban en la camioneta, está la figura de la comisión por omisión (...). Bajo esta figura, los mandos policiales tienen la misma responsabilidad de quienes han apretado el gatillo (...). Hubo una patrulla equipada con armamento de guerra que suponía una fuente de peligro para los civiles y que era perfectamente controlable, los superiores pudieron evitar que esto sucediera si hubieran cumplido adecuadamente sus funciones de supervisión”, sostuvo Mar Pérez.

OjoPúblico intentó comunicarse en reiteradas ocasiones con los abogados de las víctimas y con algunos de sus familiares, pero no obtuvo respuesta. Desde que ocurrieron los hechos, los deudos y los sobrevivientes han preferido no brindar declaraciones a los medios de comunicación. Al cierre de esta edición, el Ministerio Público confirmó a este medio que la audiencia de apelación se realizará el 3 de agosto. 

La opción de ser mochileros

Aunque en la camioneta en la que fueron acribilladas las cinco víctimas de Colcabamba no se encontraron drogas ni armas, el operativo se originó a partir de información de inteligencia sobre el presunto traslado de un cargamento de droga. Este dato vuelve a colocar en el centro del caso una de las principales amenazas que enfrentan los jóvenes del Vraem: su captación por las redes del narcotráfico.

Según el expediente fiscal al que tuvo acceso OjoPúblico, cuatro días antes del operativo en Colcabamba, la Compañía Especial de Comandos Pachacútec 31, con base en Pangoa y a la que pertenecían los militares involucrados, fue informada por agentes de inteligencia de la Dirandro sobre la salida de aproximadamente 500 kilos de droga.

El operativo de Colcabamba se originó por información de inteligencia sobre el presunto traslado de un cargamento de droga.

La falta de oportunidades educativas y laborales facilita que las economías ilegales encuentren entre los jóvenes la mano de obra que necesitan. Jaime Antezana Rivera explicó que el narcotráfico los incorpora para realizar distintas labores, entre ellas la cosecha de hoja de coca, la carga, la maceración y el traslado de los cargamentos.

Los llamados mochileros transportan la droga por caminos de herradura para evitar los controles y los ataques de los “arranchadores”, como se conoce a quienes roban los cargamentos.

“Es un trabajo de jóvenes, no es para mayores de 30 o 35 años. Es un trabajo para jóvenes que conocen el monte y se arriesgan por zonas inhóspitas, llevando entre 15 y 20 kilos de droga, de acuerdo con su capacidad”, expresó.

La exposición a estas actividades comienza, en algunos casos, desde edades tempranas. La investigadora María del Pilar Mejía Fritsch señala, en su artículo La infancia en el Vraem. Sobreviviendo entre el fuego cruzado del narcotráfico, la violencia política y la exclusión, que los niños, niñas y adolescentes del Vraem están expuestos a la pobreza, el narcotráfico y la violencia. Esta situación limita el ejercicio pleno de sus derechos y condiciona sus oportunidades futuras.

Frente a este escenario, Renan Carbajal, de 37 años, demandó mejores oportunidades para los jóvenes del Vraem. Desde que era niño, sostiene, la pobreza y las dificultades para acceder a la educación no han cambiado. En su caso, la agricultura le permitió construir un medio de vida legal y mantenerse alejado de las economías ilícitas presentes en Vizcatán del Ene.

Por ello, señaló que las nuevas generaciones deben contar con alternativas que les permitan desarrollar sus capacidades en el deporte, la música o la mecánica, como ocurría con algunas de las víctimas del caso Colcabamba. También consideró necesario que reciban capacitación para emprender negocios vinculados con el café y el cacao producidos en la zona. Sin estas condiciones será imposible transformar la realidad de los jóvenes del Vraem.