OSCE: Telefónica otorgó información inexacta para cobrar S/1,5 millones al Estado Peruano

Tribunal de contrataciones públicas determinó que presentó documentos con "información inexacta" con el fin de acceder al pago por la instalación de un sistema de videovigilancia el 2015. El caso es investigado en la Fiscalía Anticorrupción de Lima.

BAJO SOSPECHA. La Fiscalía Anticorrupción de Lima también investiga el contrato entre el Despacho Presidencial y Telefónica, que originó la inhabilitación de esta empresa.

BAJO SOSPECHA. La Fiscalía Anticorrupción de Lima también investiga el contrato entre el Despacho Presidencial y Telefónica, que originó la inhabilitación de esta empresa.

Foto: Fundación España - Perú

La división peruana de la multinacional Telefónica otorgó "información inexacta" para cobrar más de S/1,5 millones del Despacho Presidencial en el marco de un contrato del año 2015, detalla la resolución sancionadora emitida el pasado 3 de mayo por el Tribunal del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Por este hecho la compañía -como informó Ojo-Publico.com- ha sido inhabilitada para contratar con el Estado durante los próximos seis meses.

El Tribunal del OSCE sancionó a Telefónica del Perú S.A.A. con la "inhabilitación temporal en su derecho de participar en procedimientos de selección y contratación con el Estado", se lee en las dos resoluciones emitidas los pasados 2 y 3 de mayo por irregularidades en la ejecución de dos contratos con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), y el Despacho Presidencial. 

Ambas resoluciones se han hecho públicas recién la semana pasada. En el primer caso, el Tribunal del OSCE determinó que Telefónica incumplió un contrato con el MEF para el acondicionamiento de una central de datos en la sede central de Jirón Lampa.  El fallo emitido el último 2 de mayo por los vocales Víctor Villanueva Sandoval, Paola Saavedra Alburqueque y Peter Palomino Figueroa fue confirmado el pasado 31 de mayo.

DECISIÓN. Dos resoluciones emitidas por el Tribunal del OSCE han inhabilitado a Telefónica del Perú para contratar con cualquier entidad del Estado PFeruano. 
Foto: Andina

En el segundo caso, en cambio, el Tribunal del OSCE identificó que la empresa Telefónica presentó "información inexacta" para "que se efectúe el pago" por un servicio brindado al Despacho Presidencial. La resolución además revela que sobre este hecho existe una investigación preparatoria por el presunto delito de colusión en la Primera Fiscalía Provincial Anticorrupción de Lima desde 2017. 

El fallo detalla que Telefónica, como parte de la implementación de un sistema de videovigilancia en el Despacho Presidencial, otorgó nueve certificados por dos capacitaciones de ocho horas realizadas el 15 de diciembre a funcionarios de esta entidad. Sin embargo, el Tribunal determinó que "la información obrante en tales documentos no guarda correspondencia con la realidad".

"El contratista [Telefónica del Perú] presentó los certificados con información inexacta en cumplimiento de una obligación contractual [con el Despacho Presidencial], sirviendo tales documentos para que la Entidad le otorgue la conformidad y se efectúe el posterior pago", precisa la resolución firmada por los vocales Mariela Sifuentes Huamán, María Rojas Villavicencio y Cecilia Ponce Cosme de la Segunda Sala del Tribunal del OSCE. 

BAJO SOSPECHA. Telefónica emitió nueve certificados sobre una capacitación realizada el 15 de diciembre de 2015. Cuatro presuntos beneficiarios del curso negaron recibir la capacitación.
Foto: Tribunal del OSCE

El proceso ante el OSCE se originó con una auditoría realizada por el Órgano de Control Interno (OCI) que detectó "irregularidades" de Telefónica. El informe, además de la entrega de información inexacta, advirtió que el sistema "no era técnicamente confiable ni seguro (...) poniendo en riesgo la seguridad [del Despacho Presidencial]", que tenía "una defectuosa programación" y que la empresa reemplazó "sin justificación" a cuatro trabajadores en el proyecto.

La resolución del tribunal del OSCE -publicada en su página web luego de que Ojo-Publico.com revelara la inhabilitación contra Telefónica- recoge testimonios de funcionarios del Despacho Presidencial, informes legales y de auditoria de esta entidad y del OCI, y la desaparición del registro de visitas en fechas claves para la entrega de conformidad del contrato.

Certificados irregulares

La resolución del tribunal recoge las declaraciones de cuatro funcionarios del Despacho Presidencial que negaron su participación en los cursos, a pesar de que sus nombres figuran en los certificados entregados por Telefónica. "El suscrito en ningún momento participó en la capacitación dictada por Telefónica", dijo Fredy Cruz Chapoñán en un oficio enviado al OCI. La misma declaración otorgaron Alipio Pérez Lobatón, Fredy García Daga y Jaime Sánchez Coronado. 

"Para mí esto me ha caído de sorpresa y siento mucha indignación de cómo puede haber personas que tomen mi nombre y asegurar de mi participación en unas capacitaciones (...) y lo peor de todo que recién me entero por usted (...). No he participado en ninguno de los dos módulos que manifiestan. Como le vuelvo a decir, ni enterado estaba y si no es por este medio no sabía nada de nada", escribió por correo electrónico en diciembre del 2016 García Daga al OCI. 

TESTIMONIO. Funcionarios del Despacho Presidencial negaron ser capacitados por Telefónica, a pesar de que sus nombres aparecen en los certificados entregados por la empresa.
Documento: Tribunal del OSCE

Los nueve certificados firmados el 17 de diciembre del 2015 y otorgados el 31 del mismo mes acreditaban la supuesta capacitación de aquellos cuatro funcionarios en "Administración de sistema de videovigilancia basado en IP" y "Sistema de detección y extinción de incendio".

El Tribunal del OSCE determinó que estos cursos y su acreditación eran "un requisito" en la ejecución del contrato y "sirvió para que [Telefónica] obtenga la conformidad y pago de parte de la Entidad", cuyo monto fue pactado en S/1,5 millones. Sin embargo, el OCI informó que estos cuatro funcionarios "no tuvieron conocimiento de dicha capacitación ni participaron en ella". Aunque otros tres confirmaron su asistencia, no remitieron documentos como sustento.

El informe del OCI, cuyos hallazgos recoge la resolución, determinó también que Telefónica no presentó el temario a la Dirección de Tecnología, Información y Sistemas para su aprobación como exigían las bases del proceso; ni otorgó material técnico al personal del Despacho Presidencial. El Tribunal además advierte que al 22 de diciembre del 2015 no estaba implementado el sistema de videovigilancia, "lo que lleva a deducir que el 15 de diciembre de 2015 no se realizaron las capacitaciones, por no estar en funcionamiento".

AUDITORÍA. El Órgano de Control Interno del Despacho Presidencial identificó irregularidades en la instalación de un sistema de videovigilancia por Telefónica.
Documento: Tribunal del OSCE

El Tribunal del OSCE incluso advirtió que no existe el registro de visitas de la fecha consignada en los certificados de capacitación entregados por Telefónica, "lo que llama la atención de este Colegiado", pues las bases integradas exigían que el curso sea realizado en las instalaciones de la entidad. A este hecho se suma que Luis Ibazeta Cárdenas, cuya firma está impresa en los certificados, aseguró que no ingresó a las instalaciones del Despacho Presidencial.

"Además de la declaración fechaciente del personal al que [Telefónica] habría capacitado, se tienen suficientes elementos que suman y confirman que el 15 de diciembre de 2015 no se realizaron las dos capacitaciones que se declararon en los nueve certificados cuestionados", concluye la resolución emitida por los vocales Sifuentes Huamán, Rojas Villavicencio y Ponce Cosme.

Telefónica ante el Tribunal

Telefónica, por su parte, presentó las declaraciones ante la Fiscalía de dos funcionarios del Despacho Presidencial y de cuatro trabajadores de la empresa. El director de Resguardo Presidencial, Edmundo Pino Valdivia, y el subjefe de la Casa Militar, José Calderón Sumarriva, no presentaron pruebas que corroboren la realización de los cursos y eran personas "ajenas" a las capacitaciones, según determinó el Tribunal del OSCE. 

Julio Llacza Camargo y Hernán Mendoza Martínez, ambos en calidad de expositores, junto con los trabajadores de la empresa Luis Ibazeta Cárdenas y Miguel Meza Carbajal declararon ante la Fiscalía Anticorrupción que las capacitaciones fueron realizadas en varias sesiones; lo cual "pone en evidencia que precisamente el 15 de diciembre (...) no se llevó la capacitación como se dejó constancia en los certificados", precisa la resolución. 

INHABILITADA. Telefónica no podrá contratar con el Estado Peruano durante los próximos seis meses. En lo que va del año, la empresa ya habría recibido S/84 millones como proveedor estatal.
Foto: La República

La empresa además alegó que la capacitación fue realizada "en tiempo real" mientras su personal instalaba el sistema de videovigilancia; que consensuaron previamente los temas con la Dirección de Tecnología, Información y Sistemas sin elaborar un syllabus; y que el 15 de diciembre corresponde a la fecha en que culminó la capacitación. Telefónica agregó que realizó otras capacitaciones en el 2017 tras el ingreso de nuevos trabajadores al Despacho Presidencial.

El Tribunal del OSCE desestimó estos argumentos y, el último 31 de mayo, los vocales Sifuentes Huamán y Ponce Cosme junto con Violeta Ferreyra Coral declararon infundado el recurso de reconsideración que interpuso Telefónica tras el primer fallo que los inhabilitó por seis meses a contratar con el Estado Peruano. Ojo-Publico.com se comunicó con la compañía a través de su área de comunicaciones, pero al cierre de edición no hubo respuesta.

En el primer trimestre de este año, Telefónica ha registado pérdidas por S/51.8 millones, según informó la revista Semana Económica. La empresa es una de las principales proveedoras del Estado Peruano, con un monto acumulado de S/4 mil millones en contratos con el Perú desde el año 1999 a la fecha. Solo en el 2019, el monto recibido por este concepto alcanza S/84 millones.

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