¿Sabe usted por qué fue citada el día de hoy?

— He venido aquí para buscar justicia.

El miércoles 22 de noviembre de 2023, a las 8:53 de la noche, Ergilia Rengifo López, viuda de uno de los cuatro dirigentes asesinados de la comunidad ashéninka Alto Tamaya Saweto, respondió en su lengua originaria —con la intervención de un intérprete— a las preguntas de la fiscal provincial contra la criminalidad organizada de Ucayali, Vannie Robles, como parte del reinicio del juicio oral por este múltiple crimen aún impune.

Nueve años atrás —el 1 de setiembre de 2014— Edwin Chota Valera, Jorge Ríos Pérez, Leoncio Quintisima Meléndez y Francisco Pinedo Ramírez, dirigentes de esta comunidad nativa fueron cruelmente asesinados en la frontera de la Amazonía entre Perú y Brasil. Se trata de un caso donde la inacción del Estado fue un factor decisivo en medio de las múltiples denuncias contra traficantes de madera presentadas por los líderes ashéninkas desde el 2008, como lo ha revelado OjoPúblico.

Sin embargo, sus deudos aún no encuentran justicia. Esta semana tres de sus viudas debieron retornar a la sede del Poder Judicial, en la ciudad de Pucallpa, para brindar nuevamente su testimonio acerca de las circunstancias de la muerte de sus parejas. 

“[Ya he ido] a la morgue, a la comisaría, al reconocimiento de las prendas, al [primer] juicio oral y ahora de nuevo. ¿Por qué estamos repitiendo de nuevo?”, comentó a este medio Julia Isabel Pérez Gonzales, de 48 años, viuda de Edwin Chota, exjefe de la comunidad de Saweto.

IMPUNIDAD. En setiembre de 2014, cuatro líderes ashéninkas fueron cruelmente asesinados camino a la comunidad brasileña de Apiwtxa. 

Ilustración. Pintor ashéninka Enrique Casanto Shingari.

 

El pasado 29 de agosto, la Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Ucayali declaró nula la sentencia de 28 años y tres meses de prisión contra los madereros Hugo Soria Flores y José Carlos Estrada Huayta, así como Eurico Mapes Gómez, Josimar Atachi Félix y Segundo Euclides Atachi Félix por el presunto delito de homicidio calificado de los cuatro dirigentes indígenas. 

En su resolución, la sala también ordenó un nuevo juicio oral, que comenzó el 2 de noviembre y, de acuerdo al cronograma, se extenderá hasta el 15 de enero de 2024, incluyendo los alegatos finales. Es decir, pasada esa fecha se tiene prevista una sentencia en primera instancia.

La inacción del Estado fue un factor determinante en el caso Saweto y la muerte de los líderes indígenas.

De las 29 audiencias programadas, la novena —realizada el 22 de noviembre— tuvo como testigos a Julia Isabel Pérez Gonzales, viuda de Edwin Chota; Lita Rojas Pinedo, viuda de Leoncio Quintisima; y Ergilia Rengifo Lopez, viuda de Jorge Ríos. Adelina Vargas Santillán, exesposa de Francisco Pinedo Ramírez, falleció el año pasado.

Hasta el 28 de noviembre, se tiene previsto que testifiquen otros habitantes de la comunidad Saweto, quienes para llegar hasta Pucallpa deberán emprender un viaje por río que dura entre cuatro y ocho días.

OjoPúblico estuvo en Ucayali y pudo conocer nuevos detalles de este caso emblemático de impunidad por crímenes ambientales en la Amazonía; también identificó la situación de sus deudos nueve años después del violento ataque. En esa región, epicentro del tráfico de madera, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos ha monitoreado 45 asesinatos de defensores ambientales en la última década: cuatro corresponden al caso Saweto.

DEUDOS. Tres viudas de los dirigentes ashéninkas y una hija aún no encuentran justicia por los asesinatos.

Foto: Orau / Billy Torres

 

Durante las tres horas de audiencia de este nuevo juicio oral, en el que testificaron por única vez y en lengua ashéninka, Julia Pérez, Lita Rojas y Ergilia Rengifo ratificaron la existencia de conflictos entre los dirigentes y los madereros ilegales acusados del presunto homicidio, así como amenazas, principalmente a Edwin Chota, luego de sus constantes denuncias y el decomiso de madera ilegal, lo cual, incluso, figura en actas fiscales. 

“Edwin vino a Pucallpa a denunciar el caso de madera y su territorio. En vista de que no había atención acá se ha ido a Lima. En Lima, se enteró de la invitación de [la comunidad brasileña] Apiwtxa y por eso ellos han dicho: ‘Mejor vamos a Brasil para hacer conocimiento. De repente, por allá podemos encontrar apoyo’. Por eso fueron a esa reunión. Pero no llegaron, solamente encontraron su muerte”, cuenta Ergilia Rengifo, viuda de Jorge Ríos, quien debió asumir la jefatura de la comunidad de Saweto tras el asesinato de los cuatro dirigentes.

 

Ergilia Rengifo acompañó a los cuatro dirigentes en un primer tramo del recorrido hacia la comunidad brasileña, donde, de acuerdo a la acusación fiscal, se cruzaron con Eurico Mapes Gómez, uno de los presuntos asesinos. Mapes Gómez no ha asistido a este nuevo juicio oral y ha sido declarado como reo contumaz, precisó a OjoPúblico la fiscal contra la criminalidad organizada de Ucayali, Vannie Robles Sajami, a cargo del caso Saweto.

“Las tres viudas han declarado y reafirmado nuestra tesis fiscal [...]. Si bien ellas no han visto [el momento del asesinato], justamente a ello va la prueba por indicios, porque manifiestan que Edwin Chota decía que tenía problemas por la madera ilegal, por las denuncias que hacía en Pucallpa, en Lima y como en Perú no les hacían caso se fueron a Apiwtxa para poder denunciar. Eso obviamente les iba a perjudicar a los madereros ilegales y es ahí donde uno de los testigos manifiesta que se cruzaron con uno de los acusados”, señala la fiscal.

AUDIENCIA. El 22 de noviembre, Ergilia Rengifo y otras dos viudas del caso Saweto testificaron para el nuevo juicio oral.

Foto: OjoPúblico / Milagros Berríos

 

Este nuevo juicio tiene una serie de elementos que llaman la atención. Vannie Robles pasó de ser fiscal adjunta a fiscal provincial corporativa especializada contra la criminalidad organizada de Ucayali el 1 de noviembre de 2023; es decir, solo un día antes del reinicio del juicio oral del caso Saweto. Deniss Vega Sotelo, quien era el fiscal responsable del caso, fue trasladado a Lima Centro, de acuerdo a la resolución publicada en El Peruano.

Para el Ministerio Público; sin embargo, este cambio no afecta la celeridad del caso. “Se dispuso retornar a su plaza de origen al fiscal Dennis Vega y en su reemplazo colocar a quien era su adjunta. Ella asistió y acompañó a las audiencias del primer juicio oral [...]. Por tanto, ella conoce y está familiarizada con el caso. No es una abogada de la calle, tiene mucha experiencia”, dijo la institución por escrito. 

Otro elemento ha sido la programación de las audiencias orales: todos los lunes, miércoles y viernes, a partir de las seis de la tarde. En la del 22 de noviembre, solo participaron de forma presencial las tres viudas, dos abogados de la parte civil y la magistrada Ana Karina Bedoya Maque. El resto del Colegiado, así como abogados defensores de los acusados y Fiscalía participaron de manera virtual. Incluso se han registrado sesiones donde solo un abogado está en la sala.

 

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En estos nueve años sin justicia las vidas de los deudos también han cambiado. Solo la familia de Leoncio Quintisima aún vive en Saweto, mientras que las otras tres se han trasladado a Pucallpa. Una de las viudas —Adelina Vargas— falleció el 1 de julio de 2022 y Julia Pérez Gonzales también perdió a uno de los dos hijos que tuvo con Edwin Chota, refiere. 

“Desde que pasaron los hechos, hemos comenzado a andar. Iba y venía. Desde que falleció mi hijo ya no quiero ir allá [a Saweto]. No quiero que pase la misma cosa. Voy a estar en la chacra, me van a llamar, y debo dejar a mis hijas allá. No”, señala. 

Solo un día antes del reinicio del juicio oral cambiaron al fiscal provincial responsable del caso Saweto.

En la actualidad, solo dos de 11 hijos identificados de las víctimas del caso Saweto reciben una asistencia económica de S/400 bimensuales, según el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, por la Ley n° 31405 para niños en situación de orfandad. “De los nueve faltantes se viene realizando las coordinaciones para su incorporación en el padrón correspondiente”, informa el sector.

De acuerdo al testimonio de las viudas, se trata del hijo de Edwin Chota, de 10 años, y solo uno de Leoncio Quintisima, también de la misma edad, quienes recién entre mayo y julio de este año han comenzado a recibir esa pensión. La viuda de este último señala que aún otros dos menores no reciben esta asignación.

PASADO. Solo dos hijos de los cuatro líderes indígenas reciben pensión por orfandad a nueve años de sus muertes.

Foto: OjoPúblico / Nelly Luna 

 

Ergilia Rengifo y Jorge Ríos tienen nueve hijos, de los cuales cuatro son menores, según declaró la viuda, pero ninguno recibe la pensión. “Le voy a decir la pura verdad, cuando han pasado todos los hechos, nos atendieron un año. Después ya nos han dejado. Ningún beneficio, ni pensión de orfandad”, señala. Similar es el caso de Lina Ruiz Santillán, de 30 años, hija de Francisco Pinedo, ella y sus tres hermanos menores tampoco han podido acceder a ese bono. 

Este medio consultó al área de prensa del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, si las cuatro familias figuran en algún registro de pensiones o beneficios del sector, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.

La falta de sustento económico para los hijos de los líderes ashéninkas ha sido un factor mencionado por las tres viudas, así como la negativa de retornar a Saweto si es que los presuntos responsables siguen en libertad. Recién el 29 de setiembre pasado, el Ministerio del Interior, a través de la subprefectura provincial de Coronel Portillo, otorgó las garantías personales para Julia Pérez, Lita Rojas, Ergilia Rengifo, así como Lina Ruiz, en su condición de defensoras de derechos humanos. 

“A ellas les han hecho comentarios de por qué quieren seguir con la justicia. Hay mucha gente que ha tratado de amedrentarlas [...]. Al final, ellas ya cuentan con un documento que dice que ya tienen garantías. Tampoco es mucho, no es que alguien las esté resguardando [...]. El papel no detiene una bala”, señala Alberto Caraza, abogado de las viudas del caso Saweto.

 

En el Poder Judicial y en la Fiscalía

La tesis fiscal apunta como autores mediatos a Hugo Soria y José Carlos Estrada y como coautores; es decir, los que presuntamente ejecutaron la orden, a Segundo y Josimar Atachi Félix, así como Eurico Mapes, por quienes solicita 35 años de prisión y la parte civil, un millón de soles para las familias de los cuatro dirigentes.

Los primeros tres acusados asistieron a la audiencia de apertura, del 2 de noviembre, ante el Juzgado Penal Colegiado Permanente, conformado por los magistrados Ana Karina Bedoya Maque, Dilmer Iván Meza Conislla y Celinda Pizán Ugarte. En la del 22 de noviembre, solo Estrada Huayta se presentó de manera virtual.

La primera que rindió su testimonio fue Julia Pérez, viuda de Edwin Chota, seguida por Lita Rojas y, luego, Ergilia Rengifo. “La misión de ellos era ver el caso de su territorio, también ver el caso de la tala ilegal, puesto que aquí en Perú no le hacían caso y por eso es que se ha ido [...] a la reunión en Apiwtxa”, señaló la mujer, con ayuda de un perito intérprete de lengua ashéninka.

PRUEBAS. En un acta de la fiscalía ambiental de Ucayali, de abril del 2013, figura una amenaza directa contra Edwin Chota por parte de Hugo Soria Flores. 

Captura: Fiscalía Ambiental de Ucayali

 

Lita y Ergilia también manifestaron haber conocido las amenazas hacia Chota Valera. “Al jefe lo han amenazado por el decomiso de las maderas y ahí empieza el problema en la comunidad”, señaló Lita Rojas, viuda de Leoncio Quintisima.

Los análisis de expedientes e informes documentados por OjoPúblico en los últimos años también ponen en evidencia las acusaciones de Chota, desde el 2008, a las personas que según él estaban detrás de la tala de árboles en su comunidad, y el rol de los acusados en este proceso judicial antes de la muerte del jefe de Saweto.

Durante la audiencia oral, el abogado Lizandro Leveau Pezo, defensa de los hermanos Atachi Félix, quien se encontraba conectado de forma virtual, cuestionó si Julia Pérez hablaba castellano, ya que ella había declarado en ese idioma y, luego, le preguntó si sabía leer o escribir. “No sabe. Si ella supiera, no necesitaría a nadie. Ella podría hacer justicia”, dijo el intérprete Hilder Pérez Mendoza aludiendo a la respuesta de la testigo. 

En otro momento, mientras declaraba Lita Rojas, se escuchó que el mismo abogado, quien además es decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Ucayali, le hacía una pregunta a sus alumnos en el aula y, acto seguido, cortó su interrogatorio argumentando que entraría a clase. Al finalizar la audiencia dijo que él ya había informado que sus horarios en la universidad.

Por parte de la defensa de los acusados, también se pretendió introducir la presencia del narcotráfico en Saweto. “La forma como han muerto los hermanos nativos, de los cuales sacan provecho, es una forma totalmente cruel que no tiene características propias de una criminalidad local. Es una criminalidad tan alta que solamente se ha podido observar eso en el narcotráfico”, señaló Leveau Pezo.

PROCESADOS. Los hermanos Atachi Félix (juntos al centro) y José Carlos Estrada (a la derecha) con sus abogados en el nuevo juicio.

Captura: Facebook Corte Superior de Justicia de Ucayali

 

En el reinicio de este proceso, el Ministerio Público ha ofrecido una prueba nueva que es la declaración de un testigo protegido de otra carpeta fiscal que también guarda relación con Saweto. “Nuestra teoría es la prueba por indicios. Esperamos el momento de la declaración de este testigo protegido, que nos han aceptado, para que dé mayores alcances, porque es un testigo que estuvo en el lugar de los hechos [en la comunidad]”, refirió la fiscal a este medio. 

En la sentencia del 29 de agosto pasado, la Primera Sala Penal de Apelaciones anuló la resolución en primera instancia que condenaba con 28 años a los cinco acusados, principalmente, bajo los argumentos de que el Colegiado había incorporado como prueba la declaración de un testigo protegido excluido del juicio oral y que había una “motivación aparente”; es decir, no contaba con razones claras para sustentar la decisión.

“El anterior fiscal o los que han estado antes han cometido errores y uno de los principales ha sido no cautelar de manera adecuada las actas de identificación de los testigos protegidos del presente caso [...]. Consideramos que el Ministerio Público, mediante sus órganos de control interno, debe realizar un exhaustivo trabajo a fin de sancionar a estos fiscales”, señaló el abogado de la parte civil Alberto Caraza.

El Ministerio Público señaló que en esta nulidad no hubo un error suyo, sino del juez de primera instancia y subrayó que, en su resolución, la Sala de Apelaciones no ha dispuesto informar a Control Interno (Autoridad Nacional de Control) para abrir proceso al fiscal.

 

Defensores y deudos

OjoPúblico visitó la vivienda de Julia Pérez, en la ciudad de Pucallpa, a veinte minutos del cementerio general donde se encuentra enterrado Edwin Chota. Julia, de 48 años, vive con cuatro hijos menores, recicla eventualmente botellas y comenta que solo ha ido una vez a visitar la tumba del jefe de Saweto. “También estoy cansada. Ya son nueve años que estamos siguiendo. Que no nos traten así”. 

La tumba de Edwin Chota Valera ubicada a una esquina del pabellón Virgen de Cocharcas no tiene flores. Solo una pequeña placa desgastada que dice “Mártir Ambiental - Defensor de la Amazonía”, acompañada por una frase de la líder indígena Rigoberta Menchú: “No es posible la humanidad si no cambiamos nuestra relación con la madre naturaleza”. Al costado figura el nombre de una exautoridad del Poder Judicial, la misma institución donde su crimen aún no se resuelve.

FAMILIAS. El hijo de Edwin Chota, de 10 años, recién este año ha empezado a recibir una pensión bimensual por orfandad de S/400.

Foto: Marco Garro / OjoPúblico

 

Un informe de la organización internacional Global Witness, publicado en setiembre pasado, reveló que Latinoamérica es la región más peligrosa para las personas defensoras de la tierra y el medio ambiente: al menos, 1.335 han muerto en los últimos 11 años. En otras palabras, esta parte del mundo concentra el 70% de los crímenes contra defensores ambientales de todo el planeta.  En el último año, Colombia registró 60 asesinatos, seguido por Brasil (34), México (31) y Honduras (14). Más abajo, aparece Perú con tres casos. 

América Latina es la región más peligrosa para las personas defensoras de la tierra y el medio ambiente.

A nivel nacional, en el registro sobre situaciones de riesgo de personas defensoras de derechos humanos, actualizado hasta el 31 de octubre pasado, figuran 15 personas fallecidas en razón de defensa del derecho al ambiente o derechos de los pueblos indígenas, entre el 20 de abril del 2020 y el 8 de abril de 2023, según el Mecanismo Intersectorial para la Protección de las Personas Defensoras de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia (Minjusdh). De los 15 casos, 11 pertenecían a pueblos indígenas.

Las regiones donde se documentaron estos hechos son Junín (4), Ucayali (2), Madre de Dios (2), Huánuco (2), Pasco (2), Loreto (1), Piura (1) y Lambayeque (1).

PLANTÓN. El 22 de noviembre se realizó una manifestación en los exteriores de la Corte Superior de Justicia de Ucayali por el caso Saweto.

Foto: Milagros Berríos / OjoPúblico

 

En tanto, de acuerdo a la base de datos de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, entre 2013 y 2023, se ha reportado el asesinato de 45 defensores ambientales. Sus muertes han ocurrido en Ucayali (7), Loreto (6), Pasco (5), Junín (5), La Libertad (4), Apurímac (4), Cajamarca (3), Arequipa (3), Lambayeque (3), Lima (2), Puno (1), Ayacucho (1), Huánuco (1). Estos crímenes han estado enmarcados en actividades extractivas como la minería, la tala y la agroexportación.

Entre junio de 2019 y octubre de 2023 se han atendido 212 situaciones de riesgo contra 414 presuntas personas defensoras de derechos humanos o sus familiares tras reportar su caso, según el Minjusdh. Este último asegura que realiza un monitoreo permanente (24 horas, 7 días de la semana) de este tipo de situaciones que incidan sobre las actividades de dichos ciudadanos y, de ser el caso, coordinan con entidades como el Ministerio del Interior, la Policía o el Ministerio Público.

 

No obstante, Jamer López, presidente de la Organización Regional Aidesep Ucayali (Orau), sostiene que los mecanismos de protección no funcionan adecuadamente, sobre todo, en la Amazonía. “Funcionan en otro tipo de zonas. Creo que la estrategia de cómo se piden estas garantías no funciona, sobre todo para los líderes. Hay algunos donde sí se logró tener documentos, pero decimos: ‘Estos documentos no sirven de mucho. Lo que se tiene que hacer, lo que buscamos del Estado es una intervención más multisectorial, con gobiernos locales”, señala. 

Consultado por las acciones concretas realizadas por el sector en el caso Saweto, Justicia ha mencionado, entre otros puntos, que el viceministro de derechos humanos y acceso a la justicia se ha reunido con las viudas y una hija de los líderes indígenas en setiembre pasado.

Añadió que en la Mesa Regional de Ucayali para la protección de personas defensoras de derechos humanos, del 18 de octubre de 2023, el presidente de la Corte Superior de Justicia de Ucayali se comprometió a cumplir con las audiencias de primera instancias hasta mediados de enero de 2024. Allí señaló que la programación de las audiencias busca dar una mayor celeridad a la atención del caso.

ABANDONO. Edwin Chota denunció reiteradas veces la tala ilegal y las denuncias que recibía de los madereros. El Estado no lo atendió a tiempo.

Foto: Marco Garro / OjoPúblico

 

“[El caso Saweto] es una oportunidad del Estado peruano de garantizar que se puede hacer justicia y que las autoridades judiciales hagan hasta donde puedan [..] Con esta bajada [la nulidad] ha sido como un aviso para que sigan deforestando”, señala Jamer López, cuya institución calcula, por su parte, que 33 defensores ambientales han sido asesinados desde la pandemia, de los cuales nueve están en Ucayali.

En la audiencia del 22 de noviembre, Ergilia Rengifo Lopez, viuda de Jorge Ríos, pedía, en su lengua ashéninka, justicia. Esa palabra no tenía traducción, se entendía en castellano. Más temprano ya había dicho que estaba cansada, que el Estado los ha abandonado porque son ashéninkas, porque son humildes, porque no tienen empresas grandes y priorizan a los taladores.

“Por gusto tenemos DNI del Perú —respondía—. Pido justicia, que la persona se vaya a la cárcel. Yo me estoy haciendo viejita caminando. Ahora ya siento dolor en mis rodillas”.