Más de 15 concesiones y lotes petroleros se superponen a territorios solicitados para Piaci

Actualización: 15 de junio de 2026 a las 1:15 p.m.
 

En la Amazonía peruana habitan más de 7.500 personas pertenecientes a pueblos indígenas en situación de aislamiento y contacto inicial (Piaci), estima el Ministerio de Cultura. Sin embargo, pese a que hace veinte años se creó la ley que establece territorios destinados a su protección, la presión sobre los corredores que habitan estos pueblos aumenta con el impulso de concesiones forestales y petroleras.

La denominada Ley Piaci, aprobada en 2006, permitió la creación de seis reservas indígenas y territoriales, a las que se suman dos establecidas bajo una norma anterior. Hoy, además, existen cinco solicitudes para la creación de nuevas reservas —la más antigua presentada en 2003—.

Datos obtenidos por OjoPúblico, a partir de información del Ministerio de Cultura solicitada por Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), muestran que estos corredores territoriales enfrentan presiones crecientes incluso antes de ser categorizadas.

Hasta setiembre del 2025, habían al menos 16 concesiones forestales activas y dos lotes de hidrocarburos superpuestos a territorios solicitados para la ampliación o creación de nuevas reservas para pueblos en aislamiento.

La mayor concentración de concesiones forestales se ubica en la reserva indígena solicitada Atacuarí (9), en Loreto, seguida de Tamaya-Abujao (6), en Ucayali, y Pupuña (1), también en Loreto. En Yavarí Mirím, en Loreto, se registran actualmente 8 concesiones forestales otorgadas originalmente dentro de la zona y en proceso de reubicación. 

Ocho territorios clasificados

La creación de nuevas áreas naturales protegidas tiene retrasos prolongados. Las dos solicitudes más antiguas —Napo, Tigre y afluentes, y Yavarí Mirím— acumulan 23 y 19 años, respectivamente, sin una decisión definitiva. En tanto, las otras tres propuestas —Atacuarí, Pupuña y Tamaya-Abujao— siguen estancadas en fases preliminares o supeditadas a la obtención de financiamiento para desarrollar los estudios técnicos necesarios. 

Julio Cusurichi Palacios, líder shipibo e integrante del consejo directivo de la Asociacion Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), advirtió a este medio que estos retrasos mantienen vulnerables a los pueblos en aislamiento.

“Las demoras de las solicitudes ponen en riesgo la vida de estos pueblos porque se están otorgando y se han otorgado concesiones madereras y mineras en estos territorios. La impresión es que las decisiones de los ministerio de Agricultura y de Energía y Minas tienen más peso que las del Ministerio de Cultura”, señaló.

En ese contexto, el líder indígena alertó sobre el proyecto de ley 11822/2024-CR, que plantea flexibilizar las restricciones en áreas naturales protegidas.

La iniciativa, del congresista Jorge Flores Ancachi (Fuerza Popular), fue aprobada en comisión en noviembre de 2025 y espera debate en el Pleno. Parte de los territorios involucrados se superpone con zonas donde se ha registrado presencia de pueblos en aislamiento.

La creación de reservas indígenas y territoriales inició en 1990 y la última —la Reserva Sierra del Divisor Occidental— fue establecida en el 2024. En conjunto, las ocho abarcan alrededor de 4,5 millones de hectáreas de bosque amazónico, según estimaciones del Ministerio de Cultura.

Estas son: Kugapakori, Nahua, Nanti y otros (Cusco); Madre de Dios (Madre de Dios); Murunahua (Ucayali); Isconahua (Ucayali); Mashco Piro (Ucayali); Yavarí Tapiche (Loreto); Kakataibo Norte y Sur (Loreto, Ucayali y Huánuco); y Sierra del Divisor Occidental (Loreto y Ucayali).

En el caso de Madre de Dios y Kugapakori, Nahua, Nanti y otros, su categoría es de reservas territoriales, figura previa a la Ley Piaci.

Protección con vacíos

Gustavo Zambrano Chávez, exdirector de la Dirección Derechos de los Pueblos Indígenas del Ministerio de Cultura, afirmó a OjoPúblico que la ley “contribuyó a colocar el tema en la agenda pública”, aunque señaló que las acciones de control y vigilancia de la Dirección de Pueblos en Situación de Aislamiento y Contacto Inicial son “escasas”.

Según Zambrano Chávez, la debilidad de estos mecanismos de protección responde a una persistente inestabilidad institucional, incluso antes de la creación del régimen Piaci en 2006.

Los constantes traslados del entonces Instituto Nacional de Desarrollo de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos (Indepa) entre el Ministerio de la Mujer, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y el Ministerio de Cultura habrían generado retrasos acumulados en la gestión de esta entidad.

Frente a esta situación, Zambrano Chávez propuso una entidad especializada similar al Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), con jefaturas permanentes por reserva, equipos en territorio y recursos propios.

Esta protección parcial es reconocida también por la directora de la Dirección de Pueblos en Situación de Aislamiento y Contacto Inicial del Ministerio de Cultura, María Amelia Trigoso Barentzen, quien sostuvo que la falta de recursos es uno de los principales obstáculos para la implementación del régimen. Señaló que no existen suficientes puestos de control y que en algunas reservas se han identificado incluso pistas clandestinas del  narcotráfico.

Asimismo, indicó que persiste una coordinación limitada entre entidades del Estado y gobiernos regionales, que continúan otorgando derechos en estas áreas pese a las restricciones vigentes.

“Es una obligación saber que otorgar un título habilitante en un área donde se desplazan pueblos tan vulnerables implica evaluar que eso no puede hacerse”, afirmó.

Trigoso Barentzen remarcó que la implementación del régimen no puede depender de la voluntad de cooperación entre sectores, sino que constituye un deber institucional: “No es que le haga un favor al Ministerio de Cultura, es tu obligación hacerlo”, sostuvo, en referencia a la necesidad de articular acciones de protección y no otorgar concesiones dentro de estas áreas.

El desafío va más allá de la coordinación interinstitucional y exige un conocimiento efectivo de la vulnerabilidad de estas poblaciones para garantizar la aplicación del régimen especial, advirtió.

Avistamientos que no se reportan

Registros del Ministerio de Cultura obtenidos por OjoPúblico mediante la Ley de Transparencia documentan 32 avistamientos de pueblos en aislamiento entre 2020 y enero de 2026 en zonas de influencia de reservas indígenas y territoriales.
Solo en 2025 se reportaron seis casos, la cifra más alta del periodo. Los registros incluyen ingresos a comunidades nativas para sustraer alimentos, ropa o herramientas, así como daños a infraestructura.

En el mismo periodo, se registraron 18 encuentros directos entre pueblos en aislamiento y pobladores, trabajadores o agentes del Estado. Nueve ocurrieron en 2024 y, según el Ministerio de Cultura, estos eventos dejaron al menos cuatro personas fallecidas.

Sin embargo, líderes indígenas sostienen que existe un importante subregistro. En los últimos cinco años, en la Reserva Indígena Kakataibo Norte y Sur solo se reportaron dos avistamientos y ningún encuentro.

Herlin Odicio, líder del pueblo kakataibo y vicepresidente de la Organización Regional Aidesep Ucayali (ORAU), afirmó que estos hechos ocurren con mayor frecuencia, pero rara vez son comunicados a las autoridades.

“La mayoría de los comuneros no reporta los avistamientos porque no hay confianza en el Ministerio de Cultura”, señaló. Según Odicio, esta desconfianza se explica porque la categorización de la reserva en 2021 no logró frenar las amenazas sobre el territorio.

“Hoy en día el cultivo de coca y la minería ilegal han aumentado. La presión continúa en el norte de la reserva y también avanza en la parte sur, donde ya existen nueve pistas de aterrizaje”, afirmó.

El caso Kakataibo Norte y Sur

En marzo de 2026, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenó al Estado peruano adoptar medidas urgentes para proteger a los pueblos kakataibo en aislamiento, tras advertir la expansión de la deforestación, los cultivos ilícitos, las pistas clandestinas, las amenazas contra líderes indígenas y la presencia de concesiones mineras dentro de la reserva.

A ello se suma la superposición de cinco concesiones mineras sobre 738 hectáreas de la Reserva Kakataibo Sur, según un informe de monitoreo de MAAP (ACCA) publicado en diciembre de 2024.

Pese a una sentencia judicial emitida en 2022 y a múltiples requerimientos formulados por el Ministerio de Cultura desde 2020, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos concluyó que persisten graves problemas de coordinación entre las entidades del Estado y que la situación de riesgo para los pueblos en aislamiento se ha agravado en los últimos años.

Nota de redacción:
Este informe fue actualizado debido a que en la primera versión, dentro del total de concesiones que se superponen con las reservas indígenas solicitadas, se incluyeron de manera errónea las concesiones forestales caducadas dentro de la reserva solicitada Yavarí Mirím (Loreto). La corrección se realizó tras identificar que la base de datos proporcionada para el análisis inicial no distinguía entre concesiones vigentes y caducadas, lo que inducía al error.