Huérfanos de crímenes ambientales: deficiencias en la atención del gobierno a hijos de defensores asesinados

Después de la muerte de Francisco Pinedo Ramírez, dirigente de la comunidad ashéninka Alto Tamaya Saweto, su familia buscó sobrevivir. 

Eso dice Lina Ruiz Santillán, de 32 años, hija mayor del defensor indígena, quien recuerda que, tras el asesinato de su padre y otros líderes el 1 de setiembre de 2014, su madre y sus tres hermanos menores debieron abandonar su comunidad ante las amenazas. Se establecieron en la ciudad de Pucallpa, Ucayali, y vendieron golosinas para poder comer. 

—¿Quién quiere morir dejando a sus hijos? Nadie— se cuestiona.

En los 12 años transcurridos desde el crimen, los hijos de Francisco Pinedo perdieron a su madre, Adelina Vargas Santillán, y casi todos alcanzaron la mayoría de edad: solo el menor tiene 17 años. Durante ese tiempo, además de enfrentar una justicia esquiva, los deudos tampoco accedieron a la asistencia económica para alimentación, educación y salud destinada a los hijos de defensores de derechos humanos, desde 2022 por la Ley 31405.

Las demandas de los deudos del emblemático caso Saweto y la condena dictada el 24 de agosto por el asesinato de Quinto Inuma Alvarado, jefe de la comunidad kichwa Santa Rosillo de Yanayacu, San Martín, revelan el costo humano de la violencia en los territorios más vulnerables: al menos 28 niños y jóvenes quedaron en la orfandad por la muerte de 13 defensores de derechos humanos en Perú. 

Al menos 28 menores quedaron en la orfandad por la muerte de 13 defensores de derechos humanos por su labores en Perú".

De esos 28 casos identificados entre 2022 y 2026, la mayoría vive en la Amazonía: seis en Ucayali, dos en San Martín, dos en Madre de Dios, tres en Loreto, tres en la selva de Junín y cuatro en Pasco. Los demás residen en Arequipa, Cusco, Lima y Piura, de acuerdo con información del Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar (Inabif), del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), obtenida por este medio el 18 de agosto.

Sin embargo, la cifra puede ser más alta si se toma en cuenta que los datos oficiales solo incluyen a los menores que accedieron a la asistencia económica del Inabif. En estos registros no figuran, por ejemplo, los hijos de Francisco Pinedo Ramírez, del caso Saweto.

A esto se suma la discrepancia entre los reportes locales sobre los crímenes: la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (Cnddhh) registra 72 asesinatos a defensores ambientales y derechos indígenas desde el caso de Saweto, en 2014. Por su parte, la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) contabiliza la muerte de 36 líderes indígenas en el mismo periodo de tiempo. 

Asimismo, el Mecanismo Intersectorial para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh), reporta la muerte de 20 defensores, entre abril de 2020 y julio de 2025.

En el ámbito internacional, la ONG Global Witness documentó 62 asesinatos y desapariciones de personas defensoras en Perú entre 2012 y 2024. Del total, 35 pertenecían a pueblos indígenas. 

Pensión pendiente

A dos años y nueve meses del asesinato de su padre, Kevin Inuma Mandruma, de 30 años, asegura que sigue su legado. Desde el 29 de noviembre de 2023, el hijo mayor de Quinto Inuma se hace cargo de su familia —su madre y tres hermanos de seis años, 17 años y 24 años— y promueve la protección del territorio y de los defensores como directivo de la Federación de Pueblos Indígenas Kechwa Chazuta Amazonía (Fepikecha). 

A raíz del crimen contra Quinto Inuma, quien, al igual que los defensores de Saweto, denunciaba el tráfico de tierras y había sido víctima de amenazas, sus deudos debieron abandonar su comunidad y mudarse a la ciudad de Tarapoto, en San Martín. “¿Cómo queda la familia?¿Cómo queda la viuda? Peor si quedan hijos menores. El Estado no está preparado para esas cosas”, dice a OjoPúblico.

La Ley 31405, publicada en mayo de 2022, dispone la entrega de una asistencia económica a las niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad por la muerte de su madre, padre o ambos, bajo el Mecanismo Intersectorial para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos. Este último aún tiene un limitado alcance.

LABOR. Quinto Inuma, jefe de la comunidad Santa Rosillo de Yanayacu, sufrió amenazas y estaba registrado en el mecanismo de protección del Minjusdh.

Foto: Archivo de Quinto Inuma
 

La pensión equivale a S/200 mensuales por beneficiario y es abonada cada dos meses. En el caso de hijos de defensores, a diferencia de otros como los huérfanos por la pandemia de covid-19, no exige pertenecer a un hogar en situación de pobreza o pobreza extrema. Sin embargo, sí se requiere presentar documentos como el acta de defunción del padre o la madre inscrita en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

De los 28 niños y jóvenes en orfandad identificados, nueve son mujeres y 19, hombres. Por rango etario, 17 tienen entre 12 y 17 años y siete, 6 a 11 años. Un grupo adicional de cuatro jóvenes tiene 18 años o más y tenían acceso al beneficio —solo hasta los 25 años— por haber continuado con sus estudios.

De esa cantidad, registrada desde que se aprobó la pensión, 25 permanecen como beneficiarios activos en la actualidad, precisó el Inabif al cierre de este informe. Los otros tres, provenientes de Piura y Junín, fueron desafiliados: uno por incompatibilidad y dos por mayoría de edad.

OjoPúblico, además, conoció un caso a la espera de aprobación, correspondiente a un menor de 15 años del centro poblado de Santa Rosa, distrito de Inambari, provincia de Tambopata, en Madre de Dios.

DEUDOS. Los hijos de defensores ambientales, como Edwin Chota, del caso Saweto, han crecido fuera de su comunidad y sin su padre.

Foto: Marco Garro / OjoPúblico

Consultada sobre el caso pendiente y los recursos disponibles, Rocío Úbeda, especialista legal de la Unidad de Asistencia Económica y Acompañamiento del Inabif, refirió que, aunque cuentan con presupuesto para atender a menores en lista de espera, este no podrá cubrir a todos. 

“Se está realizando las gestiones desde la unidad, a través de la dirección ejecutiva, el MIMP y posteriormente con el Ministerio de Economía y Finanzas, porque el objetivo es brindar cobertura a todos los niños en lista de espera”, dijo.

Un menor de 15 años de Madre de Dios, hijo de un defensor de derechos humanos, aún se encuentra a la espera de acceder a la pensión".

Pese a la coordinación que debe existir entre Inabif y el Minjusdh, sus registros de beneficiarios de esta asistencia económica presentan discrepancias. El sector Justicia respondió a OjoPúblico que 36 menores reciben la pensión y uno está pendiente. Del total, además, 17 están vinculados a defensores ambientales. 

Las muertes de estos defensores, según el Minjusdh, ocurrieron entre abril de 2020 y noviembre de 2023 y corresponden a las regiones de Huánuco, Junín, San Martín, Madre de Dios, Ucayali, Loreto, Piura y Lima. A estos se suman el caso Saweto, de 2014, y uno de la comunidad campesina San Juan Bautista de Catacaos, Piura, en 2011. 

Este medio preguntó a ambas entidades sobre la diferencia de las cifras. Al cierre de este informe, el Minjusdh respondió que esa es la cantidad que maneja el sector. En tanto, Inabif ratificó que 25 personas reciben la pensión y que siete de las señaladas por el sector Justicia no son beneficiarios, ni figuran en su registro.

Las limitaciones

“Y comencé a caminar sola”, dice una de las viudas del caso Saweto, al describir las visitas a oficinas estatales en busca de la pensión para sus hijos. Para tramitarla, le faltaba el acta de defunción de su esposo, cuyo cuerpo no había sido hallado tras el crimen. Fue a Reniec, recuerda, y le dijeron que vaya a un juez o se comunique con su registradora civil. Llamó a la registradora y le dijo que busque a un abogado. “Yo no tengo plata, no tengo nada”, asegura que respondió. 

El 1 de setiembre de 2014, Edwin Chota Valera, Jorge Ríos Pérez, Leoncio Quintisima Meléndez y Francisco Pinedo Ramírez, dirigentes de la comunidad de Saweto, fueron cruelmente asesinados en la frontera de Perú y Brasil. Varios días después de su desaparición, la Policía halló restos incinerados. Ese año, el Ministerio del Interior abandonó la búsqueda de los cuerpos de Ríos Pérez y Pinedo Ramírez.  

En 2025, más de una década después del asesinato, la Corte Superior de Ucayali confirmó la sentencia de 28 años y tres meses de prisión y una reparación civil de S/400.000 contra los empresarios madereros Hugo Soria Flores, José Carlos Estrada Huayta, y los hermanos Josimar y Segundo Euclides Atachi Felix. Solo los dos primeros están en prisión: Soria Flores fue capturado el 19 de agosto de este año. En el caso del quinto investigado, Eurico Mapes Gómez, también prófugo, su proceso se encuentra pendiente.

ACUSADO. Hugo Soria fue capturado el 19 de agosto y recluido en el penal de Pucallpa, para cumplir los 28 años de prisión por el caso Saweto.

Foto: Poder Judicial

Además de la justicia tardía —Saweto, el primer caso con una sentencia en segunda instancia por el asesinato a líderes indígenas—, los deudos advierten la falta de información y orientación para acceder a la asistencia económica, especialmente entre  miembros de pueblos indígenas. También señalan demoras para acceder al beneficio y la exigencia de presentar documentos de difícil acceso en territorios amazónicos, como las actas de defunción de defensores cuyos cuerpos no fueron hallados.

El Ministerio de Justicia identificó, por su parte, dificultades relacionadas con la inscripción o acreditación de la muerte del defensor y observaciones por inconsistencias en nombres y apellidos de los fallecidos o de sus hijos. “La demora en subsanar estas observaciones ha ocasionado que algunas personas alcanzaran la mayoría de edad antes de poder acceder al beneficio”, reconoció.

Rocío Trujillo Solís, abogada de Aidesep que acompañó el caso Saweto, recordó que, como parte del trámite de la asistencia económica, una de las viudas debió presentar una demanda, en la vía civil, para acreditar la “muerte presunta” de su esposo, cuyo cuerpo no había sido hallado. Este proceso, refiere, se dio tras el pedido del Reniec y a pesar de que ya había una sentencia penal en primera instancia por el asesinato de los dirigentes. 

Según Justicia, la mayoría de muertes de defensores, cuyos hijos reciben pensión, ocurrieron entre abril de 2020 y noviembre de 2023". 

En junio de 2024, la defensa de la viuda presentó la demanda ante un juzgado civil de Yarinacocha. En mayo de 2025, esta fue declarada fundada. No obstante, según una carta remitida por Aidesep a Inabif, hacia octubre de ese año, los hijos de este caso aún no eran incluidos en el padrón de beneficiarios.

Según el documento, el Minjusdh había iniciado el proceso de inclusión en el padrón el 1 de junio de 2023 y quedaba pendiente presentar un acta de defunción del líder indígena. Esta fue emitida por Reniec el 3 de octubre de 2025, con lo que se reconoció oficialmente su fallecimiento. “La hermana y sus hijos también son víctimas directas del caso Saweto y por más de una década vienen sufriendo la desprotección, exclusión y desatención estatal”, dice la misiva.

Finalmente, a fines de 2025, tres de los menores fueron incorporados al padrón y reciben la pensión, refiere Trujillo Solís. El resto de sus hermanos alcanzó la mayoría de edad sin poder acceder a este beneficio disponible desde 2022.

“Los trámites legales que, muchas veces, se han aplicado están desvinculados de la realidad de los pueblos indígenas. Es decir, se siguen procesos judiciales largos, cuando, por ejemplo, se podría aplicar la justicia indígena y que esta corrobore que ha ocurrido este asesinado en su territorio y, por lo tanto, ordene a entidades del Estado que se les pueda otorgar la pensión”, afirma la abogada.

DEUDA. A 12 años de la muerte de los líderes de Saweto, solo seis de sus hijos accedieron a la pensión por orfandad del Estado.

Foto: OjoPúblico / Nelly Luna 
 

En el caso Saweto, inicialmente, se identificaron 12 menores, de los cuales solo seis accedieron a la asistencia económica, de acuerdo con el Minjusdh. Otros dos menores mantienen observaciones vinculadas con la acreditación del fallecimiento o la declaratoria de muerte presunta, y cuatro dejaron de cumplir las condiciones para acceder al beneficio: tres alcanzaron la mayoría de edad en el proceso y una falleció. 

Según el testimonio de los deudos y de la defensa legal del caso Saweto, uno de los casos que no accedió al beneficio corresponde a los hijos de Francisco Pinedo Ramírez, cuyo cuerpo tampoco fue hallado. Su hija Lina Ruiz cuenta que sus hermanos eran menores cuando ocurrió el crimen. Uno acaba de cumplir la mayoría de edad. 

En el caso Saweto, se identificaron 12 menores, de los cuales solo seis accedieron a la asistencia económica, según el Minjusdh".

Rocío Úbeda, especialista legal del Inabif, sostiene que las demoras en la inclusión en el padrón obedecen, sobre todo, a la disponibilidad presupuestal. En sus palabras, el acompañamiento a los menores debe incluir y garantizar el acceso y continuidad educativa, el acceso a programas sociales y cuidados. “Desde la unidad, realizamos supervisión para verificar el uso adecuado [de la asistencia económica]”.

Ruth Luque Ibarra, senadora por Ahora Nación, quien en diciembre de 2021 promovió la pensión para hijos de defensores fallecidos, dice que una de las dificultades más frecuentes en pueblos indígenas y los territorios más alejados son los problemas de rectificación y la obtención oportuna del DNI. 

Otros impactos

En la sentencia en primera instancia, del 24 de agosto de este año, por el asesinato de Quinto Inuma, líder kichwa de la comunidad de Santa Rosillo de Yanayacu, el Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional reconoció el daño psíquico y la vulnerabilidad de la familia nuclear del defensor. Dos de ellos presenciaron el crimen y, además, presentaron síntomas de estrés postraumático. 

En ese contexto, dispuso una reparación civil de S/750.000, que tendrá que ser pagada por los cuatro acusados, Genix Saboya Saboya, Limber Ríos Ruiz, Segundo Juan Villalobos Guevara y Jerly Saboya Saboya, quienes tienen penas de entre 15 y 35 años. 

Los deudos señalan que la asistencia económica de S/200 resulta insuficiente para solventar los gastos en las ciudades —adonde fueron trasladados tras el crimen de los defensores—, los servicios básicos, la educación y la salud de las familias. “Te cuesta vivir, es como rehacer tu vida, desde cero”, dice Kevin, quien pide la titulación de Santa Rosillo de Yanayacu.

DEFENSOR. Quinto Inuma denunciaba el tráfico de tierras y la tala ilegal. Era un líder y tenía cuatro hijos.

Foto: GTANW
 

“La ciudad no es como la chacra (...). Vine aquí para encontrar justicia verdadera. El profesor no espera dos meses para sacar una fotocopia (...). Sé que todo lo que me dan es para su educación, para su alimento, para un zapato. Yo no agarro esa plata para ir a tomar, sino es para mis hijos”, añade una de las viudas del caso Saweto. 

Para Carlos Rodríguez Huambachano, abogado de la Cnddhh, los ofrecimientos para brindar esta asistencia no se cumplen en su totalidad. “Más allá de la voluntad personal [de funcionarios], está la voluntad política, del Ministerio de Economía, de la Presidencia de la República, que en la práctica no se materializa en presupuestos acordes con lo que se necesita”, dijo el especialista, quien asesoró a la comunidad de Catacaos y a los deudos, en Piura, en el llamado caso Sodalicio. 

Las amenazas continúan para los defensores de derechos humanos en Perú. Entre junio de 2019 y el 27 de agosto de 2026 se atendieron 632 situaciones de riesgo que involucran a 949 personas y 142 familiares, señaló el Minjusdh. Las heridas por la defensa del territorio prevalecen.