Cuatro universidades privadas deben a Sunedu más de S/30 millones por usar fondos en fines no educativos

Al menos cuatro universidades privadas no saldan sus deudas por las sanciones que la Sunedu les ha impuesto debido al uso de sus recursos para fines no educativos. Las universidades San Martín de Porres y Garcilaso de la Vega, con multas de más de S/ 8’000.000 cada una, son las dos que aún no han comenzado a pagar los montos, según identificó OjoPúblico. Además, ambas tienen nuevas multas por no haber aplicado las medidas correctivas para esclarecer, sancionar y reparar sus infracciones.

JUDICIAL. La universidad San Martín de Porres ha judicializado dos sanciones: una por uso indebido de activos y otra por no cumplir las medidas correctivas para enmendar su falta.

JUDICIAL. La universidad San Martín de Porres ha judicializado dos sanciones: una por uso indebido de activos y otra por no cumplir las medidas correctivas para enmendar su falta.

Foto: Andina

Entre 2019 y 2021, la Superintendencia Nacional de Educación Superior del Perú (Sunedu) ha sancionado al menos a cinco universidades privadas por usar de forma indebida sus recursos. Las Universidad de San Martín de Porres, la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, la Universidad Alas Peruanas, la Universidad Señor de Sipán y la Universidad La Salle. De ellas, solo la última ha pagado su multa, las demás suman una deuda de S/ 30’801.708 en total, por haber empleado sus activos para fines no educativos. 

De acuerdo a las resoluciones de las sanciones de la Sunedu, que OjoPúblico revisó, entre las actividades en las que dichas universidades usaron sus recursos indebidamente figuran: préstamos e inversiones a empresas vinculadas a la universidad; entrega de remuneraciones, beneficios y bonos a autoridades y funcionarios; auspicios con finalidades distintas a la universitaria; financiamiento de viajes para el rector y otras autoridades para actividades no universitarias; donaciones a entidades sin fines universitarios; actividades distintas a su rubro como venta de carne o funcionamiento de club de esparcimiento; asumir gastos médicos y odontológicos de algunas autoridades.

Según fuentes de la Sunedu, las universidades Alas Peruanas, Señor de Sipán y La Salle, acataron las sanciones, es decir, no elevaron los procesos al Poder Judicial. Estas recibieron multas por S/ 9’353.318 y S/ 1’425.600; S/ 2’450.553, y S/ 27.784, respectivamente. La Salle ha pagado su deuda por completo, mientras que las otras dos universidades han cancelado solo una parte (la Alas Peruanas no ha abonado nada en uno de sus dos procesos sancionatorios). 

Las universidades San Martín de Porres y la Garcilaso de la Vega han judicializado sus sanciones".

Sin embargo, las universidades San Martín de Porres y la Garcilaso de la Vega sí han judicializado sus sanciones. Estos procesos están en el Poder Judicial, por lo cual la Sunedu no puede hacer una ejecución coactiva. Es decir, estas dos universidades, cuyas multas por usar recursos para fines no educativos suman más de S/ 17 millones, no han pagado nada hasta ahora. 

En 2021, la Sunedu volvió a sancionar a ambas universidades por no cumplir con las medidas correctivas para enmendar sus infracciones. En otras palabras, ambas casas de estudio debían de ejecutar una serie de acciones para esclarecer, sancionar y enmendar los errores que les permitieron gastar sus fondos en fines no universitarios. Sin embargo, no las hicieron, o no del todo.

Estos procesos también han sido judicializados por la San Martín y la Garcilaso. Por lo tanto, sus multas por S/ 1’626.108 y S/ 860.640, respectivamente, tampoco se pueden cobrar. 

 

El caso San Martín de Porres

 

En julio de 2019, la Sunedu sancionó a la Universidad de San Martín de Porres (USMP) con una multa de S/ 8’929.525, debido a que empleó sus recursos para fines no educativos. Como este medio lo consignó en su momento, según la Sunedu, la San Martín “hizo préstamos e inversiones a siete empresas vinculadas (el club Deportivo San Martín, la aerolínea LC Busre y el Tambo Hotel, entre otras) y a un fondo de inversión en el paraíso fiscal de Malta entre 2013 y 2018, los cuales acumularon un daño directo de S/ 293 millones a las cuentas de la universidad”. 

La universidad apeló a la decisión de la Sunedu, pero esta ratificó su decisión en septiembre del mismo 2019. Fue entonces que, terminado el proceso administrativo, la San Martín elevó su caso al Poder Judicial y es allí donde hasta ahora se mantiene, en un proceso contencioso administrativo. La deuda de los más de ocho millones de soles sigue existiendo, sin embargo, no puede ser cobrada por la superintendencia debido a su judicialización.

 

 

Ahora bien, en febrero de 2021 la Sunedu volvió a sancionar a la Universidad de San Martín de Porres, por S/ 860.640. Esta vez por incumplir las medidas correctivas ordenadas por el Consejo Directivo de la superintendencia en la sanción por el mal uso de recursos. 

La Sunedu volvió a sancionar a la San Martín, con S/ 860.640, por incumplir las medidas correctivas".

Según la Resolución 004-2020, que este medio consultó, la universidad incumplió con las siguientes medidas: implementación de un plan de recuperación de los préstamos y/o inversiones a sus empresas vinculadas; aplicación de la rentabilidad del fondo Latin Lease en una finalidad universitaria; determinar la responsabilidad de quienes autorizaron dichas operaciones; iniciar un procedimiento de vacancia del rector según lo establecía la Sunedu.

Las fuentes de Sunedu que OjoPúblico consultó confirmaron que, si bien la sanción por uso indebido de recursos está judicializada, la Universidad de San Martín debía cumplir, de cualquier modo, las medidas correctivas que se dictaron. “El (proceso) contencioso no suspende las (medidas) correctivas. Por eso se le ha sancionado (a la universidad), por incumplimiento”, dijo la fuente. 

 

Chang AndinaVACANCIA. La Asamblea Universitaria de la San Martín de Porres decidió no comenzar el proceso de vacancia contra José Antonio Chang Escobedo. Este aún es el rector de la institución.
Foto: Andina

Una de esas medidas correctivas consistía en iniciar un proceso de vacancia del rector, José Antonio Chang Escobedo, exprimer ministro y ministro de Educación de Alan García. Acusado por la Sunedu, además, de haber recibido, entre 2013 y 2017, S/ 106 millones de la universidad por concepto de “compensación a la administración clave”.

Además, Chang Escobedo, de acuerdo a la investigación por uso indebido de activos de la Sunedu, fue quien consintió, al ser la cabeza del consejo directivo, se realicen operaciones con fines no educativos por un total de S/ 293’725.717, entre 2013 y 2018. Sin embargo, la Asamblea Universitaria de la casa de estudios, que es el ente que debe llevar a cabo el proceso de vacancia, desestimó las imputaciones de la superintendencia y decidió no iniciar el proceso.

De acuerdo a los argumentos de la casa de estudios que constan en la Resolución 004-2020, la Sunedu no tiene el poder de decidir la vacancia del rector. Tampoco puede obligarla. Esta es una facultad de la Asamblea Universitaria. Sin embargo, la superintendencia alega, entre otros puntos, que la universidad ha incumplido los mandatos de la Ley Universitaria.

 

 

El asesor jurídico de la San Martín de Porres confirmó a este medio que la universidad interpuso una reconsideración a la sanción por incumplimiento. Sobre el porqué de esta decisión, el asesor jurídico dijo que “se interpuso recursos de reconsideración porque la USMP, contrariamente a lo que sostiene Sunedu, sí ha dado cabal cumplimiento a las medidas correctivas”. Sin embargo, la sanción fue ratificada por la Sunedu. 

Por ello, la San Martín de Porres elevó el proceso a una demanda contencioso administrativa en el Poder Judicial. Por esta razón, tampoco se puede hacer ejecución coactiva de esa multa por más de 800 mil soles. 

Según el asesor jurídico de la universidad, esta espera, tanto para la sanción por uso indebido de fondos como la sanción por incumplimiento de las medidas correctivas: “que el Poder Judicial, como resultado de una correcta interpretación de la ley, declare fundada la demanda interpuesta por la USMP y, en consecuencia, nulas las resoluciones sancionatorias”.

 

El patrón se repite

 

Otra de las grandes universidades privadas que ha seguido un camino similar al de la Universidad de San Martín de Porres es la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Dos meses después de haberle denegado la licencia, en diciembre de 2019, la Sunedu la sancionó por S/ 8’929.525 por cometer siete infracciones de uso indebido de fondos.

Dichas infracciones, según consta en la Resolución 022-2019 fueron: a) incrementar remuneraciones y dar bonificaciones y otros beneficios a autoridades y funcionarios sin contar con sustento y pese a su situación de déficit; b) auspiciar actividades de marinera, caballo peruano y súper liga fútbol 7, por montos no justificados en función de sus ingresos; c) financiar viajes a favor del rector y su círculo familiar, sin una finalidad universitaria; d) asumir gastos por consumos con tarjetas de crédito en viajes y reserva de hoteles; e) pagar proveedores, sin acreditar la ejecución de los servicios contratados; f) usar los vehículos de su propiedad para un fin distinto al educativo; g) asumir gastos por combustible y reparación de vehículos de terceros.

Según la superintendencia, la Garcilaso no habría ejecutado seis medidas correctivas.

La Garcilaso de la Vega pidió una reconsideración de la sanción. Pero, en enero de 2020, la Sunedu se ratificó. Entonces la Garcilaso, al igual que la San Martín de Porres, interpuso una demanda contencioso administrativa en el Poder Judicial. Es por ello que, en este caso, tampoco hay ejecución coactiva de la multa. 

En mayo de 2021, la Garcilaso de la Vega recibió una nueva sanción de la Sunedu, como la San Martín, por incumplir las medidas correctivas para enmendar sus infracciones de uso indebido de fondos. La casa de estudios impuso una reconsideración, pero la Sunedu ratificó su sanción en julio de 2021. La multa fue de S/ 1’626.108.

Según la superintendencia, la Garcilaso no habría ejecutado seis medidas correctivas. Entre ellas, identificar a los responsables del mal uso de los recursos; implementar un protocolo que evite la repetición de los hechos; o iniciar y terminar el proceso de vacancia del rector. 

Liñan Andina

OPOSICIÓN. Así como Luis Cervantes Liñán, exrector de la Garcilaso se opone a la liquidación de la universidad. Pese a este proceso la universidad debe pagar sus multas si así se estipula.
Foto: Andina

Cabe resaltar que el entonces rector de la universidad era Luis Cervantes Liñán, quien ocupó ese cargo por más de 15 años y fue denunciado ante el Poder Judicial por apropiación ilícita. De acuerdo a las denuncias, parte importante de las ganancias de la universidad no se usaban para fines educativos, sino para sostener el sueldo de S/ 2 millones mensuales de su máxima autoridad. 

OjoPúblico ha reportado que el exrector se opone a la liquidación de la universidad, que actualmente se encuentra en un proceso concursal. Además, que el congresista de Perú Libre, Nivardo Tello, intenta favorecer a la casa de estudios con su proyecto que crea el Régimen de Protección Educativa (Reproe) en universidades públicas y universidades privadas con licencia denegada. Perú Libre es uno de los partidos cuya bancada votó masivamente a favor de la contrarreforma universitaria. 

El proceso de la Garcilaso de la Vega por incumplimiento de las medidas correctivas también se encuentra en el Poder Judicial, por lo tanto tampoco se puede cobrar la multa de más de un millón de soles.

 

Las universidades no licenciadas

 

De las cuatro universidades que aún deben sus multas por usar sus recursos para fines no educativos, dos de ellas tienen las licencias denegadas. Son los casos de la Universidad Garcilaso de la Vega y la Universidad Alas Peruanas. Esta última solo ha adelantado el pago de una de sus deudas por S/9’353.318. Mientras que la otra sanción, por S/1’425.600, continúa sin pagarse.

Fuentes de la Sunedu confirmaron a OjoPúblico que, inclusive luego del cierre de la universidad, esta tiene el deber de pagar sus multas. “El cese de una universidad no licenciada no implica la extinción de la persona jurídica. Simplemente no puede seguir dando el servicio educativo universitario, pero la razón social sigue existiendo, a menos que la liquiden”.

Si la universidad está en proceso de cese y no paga su deuda, la Sunedu se pone en “la cola de cobro de los acreedores”, como es el caso de la Garcilaso que, además de no tener la licencia, está en liquidación. 

Los enemigos de la reforma universitaria

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