Keiko Fujimori defiende ante la ONU a militares juzgados y ¿cómo prevenir la violencia en los colegios?

En su reciente discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, la presidenta Keiko Fujimori defendió a policías y militares que son procesados por violaciones a los derechos humanos y cuestionó que sigan siendo juzgados pese a que, según sostuvo, su debido proceso fue transgredido. 

En Perú, más de 150 personas han sido condenadas por crímenes de lesa humanidad y graves violaciones a los derechos humanos. Pero, desde el Congreso, Fuerza Popular ha promovido dos normas para beneficiarlos: la ley de amnistía para delitos cometidos entre 1980 y 2000 y la ley de prescripción de los delitos de lesa humanidad. OjoPúblico identificó que estas leyes permitieron que 104 acusados por delitos como homicidio calificado, desaparición forzada, tortura y abuso de autoridad presentaran solicitudes para acogerse a sus beneficios.

La presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, cuestionó que la mandataria sostuviera que se vulnera el debido proceso de militares y policías que continúan siendo juzgados. “Las rechazo completamente”, afirmó. Tello pidió que Fujimori se retracte ya que sus declaraciones afectan la autonomía de los magistrados.

Al respecto, en OjoPúblico En Vivo conversamos con Tania Pariona, secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, quien indicó que el mensaje de Keiko Fujimori en la ONU fue incongruente con las normas [sobre derechos humanos] que ha suscrito el Estado peruano. 

“Ella está desconociendo la condición del Estado peruano dentro de Naciones Unidas, que reiteradas veces se ha manifestado llamando la atención al Estado peruano por la ley de amnistía e, incluso, por la presión política y la intención de transgredir la independencia judicial”, sostuvo.

También cuestionó que la presidenta haya señalado que la justicia peruana vulneró el debido proceso de militares y policías. "No es verdad que no se haya respetado el debido proceso. Aquí hay una afrenta directa al Poder Judicial y no es raro porque al interior de nuestro país observamos cómo hay una presión política, un amedrentamiento y amenazas permanentes, a jueces que están cumpliendo con sus funciones conforme a ley y a los marcos convencionales. Entonces, tener un mensaje que va en la misma línea proimpunidad, la devela como una mandataria que no respeta la separación de los poderes y eso es grave", indicó Pariona en diálogo con Gladys Pereyra, editora general de OjoPúblico.

En este contexto, advirtió sobre los casos de violaciones de derechos humanos que corren riesgo de quedar impunes: "hay por lo menos 600 procesos, algunos en juicio oral, y ahora mismo corren riesgo [los casos] que se han acogido a leyes de amnistía y prescripción de lesa humanidad, incluso teniendo sentencia". 

Ante la ONU, Fujimori también planteó considerar a las organizaciones criminales como grupos terroristas y destacó la incorporación del Perú al Escudo de las Américas y la cooperación con Estados Unidos para enfrentar el crimen transnacional. 

Sobre este punto, Pariona señaló que conceptualizar la criminalidad como terrorismo podría conducir al país a no resolver absolutamente el problema porque se estaría flexibilizando excepcionales como el uso de las Fuerzas Armadas, a través de facultades, para la seguridad ciudadana, lo que supone que no se capacite y dé presupuesto a la Policía Nacional. Lo que se necesita es reestructurar y fortalecer a la Policía Nacional y limpiar [la institución] de aquellos que están vinculados con corrupción y con criminalidad, enfatizó. 

Por otro lado, los casos de violencia sexual y acoso en instituciones educativas, entre ellos el ocurrido en el Liceo Naval Almirante Guise, en San Borja, plantean la necesidad de fortalecer las medidas de prevención en las escuelas del país. Entre enero y agosto de este año, la plataforma SíseVe del Ministerio de Educación registró 1.198 reportes de violencia sexual entre estudiantes a nivel nacional. De esta cifra, 408 corresponden a Lima Metropolitana.

Este panorama se presenta luego de que, en mayo de este año, el Ministerio de Educación (Minedu) derogara los lineamientos de Educación Sexual Integral (ESI) aprobados en 2021 y aprobara nuevos lineamientos para la educación sexual.

A raíz del caso del Liceo Naval, el diputado Christian Aranda cuestionó la ESI y sostuvo que los estudiantes señalados como presuntos agresores fueron educados bajo este enfoque. Aranda afirmó que “la ESI podría ser una de las causas” de estos hechos y planteó como alternativa un enfoque centrado en la familia. Sin embargo, no presentó evidencia que sustentara una relación causal entre la ESI y los hechos denunciados.

Sobre este tema, Ricardo Cuenca, exministro de Educación e investigador principal del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), advirtió que el sistema educativo peruano no está preparado para atender, desde la prevención, situaciones de violencia como el registrado en el Liceo Naval.

“En general, la mayoría de los sistemas educativos en el mundo han perdido el foco en la formación de los estudiantes en valores o en habilidades socioemocionales, que además los grupos conservadores consideran que las escuelas no deberían abordar porque eso pertenece al ámbito privado y a la familia. Esto hace que el sistema educativo no esté preparado para enfrentar los casos desde la prevención, que es por donde se debería empezar", refirió Cuenca.

"Hay una serie de iniciativas buenas que se han estado intentando, desde las oficinas de tutoría, talleres de habilidades socioemocionales y desde la idea de educación sexual, que no se logró instaurar del todo en el país, para darle la vuelta a la disciplina para que esta no sea punitiva, sino formativa. Ante casos extremos, como el del Liceo Naval, las medidas son otras, pero la prevención es un asunto fundamental”, explicó.

Frente a los cuestionamientos a la ESI, Cuenca señaló que, de haberse aplicado, habría contribuido a brindar información sobre educación sexual dentro de la escuela, de manera dirigida y con una intención pedagógica. Sin embargo, ratificó que, en la práctica, este enfoque nunca llegó a ejecutarse ni desarrollarse en los colegios debido a diversos obstáculos.

"El currículo se aprueba en 2016 y cuando entra en vigencia en 2017, el colectivo Padres en Acción puso una demanda para retirar el enfoque de género lo que paraliza su implementación. Recién en 2019, la Corte Superior falla a favor del Estado y le permite al Ministerio de Educación empezar a trabajar con la educación sexual integral. Ese mismo año hubo un escándalo por los textos escolares, que paraliza nuevamente los textos distribuidos. En 2020 llega la pandemia, en el 2021 entró el gobierno del profesor Castillo, luego en 2022 la señora Boluarte donde finalmente la ESI desapareció", finalizó Cuenca.

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