Tania Pariona Tarqui llegó al Congreso como parte de las filas de Nuevo Perú, en 2016. Renunció al partido tres años después, cuando este planteó una alianza con Perú Libre, de Vladimir Cerrón. Hoy, dice, ha regresado a la que siempre ha sido su apuesta de vida: el activismo desde la sociedad civil. 

Electa hace poco más de un mes como la nueva secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), Pariona Tarqui expone, en esta entrevista con OjoPúblico, su preocupación por la insistencia del Gobierno en propuestas como la de la pena de muerte para combatir la crisis de inseguridad. “Es un distractor”, advierte. 

Asegura que, detrás de la ley que afecta a las ONG, recientemente aprobada por el Congreso, se encuentran personas con investigaciones abiertas que no quieren que sus víctimas encuentren justicia. Entre ellas, el legislador fujimorista Alejandro Aguinaga. 

Además, habla sobre la actual izquierda peruana. A su criterio, si bien hay una facción que se mantiene comprometida con anhelos de igualdad y justicia, hay otra que, en su radicalidad y extremismo, “no dista” mucho de las posiciones de la ultraderecha. 

Puede revisar la entrevista completa en nuestro canal de Youtube y en este enlace.     

El Gobierno impulsa el debate sobre la pena de muerte. La presidenta Dina Boluarte ha insistido al respecto. ¿Es viable implementarla?

Desde la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, creemos que no es una medida viable ni efectiva frente a la elevada criminalidad y los casos de violencia sexual, sobre todo contra menores. Es una propuesta distractora de las reales causas que llevan a esta situación.

¿Qué causas?

Cómo funciona el sistema de justicia, si es efectivo o no, y si hay articulación entre los operadores de justicia y quienes tienen la competencia de investigar, me refiero a la Policía. Estamos en una situación crítica, en donde la inseguridad ha cobrado vidas de maestros, comerciantes, transportistas, pero preguntémonos si realmente la pena de muerte es disuasiva.

[La pena de muerte] no es disuasiva, no hay pruebas ni estudios que demuestren la efectividad de esta medida".   

Por lo que he leído, no lo es. 

Realmente, no es disuasiva. No hay pruebas ni estudios que demuestren la efectividad de esta medida. De hecho, muchos países, más bien, trabajan por abolirla. 

Hay parámetros dentro de la Convención Americana de los Derechos Humanos, y el Perú ha sido consistente en su posición de que la pena de muerte no es una medida efectiva frente a la criminalidad ni la violencia. El país lleva más de ocho años ratificando estos planes de moratoria, la última vez el 2024.

¿Diría que lo de la pena de muerte es una manera de forzar nuestra salida del Sistema Interamericano de Derechos Humanos?

Hay voces que lo han anunciado. La bancada de Renovación Popular envió una carta a la presidenta pidiendo salirnos del Sistema Interamericano. No es la primera vez que algo así se lanza. Es una propuesta que termina siendo, por un lado, populista, porque hay gente que cree que es una medida que puede resolver los problemas que hoy enfrentamos. 

Pero hay, también, una intención política clara desde el Parlamento y el Ejecutivo para, por un lado, distraernos de temas que, en el fondo, deberían importarnos. Se deberían atacar las causas verdaderas [de la criminalidad], plantear medidas que puedan resolver todo eso de manera integral. 

Por otro lado, hace rato que, en el Poder Legislativo, hay intenciones de tomar control sobre instituciones clave en nuestro país, llámese el Ministerio Público, el Poder Judicial, ya lo han hecho con el Tribunal Constitucional…

¿Añadiría a la Defensoría del Pueblo?

La Defensoría también. Hay una clara agenda conservadora, pero, además, antiderechos humanos, hay que decirlo. Se atenta contra los derechos humanos al quitarnos la posibilidad de acudir, por ejemplo, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es un mecanismo internacional al que se acude cuando una persona ha agotado todos los mecanismos nacionales.

¿Esta ofensiva conservadora viene desde el Congreso?

Es el Congreso el que, hoy, está orquestando esta propuesta de salirse de la Corte IDH. Insisto, no se parte de un criterio jurídico, porque ya vemos que se contravienen marcos internacionales, sino que es una propuesta política de una gente que sigue teniendo un lastre conservador, que no cree en los derechos humanos, que no cree en un sistema de protección de los derechos humanos, como suele funcionar en muchos estados democráticos.

Los discursos proderechos humanos, muy respetables, ¿no colisionan, a veces, con las urgencias de los ciudadanos que reclaman una mano dura desde el Estado frente a la inseguridad?

Lo que manifiesta es importante aclararlo. Se ha dicho que estas instancias [internacionales] son útiles o sirven para defender a delincuentes. 

Hay una intención clara de acallar las voces críticas que denuncian, vigilan, fiscalizan y hacen incidencia internacional". 

Yo no he dicho eso.

Se ha manifestado en espacios políticos y, la verdad, es que no hay una sola demostración, ni un solo caso de que se haya defendido a un delincuente. Entonces, no es un sistema que sirva para defender a aquellos que no lo merecen. Usted me pregunta si la promoción de la defensa de los derechos humanos es la respuesta a la demanda que tienen los ciudadanos. 

Mire, hay que seguir trabajando en entender qué son los derechos humanos, para quiénes son. Los derechos humanos no están sectorizados, no son para un grupo pequeño que los promueven. Son un principio universal. 

Hoy, el Estado, lamentablemente, se está convirtiendo en un ente que transgrede derechos. Lo digo porque hoy tenemos varias medidas legales que contravienen lo que, hace rato, han sido reconocidos como derechos básicos fundamentales en nuestro país.

¿Por qué cree que alguien como Bukele es popular en su país y fuera de él?

Bukele es conocido y reconocido por las medidas que ha tomado frente a las pandillas que, además, tenían un control territorial en El Salvador y conexiones en Centroamérica. Bukele, siendo de medidas muy fuertes, muy duras, no ha planteado la pena de muerte. Él tiene una propuesta, que es ampliar las cárceles y detener, aprisionar, incluso reeducar a los presos y que se reinserten en la sociedad.

No creo que a usted Bukele le caiga muy simpático.

Bueno, son propuestas y mecanismos, los cuales los Gobiernos, por supuesto, tienen todo el derecho de plantear. Pero, nuevamente, cuando uno plantea el retiro del Sistema Interamericano, prácticamente se deja sin posibilidad de que cualquier ciudadano que agote las instancias nacionales pueda recurrir a una instancia internacional para salvaguardar sus derechos, su integridad, su vida. 

Lo que sí hay que decir es que es verdad: ante tanta criminalidad, inseguridad e impunidad rampante, la gente pierde confianza en el sistema de justicia y sus operadores de justicia, pierde confianza en que el propio Estado sea capaz de protegerlo y garantizar sus derechos. Fíjese en la ley antijusticia, como la llamamos nosotros, la ley APCI…

Se refiere a la ley que afecta a las ONG. 

Así es. Si no es posible que el ciudadano que no tiene los recursos económicos suficientes para cubrirse una defensa legal pueda acudir a una ONG y ser patrocinado, ¿es una vulneración clara a los derechos humanos? Sí.

Los proponentes de esta ley son políticos que tienen procesos en curso por violación a los derechos humanos". 

El argumento del sector que ha promovido la ley aprobada en el Congreso es que se trata de fiscalizar el uso de fondos y que quienes se oponen no quieren rendir cuentas de cómo usan lo que reciben de la Cooperación Internacional. ¿Qué responde?

Eso es totalmente falso, porque la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) tiene una plataforma pública donde los ciudadanos pueden ingresar y tener la información clara de qué entidades son las que están trabajando en el país y el tipo de proyectos, financiamientos y rendiciones de cuenta. 

Las instituciones son supervisadas cada tiempo, incluso tres o cuatro veces al año. Son supervisiones que hace la APCI en representación del Estado, pero también las propias agencias de cooperación internacional con auditorías. 

Hay una intención clara de acallar las voces críticas que denuncian, vigilan, fiscalizan y hacen incidencia internacional para garantizar los derechos humanos y de bloquear toda capacidad material, logística y presupuestal para seguir trabajando en nuestro país. Se ve un uso disfrazado de la fiscalización con un propósito más político. 

¿Cuál es?

Los proponentes de esta ley son políticos que tienen procesos en curso de demandas por violación a los derechos humanos. Por ejemplo, esterilizaciones forzadas. 

Se refiere al congresista Aguinaga. 

Hoy por hoy, el señor Aguinaga lleva un proceso. Él ha sido exministro en el periodo del señor Alberto Fujimori. Él es la primera persona, por supuesto, en oponerse a que la sociedad civil pueda defender a las víctimas de las esterilizaciones forzadas.

¿No ha habido, al mismo tiempo, un retroceso en la credibilidad de las ONG? No estoy diciendo que se justifique, por cierto. ¿O considera que las ONG mantienen la confianza de la población?

Hay una intención clara de generar desinformación, porque se ha hablado, por ejemplo, de millones que ingresaron al país y que solo llegaría el 0,12% a la población. En principio, las ONG no reparten dinero, no es su trabajo. Se trata de proyectos que tienen que ver con el desarrollo humano, económico, con el acceso a la justicia, la protección del medio ambiente. 

Vea usted a la población indígena, que hoy está llevando procesos para saber quiénes asesinaron a los líderes defensores ambientales. Las organizaciones indígenas han dicho claramente que, hoy, no podrían usar dinero de la cooperación para defender estos casos o seguir exigiendo justicia frente a los asesinatos de los líderes. Los procesos de denuncia por contaminación ambiental de mineras también se hacen desde la sociedad civil organizada. 

La norma no está promulgada, pero lo estará. ¿Cuáles son las salidas que van a plantear, una vez que esto ocurra?

La norma tiene muchos vacíos y vicios de carácter técnico y jurídico y lo han dicho, expresamente, al menos seis exdirectores de la APCI. Claramente, es una ley inconstitucional, por donde se le vea. Lo que estamos planteando, inmediatamente se promulgue la ley, son medidas de amparo por casos específicos que vayan a tener un impacto y también recurriremos a las instancias internacionales. 

Hay que dar a conocer lo que viene ocurriendo en nuestro país, porque esto no se trata solo de afectar a una entidad, a una ONG como tal. El impacto es sobre la población más vulnerable. Ese es el tema de fondo.

En medio de las protestas contra el gobierno de Boluarte, usted declaró que estamos frente a una dictadura cívico-militar. ¿Se ratifica en esa declaración?

Si nos remitimos a los escenarios en donde ocurrieron las protestas, con la salida de las Fuerzas Armadas, que terminaron con 49 asesinatos de ciudadanos que, incluso, no participaban de las manifestaciones, dígame si hay o no una actuación militar que transgredió la vida y los derechos humanos. Hoy, son 49 víctimas que vienen exigiendo justicia y, por lo menos, 1.900 heridos que no tienen ni asistencia de salud de parte del Estado.

Al mismo tiempo, se siguen tomando medidas y decisiones sumamente arbitrarias. Hay un paquete grande antimemoria, a favor del olvido y la impunidad. Por ejemplo, se cierra el Lugar de la Memoria (LUM), se aprueba una ley que permite la prescripción de los crímenes de lesa humanidad…

A la señora Boluarte le corresponde sanción por responsabilidad política". 

Lo del LUM es un cierre de facto. No hay actividades. 

Han cancelado las actividades del año y eso, claramente, es ir contra la memoria. ¿Qué encontramos en el LUM, si no la historia del pasado reciente y testimonios de gente que cuenta lo que ha vivido? Yo vengo de una comunidad masacrada por la violencia en el 88…

De Cayara. 

El distrito de Cayara. Nos costó 35 años lograr una sentencia condenatoria que ahora está en la Corte Suprema. Imagínese que nosotros no podríamos tener un abogado con el apoyo de la cooperación internacional porque la ley [APCI] te lo prohíbe. 

¿Cree, realmente, que Boluarte tendrá castigo por las matanzas de 2022-2023?

A la señora Boluarte le corresponde sanción por responsabilidad política, no solo de las muertes ocurridas el 2022 y 2023, sino también por otros hechos. Lo que esperamos es que, en nuestro país, realmente tengamos una sanción ejemplar, que no sigamos teniendo políticos que desmantelan la estructura institucional, afectan los derechos de los ciudadanos y, luego, están campantes. 

Lo que la ciudadanía espera es que las personas involucradas en delitos graves, que afectaron y tienen un impacto en la población del país, sean sancionados.

Siendo congresista, usted renunció a Nuevo Perú luego de que este se acercara a Perú Libre y Vladimir Cerrón. ¿Dejó la vida partidaria por completo?

No tengo afiliación partidaria en este momento. Tengo más bien una trayectoria ceñida al liderazgo y trabajo con bases comunitarias y organizaciones de mujeres. Para mí, ejercer el activismo social, el liderazgo indígena, es parte de la decisión de vida que tomé. 

Hay quienes aducen ser de izquierda y tienen posiciones sumamente extremas y radicales y que no distan de la ultraderecha". 

Usted está más identificada con posiciones de izquierda, precisamente por su pasado como congresista. ¿Qué piensa la izquierda peruana en estos momentos?

No hay una sola izquierda, claramente. Hay vertientes y corrientes también de izquierdas, que seguramente coinciden con estas causas y demandas de tener una sociedad que alcance justicia, igualdad. Así como también hay quienes aducen ser de izquierda y tienen posiciones sumamente extremas y radicales y que no distan del otro extremo, de la ultraderecha. 

Hoy la gente busca gente honesta, que no mienta, que no robe, que no tenga historial de corrupción y llegue al poder. Hoy la gente ya no quiere que la corrupción llegue al poder. Hay que reconfigurar la política.