El peso del aislamiento: la salud mental en cuidados intensivos

El mayor impacto ha recaído en personas con ansiedad o depresión, pues desde que empezó la cuarentena las consultas externas fueron canceladas. En todo el país solo hay 154 Centros de Salud Mental Comunitarios: uno por cada 38 mil personas. La ley obliga a las Entidades Prestadoras de Salud (EPS) a incluir en sus pólizas el diagnóstico, tratamiento y rehabilitación. 

APOYO. La coyuntura actual exige romper los prejuicios respecto a las terapias psicológicas y psiquiátricas. Está bien pedir ayuda.

APOYO. La coyuntura actual exige romper los prejuicios respecto a las terapias psicológicas y psiquiátricas. Está bien pedir ayuda.

Créditos: Eamesbot/Shutterstock

Desde el 16 de marzo, cuando se decretó el aislamiento obligatorio por el coronavirus, el teléfono se convirtió en el único punto de conexión para las hermanas Cinthya (20) y Laura (22). No viven en la misma casa, ni tienen relación con sus padres, pero ambas comparten un diagnóstico de Trastorno Límite de la Personalidad (TLP) y depresión. La situación de Laura se agravó durante la cuarentena. Un día comenzó a llamar con insistencia a su hermana para decirle que se quitaría la vida.

Hace un mes la internaron en el Hospital Víctor Larco Herrera, donde la estabilizaron y le dieron de alta al tercer día. En el mencionado nosocomio le dijeron que no podían internar a su hermana por riesgo de contagio con la Covid-19, además no había camas y la política actual del Estado es priorizar la recuperación en un contexto familiar y comunitario. “Apenas salió ella quería buscar drogas, escaparse o herirse. Seguía mal. No soportaba estar en casa ni cuidarse del coronavirus”, contó Cynthia a OjoPúblico 

Su tratamiento debe incluir consultas ambulatorias y terapias psicológicas continuas, pero con la orden de inmovilización social a cuestas y sin familiares que puedan cuidarla, Cinthya inició una campaña para pedir donaciones a través de las redes sociales. Con lo recaudado consiguió que su hermana mayor ingrese a una casa de reposo privada en las afueras de Lima, donde le cobran S/2 mil de mensualidad y S/2.300 adicionales por medicamentos y psicoterapia. La donación le ha permitido pagar solo el primer mes. No sabe cuánto tiempo permanecerá allí ni cómo seguirá cubriendo este costo.

Desde que empezó la cuarentena las consultas externas en todos los centros de salud mental fueron canceladas.

Pero si el sistema de salud peruano estaba en emergencia cuando empezó la pandemia, la atención de la salud mental estaba en cuidados intensivos. Para Enrique Bojórquez, miembro de la Asociación Psiquiátrica Peruana, la pandemia encontró al país con servicios de salud mental fragmentados, sin personal ni recursos. De disponer de una inversión anual cero, el 2014; actualmente la salud mental en el país cuenta con un presupuesto de S/312 millones anuales, lo que apenas representa el 2% de los recursos totales que se destinan al sector salud.

“La reacción ha sido tardía e insuficiente porque no tenemos capacidad logística ni recursos humanos suficientes. Cada centro de salud está actuando de modo independiente, y pese a que el Ministerio de Salud (Minsa) ha dispuesto de un plan nacional en esta materia, no puede ordenar atenciones en red o conjuntas con Essalud y el sector privado”, señala.

Desde que empezó la cuarentena las consultas externas en todos los centros de salud mental fueron canceladas. La atención de emergencias se vio restringida por la falta de equipos de protección para el personal médico, y de un ambiente aislado para infectados con el coronavirus; y las personas que seguían un tratamiento tuvieron obstáculos para trasladarse y renovar sus recetas en psiquiatría. 

Consulta Salud mental
CONSULTAS. El confinamiento ha impactado en la salud mental de los peruanos. Las consultas presenciales están suspendidas, pero se están brindando sesiones online.
Foto: Andina.

Sin transporte público y con restricciones de movilidad, los usuarios recurrentes de los tres hospitales especializados en salud mental en el país: el Víctor Larco Herrera, en Magdalena; el Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado, en San Martín de Porres; y el Hermilio Valdizán, en Santa Anita, se vieron forzados a viajar desde sus distritos al otro extremo de la ciudad para llegar a estos establecimientos donde los medicamentos son más económicos que en las boticas del barrio.

Recién a fines de abril e inicios de mayo, la mayoría de los Centros de Salud Mental Comunitarios y los hospitales especializados del Ministerio de Salud (Minsa) -así como los servicios complementarios del Seguro Social Essalud- empezaron a ofrecer sesiones virtuales y telefónicas para brindar terapias. Sin embargo, fueron iniciativas sin coordinación entre las instituciones.

Por ejemplo, Essalud logró habilitar la emisión digital de recetas para que sus usuarios puedan recoger los psicofármacos en el hospital o en boticas con las que entablaron convenios. Y, en el Minsa, solo en el Hermilio Valdizán la oficina de Trabajo Social dispuso la entrega domiciliaria de medicamentos a cerca de 50 personas de bajos recursos y con historias clínicas.

 

Un sistema desarticulado e insuficiente

Las personas que siguen su tratamiento en consultorios particulares quedaron con menos alternativas de acceso a terapias y medicación. Uno de ellos es Rafael, un estudiante universitario de 25 años de edad que vive en Villa María del Triunfo y recibe terapias psicológicas semanales en un centro parroquial de su distrito. El tratamiento le ayuda a manejar la psicosis y la bipolaridad, y lo complementa  con una visita mensual a su psiquiatra, en Cercado de Lima, quien evalúa su dosis de medicamentos y actualiza su receta. 

Pero con la cuarentena y el cierre de las consultas externas, Rafael se quedó sin terapias. “Por el encierro la psicosis amenazó con volver. Primero empezó a desinfectarse las manos con mucha frecuencia, luego tenía días en que no dormía bien y hacía las cosas frenéticamente. De ahí vino el pánico”, cuenta la madre, María Ramos, quien tuvo que ir hasta San Martín de Porres, al domicilio de la psiquiatra de su hijo, para que le firme una nueva receta.Como parte de su tratamiento, el joven toma tres pastillas de litio diarios. En las farmacias del barrio, el precio de cada una de estas es S/2.50; pero en la sede central del Minsa, ubicada en Jesús María, le cuesta S/0.30. Pese a la restricciones de movilización y el riesgo de contagio, su madre -como muchos familiares de personas con algún trastorno o afectación en su salud mental- se han trasladado desde sus domicilios hasta establecimientos ubicados en otro punto de la ciudad para acceder a medicamentos más económicos.

 

Terapia zoom
DISTANCIA. Especialistas en salud mental del Minsa han reactivado las terapias psicológicas a través de la plataforma Zoom.
Foto: Hospital Hermilio Valdizán

 

La Ley de Salud Mental N° 30947, promulgada el 2019, ordena a los seguros públicos y privados que extiendan su cobertura para atender a la población que presenta condiciones de salud mental, desde el tratamiento ambulatorio u hospitalización, hasta el acceso a medicamentos. La norma obliga a las Entidades Prestadoras de Salud (EPS) a incluir en sus pólizas el diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de estas personas. 

Consultados al respecto, la Asociación Peruana de Empresas de Seguros (Apeseg) señaló que sus agremiadas han incluido en las pólizas los casos contemplados en el Plan Esencial de Aseguramiento en Salud (PEAS). Con ello, han cubierto la atención de casos de depresión, ansiedad, adicciones y psicosis. Pero el PEAS tiene una antigüedad de una década, y el reglamento de la Ley 30947 dispone que sea actualizado por el Minsa para incorporar la atención en todas las condiciones de salud mental, incluso autismo.

Yuri Cutipé, director de Salud Mental del Minsa, informó que este año se publicará dicho documento, y pidió que todas las clínicas afiliadas a los planes de seguro cumplan con habilitar ambientes y personal para este fin. “Esta parte del compromiso es importante para que las aseguradoras ofrezcan atenciones reales, y no solo reembolsos del servicio”, añadió.

En todo el país hay 30 mil psicólogos y 1.082 médicos psiquiatras. El 80% de estos últimos labora en Lima.

A través de su área de prensa, Apeseg señaló que han venido estructurando sus redes de salud mental en Lima y provincias, y están evaluando la posibilidad de hacer alianzas con los Centros de Salud Mental Comunitarios del Minsa. “Estamos dispuestos a cumplir todo el marco regulatorio; en lo prestacional para atender a los pacientes, y en lo financiero para que las aseguradoras tengan el financiamiento equilibrado para pagar dichas prestaciones”, indicaron.

Desde el 2015 el Estado cuenta con los Centros de Salud Mental Comunitarios para ofrecer atención ambulatoria bajo el nuevo enfoque de recuperación en un entorno familiar y comunal. Esta propuesta fue reforzada el año pasado con la nueva Ley de Salud Mental N° 30947, que elimina los internamientos sin consentimiento y estadías prolongadas que derivan en estigmas y vulneración de sus derechos humanos. Sin embargo, en todo el país solo hay 154 centros; uno para cada 38 mil personas.

La norma contempla que en casos de internamiento temporal por emergencias, los hospitales regulares son los que reciben a los pacientes, pero a la fecha solo 22 establecimientos en el Perú han habilitado sus instalaciones para este fin. Los únicos tres hospitales especializados (Larco Herrera, Honorio Delgado y el Hermilio Valdizán) mantienen sus consultas ambulatorias, pero están desarticulados de los otros nosocomios y de los centros comunitarios. Cada instancia atiende a sus propios usuarios.

 

Centros de sud mental
AYUDA. Hay 154 Centros de Salud Mental Comunitarios en todo el país, y para este año se construirán otros 47. Ubica el establecimiento más cercano a tu domicilio AQUÍ
Gráfico: Minsa

Para las personas que carecen de soporte familiar o se encuentren en abandono, la norma establece su ingreso a Hogares Protegidos, que alberga a ocho miembros bajo un modelo de casa familiar. Sin embargo, solo se han construido 11 de estos locales en Lima, Moquegua e Iquitos, y ya estaban saturados cuando la pandemia llegó al Perú. Según el Plan nacional de fortalecimiento de servicios de salud mental comunitaria, la meta al 2021 era tener 241 hogares.

A la falta de infraestructura se suma el poco personal especializado: en todo el país hay 1.082 médicos psiquiatras, el 80% de ellos labora en Lima y solo 40 están capacitados para atender a niños, niñas y adolescentes. En el caso de los psicólogos, tenemos 30 mil profesionales en el Perú, es decir, nueve profesionales para atender a cada 100 mil habitantes. 

Según el Instituto Nacional de Salud Mental (INSM), hasta el año 2018 eran 4 millones 514 mil los peruanos afiliados al SIS que presentaban algún tipo de afectación mental; a los cuales se sumaban otras dos millones de personas inscritas en Essalud. Solo el 20% de todos ellos recibían tratamiento. Para el 2021 el Minsa estimaba que la población con condiciones de salud mental se incrementaría en un 3,2%, pero la crisis por el Covid-19 alteró los pronósticos.

Ante la falta de personal, el Grupo Parlamentario Morado presentó durante esta legislatura el Proyecto de Ley 5290-2020 para permitir que los psicólogos puedan realizar diagnósticos. La iniciativa busca cambiar la Ley de Salud Mental del 2019 que restringe esta labor a los psiquiatras y, en ausencia de estos, a los médicos cirujanos colegiados. 

Un hecho que se contradice con la Ley del Trabajo del Psicólogo N° 28369 que le da a estos profesionales “competencias en la prevención, diagnóstico, tratamiento y recuperación de la salud mental de la persona”. La Asociación Psiquiátrica Peruana y el Colegio Médico se oponen al proyecto de ley -que se encuentra en la Comisión de Salud y Población- y consideran que debería impulsarse la formación de más psiquiatras.
 

Depresión y ansiedad 

Carlos Vera Scamarone, médico psiquiatra del hospital Emergencias Grau de Essalud, refiere que siete de cada 10 diez consultas que atendieron de manera virtual durante la cuarentena fueron por ansiedad y pánico en personas que creyeron haberse contagiado del coronavirus. “Presentaban somatizaciones como carraspeo, vértigos y sensación de falta de aire o aumento de la temperatura. Son personas que se hicieron descartes de la Covid-19 en más de una ocasión y en todas salieron negativo, así que las ayudamos, con terapias o les dimos ansiolíticos y antidepresivos”, señaló.

La ansiedad que no es tratada puede complicarse en una depresión o cuadros de pánico severos, que impiden el normal desarrollo de sus rutinas y actividades. “El avance de la ansiedad bloquea a estas personas y les impide enfrentar el estrés y continuar con su rutina con normalidad; no es algo que se corrija poniéndole ganas, se necesita terapia. Con los años se puede tornar crónico, y al no ser tratado puede complicarse en trastornos de estrés agudo o estrés postraumático”, agregó.

En mayo pasado, el Minsa y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) realizaron un sondeo virtual y encontraron que siete de cada diez peruanos presentan síntomas asociados a la ansiedad y a la depresión como dificultades para dormir, cansancio o ausencia de energía, problemas de apetito y falta de concentración. De las 58.116 personas que participaron del estudio, el 41% son casos nuevos de depresión y un 13% llegó a tener pensamientos suicidas.

Según David Villarreal Zegarra, psicólogo e investigador asociado del Instituto Peruano de Orientación Psicológica (IPOP), entre los factores detonantes está el temor al contagio, el duelo por los familiares perdidos y la incertidumbre laboral y económica. “El confinamiento presenta estresores que se agravan cuando la persona vive en un contexto de violencia, es migrante sin redes de apoyo, vive solo o ha perdido el trabajo”, señala.

 

Duelo
DUELO. La muerte y la imposibilidad de mantener un duelo tradicional, debido a las restricciones de la pandemia, han propiciado cuadros de ansiedad y depresión.
Foto: Andina.

 

El Minsa aprobó a fines de abril dos guías técnicas para promover el cuidado de las familias y del personal de salud afectado por la pandemia, y recién el 6 de junio se publicó el Plan de Salud Mental que es de aplicación para toda entidad sanitaria pública, privada, policial o militar hasta el 2021. Este incluye pautas de promoción de la salud mental, con entrenamientos, fomento de resiliencia individual, afrontamiento positivo y manejo del estrés.

Algunos síntomas de ansiedad o depresión: dificultades para dormir, falta de energía, problemas de apetito y de concentración.

También contempla la dotación de más equipos de protección entre el personal médico y asistencial. Implementar historias clínicas electrónicas, ofrecer teleconsultas y recetas virtuales o domiciliarias, y brindar soporte emocional a las familias y sobrevivientes de la Covid-19. Sin embargo, las actividades que no están vinculadas a la prevención y acompañamiento psicosocial recaen principalmente en las entidades del Minsa.

El director de Salud Mental, Yuri Cutipé reconoce que los servicios ofrece el Estado son insuficientes para la demanda real, y aunque refiere que la pandemia nos hubiera encontrado en peores condiciones hace cinco años, él estima que para atender a todo el país se debería invertir entre el 8% y 10% del presupuesto que actualmente se destina para la salud general. Este año contarán con S/50 millones más para abrir otros 47 centros comunitarios.

“Durante la emergencia hemos atendido a unas 44 mil personas, principalmente por depresión y ansiedad, y hemos retomando la atención de pacientes graves. No contamos con los servicios suficientes, pero estamos fortaleciendo la atención en los centros comunitarios, a través de videollamadas, consultas telefónicas y grupos de atención domiciliaria. Se pondrá énfasis en los deudos de la Covid-19, el personal de salud y los sobrevivientes del virus”, explicó.

De acuerdo con Cutipé, quien también es médico psiquiatra, los estudios a nivel poblacional en China muestran que el coronavirus dejó un impacto psicológico de moderado a severo entre el 30% y 53% de la población. Pero la gravedad será mayor en países como el nuestro, donde la informalidad laboral y la falta de recursos básicos son factores de estrés adicionales. 

Por eso considera que dentro de las políticas de contención por la pandemia, la más importante es la vinculada a la protección del empleo y los ingresos. “El principal estresor de un adulto es el trabajo; para el adulto mayor, es la pensión; y para un niño o niña, es la salud mental de sus padres. Si ellos están con problemas laborales, los menores de edad absorberán esta tensión”. 

Para el jefe de Salud Mental, la recuperación del impacto económico que necesita el país dependerá también de la salud mental de su población. “Cuando la salud mental está afectada, la capacidad de trabajar de manera productiva y fructífera se menoscaba, al igual que la posibilidad de afrontar las rutinas y retos de la vida”, aseveró.

 

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