Congresista García Belaunde revela nueva venta ilícita de documentos históricos en mercado negro

El parlamentario presentó piezas de expresidentes Andrés A. Cáceres y José Rufino Echenique que compró personalmente en el mercado de segunda mano de Amazonas. Exigió la remoción de la Jefa del Archivo de la Nación.

DENUNCIA. García Belaunde muestra los documentos que compró en el mercado de segunda mano de Amazonas.

DENUNCIA. García Belaunde muestra los documentos que compró en el mercado de segunda mano de Amazonas.

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El congresista Víctor Andrés García Belaunde reveló hoy la venta ilícita de más documentos históricos presuntamente robados del Archivo General de la Nación, mientras el segundo repositorio del país sigue en crisis por la graves denuncias de sustracción del patrimonio documental a manos de mafias de traficantes.

García Belunde hizo la denuncia durante su intervención en la sesión extraordinaria conjunta de la Comisión de Cultura y de la Comisión de Pueblos Andinos, que contó con la presencia del ministro de Cultura, Rogers Valencia. 

El parlamentario presentó un documento oficial del entonces presidente de la República y general de división Andrés A. Cáceres, una cédula de montepío a favor de María Llerena, "viuda del primer contramaestre del monitor Huáscar".

CÁCERES. Los documentos oficiales del héroe y expresidente son cotizados en el mercado negro.
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"Lo compré en Amazonas [...]. Lo tengo acá, señor presidente [de la sesión], para ver a quién se lo entrego. A qué entidad del Estado se lo entrego. Por que, si lo entrego, de repente se vuelve a perder", señaló el parlamentario frente al ministro Valencia.

García Belaunde también presentó un bando del presidente José Rufino Echenique, fechado el 1 de abril de 1853, en el que leyó: "Se convoca al congreso ordinario en esta capital para el 28 de julio del presente año [1853]. Los prefectos de los departamentos y los gobernadores litorales darán las ordenes convenientes para que a los diputados y senadores se les entregue el importe de sus dietas y leguajes en la oportunidad y modo prescritos por la ley".

"Los he comprado para devolverlos a los lugares [de los] que fueron robados -insistió el parlamentario-. Pero, ¿qué garantía hay de que no sean robados nuevamente? Si el ministro me lo garatiza, se los entrego en este momento".

CRISIS. El ministro de Cultura dio respuestas genéricas al problema de los robos de patrimonio. 
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El ministro de Cultura, Rogers Valencia, agradeció nuevamente el gesto y pidió que el parlamentario entregue esos documentos al Archivo de la Nación, "con la garantía de que el AGN va a tener cuidado de esos y de todos los documentos que están a su cargo". 

García Belaunde replicó entonces que entregaría los documentos, pero solicitó que primero el ministro proceda a remover al titular del AGN. "¿Con qué ganas le voy a entregar yo, al director que ha permitido la sustracción [...], documentos que bajo su custodia o bajo su mandato o bajo su gestión se perdieron". 

Como se recuerda, el AGN estuvo a cargo hasta hace poco de la arqueóloga Luisa Vetter, cuya gestión terminó marcada por la desaparción de valiosas piezas del patrimonio documental, entre ellas un manuscrito del Libertador José de San Martín, revelada por OjoPúblico, y posteriormente de una veintena de valiosos documentos originales, como mostró una reciente edición del programa televisivo Cuarto Poder. 

En otro momento de su intervención, García Belaunde señaló de manera muy precisa que en su momento comunicó a Luisa Vetter  la pérdida de varios originales de la Constitución Política del Perú, pero que no recibió una respuesta adecuada por parte de la funcionaria.

A su turno, el ministro Rogers Valencia respondió específicamente que ya se ha tomado la decisión de aceptar la renuncia de la señora Luisa Vetter a la jefatura del AGN.

Cabe recordar que esta es la segunda renuncia de Vetter a un cargo directivo por incidentes relacionados a la pérdida de patrimonio. En la anterior oportunidad, fue removida de la dirección técnica de la Biblioteca Nacional por emitir un informe sin sustento que puso en riesgo las denuncias por el robo de libros antiguos pertenecientes al Patrimonio Cultural de la Nación.

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