OPOSICIÓN. Cerca de la mitad de los proyectos mineros contemplados registra situaciones de conflictividad relacionadas a demandas de comunidades cercanas.
En enero pasado, el Gobierno presentó la nueva cartera de inversión minera, que incluye 47 proyectos, por un monto de USD 53.715 millones. De ese total, 22 tienen conflictos sociales activos, latentes o antecedentes de este tipo. Aunque la cartera 2023 supera por USD 547 millones a la anterior, unos 11 proyectos que ya habían sido contemplados previamente retrasaron el inicio de sus operaciones por la conflictividad social que existe en torno a esas inversiones. Esto ocurre, por ejemplo, con los proyectos de ampliación de Toromocho (Junín) y San Gabriel (Moquegua), los más grandes para ejecutar en los próximos tres años. Los ocho nuevos proyectos también tienen antecedentes de conflictos.
OPOSICIÓN. Cerca de la mitad de los proyectos mineros contemplados registra situaciones de conflictividad relacionadas a demandas de comunidades cercanas.