El techo desencajado del Real Plaza de Trujillo parece un castillo de naipes a medio caer. La imagen es engañosa: no llega a plasmar la violencia con la que cayó la estructura sobre decenas de personas que, la noche del viernes 21 de febrero, se encontraban en el patio de comidas del centro comercial. 

Niños, jóvenes, ancianos y familias enteras fueron golpeadas por el techo metálico. Al caer de forma ladeada, algunos lograron esquivar el derrumbe. Otros quedaron atrapados en los escombros: seis personas fallecieron y 80 más resultaron lesionadas, según los reportes de la Gerencia de Salud de La Libertad.

Walter Melosevich Chico, un técnico en computación de 32 años, sobrevivió. Pero se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Regional Docente de Trujillo por un traumatismo encefalocraneano severo. Su pronóstico, hasta el cierre de este artículo, era reservado.

Las responsabilidades penales del derrumbe serán determinadas mediante pericias forenses. “Este caso va a ser resuelto por los ingenieros, no por los abogados. Ellos van a determinar las razones por las que ese techo se desplomó”, dijo el penalista David Acosta Arana, quien representa a Jhosmar Rodríguez Cruz, uno de los heridos que sigue hospitalizado.

Uno de los peritos —que ya fue apartado del caso— tenía vínculos con una empresa contratista del centro comercial".

Sin embargo, la imparcialidad del proceso ha sido puesta en duda por el Colegio de Abogados de La Libertad, luego de detectarse que uno de los peritos seleccionados por la Fiscalía —que ya fue apartado de las diligencias— tenía vínculos con una empresa contratista del centro comercial en Trujillo.

Real Plaza S.R.L. pertenece al holding de centros comerciales InRetail Corp Perú; el cual, a su vez, integra el grupo económico Intercorp. Esta corporación está presidida por Carlos Rodríguez Pastor, conocido por ser el hombre más rico del Perú.

El comité ejecutivo del centro comercial también está encabezado por el propio Rodríguez Pastor. Desde el 15 de marzo de 2023, el empresario —al que se le atribuye un patrimonio de alrededor de USD 1.500 millones— es parte de este, según el libro de actas de la junta general de sus socios, consignado en Registros Públicos.

Las alertas

El 22 de febrero, un día después de la tragedia, la fiscal provincial Carmen Varas Valderrama ordenó una pericia de ingeniería civil para “determinar las causas del colapso de la estructura metálica del techo del patio de comidas”, de acuerdo a la disposición fiscal N° 1 de la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Trujillo a la que tuvo acceso OjoPúblico.

Sin embargo, cuatro días después, el Ministerio Público retiró a un perito del equipo que había designado: Álvaro Burgos Ramírez. El ingeniero civil había trabajado, en 2015, en Schmidt & Chávez-Tafur Ingenieros, la supervisora de la construcción del patio de comidas del centro comercial Real Plaza, como informó Hildebrandt en sus Trece.

Yvo Hora Ordinola, decano del Colegio de Abogados de La Libertad, explicó a este medio que esto puso “en cuestionamiento la imparcialidad de su actuación”. Y, por ese motivo, se dejó sin efecto su nombramiento.

“Todas las partes de las personas afectadas tenemos que estar cuidando la imparcialidad, pero el principal actor y responsable es el Ministerio Público. A la vez, no todos creemos en el Estado, hay que estar vigilantes”, agregó.

DOLOR. Harumi Carbajal Velásquez, de 24 años, falleció en el derrumbe. Hasta ahora, su familia no han recibido ninguna propuesta formal de indemnización.

Foto: OjoPúblico / Gonzalo Haro

Al abogado Acosta Arana también le preocupa una eventual parcialidad a raíz del caso de Burgos Ramírez. “Queremos que la investigación sea lo más transparente posible, que no haya una intromisión del grupo económico de Intercorp, ni una intención del Estado para aminorar la responsabilidad”, dijo.

Otro de los hechos que despierta alarmas, según Acosta Arana, es la falta de garantías en la preservación del patio de comidas. “Eso es una escena de un potencial delito. Yo creo que, si ocurre un homicidio en una casa, por ejemplo, se debe incautar dicha casa. Creemos que la escena no puede ser objeto de manipulaciones y no puede estar en manos de los presuntos responsables”, señaló.

El centro comercial continúa bajo la administración de Real Plaza S.R.L., aseguró el abogado. “Ellos me pidieron mi DNI para ingresar a la diligencia fiscal. Y el hecho de que Real Plaza decida quién entra y quién no, a pesar de que existe una pericia, representa un riesgo grave para la investigación”, opinó.

Eduardo Muñoz Paredes —abogado de la familia de Harumi Carbajal Velásquez, joven de 24 años que murió aplastada por la estructura metálica— discrepa con Acosta Arana. Para él, “el patio [de comidas] está en control de la Policía Nacional del Perú y no ha habido observaciones”.

El presidente de la Junta de Fiscales de La Libertad, Luis Guillermo Bringas, coincide con Muñoz Paredes. “La Policía se está encargando de la protección de esta escena del delito”, sostuvo. OjoPúblico llamó a la fiscal Varas Valderrama para hacerle la misma consulta, pero no respondió.

La inminente conciliación

Hasta el pasado 1 de marzo, Eduardo Muñoz Paredes, abogado de la familia de Harumi, no había recibido ninguna propuesta de indemnización de parte del Real Plaza. “Hubo unas llamadas a la familia, pero no se llegó a materializar. Después no hay nada, ni mensajes”, dijo a este medio.

La situación de Jhosmar Rodríguez Cruz, defendido por Acosta Arana, es similar. “Hasta el día de ayer, no teníamos ninguna comunicación formal del Real Plaza para hacerse cargo de las indemnizaciones”, indicó el viernes 28 de febrero.

Jhosmar era futbolista en el distrito El Porvenir, en Trujillo. Parte de la estructura del techo cayó sobre su pierna derecha mientras cenaba junto a su enamorada, la fallecida Harumi Carbajal Velásquez. 

Tras la difusión de su historia y las de otras personas, Real Plaza anunció la creación de un fondo de S/20 millones para cubrir los costos médicos de los heridos. Sin embargo, diversas familias han explicado que, a la fecha, no les han presentado una propuesta.

Una conciliación sería el equivalente a una sentencia [judicial civil]", explica el abogado Luis Rosales Lozano.

Daniel Paz Rodríguez, jefe encargado de la Defensoría del Pueblo en La Libertad, advirtió que se habían registrado problemas con la cobertura sanitaria de algunos afectados. “Estamos exigiendo que los representantes del Real Plaza activen la póliza de seguros y que brinden información clara a los familiares respecto a la cobertura”, contó el pasado 25 de febrero.

Al ser consultada por OjoPúblico, la empresa afirmó que cuenta con los seguros activos. “Es posible que los brigadistas hayan trasladado a los afectados a los centros de salud más cercanos. Sin embargo (...), estamos entregando cartas de garantía a todas las personas que las necesiten para asegurar su atención en la clínica o centro de salud”.

Esto todavía no ha ocurrido con todos los afectados. Según dijeron, están “trabajando para contactar al 100% de personas” y han puesto a disposición una línea telefónica (01 601 4000, opción 9) para las víctimas y familiares que presenten dificultades en la atención médica.

Sobre el fondo de S/20 millones, explicaron que será administrado por La Fiduciaria —empresa fundada por Grupo Crédito, Interbank y Scotiabank— y comprenderá gastos de hospitalización “hasta que culmine el proceso de recuperación de cada paciente”, incluyendo atención psicológica.

JUSTICIA. Las responsabilidades penales por el derrumbe del techo del centro comercial serán determinadas mediante pericias forenses.

Foto: OjoPúblico / Gonzalo Haro

El abogado Acosta Arana cuestiona la informalidad de ese anuncio. “Me parece gravísimo. La forma de cómo yo me entero lo que van a hacer o dejar de hacer en favor de las víctimas es a través de los medios, nunca por una comunicación directa”, protestó.

Respecto al proceso de conciliación, Real Plaza respondió a OjoPúblico que el mismo “seguirá su curso en coordinación con cada uno [de los damnificados], de acuerdo con las características y particularidades” de cada uno. En el caso de los fallecidos, el proceso es independiente, añadieron.

Luis Rosales Lozano, integrante de la comitiva del Colegio de Abogados de La Libertad que acompaña a Jhosmar, explica que las indemnizaciones deben incluir tanto el daño físico como el moral de los afectados.

“Si se ponen de acuerdo las víctimas o los deudos [con el Real Plaza], a través de una conciliación extrajudicial, esta sería el equivalente a una sentencia: ya no tendríamos que ir a un proceso judicial civil [independiente del penal], pero todo eso debería ser el escenario que la empresa tendría que propiciar”, dijo.

Hasta ahora, según el abogado, ese no es el caso. “Veremos cuánta predisposición tienen porque, en la prensa, los directivos del Real Plaza dicen que están atendiendo a las víctimas. Pero, por lo menos con Jhosmar, en ningún momento lo han llamado”.